CHILE: HISTORIAS DE LA SEGUNDA GUERRA DE LA ARAUCANIA

Por: Ernesto Carmona
ARGENPRESS.info

Dos lonkos (jefes) mapuches personifican hoy la rebeldía indígena en la Araucanía. Una arbitraria condena a 5 años de prisión transformó en bandera de lucha de las comunidades a los jefes Pascual Pichún Paillalao y Segundo Aniceto Norín Catrimán. Los jefes mapuche cumplen su pena en la cárcel de Traiguén, después de un escandaloso doble juicio celebrado en 2003, pero están convocados para 'formalizarles' nuevos cargos en marzo, en un tercer proceso contra 18 indígenas imputados de 'asociación ilícita terrorista'.

Pichún y Norín fueron acusados de incendiar la casa patronal de Juan Agustín Figueroa Yávar, poderoso dirigente del partido Radical, ex ministro de agricultura, presidente de la Fundación Neruda, copropietario del diario electrónico El Mostrador, miembro del Tribunal Constitucional y director de casi todas las empresas de Ricardo Claro Valdés, una de las más grandes fortunas del país después. A los lonkos no se les pudo comprobar el delito de incendio, pero el Estado igual los castigó 'por ser', no 'por hacer', es decir, por su condición de líderes.
Simultáneamente, dos hijos de Pichún fueron acusados de otro incendio, pagaron la pena y la multa, pero los encarcelaron de nuevo porque deben la indemnización. Pascual y Rafael Pichún Collonao, de 19 y 21 años respectivamente están presos 'por deuda', delito que jurídicamente no existe en Chile. También ambos serán enjuiciados de nuevo en el mismo proceso oral contra una mítica 'asociación ilícita terrorista' elucubrada por el Ministerio Público de la Araucanía.
La farsa del segundo juicio
Pichún y Norín fueron absueltos en un primer juicio oral efectuado en marzo de 2003, pero la parte acusadora -el ministerio del Interior y el afectado Figueroa- consiguió en julio que la Corte Suprema anulara el primer juicio, después de escuchar un fervoroso alegato del abogado acusador ... Figueroa Yávar, personaje de gran influencia en los tribunales, donde lo llaman 'el 22 de la Suprema, que tiene 21 ministros.
El Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenó a Pichún y a Norín por 'amenazas terroristas' en un segundo juicio en julio. El veredicto no fue una sorpresa, pero los indígenas y sus abogados lo encuentran contrastante con la libertad absoluta que disfruta el mayor de carabineros Marcos Treuer, que en noviembre de 2002 dio muerte al adolescente mapuche Alex Lemun Saavedra, de 17 años, durante la represión de una movilización indígena.
El juicio de julio estuvo mejor 'presentado' que el de marzo. Las' pruebas' fueron de 'mejor calidad' y los mismos testigos dijeron cosas diferentes, complementando lo que antes dijeron o no dijeron. Fue un juicio modelo para una antítesis --todo lo contrario-- de la transparencia, presunción de inocencia y 'debido proceso' que proclama la nueva justicia oral chilena, opinan los abogados de derechos indígenas.
La Corte Suprema anuló el primer juicio por una supuesta manera errónea de los jueces de 'pesar' la prueba, pero la segunda vez hubo ventajas para que la Fiscalía y los querellantes -el Estado y Figueroa Yávar-- pudieran mejorar sus pruebas. La sensibilidad de los magistrados también 'pesó' muy bien la resolución del máximo tribunal cuando declaró nula la absolución de Pichún y Norín dispuesta en el primer juicio.
En buenas cuentas, cuando la Corte Suprema anuló el primer juicio en julio estaba ordenando cómo debían fallar los jueces de Angol el segundo juicio en septiembre, estiman los abogados. La Suprema estuvo presente en el proceso más emblemático de la Reforma Procesal Penal con un simple golpe de autoridad a fin de 'orientar 'a todos los tribunales del país mapuche, no sólo al de Angol, piensa el abogado Jorge Lillo Vera, entre otros.
Análisis de un juicio ideológico
