Nuevamente la Familia Militar hace oír su voz, reclamando el pronto fin de los juicios por violaciones a los derechos humanos. El hecho no es aislado ni fortuito y forma parte de un esfuerzo mayor, del que la comunidad nacional parece ajena.

Desde que en 1922 se produjera el "ruido de sables" en medio de una sesión de la Cámara de Diputados, que aceleró la tramitación de aumentos salariales para los uniformados, las intervenciones militares en la vida política nacional no cesaron de repetirse, aunque con diferente grado de violencia y en pos de proyectos políticos diversos, hasta que definitivamente las instituciones de la defensa nacional se convirtieron en un verdadero estanco propiedad de un sólo sector de la sociedad, llegando a protagonizar el golpe de Estado de 1973 e imponer el actual modelo económico.

Hoy, nuevamente el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, despliega sus recursos en una maniobra que es continuación de la vasta campaña iniciada a partir de la Mesa de Diálogo, para cerrar de una vez y para siempre "el tema de los derechos humanos". En esta oportunidad las acciones se iniciaron durante una entrevista con el Presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, tras la cual aprovechó para señalar a la prensa que se encontraba desesperanzado por la tardanza y los obstáculos que encontraba la última de las leyes concordadas con el gobierno para terminar de manera definitiva con los procesamientos y condenas al personal de las Fuerzas Armadas involucrado en crímenes de lesa humanidad.

El uniformado se refirió a la intervención de grupos de presión, refiriéndose a las organizaciones de derechos humanos, que por una parte no permitirían dar respuestas a las legítimas aspiraciones de los familiares de las víctimas, manteniéndolas en un duelo permanente y por otra, a los procesados "muchos de los cuales pueden ser incluso no culpables, se les aplica una situación de venganza al no poder avanzar los procesos".

Se trata en particular del intenso debate desatado en torno a los privilegios que se pretende otorgar a los uniformados implicados en violaciones a los derechos humanos que entreguen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Fórmula, ésta última, fuertemente resistida por las organizaciones que han luchado desde el golpe hasta ahora en pos de alcanzar verdad y justicia plenas sobre estos crímenes.

El planteamiento de Cheyre alcanzó los blancos esperados porque a cuatro días de lanzados los proyectiles el ministro del Interior, José Miguel Insulza, se volcó a la sede del Congreso para intentar persuadir a los legisladores socialistas Jaime Gazmuri, José Viera Gallo, Juan Bustos y Fulvio Rossi, de que se tornara al proyecto original, que garantiza inmunidad para los informantes, con lo que se desconoce un acuerdo adoptado anteriormente en el seno de la Concertación. Otro tanto hizo la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, hablando con algunos diputados.

En definitiva, se trata de una nueva fase de lo acordado por la Concertación con las Fuerzas Armadas encabezadas por el Ejército, durante la detención de Pinochet en Londres, cuya implementación ha tropezado con la firme determinación de las organizaciones defensoras de los DD.HH. y con los imprevisibles resultados de las investigaciones de los jueces con dedicación exclusiva y ministros en visita y de fuero, que no han podido soslayar los importantes hallazgos y testimonios que involucran a numerosos uniformados, incluido el propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general, Juan Carlos Salgado.

Se trata por tanto de un escenario impensado, cuyos imponderables se atraviesan en la realización del plan originalmente trazado, ante lo cual el Ejército habla por el conjunto de las instituciones castrenses, en un gesto de presión política sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como parte de una serie de esfuerzos sucesivos iniciados con la carta abierta lanzada hace exactamente un año en que Cheyre intentó separar aguas entre el Ejército y la dictadura y sentar la imagen de una institución renovada dispuesta a no cometer nunca más las mismas atrocidades, y demandó que aun cuando los tribunales procesaran y condenaran a algunos uniformados, la opinión pública y los medios de comunicación no mancillaran los fallos judiciales.

En julio, próximo a cumplirse los 30 años del golpe de Estado, Cheyre intervino nuevamente, esta vez para anunciar la voluntad de que nunca más las FF.AA. repitan la actuación que fuera condenada por la comunidad internacional durante los 17 años de dictadura.

