Las cosas le salieron mal a Uribe Vélez en el Parlamento Europeo. La misma prensa colombiana, sobre todo El Tiempo, temía que la visita a Estrasburgo produjera un efecto contrario al deseado. Pero Uribe, cada día mas autocrático, no oye ya ni a sus consejeros más íntimos.
Ocurrió lo esperado. Los partidos de izquierda boicotearon la sesión, por identificar en el visitante al jefe de un gobierno que viola ostensivamente los derechos humanos. De los 626 diputados, comparecieron solo 250. De estos, algunos lo recibieron agitando pañuelos blancos con la inscripción "paz y justicia para Colombia".
Días antes, Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, prisionera de las FARC, había dirigido en Bruselas duras críticas a Uribe, acusándolo de no manifestar "interés alguno" por la suerte de los prisioneros, al cerrar las puertas al diálogo tendiente a un acuerdo humanitario. Esa posición del presidente fue, además, reafirmada en su discurso en Estrasburgo en el que criticó con arrogancia la ausencia en plenaria de la mayoría de los diputados.
En la capital belga, Uribe escuchó un rotundo NO de Romano Prodi, el presidente de la Comisión Europea, cuando éste informó que no existía ni un mínimo de condiciones para convocar la Conferencia de Donantes solicitada por el mandatario colombiano. El comisario Chris Patten aprovechó a su vez la oportunidad para criticar el proyecto de amnistía a los paramilitares. Distanciándose del concepto uribista de "seguridad democrática", afirmó que consideraba una actitud "no sensata conceder poderes judiciales a los militares".
En su fracasada visita a Europa, las únicas palabras de simpatía que Uribe escuchó fueron acaso las del español Javier Solana, responsable de la Política Exterior y de Seguridad Común de Europa, ex secretario general de la OTAN, cuyo concepto de "terrorismo" está inspirado en el del presidente Bush.
Los comentarios de los grandes media del Viejo continente evidenciaron que Colombia es un país profundamente traumatizado cuyo gobierno de extrema derecha demuestra ser incapaz de superar la actual crisis social y económica y de encontrar solución a una guerra civil de cuatro décadas. La oratoria de fachada democrática del ocupante de la Casa de Nariño no convenció ni a las fuerzas políticas más conservadoras de la Unión Europea. No fue escuchado su llamamiento a la solidaridad.
Sectores progresistas aprovecharon incluso la oportunidad para criticar como acto de vasallaje la decisión tomada hace dos años por la Comisión Europea al incluir, bajo presiones de Washington, a las FARC entre las organizaciones terroristas, lo que obligó a algunos revolucionarios colombianos a pasar a la clandestinidad en países de Europa Occidental.
Uribe es ideológicamente un fascista que no puede asumirse como tal. Su nueva estrategia camina, como la anterior, hacia el fracaso. Sus maniobras para alcanzar por otros medios los objetivos del referendo ya han empezado a chocar con barreras en apariencia infranqueables.
La derrota en la consulta al pueblo del 25 de octubre pp (de las 15 preguntas que pedían el SÍ, solamente una obtuvo la votación mínima indispensable) demostró la falsedad de las encuestas que lo envolvían en una aureola de gran popularidad. Al día siguiente, el pueblo, en las elecciones regionales, rechazó a los candidatos uribistas a gobernadores y alcaldes en las grandes ciudades, incluyendo Bogotá.
La situación financiera, con un déficit de 7 500 millones de dólares y una deuda que representa la mitad del PIB, es muy grave. El pueblo se aprieta el cinturón, el desempleo aumenta, los indicadores de salud, de educación y de otros sectores sociales presentan niveles alarmantes. El presidente, sin embargo, persiste en una estrategia que hace del aparato represivo la palanca de la llamada política de «seguridad democrática» global. Retomar la vieja y desacreditada tesis según la cual la victoria militar sobre la insurgencia es posible reforzó en la práctica la subordinación del Estado colombiano a los dictados de Washington. Bogotá no es solamente el mejor aliado de los EE UU en el continente. El Plan Colombia, reformulado de acuerdo con las exigencias de la Casa Blanca y el Pentágono, aparece hoy como la punta de lanza de un sistema de dominación imperial que configura una amenaza mortal para todos los países de la región amazónica. La red de bases militares implantadas en Colombia y en estados vecinos (Ecuador y Panamá) funciona como instrumento de esa política de recolonización. Por sí solo, el apoyo incondicional de Uribe a la guerra de agresión contra Iraq, desaprobado por la gran mayoría de los colombianos, caracteriza bien el espíritu capitulador de un gobierno para el cual la soberanía nacional es una palabra sin significado.
Toda la orquestación publicitaria que acompaña las negociaciones con los grupos paramilitares no logra tampoco ocultar la complicidad entre el presidente y los jefes de esos bandos de asesinos, sobre todo Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Mientras en la Argentina el Congreso, bajo propuesta de Kirchner, revocó la amnistía de Menem, que beneficiaba a responsables de crímenes contra la humanidad, la opción de Uribe es otra, antagónica. La fórmula Perdón y Olvido traduce la hipocresía de una administración que tiene conciencia de los vínculos que la unen al paramilitarismo, creado por el ejército como instrumento de la política de estado. Integrar a los paramilitares a cuerpos represivos legales es aspiración del presidente.
