Athemay Sterling
ANNCOL

No cesa la campaña de extermino: Unos 30 sobrevivientes de la peor época del exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político surgido de un antiguo proceso de paz con la guerrilla de las FARC, fueron asesinados en Colombia el año pasado, denuncian fuentes humanitarias.

La directora de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Corporación Reiniciar), Jahel Quiroga, dijo en Bogotá que los homicidios fueron cometidos a pesar de la protección que presta o debe prestar el Estado a los supervivientes de la campaña criminal.

Los continuos asesinatos afectan la credibilidad en el proceso de "solución amistosa" del caso, acordado con el Gobierno a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió la activista.

El Estado colombiano fue demandado en 1993 ante la CIDH por su responsabilidad en el exterminio de la UP, formación creada en 1985 merced a un acuerdo preliminar con las FARC, que entonces mantuvieron una tregua de un año.

Desde entonces, más de tres mil miembros de la formación han sido asesinados o sometidos a desaparición forzada, entre ellos 2 candidatos presidenciales, 8 senadores, 70 concejales y diputados regionales y más de 15 alcaldes.

Por lo menos otros dos mil han sido víctimas de torturas, registros o detenciones arbitrarias, según los casos documentados por Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Partido Comunista Colombiano (PCC), que promovieron la demanda ante la CIDH.

Ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió la causa el 12 de marzo de 1997, no como "genocidio", como fue presentada, sino como un "caso colectivo". Un año después, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en los hechos.

La directora de Reiniciar informó del mantenimiento de la campaña contra la UP durante un encuentro celebrado en Bogotá por el grupo de trabajo mixto conformado para la "solución amistosa".

El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo representan al Estado en la búsqueda de esa salida.

La "solución amistosa" incluye el esclarecimiento del exterminio, el castigo a los responsables, la reparación a las víctimas o familiares y la restitución política de la UP, bajo la condición de que los sobrevivientes sean protegidos.