Pero aprovechó de demandar a la "clase política" la disposición de evitar que se llegara a escenarios que reclamaran nuevamente la intervención de las Fuerzas Armadas, a partir de lo cual instaló la "interpretación histórica" de los hechos, que puso a un mismo nivel de responsabilidad en los sucesos a víctimas y victimarios. Incluso, el "nunca más" fue considerado como una advertencia para los sectores políticos y sociales que postulen un proyecto diferente de sociedad.

Aunque los dichos de Cheyre sorprendan al gobierno y la Concertación, la línea general de acción es compartida. No en vano la ministra de Defensa defendió hace unos meses a un agregado militar que perteneció a los aparatos represivos de la dictadura y reincorporó a la "Familia Aérea", al ex agente Rafael González Verdugo, procesado por el asesinato cometido en 1973 contra el ciudadano estadounidense Charles Horman, que dio origen a la película "Missing", en una ceremonia en que se le rindió honores y le devolvió personalmente su TIFA, realizada a comienzos de diciembre de 2003 en la base Aérea de Quinteros para desagraviar a integrantes de la FACH que fueron víctimas de la dictadura.

Abogado Eduardo Contreras: "Este es el Ejército de Pinochet"

-¿Es una solución efectiva el proyecto que está en el parlamento?

"Los dos proyectos que envió el Ejecutivo son ambiguos, porque no avanzan a resolver los problemas de derechos humanos. Hubiese sido mejor que el Ejecutivo no presentara ningún proyecto, para que los tribunales actuaran solos. Es difícil suponer que después de 30 años los militares van a entregar información y, además, en ningún caso el precio puede ser la impunidad. A lo sumo puede ser aceptable que hubiera algún atenuante en determinados casos. No debe existir ninguna facilidad porque es una obligación de cualquier ciudadano que tiene información decir la verdad, a cambio de nada".

-¿Es creíble la disposición del gobierno para alcanzar una verdadera solución?

"En el gobierno de la Concertación no hay voluntad política de resolver el asunto, sólo quieren sacarse luego el problema de encima, en particular Lagos, porque desea terminar su mandato diciendo "se acabó el problema de los DDHH", y eso es una imbecilidad. No me imagino a una persona perdonando al asesino de su padre, madre o hijo. Es contra la naturaleza humana pretender la reconciliación y que volvamos a ser tan unidos, es una entelequia, una vaguedad, una soberana pelotudez.

Lo único que pretende Lagos es cerrar el capítulo antes que finalice su gobierno para mostrarlo como otro logro y, sobre todo, para dejar tranquilos a los militares, entonces no habría más condenas, se acabó el problema".

-¿A qué responden las palabras de Cheyre?

"El ejército y los empresarios advierten que los juicios de derechos humanos pueden durar muchos años más y eso perjudica la imagen que ellos quieren dar de Chile. Con el asunto del TLC, la apertura al mercado mundial, el empresariado y los militares quieren presentar la imagen de un país democrático, donde no se violan los DDHH. Mientras más rápido se dé vuelta la página, mejores resultados tendrán desde el punto de vista económico. Pero a los luchadores de los DDHH, sólo nos interesa que haya verdad y justicia, para que nunca más el país vuelva a sufrir.

Las palabras de Cheyre nos dejan una lección muy clara: el ejército no ha cambiado ni un pelo, éste es el ejército de Pinochet y eso se demuestra por su actuación soberbia. Sólo han variado algunos aspectos formales, por ejemplo que Cheyre es más educado, porque Pinochet es un bruto, un burro. Cheyre es un tipo con cultura, que se maneja bien y da buenas entrevistas de prensa. Además tiene un mejor discurso, formalmente se ve mejor, pero en el fondo, en esencia, es el mismo ejército represor, defensor de los grandes intereses de la plutocracia chilena y antiobrero.

Lo que ha hecho Cheyre, a mi juicio es extraordinariamente grave, es un desafío a la legalidad de este país, coloca en cuestión el Estado de Derecho. Qué diría él si, por ejemplo, alguien cuestionara la compra de armas y se metiera en los asuntos internos del ejército; qué haría si un dirigente de la CUT no está de acuerdo con la adquisición de determinados aviones. Le parecería una cosa terrible. Entones, con qué autoridad se mete en el proyecto del Ejecutivo y con los tribunales.

