Carlos Cruz
ANNCOL

En el año 2003, fueron 72 los sindicalistas asesinados afiliados a la principal central obrera colombiana, CUT. Solamente en el departamento de Bolívar, se registraron 350 detenciones ilegales por parte de fuerzas de seguridad del Estado en el año pasado.

Según un informe elaborado por el director del Departamento de Derechos Humanos de la central obrera CUT, Domingo Tovar, se agrava cada día más la situación de derechos humanos en Colombia.

Entre los reclamos de los sindicalistas se mencionan capturas masivas donde el gobierno no cumple con lo estipulado en los códigos y tratados internacionales, allanamientos ilegales y el hecho de que 72 sindicalistas fueron asesinados el pasado año.

El dirigente sindical informó que la mayor preocupación en el momento es el nuevo estatuto antiterrorista, que fue aprobado esta semana.

"Estamos seguros que en ningún momento se le aplicará a terroristas, por el contrario toda esta política está encaminada a golpear y a acabar con procesos organizativos del movimiento social que generan oposición a las políticas del imperialismo norteamericano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez," dijo Tovar.

Agregó que: "Es claro que en Colombia no existe respeto por las libertades de expresión y por ende son callados con actos violatorios a los Derechos Humanos."

Domingo Tovar también presentó una lista de las más recientes violaciones de los derechos sindicales en el país:

ASESINATO

El día 17 de enero de 2004, fue asesinado RICARDO BARRAGÁN ORTEGA activista y afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali - SINTRAEMCALI - CUT - en momentos en que salía de su lugar de residencia. El compañero se dirigía al Centro Operativo Bodegas Navarro para jugar un partido de fútbol con sus compañeros de la empresa cuando fue interceptado por dos motos que le propinaron cinco disparos en la cabeza. Uno de los sicarios que participo en el asesinato del compañero RICARDO, fue capturado por la policía cuando emprendía la huída del lugar del crimen y traslado a la estación de policía del Barrio el Guabal.

El compañero, se había caracterizado por sus aportes técnicos en la propuesta de salvamento de EMCALI, frente a la cual había hecho ingeniosos aportes para reducir los costos, aumentar los ingresos y optimizar el recurso humano. Igualmente se había caracterizado por su activa participación en las jornadas de protesta efectuadas por los trabajadores para defender a EMCALI EICE ESP, de la privatización.

AMENAZAS

El día 13 de enero de 2004, fue dejado en las oficinas de ANTHOC seccional Atlántico, un sobre que contenía un sufragio donde inscriben a la Junta Directiva de esta organización y aparecen los nombres de GILBERTO MARTINEZ miembro de la Junta Directiva Nacional, CARMEN TORRES miembro de la Junta Departamental, ÁLVARO MÁRQUEZ miembro de la Junta Departamental, JOSÉ MERIÑO miembro de la Junta Departamental y ANGEL SALAS miembro de la Junta Directiva Nacional, la cual aparece firmada por las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y al final se firma con las letras Antonio Uparela Castro.

El día 16 de enero de 2004, llego al correo electrónico de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia "CUT" una amenaza por quien se autodenomina "Comandante Rigoberto Zarate Ospina Célula 18" del Bloque Calarca de las Autodefensas desde el e-mail (bloquecalarcapara@hotmail.com) y en el cual ratifican las amenazas de muerte contra los dirigentes sindicales de Risaralda, a quienes fue necesario sacarlos del país ante el asedio y la condena a muerte de este bloque de paramilitares en el mes de octubre del año pasado.

Dentro de esta sentencia los paramilitares condenan la labor social no solo de la "Pastoral Social de Colombia sino al Estado de CHILE por darle refugio según ellos a delincuentes de poca monta como lo son los dirigentes sindicales de la CUT Risaralda; y manifiestan que sus unidades armadas ya se encuentran radicadas en Chile esperando la orden para dar inicio a la localización, ubicación y posterior ejecución de quienes llaman subversivos de civil".

. El día 21 de enero de 2004, nuevamente los dirigentes sindicales de ANTHOC NACIONAL y de las seccionales, continúan siendo objeto de amenazas de muerte, por parte de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quienes han declarado objeto de ataque a los directivos JESÚS ALFONSO NARANJO y MARIO NEL MORA PATIÑO representantes del Departamento de Derechos Humanos y Misión Médica, puesto que consideran que las acciones de denuncia contra la corrupción administrativa y acciones de denuncia nacionales e internacionales, llevadas a cabo por sus constantes y repetidas amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos de funcionarios de salud y en especial de sus afiliados. Aseguran en aquel sufragio que no son defensores de derechos humanos, sino guerrilleros infiltrados en el movimiento sindical, por tal razón serán eliminados en cualquier parte del país.

. En el departamento del Cauca ubicado al sur occidente del país el gobierno tiene la misma pretensión en aplicar planes como los que aplicó en el departamento de Arauca, donde persiguió, hostigo y encarceló a la dirigencia social, en el Cauca en el último año se han venido realizando detenciones masivas, hay poblaciones (municipios) que están cercados unos por el Ejercito Nacional y otros por los grupos paramilitares violando los más elementales derechos y aún tratados internacionales, por ejemplo controlan la entrada de alimentos y a los campesinos no les permiten sacar sus productos, lo cual desde luego deteriora la calidad de vida de la población civil. En el movimiento sindical últimamente han sido amenazados el Comité Ejecutivo de la Subdirectiva CUT Cauca y la Junta Directiva de los sindicatos, varios compañeros y compañeras han sido obligados por las circunstancias de amenazas a abandonar su región, en donde se palpa la violación al derecho de asociación y libertades! sindicales.

DETENCIONES

. En el departamento de Bolívar cuya capital es Cartagena el gobierno la presenta como el paraíso en América y desafortunadamente para el movimiento social en el año anterior, se registraron alrededor de 350 detenciones ilegales.