René Balart Contreras
Punto Final

Al iniciarse en 1914 la primera guerra mundial, la industria salitrera experimentó una grave crisis. Los buques que exportaban el salitre pertenecían a los países beligerantes, en consecuencia, se produjo una falta de transporte. Además, Alemania, el mayor consumidor de nuestro nitrato natural, sufría el bloqueo marítimo y terrestre que le impusieron los aliados. Sin embargo, las exportaciones subieron bruscamente en 1916-1917 al emplearse el salitre en la fabricación de explosivos, lo que provocó un alza de su precio.

Al terminar el conflicto y advenir la paz, era inevitable que el consumo de salitre disminuyera. Por otra parte, se había creído que la guerra duraría varios años más y los compradores europeos habían acumulado grandes reservas, formándose, especialmente en Inglaterra, stocks de especulación. Otros factores como la desvalorización monetaria que sufrían algunos países compradores; la baja espectacular del precio del algodón norteamericano y la crisis de esa industria (que era una gran consumidora de nuestro salitre), y la competencia del salitre sintético que, gracias a la política proteccionista que adoptó Alemania marginó del mercado centroeuropeo a nuestro salitre natural, hicieron que la crisis salitrera de 1921-1922 fuese inevitable y tan grave que "de las 134 oficinas salitreras que funcionaban entonces, 91 paralizaron sus actividades"(1).

El libro del historiador Floreal Recabarren, editado por LOM. Trata a fondo la masacre de San Gregorio e incluye las fotos que reproducimos en estas páginas.

La crisis ya era vaticinada por la prensa antofagastina en 1920. La situación se vio agravada por la brusca caída de la demanda de cobre, cuya producción había aumentado desde que comenzara a explotarse Chuquicamata en 1915. Antofagasta se estaba convirtiendo en una ciudad de cesantes. En las oficinas salitreras que seguían trabajando los empresarios recurrían a los despidos y rebajas de salarios, sumándose a estas prácticas la negativa a pagar desahucio a los trabajadores despedidos. Luis Emilio Recabarren y otros dirigentes de la Federación Obrera de Chile (Foch) recorrían la pampa organizando a los trabajadores, predicando la resistencia y el no abandono de las oficinas mientras no se pagara el desahucio.

LOS SUCESOS DEL 3 DE FEBRERO La firma Gibbs y Cía. avisó, a mediados de enero de 1921, al "gringo" Daniel Jones López (en realidad chileno) administrador de la Oficina San Gregorio del cantón de Aguas Blancas, que su paralización se cumpliría en los primeros días de febrero. Mr.

Jones dio el correspondiente aviso a los trabajadores, los que exigieron el pago del desahucio. Esto a juicio de los empresarios era improcedente, tanto legal como moralmente, pues habían dado con quince días de anticipación el aviso de despido. El intendente de la provincia, Luciano Hiriart Corvalán, comunicó a fines de enero al presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, esta situación. Alessandri respondió "recomendando" emplear las "fuerzas morales del razonamiento y convicción" y que "si la resistencia obrera a abandonar oficinas salitreras continúa, procure ir personalmente" a explicar que los salitreros y el Fisco no tienen plata para continuar la producción de salitre. Era una simple "recomendación" y no una "orden precisa", cosa que hace notar el historiador Ricardo Donoso(2), dejando así que "los militares hiciesen la subida a la pampa por su cuenta, sin control de una autoridad civil". Para mantener el orden, a fines de enero el intendente Hiriart había mandado a establecerse en San Gregorio a un grupo de cinco carabineros mandados por el teniente Lisandro Gainza. Como la tensión continuaba, decidió reforzarlo con un pelotón de veinte soldados al mando del teniente Buenaventura Argandoña Iglesias, del Regimiento Esmeralda de Antofagasta que llegó a San Gregorio el 3 de febrero. A las 5 de la madrugada, el teniente acompañado de su tropa recorrió el campamento anunciando que a las 7 un tren los conduciría a Antofagasta. Esto encontró tenaz oposición de Luis Alberto Ramos Bustamante, miembro del subconsejo de la Foch en San Gregorio; el tren partió con pocos pasajeros.

A las 13:30 partió otro tren con las familias de algunos empleados. A las 15 horas comenzaron a llegar grupos de obreros "portando banderas rojas y cantando canciones socialistas" -como se lee en el copiador de sentencias criminales de la Corte de Apelaciones de Iquique- procedentes de distintas oficinas del cantón (como La Valparaíso, Eugenia, Marusia, Pepita, etc.), para prestar ayuda a sus compañeros.

