El 28 de enero la policía italiana, en colaboración con policías de otros países, concluyó la operación Despegue (Decollo) tras cerca de tres años de seguir la pista a una organización internacional de tráfico de drogas dirigida por la mafia calabresa (Calabria es una región del sur de Italia), más conocida como Ndrangheta, y por los paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como resultado se incautaron 5,5 toneladas de cocaína y se capturaron más de 110 personas en Italia, Colombia y otros países.
Según el general de Carabineros Giampaolo Ganzer, esta operación fue posible gracias a la infiltración de una persona cercana a la Familia Mancuso de Vibo Valentia (Calabria), una de las más poderosas dentro de la Ndrangheta; el infiltrado fue enviado a Colombia para hacer contacto con uno de sus allegados, Salvatore Mancuso, jefe de las AUC.
Aunque en un inicio el procurador antimafia italiano, Piero Luigi Vigna, afirmó que Salvatore Mancuso estaba emparentado con los Mancuso de Vibo Valentia, luego aclaró que aparentemente no era así, pero confirmó que en términos de negocios los une una estrecha relación. El propio Fiscal General de Colombia, Luis Camilo Osorio, confirmó que efectivamente la red internacional de narcotraficantes estaba al servicio de los grupos paramilitares colombianos.
La relación y los negocios de drogas entre los paramilitares colombianos y las mafias italianas no es nueva, como lo demuestra, entre otros, un hecho sucedido en diciembre pasado, cuando el italiano infiltrado fue secuestrado; por su liberación, los paramilitares exigieron a otros capos de la mafia calabresa (Vincenzo Barbieri y Francesco Ventrici) el pago de 3.200.000 dólares y su intervención para recuperar una deuda de 1.900.000 dólares que con los paramilitares colombianos tiene una parte de la Camorra, es decir, la mafia napolitana.
Queda evidenciado una vez más lo que millones de colombianos sabemos, que el paramilitarismo y el narcotráfico son hermanos siameses y que los dineros del narcotráfico son un puntal en la estrategia paramilitar del Estado. Esos mismos mafiosos que el régimen llama eufemísticamente "autodefensas", son los que ahora el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (AUV), pretende legalizar.
Las históricas relaciones de AUV con el narcotráfico y el paramilitarismo
Recordemos que AUV procede de una familia de narco-terratenientes vinculada al clan Ochoa de Medellín, y que a finales de los años 70, cuando fue alcalde de esa ciudad, trabajó en los planes de vivienda financiados por Pablo Escobar, convirtiendo de paso al conocido narcotraficante en ciudadano ilustre y benefactor. Más adelante, entre 1980 y 1982, en el cargo de director de la Aeronáutica Civil, concedió licencias de pilotaje y permisos para la construcción de pistas a narcotraficantes; en este cargo era secundado por César Villegas, a quien luego se le comprobó su pertenencia al cartel de Cali.
Álvaro Uribe Vélez tiene sus propiedades agrarias en el departamento de Córdoba, muy cerca de las extensas propiedades que allí posee el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, con quien mantiene desde tiempo atrás comprobadas relaciones de negocios.
En los años 90, desde su posición de gobernador de Antioquia, impulsó la creación de las Cooperativas de Seguridad CONVIVIR, verdadero semillero de paramilitares y responsables de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, al punto que la ONU solicitó su disolución. Una vez que la Corte Constitucional declaró ilegales las CONVIVIR, más de 2.000 de éstas anunciaron su fusión con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).
El secretario de gobierno de AUV en la gobernación de Antioquia fue su entrañable amigo Pedro Juan Moreno y posterior asesor de seguridad en la presidencia de la República, a quien la DEA identificó como propietario de una empresa importadora de 50.000 kilos de precursores químicos para la elaboración de cocaína.
AUV jamás ha ocultado su simpatía por los paramilitares, ni por los métodos coercitivos. En la reestructuración que hizo de la administración antioqueña, que dejó en la calle cerca de 9.000 trabajadores, utilizó a los grupos paramilitares para ablandar y destruir las organizaciones sindicales.
En 1997, en un acto de desagravio a dos militares que habían sido destituidos por sus nexos con el paramilitarismo y por violaciones a los derechos humanos, los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, expresó que si llegaba a la presidencia de la República armaría a un millón de colombianos y fortalecería las FFAA con cien mil hombres más, dicho de otra manera reviviría las CONVIVIR. Y así lo hizo, bajo la denominación de "red ciudadana por la prevención del delito y la promoción de la vida en común", conocida popularmente como la "red de sapos". Es, ni más ni menos, la aplicación del principio fascista de militarización de la sociedad.
El Monólogo o la farsa de la "negociación"
Lo que el gobierno de Uribe llama "proceso de paz" con los paramilitares, no es otra cosa que una componenda entre compadres, donde el Estado les da un reconocimiento político, les perdona todos los crímenes , y sobretodo les permite legalizar sus capitales producidos con el narcotráfico, les legaliza las tierras expropiadas a los campesinos de manera violenta. A los jefes los convierte en respetables líderes políticos y las tropas las inserta en la institucionalidad a través de las milicias campesinas.
El show montado con la desmovilización de 800 paramilitares es una muestra de la treta: el régimen recogió a los sicarios que le prestan servicios en las comunas de Medellín, les puso un uniforme, que claramente no sabían lucir, les rapó la cabeza, los dotó de vetustas armas y los formó para las fotos de rigor. Posteriores entrevistas hechas por la prensa a algunos de estos "desmovilizados" han dejado en claro que se trata de delincuentes dedicados unos al atraco y al robo, otros al tráfico de estupefacientes, y todos al sicariato.
En el año 2002, luego de elegido el nuevo Congreso de la República, Salvatore Mancuso declaró que los paramilitares habían conquistado el 35% de los escaños, es decir que la tercera parte de los congresistas fueron avalados y financiados por el paramilitarismo. Y esto es lo que han demostrado, aprobando leyes antipopulares y represivas y escuchando en sus sesiones a los jefes paramilitares, a quienes tratan como invitados de honor.
Así las cosas, los colombianos estamos ante:
*Un presidente que tiene en sus haberes un pasado y presente mafioso.
*Un presidente que busca a toda costa dar personería política y ciudadana a los escuadrones paramilitares.
*Un parlamento cuya tercera parte obedece a uno de los jefes paramilitares.
*Un parlamento cuya tercera parte obedece a uno de los capos de la mafia internacional.
Es decir, estamos frente a un Estado mafioso y paramilitar.
¿Qué irá a decir nuestro mini-Führer AUV en su próxima y controvertida visita a Europa? ¿Que le preste ayuda para legalizar a sus socios paramilitares, que inundan el continente de droga? ¿O tal vez les irá a pedir que inviten a Mancuso y Castaño a una sesión solemne del Parlamento?