14 de febrero del 2004

Mucho revuelo, desconcierto y temores justificados causó en todo el país la decena de muertos y los cientos de afectados por el brote de un virus en la semana que pasó y que resultó ser la temible fiebre amarilla.

Varias comunidades de los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira, en comprensión de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país, fueron las víctimas en esta ocasión. En anteriores, con menos bulla pero con más muertos, la sufrieron las comunidades campesinas del Norte de Santander.

Esta enfermedad que había desaparecido de Colombia a fuerza de campañas sistemáticas de salubridad, cuando el Estado aún tenía política de salud pública y destinaba recursos a erradicar las enfermedades endémicas, reapareció en el año 2001, justo cuando los gobiernos de la barbarie neoliberal desmontaron la débil estructura de salud pública, hasta convertir la salud en suculento negocio de la avaricia privada.

Desde el 2001 hasta la fecha suman miles las personas afectadas y cientos las muertes evitables por el virus de la fiebre amarilla. Los registros oficiales contabilizan 148 muertos, sin contar los otros que no alcanzaron a salir desde los lugares más apartados por falta de recursos y de medios o los que llegaron tarde, cuando la enfermedad ya los había consumido.

Injustificables y dolorosas las muertes ocurridas. Imperdonable que esta tragedia sea el resultado de la ausencia de política de salud pública del gobierno nacional, habiéndose detectado la reaparición de esta enfermedad hace tres años, no hizo nada para contrarrestarla a pesar del riesgo en que colocaba al país, ni siquiera se había preparado pues la producción de la vacuna estaba paralizada y las reservas casi agotadas.

La crisis de la salud pública es mucho más grave que la reaparición de la fiebre amarilla en el país. Junto a la improvisación con que se afrontó el nuevo brote del virus, está el cierre de la mayoría de los hospitales y puestos de salud, la privatización de la salud y el abandono, por parte del Estado, de las actividades dirigidas a erradicar el paludismo y otras enfermedades endémicas.

También el número de afectados por el paludismo aumenta aceleradamente en el país, cuando esta enfermedad había sido erradicada de varias regiones y en otras descendía, como resultado de la campaña nacional para la erradicación de la malaria. Hoy, cerca de cuatro millones de colombianos la padecen anualmente.

Con el desmonte de la política de salud pública y la desactivación de la estructura de salubridad nacional, desaparecen o se debilitan los programas encaminados a erradicar las enfermedades endémicas. Incluso se desestimulan los esfuerzos de investigación científica nacional que se hacen, como en el caso del Doctor Manuel Elkin Patarroyo y el equipo de científicos que avanzó en el descubrimiento de la vacuna sintética contra la malaria, como es reconocido mundialmente.

Si bien el modelo neoliberal y la ausencia de políticas para la salud pública siguen siendo las causas principales de la reaparición de enfermedades ya erradicadas en el país y el retroceso de los avances en otras, estos no explican todo el fenómeno pues las políticas de orden público, referidas al campo de la salud, son complemento de esas causas.

La estrategia contrainsurgente colombiana, inspirada en la política de "seguridad nacional" formulada por el gobierno norteamericano para contrarrestar los movimientos de liberación nacional y social de la década del 60, introduce en el campo de los aliados, además de los narcotraficantes y paramilitares, las enfermedades endémicas como el paludismo, la fiebre amarilla y la leishmaniasis, para doblegar la moral de las guerrillas.

La táctica militar del ejército colombiano incluye entre los elementos criminalizados y prohibidos las medicinas para curar estas enfermedades, las vacunas y los sueros contra las mordeduras de serpientes, retomando estos métodos para la supuesta eliminación del contrario pero que afectan especialmente a la población civil, lo cual constituye una violación al DIH.

Tampoco es descabellado pensar en la aplicación de guerra bacteriológica pues ya existen experiencias comprobadas de estos métodos perversos dentro de la táctica norteamericana en varios países de América Latina, entre ellos Colombia, durante la Operación Marquetalia contra las nacientes FARC, en 1964.

La aplicación de la política neoliberal y la contrainsurgente son, de por sí, dos razones para que el Presidente Uribe no mueva un dedo para brindar seguridad en salud a los colombianos, amenazados sobre todo por la reaparición de fiebre amarilla que es mortal y más cuando la considera su aliada para acabar con la guerrilla en los próximo 18 meses.

Su ministro de "protección social" fuera de conseguir algunas vacunas, lo que ha hecho es señalar a la guerrilla como responsable de la propagación del virus y difundir la mentira que la insurgencia se estaba oponiendo a la vacunación de las comunidades, afirmación que fue desmentida por autoridades regionales, afortunadamente.

La salud pública, como la educación, son derechos inalienables de los pueblos que no se deben dejar violar ni desconocer por los gobiernos. Las comunidades organizadas tienen el reto de luchar por recuperar estos derechos, enfrentando los obstáculos y las políticas neoliberales que los desconocen.

Esta es una razón más que nos lleva a luchar contra este sistema inhumano, carente de los valores más elementales, que permite y propicia el dolor y la angustia de quienes no hacen parte de la oligarquía ni de sus cómplices.

En su programa el EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL plantea el desarrollo de un plan nacional de salud pública dirigido a proteger la salud de todos los colombianos priorizando la medicina preventiva, la lucha contra las enfermedades endémicas y el apoyo a la investigación científica.

Este punto es obligatorio en cualquier proyecto o propuesta que se encamine a lograr el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, como derecho fundamental.

Ejército de Liberación Nacional de Colombia
Febrero 1 de 2004