Palabra Obrera N°1 (LOR-CI)

Luego del levantamiento de octubre y de la tregua otorgada al gobierno ilegitimo de Mesa por el conjunto de las direcciones sindicales y políticas del movimiento de masas, en las últimas semanas vuelve a aumentar la tensión política y la polarización entre las clases.

Esta tregua, que se basó en el supuesto compromiso del gobierno de llevar a cabo "profundos cambios institucionales", con promesas de carácter "democrático" como el referéndum, las elecciones municipales en término y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, se está desgastando pese al esfuerzo del MAS y otros dirigentes por sostenerla, llevando a que la COB discutiera el llamado a una huelga general y otros sectores se apresten también a medidas de lucha.

Junto con esto, el intento de Mesa de utilizar la cuestión marítima, como parte de una política de "Unidad Nacional" para lograr base social y pasar sus planes económicos y políticos no ha podido consolidarse, ante la negativa frontal de Lagos a negociar y el recelo del imperialismo y sectores de la burguesía boliviana, que prefieren ir directamente a la negociación de acuerdos con Chile como el libre comercio.

Crisis política

La creciente tensión que se vivió en las últimas semanas se convirtió en una crisis política con la votación del Congreso para "trasladarse" a Sucre u otro departamento en caso de convulsiones sociales en La Paz. Este gesto, además de reavivar las disputas regionales, mostró que los viejos partidos de la burguesía, atrincherados en el congreso, no están dispuestos a ceder ni una pulgada en el control del aparato estatal y buscan cómo recuperar terreno y enfrentar futuras movilizaciones, como las que podrían provocar las medidas económicas de Mesa, al mismo tiempo que presionan por derecha sobre el gobierno de Mesa. No es un ataque a la "paceñidad", es la preparación de una ofensiva mas profunda sobre la Bolivia obrera y campesina.

Aunque defienden los mismos intereses: la continuidad de la entrega del país al capital extranjero, aplicar las recetas del FMI, defender a esta democracia para ricos y derrotar el proceso revolucionario que los trabajadores y el pueblo abrimos con el levantamiento de octubre; las fricciones entre el Gobierno y el Parlamento muestran que no terminan de acordar en un plan económico y político.

Así, dos elementos de la crisis política son que, por un lado, la tregua se desgasta y reaparece una oposición sindical, por izquierda, mientras que en el Parlamento recupera fuerzas un polo de derecha.

El Plan económico

En el plano económico y como anunció el 1 de febrero en su discurso el Presidente, el déficit fiscal lo quieren cerrar a costa de nuevos ataques a los trabajadores y al pueblo, aunque mediante un "gasolinazo" y "garrafazo" en cuotas, así como con nuevos impuestos que afectaran fundamentalmente a las clases medias y no a los ricos, los terratenientes y las grandes empresas. La "austeridad" será sobre todo para los trabajadores: sin aumento salarial, sin ítems para educación, sin tierra para los campesinos y sin tocar los intereses fundamentales de las petroleras y las "capitalizadas". El Plan busca seguir pagando esa sangría que es la fraudulenta deuda externa y mantener la privatización de los fondos de pensiones (que son las dos principales fuentes del déficit fiscal). Aún hay aspectos fundamentales del plan, como los impuestos (a las transacciones financieras -"impuesto al cheque"_, al patrimonio neto de las personas y el ICH (impuesto complementario a los hidrocarburos) que deberán ser negociados en el Parlamento, tanto con sectores del MNR, MIR y NFR como con el MAS, por lo que serán un ingrediente más de la crisis política en las próximas semanas.

El MAS sostiene al gobierno

Evo Morales y el MAS se han convertido en garantes de la tregua, jugando como un soporte político fundamental del actual gobierno. Cuando denuncian un eventual golpe de la embajada norteamericana y del gonismo, en realidad embellecen a Mesa como si no fuera éste quien aplica, como puede y hasta donde puede, las exigencias del FMI, como si Mesa no estuviera de acuerdo con el Parlamento en proteger los intereses de las petroleras y la burguesía. Con esto sólo buscan justificar su vergonzosa adaptación. Esta política le da aire al gobierno para que este avance en sus planes económicos (un ataque "en cuotas" por temor a un estallido social) y políticos (de engaño con supuestas reformas que como el referéndum o la Asamblea Constituyente pactada, sólo buscan recomponer a esta podrida democracia para ricos).

No a la tregua, preparar una lucha nacional unificada de todo el pueblo

En este escenario, la preparación y la organización de los trabajadores del campo y la ciudad es la tarea fundamental. La COB y otras organizaciones han llamado para después de carnavales a la huelga general indefinida y al bloqueo nacional de caminos, así como a la conformación de una Asamblea Popular que sea la expresión real de los intereses populares. Es necesario poner manos a la obra ¡qué pasen de las palabras a los hechos! La organización de esta Asamblea Popular multiplicaría la autoridad de la COB y los sindicatos y permitiría soldar una vasta alianza obrera, campesina, indígena y popular, para avanzar hacia el triunfo. Para ello, la Asamblea Popular debiera conformarse sobre la base de delegados de base revocables y con mandato de fábricas, minas, barrios populares y comunidades (tanto de los sectores organizados como de los no sindicalizados). Esta organización a todo nivel, no sólo nacional, sino departamental, local, distrital, acompañada por la puesta en pie de milicias, permitiría garantizar no solo el éxito de la huelga general, derrotando los planes reaccionarios de Mesa y del congreso; sino abrir el camino, de una vez por todas, a un gobierno obrero y campesino que pueda aplicar una salida obrera y popular a la crisis nacional.

Muchos campesinos, trabajadores y sectores populares urbanos que repudian a este régimen y sus instituciones, como el Parlamento, depositan sus legítimas aspiraciones democráticas en una verdadera Asamblea Constituyente que resuelva el problema agrario, que defienda el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas aymaras, quechuas y guaraníes, y que rompa definitivamente con las cadenas que nos someten al imperialismo norteamericano. Una Asamblea así sólo podrá conquistarse mediante la movilización, demoliendo hasta los cimientos al régimen actual y sus instituciones, y sólo un gobierno obrero y campesino podría garantizarla efectivamente. La Asamblea Popular debería incorporar esta demanda al programa de acción obrero y campesino para derrotar la gobierno y sus planes e imponer una salida de clase, revolucionaria a la crisis del país.

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