"Todos conocían el significado de tropas militares en las oficinas salitreras, cuando se discutían los pliegos de peticiones o había vientos de huelga"(3). Según declaración judicial del teniente Gainza, Argandoña había calculado 2.300 obreros.

Estas columnas se reunieron en la plaza donde se realizó una concentración para escuchar a los dirigentes, que reclamaron la cancelación del desahucio y reafirmaron la decisión de no abandonar la Oficina mientras la casa Gibbs no se comprometiera a pagar.

Alrededor de las 5 de la tarde una abigarrada columna encabezada por los dirigentes de la huelga, seguidos por las mujeres, los niños y, por último los trabajadores, se dirigió a la administración. Los dirigentes pidieron hablar con Mr. Jones para entregarle un petitorio. El administrador se hizo acompañar por los tenientes Argandoña y Gainza.

Como los manifestantes seguían avanzando, Argandoña les ordenó no atravesar la línea férrea que cruzaba el lugar, lo que no fue acatado. Los manifestantes formaron, luego, un semicírculo para entrevistarse con Mr. Jones. El obrero Casimiro Díaz, miembro de la comisión negociadora, levantando su libreta reclamó la cancelación del desahucio. Mr. Jones le expresó que aceptaba pagarlo, pero no en la Oficina sino en Antofagasta. La reacción de los obreros fue rechazar esta oferta. En ese instante comenzaron los disturbios, precisamente cuando "Alejandro Fray Douglas, gerente y representante de la empresa Gibbs miraba las alternativas del conflicto oculto en la Oficina Valparaíso, a 4,5 Kms de San Gregorio. En lugar de tomar medidas para resolver la situación, le fue más fácil coger el teléfono para informar al intendente de la provincia que la violencia había estallado"(4).

De acuerdo a la declaración que hiciera posteriormente el sargento 2° Juan Reyes, el teniente Argandoña dio la orden de disparar, desbandándose los manifestantes hacía el campamento. Pero los más audaces enfrentaron a la tropa. Argandoña fue levemente herido en la mano izquierda y se refugió en la oficina de contabilidad, disparando desde una de las ventanas. "Disparó su revólver cuatro veces contra los insubordinados", según manifestó a El Mercurio el 10 de agosto de 1921 otro de los testigos. Los ánimos de los obreros se enardecieron al ver caer a sus compañeros y, tras derribar la puerta de la oficina de contabilidad, se abalanzaron sobre Argandoña y lo sacaron a la fuerza, ultimándolo frente a la pulpería. La causa precisa y necesaria de la muerte, según el informe del médico legista, fueron "las lesiones traumáticas, dada su naturaleza y situación, recibidas después de las heridas a bala". Estos traumatismos seguramente fueron causados -según declaración del testigo Ramón Payne- "por un hombre alto, de traje blanco y como de 40 años, (quien) le daba golpes con todas sus fuerzas con una barreta de fierro, cayendo entonces el teniente asesinado".

El teniente de Carabineros Lisandro Gainza, cuya conducta fue posteriormente motivo de críticas, "tomó su caballo y huyó desesperado por la pampa"(5). El administrador Jones, que había huido hacia el campamento, fue reducido por los obreros recibiendo numerosos golpes y cuatro heridas con instrumentos punzantes y cortantes, algunas muy graves, que le afectaron un pulmón y le provocaron una intensa hemorragia.

Vicuña Fuentes expresa que "en San Gregorio los dragones y carabineros al mando del cabo (Luis Alberto) Faúndez se defendieron heroicamente de la poblada que los tenía sitiados. La superioridad de las armas y las paredes del cuartel los ponían a cubierto de una sorpresa violenta, pero su situación era crítica y aprovechando la noche se retiraron a caballo a una poblada vecina"(5). (Cabe señalar que, en verdad, estaban comandados por el sargento Juan Reyes. El cabo Faúndez fue una de las dos únicas víctimas que tuvieron que lamentar en esa huida los uniformados).

