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La Paz, febrero 9, 2004.- La extrema obsecuencia de las élites gobernantes para con las transnacionales petroleras está empujando a Bolivia otra vez por la escabrosa senda del enfrentamiento y la convulsión social. La decisión oficial de dolarizar los precios de los carburantes y atarlos a la cotización internacional, todo ello para asegurar altos ingresos y elevadas ganancias para las petroleras, ha roto la frágil tregua que los sectores populares habían acordado con el presidente Carlos Mesa hace un poco más de tres meses.

La primera reacción contra el gobierno neoliberal y las petroleras es la huelga de 48 horas, mañana y pasado, que realiza el poderoso gremio de los transportistas, que amenaza con paralizar de punta a punta las principales ciudades del país.

"El paro será contundente todo el país", aseguró Angel Villacorta, ejecutivo de la Confederación de Transportistas, entidad que logró a última hora el apoyo militante de la Central Obrera Boliviana (COB), que instruyó la realización de marchas y movilizaciones en repudio a las medidas económicas decretadas a principios de mes por el presidente Carlos Mesa.

"La COB está decretando un paro de 48 horas", anunció el dirigente de la COB, Jaime Solares, que ratificó además la resolución del último ampliado laboral para ingresar a una huelga general y un bloqueo de caminos para mediados de febrero, medidas con las que presionará para que Mesa dé marcha atrás en su plan económico, que sigue en la misma línea del Fondo Monetario Internacional y del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre por una insurrección popular.

El plan económico de Mesa busca superar la aguda crisis fiscal con nuevos impuestos a las transacciones financieras y sobre el patrimonio de la clase media y alta, los minigasolinazos permanentes y un fuerte apoyo de la cooperación internacional aún por obtener, pero sin gravar ni afectar los intereses de las empresas petroleras, tal como lo exigen los sindicatos y las organizaciones populares.

PROTESTA POPULAR

Hasta ahora, la protesta de los transportistas ha merecido el respaldo de las organizaciones sindicales regionales, que temen que de consolidarse el aumento del precio de los carburantes, se produzca un alza en las tarifas del transporte y, por ende, del resto de los productos de la canasta familiar, encareciendo aún el elevado costo de vida. Un resultado funesto para una población cada vez más empobrecida y con menores ingresos.

"El gobierno nos ha propuesto que si hay aumento en el precio de carburantes, que aumentemos las tarifas del transporte público, pero nosotros no queremos aumentar las tarifas porque eso va contra el pueblo", denunció Rogelio López, secretario de Conflictos de la Confederación.

"Que la población nos entienda. Sabemos que el paro provoca perjuicios, pero estamos defendiendo los intereses de todos", agregó el dirigente del transporte, Franklin Durán, que cuestionó la política gubernamental que obliga a pagar internamente por los carburantes como si éstos fueran importados desde el exterior y no producidos en el territorio nacional.

"Estamos pagando por la gran traición de haber entregado nuestros hidrocarburos a las transnacionales", agregó al convocar a la población a unirse para recuperar el control y la propiedad de los hidrocarburos, hoy en manos de las petroleras extranjeras.

Según las instrucciones de la COB, en todas las ciudades deben realizarse marchas y mitines de protesta a cargo de los sindicatos y organizaciones populares. "Hay que detener ahora el alza de los carburantes", afirmó Solares de la COB.

La Confederación de Transportistas ha definido, si es que el paro de 48 horas no logra sensibilizar al gobierno, ingresar a una nueva protesta la siguiente semana por 72 horas.

"Si el paro de 72 horas no da resultado, entraremos a la huelga general indefinida", dijo Villacorta, cada vez más cercano al minero Jaime Solares de la COB y al líder alteño Roberto de la Cruz, dirigentes que organizan la huelga general de los sindicatos.

LA OPCIÓN DE MESA

Los transportistas y los sindicatos, al igual que los sectores de clase media, cuestionan que el sucesor de Sánchez de Lozada quiera descargar el peso de la crisis sobre las espaldas del pueblo y no sobre las transnacionales. Las exigencias gubernamentales sobre las petroleras son mínimas, como la planteada en un proyecto de ley, que aún no ha sido aprobado por el Congreso y que establece la creación del Impuesto Complementario a los Hidrocarburos en reemplazo del impuesto sobre las utilidades extraordinarias (Surtax). Este nuevo tributo rendirá a las arcas fiscales sólo 50 millones de dólares, apenas el 7% del déficit fiscal boliviano, una cifra insignificante para poderosas empresas que sin invertir mucho y arriesgar casi nada se han hecho de reservas de gas y petróleo valuadas en más de 100 mil millones de dólares y el control privilegiado del mercado interno.

Desde hace tres años, los precios internos de los carburantes están congelados, al igual que las tarifas del transporte, y es el Estado el que paga a las petroleras extranjeras un subsidio para que las transnacionales obtengan el precio internacional.

Ahora, con el decreto de Mesa, todo aumento en el precio internacional y las variaciones producto de la dolarización serán pagadas por la población en directo beneficio de las petroleras, empresas que convulsionaron Bolivia a mediados de septiembre y octubre del pasado año al intentar forzar al Estado a legalizar un proyecto no concluido de exportación de gas a los Estados Unidos. Ese proyecto, que ofrecía millonarias utilidades a las petroleras y muy poco al Estado boliviano, quedó temporalmente congelado al no lograr las transnacionales un acuerdo de compra venta con empresarios estadounidenses y al viabilizarse otro proyecto con el gas proveniente de Indonesia.