César Jerez /Agencia Prensa Rural

Tuvieron que pasar casi 20 meses con AUV como presidente de Colombia, para que sectores progresistas de la comunidad internacional sentaran por fin su posición ética frente a la grave situación política y de derechos humanos que se vive en nuestro país.

De 626 miembros que tiene el Europarlamento, tan solo unos 250 se quedaron a escuchar las argumentaciones de AUV en defensa de su "seguridad democrática". El resto no asistió a la sesión, varias decenas de parlamentarios protestaron con bufandas blancas que portaban la exigencia de"¡Paz y justicia en Colombia!" antes de abandonar la sala. Al finalizar su discurso, según lo reportan las agencias, un hombre del público le gritó al presidente: "narcoparamilitar".

Las citas previas al desagradable incidente tampoco fueron fructíferas para el gobierno, frente a la propuesta de una mesa de donantes europea en Bruselas, Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea declaró que "para ello tendríamos que prever una posibilidad de éxito" y "por el momento no hemos llegado a este punto", refiriéndose al acuerdo de Londres firmado entre el gobierno colombiano y la Unión Europea en julio pasado, el cual exigía el cumplimiento de las recomendaciones de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, las cuales han sido incumplidas hasta el momento en su totalidad.

En aquella oportunidad los gobiernos europeos "tomaron nota con satisfacción del compromiso del Gobierno de Colombia de implementar las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y urgieron al Gobierno de Colombia a implementar estas recomendaciones prontamente y a adoptar acciones efectivas en contra de la impunidad y en contra de la connivencia, especialmente, con los grupos paramilitares".

Después del revés del referendo, esta protesta parlamentaria calificada de "inusual y sin precedentes", se constituye en la segunda gran derrota de la arrogancia, el unanimismo y el autoritarismo de AUV. Y es que en Europa afortunadamente no se sintonizan los medios de comunicación colombianos, conocidos por desconfigurar la realidad hasta lo irreconocible.

Detener a miles de civiles y hacerlos ver como guerrilleros, agenciar el perdón, la impunidad y el olvido para criminales de lesa humanidad, darle facultades judiciales a unas fuerzas armadas desprestigiadas ante el mundo, para que según él, hagan justicia, mantener a centenares de regiones campesinas bajo el hambre y la barbarie de los bloqueos paramilitares, como lo evidenció una delegación de noruegos hostigada a bala por un reten paramilitar a 15 minutos de Barrancabermeja, son elefantes muy gordos como para que se pueden ocultar desde la virtualidad de la mentira oficial y mediática.

La actitud del parlamento europeo es una crítica y una denuncia pública internacional. La situación de derechos humanos es tan grave en Colombia que, desde enero de 1998 hasta junio del 2003, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política ha contabilizado 11.388 víctimas del paramilitarismo, de las cuales 7.096 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, 1.180 a desapariciones forzadas y 753 a torturas. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2003, los grupos paramilitares han ejecutado 1.153 crímenes, de ellos 671 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, 97 a desapariciones forzadas y 73 a torturas, sin contar los masivos desplazamientos forzados producto del accionar paramilitar.

En su desafiante discurso ante el casi vacío hemiciclo de Estrasburgo AUV volvió a insistir en que no hará acuerdos con grupos terroristas que debiliten su política de seguridad democrática, echándole candado y tranca por dentro a un posible intercambio de retenidos y prisioneros de guerra, dejando en manos de la sociedad colombiana organizada la posibilidad de presionar un acuerdo que solucione esta dramática situación.

Mientras tanto la embajada de los Estados Unidos en Bogotá hacía circular un informe titulado: 'Una mirada cercana a las estadísticas de derechos humanos', señalando que las ONG utilizan sus estadísticas para crear un ambiente de desconfianza hacia Colombia en el Congreso norteamericano.

'The Wall Street Journal' en una reciente edición reproducía los resultados del informe sobre las actividades de las organizaciones defensoras de derechos humanos, diciendo que se "revela cómo algunas de las ONG's con mayor influencia en Colombia recolectan e interpretan la información referente a los derechos humanos. El descubrimiento más importante es que la metodología empleada por las ONG's crea una gran parcialidad en contra del Gobierno colombiano, mientras le otorga favorabilidad a la guerrilla".

¿Desde dónde entonces se promueve la violación del principio de distinción? Claramente se observa el deseo de invisibilizar, desde el gobierno y la embajada, la terrible situación en la que viven de millones de colombianos en medio de la "seguridad democrática". Como vamos, prontamente la defensa integral de los derechos humanos también será catalogada como una actividad terrorista.