La imagen internacional de los paramilitares es, no obstante, tan negativa, que hasta The New York Times se distancia de los grupos de criminales que Uribe pretende «recuperar». Según el influyente matutino, los grupos de Castaño y Mancuso tratan hoy día de comprar tierras, a través de terceros, para lavar dinero del narcotráfico.
La maniobra de Cesar Gavíria, ofreciendo los servicios de la OEA, como mediadora, en las negociaciones con la escoria del paramilitarismo no ha producido, por chocante, el efecto pretendido. Hay que recordar que la ONU, abierta a facilitar un acuerdo humanitario del gobierno con las FARC para el canje de prisioneros -lo que en la práctica significaría el reconocimiento de un estatuto de fuerza beligerante a la organización guerrillera de Marulanda- se ha negado siempre a mantener con los bandos paramilitares cualquier tipo de contacto. La iniciativa de César Gavíria ha sido, por lo tanto, mal recibida por la ONU que identificó en ella un gesto publicitario cuyo objetivo es inseparable de la ambición del actual secretario general de la OEA -definida por Fidel Castro como el Ministerio de las Colonias de Washington-- de presentar su candidatura a la presidencia de Colombia que ya ejerció de manera desastrosa.
No ha sorprendido que la jerarquía de la Iglesia católica haya recibido con desagrado la propuesta de mediación de Gavíria. Para los obispos colombianos no es posible colocar al mismo nivel el diálogo con la insurgencia y las equívocas negociaciones del gobierno con los bandos paramilitares.
El obispo Luis Castro no dudó en manifestarse a favor de un acuerdo humanitario con las FARC, y el cardenal Pedro Rubiano en principio es favorable a la creación de una comisión facilitadora que permita el diálogo entre el Ejecutivo y la principal organización guerrillera.
Uribe, que ya desautorizó la iniciativa del ex presidente López, defensor del acuerdo humanitario, fue arrogante al dirigirse a representantes del cuerpo diplomático: «Ustedes dedíquense a pedir diálogos de paz. ¡Yo me dedicaré a pedir fusiles para derrotar la insurgencia!»
LA MANIOBRA DE LA REELECCIÓN
El ministerio que según Uribe debería durar todo su mandato ha durado solamente un año. No resistió al terremoto del referendo y de las elecciones regionales. En las mismas fuerzas armadas el malestar es evidente, como lo demuestra el cambio de altos mandos en el ejército y la policía.
Fue por lo tanto en un contexto desfavorable que inesperadamente la embajadora de Colombia en Madrid retomó la idea de la reelección del presidente. Ex-ministra de Pastrana y ex-candidata a la presidencia de la República, Noemí Sanin sabe que el Congreso ya rechazó, por inconstitucional, un proyecto semejante. No hay condiciones, por el momento, para la aprobación de la enmienda a la Ley Magna que sería indispensable.
Pero Noemí no desiste. Súbitamente, olvidando antiguas discrepancias, descubrió que Uribe Vélez tiene el perfil de un salvador de la patria. La fe de la embajadora en su presidente milagrero es tanta que, admitiendo la imposibilidad de la reelección, implora que, al menos, concedan a Uribe una prórroga de dos años...
Si tal ocurriera, la fachada democrática del régimen se vendría abajo y un fujimorazo colombiano exhibiría el rostro verdadero del uribismo.
Otro ex-adversario que, por el momento, actúa como aliado del presidente es el eterno candidato Horacio Serpa. En Monterrey defendió las posiciones de Uribe sobre el ALCA, alineándose incondicionalmente con los EE UU. Quedó claro que el gobierno de Bogotá cumplirá el papel que Washington le atribuya. Firmará como Chile un acuerdo bilateral, inspirado en el proyecto del ALCA duro, rechazado en Miami, o eventualmente un acuerdo subregional en el espacio andino (sin Venezuela), como el creado para los países de Centro América.
Esta política de vasallaje, apoyada por la oligarquía, ha sido denunciada y combatida con firmeza por las fuerzas progresistas.
Mientras, las tensiones sociales aumentan, sobre todo en las grandes ciudades, y la respuesta del gobierno es la represión contra los trabajadores, los estudiantes y los campesinos.
El fracaso de Uribe en su visita a Europa quizás señale el inicio de un recrudecimiento de la lucha de masas contra un gobierno que ya no logra ocultar más sus contornos neofascistas.
Es lamentable que Lucho Garzón, el nuevo alcalde de Bogotá, no se identifique públicamente con las aspiraciones populares. Aunque criticando aspectos de la política de Uribe, él se aleja gradualmente de los compromisos asumidos con las fuerzas de izquierda que lo han elegido.
La Habana, 10 de febrero de 2004
Traducción: Marla Muñoz