Pero hay algo más grave todavía: él dijo "se perpetúa, mientras se demore el proyecto, el duelo de los familiares de las víctimas, pero también el dolor de los familiares de los procesados, entre los cuales puede haber muchos no culpables". ¿ Considera el señor Cheyre que un violador terrible como Osvaldo Romo es inocente? Si no lo dice queda peligrosamente en duda. ¿Considera él que es un no responsable el "mamo" Contreras, Pinochet, Marcelo Moren y Arredondo? Entonces, que lo diga. Yo creo que al señor Cheyre le faltaron pantalones, debió asumir más rectamente el punto de vista que sostuvo y nombrar a quiénes considera inocentes. Mientras no lo diga, yo creo que más que Cheyre deberíamos llamarlo 'Pinocheyre'".

-¿Podría hacer una proyección del escenario que viene?

"Si Lagos cede a la presión del ejército, lo más probable es que se apure el proyecto de ley de manera tal que no beneficie a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, sería muy interesante que los partidos políticos democráticos que están representados en el parlamento se opusieran a las palabras de Cheyre, no sólo en declaraciones sino que en su actuación en el Congreso. De esta manera, las leyes podrían ser mejoradas. Pero eso requiere tiempo, y no estoy de acuerdo en que se aceleren las leyes, sino que, por el contrario, sean tratadas con mucha seriedad y responsabilidad.

Los escenarios futuros van a vislumbrarse mucho más claros en la medida que haya más lucha y agitación de las propias víctimas, porque la pasividad en el mundo de los derechos humanos, la falta de movilización, crea las condiciones para que avancen las posiciones más reaccionarias".

Patricia Silva. presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: "Cheyre le recordó a la Concertación lo pactado"

-¿A qué responden las declaraciones de Cheyre?

"Las intervenciones de Cheyre son curiosas. No hay que olvidar que a comienzos de enero del año pasado inició el año haciendo declaraciones absolutamente políticas respecto al tema del perdón, de dar vuelta la página y de terminar con esto. Fue el 'nunca más' de Cheyre. Pero yo insisto en un concepto que tiene que hacernos reflexionar: aquí en política nada es al azar.

No es que al Sr. Cheyre y al Sr. Longueira se les ocurran decir unas palabras. Todo forma parte de un mismo objetivo: no podemos olvidar que en las postrimerías de la dictadura hubo leyes secretas, o sea, los partidos de la Concertación pactaron con los militares el término de la dictadura y esos acuerdos aseguran la impunidad para la familia militar. Entonces, simplemente lo que hacen Cheyre y Longueira es recordarle a estos señores de la Concertación el pacto que hicieron. Las cosas no son casuales, no son azarosas. No podemos ser tan ingenuos y pensar que hoy están preocupados de los familiares, porque cuando se votó la ley de reparación el año 91 se aprobó con el rechazo de toda la derecha. Esa misma ley, que ellos mismos encuentran que es insuficiente, la rechazaron en su momento, y con el único voto de la derecha, de Sebastián Piñera, se aprobó la ley de reparación. Entonces, que hoy día estén hablando, sólo responde a un objetivo político".

-¿Qué proponen ustedes?

"Nuestra propuesta incorpora el tema de la verdad, de la memoria y de la justicia. Para nosotros lo más importante es la justicia; es lo primero, lo esencial. Pero además nuestro planteamiento es muy político, porque estamos absolutamente convencidos de que con esta institucionalidad jamás vamos a tener justicia. Tenemos que producir un cambio en la Constitución y naturalmente democratizar las distintas instituciones que posee este país. Nos cuesta mucho creer en los tribunales de justicia, sobre todo después del Caso Pinochet, el que tuvo un desenlace político y además fue la señal más poderosa para decir quién manda realmente en Chile.

Asimismo, creemos que el Decreto Ley de Amnistía debe ser anulado, y los tribunales militares deben disminuir su injerencia puesto que todos y cada unos de los culpables y los delitos cometidos deben ser juzgados.

Como organización, no ponemos el énfasis en la reparación. Entendemos que ésta es parte integral de la justicia y que debe ser igual para todos, por eso pedimos mejorar aquella ley que se hizo cuando el Estado reconoció que, como tal, violó los derechos humanos e incorporar los casos de ejecutados políticos a los que el Estado no les dio convicción y, por lo tanto, no los reconoce como víctimas de los derechos humanos".

-¿Se puede arribar a la verdad y obtener justicia?