La acción de la Suprema armó de paso un gran embrollo académico sobre la 'filosofía' de la Reforma, porque estableció que un tribunal distinto al que apreció directamente la prueba puede revisar el trabajo del juez inferior. Lillo, académico del Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la Frontera, asegura que la prueba se puede revisar en una segunda instancia no directamente, sino a través de los registros, porque se rompe el principio de inmediación. El ministro Enrique Cury, de la Suprema, reconoció este error en un acto académico en Temuco para no dejar la puerta abierta a otros casos, en una suerte de 'saludo a la bandera'... de la Justicia.
El segundo veredicto condenó a los lonkos no por 'lo que hicieron', sino por 'lo que son', 'amenaza terrorista', simplemente por su condición de jefes de su comunidad y de mapuches que se oponen a la situación de su pueblo, concluyó Lillo. No se probó su participación en el incendio de la casa de Figueroa, pero los antecedentes 'revelan' que están involucrados en 'el conflicto mapuche', algo que nadie sabe muy bien en qué consiste, cree el abogado.
En 1997, el Estado condenó por 'asociación ilícita' a los miembros del Consejo de Todas las Tierras por usar la expresión 'nación mapuche' y exigir el derecho a la libre determinación consagrada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 'Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes', acordado en Ginebra en 1989 y no ratificado por Chile. Lillo dice que por hablar de esa manera, los activistas 'desconocieron' la autoridad y 'llamaron a la subversión'. Así de simple.
La estigmatización es un valor judicial agregado
La condena a los lonkos sienta también un precedente de imagen pública, por tratarse de líderes indígenas que a la vez son 'autores de delitos terroristas', más allá de los vicios y violaciones a los derechos humanos acaecidos en el segundo juicio, cuyos entretelones pocas personas conocen en el país, debido a una postura de la prensa de no informar cabalmente, desde la pluralidad de todos los puntos de vista. Si los lonkos quedan registrados en el inconsciente colectivo como autores de 'delitos terroristas' contrarios a los derechos fundamentales, infunden temor en la población y presionan al gobierno para que adopte una decisión determinada.
Con la declaración judicial de 'terroristas', viene el 'valor agregado' de la estigmatización y desprestigio de su movimiento, al que se añade la desvalorización de sus demandas ante una opinión pública 'informada' en Chile sólo por dos grupos mediáticos del mismo signo ideológico, controladores de los únicos diarios de circulación nacional, El Mercurio (de Agustín Edwards Eastman) y La Tercera (de Alvaro Saieh).
Los jueces no se dejaron influir por las pruebas, sino por su propia impresión adquirida sobre el tema mucho antes de juzgar, estiman abogados como Lillo. En sentencias anteriores se aludió al 'conflicto mapuche' como 'hecho público y notorio' en que los mapuches reivindican violentamente tierras, pero esta vez no hubo mayor análisis de tales afirmaciones. Y 'es necesario recordar que entre los acusadores no sólo se encontraba el señor Figueroa, sino también el Gobierno de Chile, que ha estado de acuerdo con este proceso y que ha impulsado este resultado' dijo Lillo.
Calvario de los hijos de Pichún
Para el abogado Lillo, el caso de los hermanos Pichún Collonao 'es otro ejemplo que debiera alertar a la comunidad internacional: la determinación de la justicia de ordenar su arresto por no pagar esta indemnización viola claramente, a nuestro juicio, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que excluyen la prisión por deuda. Nadie puede en este país estar privado de libertad por no pagar una deuda'.
Los hijos del lonko fueron condenados a una pena remitida de 5 años --fuera de la cárcel--, más el pago de una multa que ya pagaron. Pero está pendiente una indemnización civil fijada por el tribunal para reparar el daño provocado al patrimonio de la víctima, que asciende al equivalente de unos 10.000 dólares. 'Eso está pendiente, pero no corresponde que sean perseguidos por esta deuda', afirmó Lillo. 'Aquí, al igual que en numerosos otros casos, se están vulnerando gravemente derechos consagrados en pactos de derechos humanos ratificados desde hace varios años por el Estado chileno' dijo.

* Ernesto Carmona es periodista chileno.