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La Paz, enero 30, 2004.- Un clima de tensión e incertidumbre comenzó a apoderarse hoy de la población boliviana, a poco de que el presidente Carlos Mesa oficialice la adopción de severas medidas económicas, que podrían ser altamente perjudiciales para el bolsillo de los más pobres y letal para la administración gubernamental que apenas lleva cien días en el poder.

Denuncias sobre aprestos subversivos y sobre la existencia de grupos irregulares armados, además de una fuerte polémica en torno a la viabilidad y destino del Parlamento, matizaron una jornada marcada por una creciente ansiedad colectiva sobre el contenido del mensaje presidencial, previsto para horas de la noche del domingo.

Los sectores populares y de clase media temen que, finalmente, el presidente Mesa opte por decretar el aumento del precio de los carburantes, la suspensión del subsidio del gas licuado doméstico, mayores cargas tributarias sobre los asalariados y la reducción de salarios y empleos en el sector público, tal como plantea el ala más tecnocrática y radical del gabinete ministerial.

Ante esta eventualidad, los sectores populares están en apronte, al igual que el Ejército y la Policía. Por el lado de los movimientos sociales hay anuncios de paros, movilizaciones y acciones callejeras de protesta, mientras que hay alerta y vigilancia redoblada entre los uniformados.

¿GRUPOS IRREGULARES?

"El Comando General de la Policía cuenta con un plan de contingencia y los planes operativos necesarios para neutralizar y controlar posibles revueltas", dijo el Comandante Jairo Sanabria al asegurar que sus fuerzas frenarán cualquier brote de convulsión social y garantizarán el orden y la seguridad de las instituciones nacionales y el Congreso.

La alerta también es total en las Fuerzas Armadas. Según informó el ministro de Defensa, Gonzalo Arredondo, "los sistemas de inteligencia y seguridad castrense no permitirán que se altere el orden y la estabilidad democrática". En ese Ministerio se aseguró que las Fuerzas Armadas habían detectado "aprestos subversivos de grupos de personas vinculadas a sectores sociales y políticos que buscan desestabilizar la democracia y alterar el orden de los poderes del Estado mediante el uso de la fuerza".

La existencia de grupos irregulares armados con la intención de tomar el Parlamento había sido denunciada, aunque sin respaldo ni pruebas, por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez. Esta denuncia le ha permitido al Legislativo aprobar una resolución para que puedan sesionar, en caso de conflictos, en el interior del país, eludiendo así la creciente presión social para enjuiciar y castigar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y realizar profundas reformas al modelo neoliberal, según denunciaron los sindicatos y organizaciones sociales y populares, que ven también una conspiración pero de signo contrario.

"En el Chapare y los Yungas hay grupos de paramilitares que quieren desestabilizar el régimen democrático por instrucciones de la Embajada de Estados Unidos y los partidos (neoliberales) derrotados en octubre", denunció el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que respalda a la actual administración de Mesa frente a lo que califica como "trajines golpistas" de la Embajada y frente a las amenazas de huelga y bloqueos de la Central Obrera Boliviana (COB).

TENSIÓN EN LAS CALLES

Los sindicatos y organizaciones populares están a la expectativa del mensaje presidencial y anunciaron que rechazarían en las calles la imposición de medidas económicas contrarias a la población. "No lo vamos a permitir", dijo el dirigente de la COB, el minero Jaime Solares, mientras se sucedían pronunciamientos de alerta y protesta.

Uno de ellos es del poderoso gremio de los transportistas que ya decretó un paro de 48 horas a partir del lunes, si se aprueba el alza de los carburantes, dijo Orlando Guillén, uno de sus dirigentes desde Cochabamba.

Otro informe de la misma ciudad, da cuenta que el dirigente de la Central Obrera, Alberto Machaca, manifestó que los trabajadores están seguros de que se lanzarán medidas económicas que afectarán a la ciudadanía y por ello se podrían adelantar las medidas de presión anunciadas en el ampliado de la COB.

En la ciudad de El Alto, dirigentes de la Federación de Mujeres declararon "estado de emergencia y movilización" ante la escasez del gas licuado y el posible incremento de su precio.

El desabastecimiento y escasez de gas licuado doméstico y otros carburantes comenzó a sentirse con más fuerza en las ciudades de La Paz y El Alto a medida que pasan las horas. Reportes radiales y televisivos mostraron que en varios puntos de La Paz la gente realizaba largas filas en las calles en espera de comprar gas, mientras aumentaba la especulación en los precios. Las autoridades del sector y el presidente de YPFB, Jaime Barrenechea, habían acusado a las distribuidoras de gas licuado de estar especulando con la garrafa de 10 kilos, causando la escasez del energético.

TEMOR CIUDADANO

A lo largo del día, a través de las emisoras de radio y televisión, los ciudadanos expresaban su temor ante la inminencia de las medidas económicas, diseñadas en acuerdo con el fondo monetario Internacional para cerrar el hueco fiscal de más de 700 millones de dólares.

"Hay muchas dudas por lo que puede pasar", "ojalá haya una respuesta positiva", "espero que cumplan sus promesas y no castiguen al pueblo", "no tiene que haber tarifazos", "parece que están pensando hacer subir el gas y no puede ser porque los sueldos son muy bajos", dijeron algunos de los vecinos.

Entre los empresarios hay la convicción de que el golpe será muy duro. "El Presidente lanzará un paquete de medidas económicas que serán traumáticas, pero es la única alternativa para salir de la crisis económica que vive el país", dijo el dirigente empresarial Fernando Antezana, al convocar a la población a reaccionar con calma y tranquilidad.

En muchos sectores, incluidos los vinculados al esquema gobernante y a la cooperación internacional, se teme que la adopción de medidas económicas desate una convulsión social de grandes proporciones y con impredecibles consecuencias para la estabilidad económica, social y política del país más pobre del Sur de América.