Después de horas de persecución los obreros se convencieron de la imposibilidad de su intento y decidieron volver al campamento, por lo que los fugitivos pudieron llegar sin problemas a las 9 de la mañana del 4 de febrero a Laguna Seca, donde supieron que el mayor Rodríguez se dirigía con refuerzos a San Gregorio. ¿Qué había pasado entretanto en el campamento? Abandonada la Oficina por los soldados y carabineros, los obreros dirigidos por Luis A. Ramos se encargaron de restablecer el orden, se hicieron cargo de la farmacia y la pulpería, con el objeto de distribuir medicinas y alimentos. Como no encontraron al médico Rodolfo Barrow que atendía la Oficina, el practicante Pedro Rivas se dedicó a curar a los heridos. Al comprobar lo mal herido que estaba el administrador, le puso inyecciones de cafeína con aceite alcaforado. A las cuatro de la mañana llegó el doctor Barrow, quien verificó que el pulso de Jones era cada vez más lento. Un grupo de dirigentes llevó al administrador un papel en que se decía que al solicitarle los obreros el desahucio, Argandoña les había disparado, el que fue firmado por Jones junto con una misiva al jefe de las fuerzas que vendrían de Antofagasta en que se le pedía abstenerse de hacer uso de las armas contra los obreros. Antes de las 9 de la mañana los trabajadores de las otras oficinas regresaron a sus hogares, por lo que cuando llegaron los primeros refuerzos, a cargo del teniente Cristi, sólo encontraron a los pobladores de la Oficina San Gregorio.

DESPUES DE LA TRAGEDIA El resultado de la tragedia -según el historiador Luis Vitale(6)- fue de 65 obreros muertos y 34 heridos, de los que tres murieron antes de llegar a Antofagasta. Entre los militares murieron el teniente Argandoña, el cabo Faúndez y el soldado Juan Vera, todos del regimiento Esmeralda. Murió, asimismo, el administrador de la oficina, Daniel Jones, cuando era trasladado a Antofagasta. La cifra de 500 obreros muertos que dan algunos autores (como Julio César Jobet y Hernán Ramírez Necochea), parece exagerada y no coincidente con las informaciones de la propia prensa obrera. En efecto, en El Socialista de Antofagasta, de 5 de febrero, se expresa que después de cuatro descargas, más de cien obreros habían quedado en la pampa entre muertos y heridos, y más adelante puntualiza que los muertos eran setenta; el Abecé de Antofagasta, de 11 de febrero, publica las declaraciones del panadero de la Oficina, Delicio Castillo, quien dice que los obreros muertos y heridos pasaron de cien, y Luis Emilio Recabarren en declaraciones a La Epoca, de Santiago (reproducidas en La Reforma de Antofagasta, el 11 de febrero), calcula en sesenta los muertos y un centenar de heridos. En cambio, las fuentes "oficiales" (declaraciones de los militares involucrados, partidas de defunción del Registro Civil, etc.) sólo hablan de 30 a 39 muertos. Una posible explicación de esta disparidad es que en la Oficina San Gregorio el 5 de febrero resultaron muertos efectivamente treinta y tantos obreros (todos, menos uno, a bala), pero el resto murió fuera de la Oficina, o posteriormente.

Nos basamos en los siguientes hechos:

1°) La comisión de la Foch de Antofagasta que el 5 de febrero (dos días después de los sucesos descritos) subió a la pampa autorizada por el intendente, declaró: "Haber visto 36 cadáveres. Hay indicios de que quedaron otros tantos en la pampa"; 2°) El entonces jefe de pampa de la Oficina, Guillermo Argandoña, contó al profesor Floreal Recabarren "que hicieron una zanja y los enterraron afuera de la Oficina entre los ripios". Lógicamente estos no figuran en las partidas de defunción; 3°) Existen versiones de que las fuerzas que llegaron a San Gregorio después de estos hechos tomaron venganza eliminando a los heridos, lo que es negado por Floreal Recabarren, aduciendo que estas versiones no coinciden con el informe de la comisión de la Foch. Sin embargo, basta leer el informe (publicado en el Abecé el 8 de febrero), para comprobar que se refiere a los trabajadores que estaban en sus casas en el campamento, los que fueron apartados "de sus mujeres y niños" y encerrados en una bodega, "verdadero campo de concentración", y no a los heridos que estaban en una sala especial. Un informe posterior (8 de marzo) hecho por dos dirigentes nacionales de la Foch, Manuel Hidalgo Plaza y Eduardo Bunster, expone: "Al día siguiente de ocurridos los sucesos, llegaba un nuevo destacamento de tropas, al mando del mayor Rodríguez, quien había de cometer las mayores atrocidades que con los obreros se había cometido en la pampa. Al grito de vengar al teniente Argandoña, la tropa penetró a la sala donde estaban los heridos y a culatazos destrozó las cabezas de los heridos que ahí se curaban". Aún más, agrega: "Realizada esta humanitaria labor hicieron irrupción en el campamento dedicándose a cazar obreros, hasta el punto que los asesinatos cometidos en ese día fueron casi el doble de los que hubo en el día de la refriega. De los oficiales que se caracterizaron por su brutalidad contra los obreros debe citarse al teniente Troncoso, que no pudo realizar su obra debido a la actitud del mayor Rodríguez". De acuerdo a lo expuesto no resultaría tan inexacto -como pretende Floreal Recabarren- el relato que hace Vicuña Fuentes en cuanto que "el ejército fue a San Gregorio no a cumplir la función pública de restablecer y resguardar el orden, sino a ejercer una innoble venganza, doblemente ciega, porque no se sabía el verdadero motivo de la muerte de Argandoña ni se cuidó de comprobar la relación mentirosa del cobarde teniente Gainza"(6).