"Quienes tienen la verdad y son los responsables de todo esto, han tenido todas las instancias, incluso en dictadura, para facilitar la información que ellos guardan. Oportunidades todavía hay, porque hasta aquí han llegado para darnos sus testimonios, y nosotros sabemos que el que quiera entregarlo lo va a hacer ya sea a la Iglesia, en los Tribunales de Justicia o a las organizaciones de derechos humanos".

-¿Entonces, no es necesario ofrecer rebaja en las condenas?

"Existe hoy una ley de secreto profesional que fue sacada en menos de 24 horas. Entonces, ¿para qué vas a insistir en legislar sobre algo que ya está sancionado y que ya en sí es una inmoralidad? Rebajar penas no tiene sentido, porque nuestro ordenamiento jurídico contempla penas de acuerdo al grado de participación en el delito: una persona que fue encubridora no tiene la misma pena que una persona que fue ejecutora. Por otro lado, el secreto para no revelar la fuente que entrega información también está considerado en la ley del secreto profesional. Entonces, si ese es el objetivo, está equivocado el camino, porque todo esto está consignado en nuestro ordenamiento jurídico".

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: "Proyecto del gobierno transita a la impunidad"

-¿A quiénes se refiere Cheyre cuando habla de grupos de presión que quieren demorar el proyecto sobre derechos humanos?

"El general Cheyre tendría que ser más claro, aunque creo que se refiere a nosotros, a los familiares de las víctimas de violación a los Derechos Humanos. Además, no hay duda que sus declaraciones responden a una presión hacia el Ejecutivo y Legislativo para apurar la tramitación de este proyecto que para nosotros, las organizaciones y los abogados de derechos humanos, es un proyecto que transita claramente hacia la impunidad, hacia el punto final en el tema de la verdad y la justicia".

-¿Cómo se obtiene justicia además de verdad?

"Creo que en este proyecto tampoco está asegurada la verdad. El tema de la verdad se transformó solamente en saber el destino de los detenidos desaparecidos. Cuando alcancemos la justicia vamos a conocer la verdad de lo que sucedió con nuestros familiares. Ambos conceptos forman un todo.

La verdad es mucho más que las migajas que nos ofrece este proyecto a cambio de la impunidad. Aquí no sólo queremos saber que pasó desde el momento que detuvieron a nuestros familiares hasta su destino final: buscamos a los responsables y eso también es verdad.

Nosotros tenemos que saber qué sucedió con cada uno de los detenidos desaparecidos y que se legisle, pero primero ratificando los convenios internacionales, porque nunca debemos olvidar que aquí hubo crímenes de guerra en contra de la humanidad y desaparición forzada de personas. Asimismo, los atentados que el Estado chileno cometió en contra de los opositores a la dictadura militar son inamnistiables, así lo considera la legislación internacional y también lo debe hacer la legislación chilena.

Nosotros solicitábamos que todos los procesos que están radicados en la justicia militar sean trasladados a la justicia civil, señalábamos también que el 30 de agosto fuera declarado el día nacional del detenido desaparecido, solicitábamos un certificado de declaración de ausencia forzada porque nuestros familiares no están ni vivos ni muertos. En plena esencia, el espíritu de estas peticiones se basa en un deber ético y moral que tiene el país, no sólo nosotros los familiares, no sólo porque yo sea hija de Waldo Pizarro".

-¿Por qué razón no se acoge las propuestas de las agrupaciones de derechos humanos?

"Aquí hay acuerdos que se firmaron antes del término de la dictadura. Siempre se ha buscado que estos pactos se cumplan y se ha presionado para que se obedezcan, así lo hizo Cheyre con sus declaraciones. No es la primera vez que se busca instalar la impunidad en Chile.

Los dichos de Cheyre siempre han sido gestos de buena voluntad que no se reflejan en su acción, pues no pone a disposición de la justicia a quienes fueron miembros de los organismos secretos del Estado. El dice que no es heredero de ningún régimen, pero el ejército tiene abogados que defienden a los violadores de DDHH. La Mesa de Diálogo es el mejor ejemplo".

-¿La reparación debe ser igual para todas las víctimas de violación de los DDHH o debe ser diferenciada según el caso?

"Todos son víctimas de la dictadura, sólo pedimos una reparación justa y digna para todos. No vamos a transar reparación por justicia".