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La Paz, febrero 11, 2004.- La petrolera española de Repsol YPF, que controla una buena parte de las reservas de gas y petróleo de Bolivia, admitió que la nueva legislación tributaria elaborada por el gobierno de Carlos Mesa no le afecta en sus intereses, aunque está diseñada para que la población más pobre de Sudamérica crea que el Estado está haciendo algo para recaudar más tributos de las transnacionales.

Según destaca la revista digital española "América económica", los ejecutivos de Repsol están convencidos de que el nuevo Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), que va en reemplazo del Impuesto extraordinario a las utilidades (Surtax), no modificará su aporte tributario para el fisco boliviano.

"En principio, Repsol YPF no tiene miedo. Sus ejecutivos tienen el convencimiento de que la actual presión fiscal que sufre el sector energético es similar a la anunciada ahora por el Gabinete (de Carlos Mesa). Bolivia mantiene una serie de impuestos cuya suma ronda el 50%, aunque, están en función de la producción", señala el artículo de la revista española firmada por el periodista Ryan O'Connelly.

Fuentes cercanas a la petrolera habían advertido a "América económica", que el nuevo impuesto y "la subida de impuestos hasta el 50% no afectará a la empresa. Incluso, estos observadores van más lejos e insisten en que la reforma del Gobierno de Mesa es más de forma que de fondo".

"El Gabinete (de Mesa) está obligado a anunciar medidas políticas para que la población crea que el Estado ingresa más dinero, afirman estas fuentes que recuerdan la presión a la que está sometida el Gobierno ante el riesgo de que se viva una nueva revuelta popular como la vivida a finales del pasado año y que supuso la salida del anterior presidente Sánchez de Lozada", agrega la revista especializada.

El informe de "América económica" confirma la versión difundida por Econoticias en la que establecía que "las poderosas transnacionales petroleras mantienen todos sus privilegios y continúan siendo dueñas y señoras del gas y del petróleo de Bolivia. Las modificaciones en la tributación y en la legislación que propicia el presidente Carlos Mesa no inciden en su pleno dominio ni merman el control que estas empresas tienen sobre las ingentes riquezas hidrocarburíferas del país, valuadas en casi cien mil millones de dólares" (ver Las petroleras mantienen intacto su poder y privilegios).

MAGROS IMPUESTOS

En este marco, según consigna el informe periodístico español, Repsol no se vería afectada porque sus actuales campos no están todavía funcionando a pleno rendimiento. En estos momentos, Repsol YPF paga unos impuestos del 18% en concepto de regalías.

Además, la firma española descarta la posible nacionalización. "Las restricciones a la propiedad privada de los campos de gas o petróleo solo afectarán a empresas como Exxon o Shell que quieran entrar en Bolivia y no a las que ya están", señalan fuentes cercanas a Repsol.

"De todas formas, hay todavía muchas incógnitas. La dirección de Repsol, encabezada por Alfonso Cortina y Ramón Blanco, espera ya la celebración del referéndum sobre las exportaciones de gas natural previsto inicialmente para el 18 de marzo.

Mientras, algunos observadores son bastante pesimistas. Para ellos, Repsol YPF sólo va a poder cumplir una parte de su proyecto de exportar gas natural desde Latinoamérica a EEUU".

Estos analistas recuerdan que Repsol YPF ha buscado alternativas a la posible 'congelación' de las exportaciones de gas boliviano. Así, en diciembre firmó con Shell un contrato de suministro para llevar este combustible desde Trinidad y Tobago hasta la costa atlántica estadounidense.

"No obstante, otros observadores advierten del peligro que puede suponer para Bolivia un posible freno de las inversiones por parte de las empresas energéticas. Así, por ejemplo, el plan del gasoducto Pacific LNG que impulsa Repsol junto a Pan American y British Gas, podría absorber unas inversiones de 6.000 millones de dólares. Y todo para llevar el gas desde Bolivia a Perú o Chile, y desde allí, una vez licuado, hasta EEUU. Ahora, nada es descartable", agrega el reporte.

LOS INTERESES DE REPSOL

A finales del 2002, Repsol YPF poseía en Bolivia derechos mineros sobre 38 bloques: 13 bloques de exploración, con una superficie neta total de 13.670 kilómetros cuadrados y 25 bloques de explotación con un área total neta de 1.770 kilómetros cuadrados.

En el país opera a través de Andina, una vez que compró las participaciones a Pérez Companc (intercambio de activos) y a Pluspetrol, el 1 de enero de 2001. En la empresa Andina tiene el 50% (gracias a la suma de las participaciones de Pérez Companc y Pluspetrol) y cuatro de los siete directores del Consejo de Administración, por lo que controla la toma de decisiones. El 50% restante está en manos la administradora de fondos de pensiones que tienen sólo tres representantes en el Consejo.

La producción neta en el 2002 fue de 6,9 millones de barriles de petróleo, incluyendo condensados y líquidos separados del gas natural, y 88,5 billones de gas natural, fundamentalmente de los campos operados por Andina y del Bloque Mamoré. Las reservas probadas netas de petróleo y gas natural a fin de año se estimaban en 1.293 millones de barriles.

Repsol YPF, al igual que todas las transnacionales que operan en Bolivia están amasando verdaderas fortunas al lograr uno de los más altos índices de ganancia en la industria petrolera mundial. Informes oficiales del gobierno boliviano establecen que las transnacionales, que han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo y gas en el centro de Sudamérica, tienen los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos y vender su producción en el mercado interno y de exportación al precio internacional (ver: "Bolivia es un paraíso para las petroleras").