Patricio Manns, al hablar de "San Gregorio: la primera de las seis matanzas de Arturo Alessandri Palma"(3), expresa que los heridos fueron conducidos en trenes calicheros a Antofagasta. "Allí, los hombres, las mujeres y los niños heridos, fueron atacados y varios de ellos muertos por las guardias blancas, lo que puede revelar más claramente todavía la atrocidad con que el Estado de Chile sellaba la suerte de sus trabajadores, pues las guardias blancas actuaban con pleno acuerdo del ejército. Las autoridades de gobierno, encabezadas por el presidente Arturo Alessandri Palma, felicitaron al intendente de la provincia, Luciano Hiriart Corvalán".

Ricardo Donoso, por su parte, expresa: "Ciento treinta víctimas cayeron en el campo, entre ellas muchas mujeres y niños", según afirma Vicuña Fuentes(5).

El presidente Alessandri facultó al intendente "para que tome mientras tanto y adopte absolutamente todas las medidas que su prudencia le aconseje y tendrá mi amplia aprobación".

Hiriart envió un destacamento de 50 hombres con dos ametralladoras pesadas al mando del mayor Arancibia y del capitán Contador a la pampa de Aguas Blancas. Una avanzada de diez hombres a las órdenes del teniente Cristi partió en la madrugada en dirección a San Gregorio. Al mismo tiempo, otras fuerzas partieron a diversos puntos de la pampa con la orden terminante de hacer fuego sobre cualquier grupo sospechoso que se presentase en el camino de Aguas Blancas(4). En Antofagasta, se dispuso que guardias armados recorrieran las calles resguardando el orden y que el comandante general de armas repartiese rifles al Cuerpo de Bomberos. Todo estaba encaminado a evitar una huelga general.

El gobierno decretó el estado de sitio para la provincia y llamó a las reservas del Regimiento Esmeralda. El 5 de febrero llegaron el vapor Huasco, con 79 soldados del Regimiento Coraceros y el día 6 el crucero Esmeralda, con marinería y 270 hombres que fueron enviados al interior, permaneciendo durante tres meses acantonados en el sector de Aguas Blancas y Pampa Central.

La opinión pública, entretanto, estaba interesada casi exclusivamente en las próximas elecciones parlamentarias. En Antofagasta obtendría un triunfo espectacular el candidato del Partido Obrero Socialista, Luis Emilio Recabarren.

Para establecer cómo ocurrieron los hechos y sancionar a los culpables, tanto la justicia ordinaria como la militar iniciaron las correspondientes investigaciones. La Corte de Apelaciones de Iquique, a petición del gobierno, nombró a uno de sus integrantes, Ismael Poblete, como ministro en visita. En el proceso el breve sumario del mayor de Carabineros Jorge Leiva, como fiscal, figura como uno de los antecedentes tomados en consideración. La investigación demoró varios meses y es fácil deducir que se trató de responsabilizar -a pesar de no contar con pruebas- al dirigente sindical Luis Alberto Ramos de la muerte del teniente Buenaventura Argandoña.

En agosto de 1922 la Corte de Apelaciones de Iquique pronunció sentencia definitiva por la que se condenó a los dirigentes Luis Alberto Ramos, Casimiro Díaz y Manuel Jaque a la pena de muerte por el delito de robo con homicidio en la persona del teniente Argandoña; a otros obreros a 10 años de presidio por el delito de robo con fuerza en las cosas, y a penas menores al resto. La Foch periódicamente realizaba concentraciones en Antofagasta y pueblos del interior exigiendo la libertad de los reos.

En 1925 la junta militar de gobierno, integrada por el civil Emilio Bello Codecido, el general Pedro Pablo Dartnell y el almirante Carlos Ward, amnistió mediante un decreto a todas estas personas, que salieron en libertad el 30 de enero de dicho año