En los próximos días el Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, realizará una gira por varios países de la Unión Europea y cumplirá una controvertida invitación a la plenaria del Parlamento Europeo en la que tratará de presentar su proyecto político de la seguridad democrática, eje de su programa de Gobierno hacia un Estado comunitario.

El recorrido por Europa es una maniobra del Gobierno colombiano para invitar a la Unión Europea a participar en la llamada Mesa de Donantes, con la cual quiere legitimar el Plan Colombia, instrumento de intervención del gobierno de los Estados Unidos de corte militarista para atizar la guerra y el conflicto colombiano. Mas que un plan guerrerista, lo que Colombia necesita es una cruzada nacional e internacional, con el apoyo humanista de gobiernos y pueblos, para salir de la encrucijada de violencia exacerbada por la agudeza de la confrontación armada. La única alternativa de resolver el político es por la vía de la negociación política y de la democratización de la vida nacional. Precisamente, todo lo contrario de lo que implica ganar la guerra que pretende el presidente Uribe Vélez.

En los 17 meses del actual gobierno, en que se ha aplicado la seguridad democrática, el conflicto se endureció más y de manera implacable afecta con mayor rigor a los colombianos. La aprobación del estatuto antiterrorista, ignorando recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, amenaza seriamente los derechos humanos, de suyo seriamente afectados por las medidas autoritarias gubernamentales. De manera sistemática el presidente Uribe Vélez se niega a aceptar las recomendaciones sucesivas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bogotá, lo cual ha repercutido en hechos tales como la persecución sistemática a los opositores de izquierda, sindicalistas, activistas populares y miembros de Organizaciones No Gubernamentales de reconocida trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

En la actualidad, la aplicación de la seguridad democrática, lejos de afectar la existencia de grupos insurgentes, cuyo erradicación anunció el Gobierno Nacional en el plazo de 18 meses, que ya se cumplen, está vulnerando los derechos y libertades de la población civil, víctima de grandes redadas de detenidos y montajes por supuestos nexos con las guerrillas. En la mayoría de los casos, los detenidos han tenido que ser dejados en libertad, luego de semanas y meses de estar en prisión. Según lo reconoció el propio ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, un promedio de mil ciudadanos están siendo detenidos cada mes, acusados de vínculos con la guerrilla. Casi el 90 por ciento de ellos queda en libertad posteriormente.

El Gobierno Nacional ha depositado toda la esperanza de paz en la guerra abierta y prolongada, dedicando más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto a agigantar el aparato bélico estatal, mientras no hay dinero para la inversión social y en especial para la salud y la educación. Según la estadística oficial, en el país el nivel de pobreza llegó al 56 por ciento y el de indigencia a un 30 por ciento. Entre tanto, la crisis de la salud se acentúa con el cierre de importantes centros hospitalarios, entre ellos los de la atención a los niños y a la maternidad, y está amenazada la existencia de la educación pública en el país.

El Gobierno Nacional se opone a cualquier posibilidad de solución política negociada del conflicto con las organizaciones guerrilleras y ni siquiera acepta un acuerdo humanitario, como el que proponen la Iglesia Católica y destacadas personalidades colombianas, agravando las infames consecuencias del conflicto y el deterioro humanitario en el país. La política y la economía han sido colocadas al servicio de la guerra oficial, en una cruel polarización del país.

Las gestiones del delegado del Secretario General de la ONU para la paz en Colombia y de la Comisión de Facilitación de la Iglesia Católica, son cuando no ignoradas, obstaculizadas, por los funcionarios gubernamentales y más bien son utilizadas como elemento dilatorio de un compromiso con una política de paz. El presidente Uribe Vélez y otros altos funcionarios se han pronunciado en contra del acuerdo humanitario y de eventuales diálogos de paz. Hace pocos días, en el Palacio de Nariño (sede presidencial en Bogotá), con ocasión del protocolario saludo anual del Cuerpo Diplomático, el presidente Uribe Vélez, de forma desafiante le dijo a los embajadores: Ustedes dedíquense a promover el diálogo, que yo avanzo con mis soldados y policías para imponer la seguridad democrática.

La única puerta abierta al diálogo ha sido para los grupos paramilitares, responsables del tráfico de cocaína y de las peores masacres y vulneraciones al DIH y a los derechos humanos. Con el agravante, que el diálogo con estos irregulares se realiza de manera incondicional y con el objetivo de aprobar una ley de alternatividad penal que consagra el perdón y el olvido a los crímenes de los paramilitares. De manera perversa, el Gobierno Nacional pretende comprometer a la comunidad internacional y a los gobiernos de la Unión Europeo en este torcido proyecto, que generará más dificultades para la solución política. Desoyendo a la ONU, el Secretario General de la OEA, el colombiano y ex presidente César Gaviria, decidió pactar con el presidente Uribe Vélez la verificación de este proceso, cuando ni siquiera existen acuerdos reales para verificar y controlar. Lo cierto es que los crímenes del paramilitarismo y el tráfico de narcóticos de sus integrantes continúan siendo una práctica en el territorio nacional.

El año pasado, el 25 de octubre, los colombianos le negaron al Presidente de la República la aprobación de un referendo para elevar a norma constitucional la política de seguridad democrática y varias medidas fiscalistas de ajuste, lesivas a los trabajadores y al interés popular. Ni siquiera el 20 por ciento del potencial de electores le avalaron su proyecto. Apenas lo hicieron tres millones de colombianos de 24 millones de votantes aptos y menos de los cinco millones que depositaron su voto por el presidente en las elecciones presidenciales. Sin embargo, en desafío a la Constitución Política y al querer de la mayoría de los colombianos, el Gobierno Nacional, apoyado en las mayorías en el Congreso, acudiendo a las prácticas clientelistas, politiqueras y de corrupción que dice combatir, pretende hacer aprobar las medidas negadas en el referendo.

Por esta razón, la visita del presidente Álvaro Uribe Vélez a Europa debe servir de ocasión propicia para que sus gobiernos y pueblos le recuerden:

-las obligaciones que tiene con los protocolos, tratados internacionales y recomendaciones de la ONU y de la comunidad internacional en la búsqueda de disminuir la intensidad del conflicto y del respeto a los derechos humanos;

-la importancia del acuerdo humanitario que termine con la tragedia de miles de colombianos en cautiverio; y

-la necesidad de hacer esfuerzos para avanzar en una política real de paz, favorable a la solución negociada del conflicto y a buscar el camino de la democracia y la justicia social.

-el cumplimiento de las 24 recomendaciones sobre derechos humanos que la oficina de la ONU en Colombia ha venido sugiriendo.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL


Bogotá D.C. Colombia, enero de 2004