MILITARES DEL SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO EN NEGOCIADOS
DE LA DICTADURA MATAR PARA ROBAR

Por Carlos del Frade
ARGENPRESS.info

El último fin de semana de 2003 trajo como noticia que el Ministerio de Defensa pidió al Pentágono 'otros tres radares de guerra' y que se 'los venda a un precio simbólico' con el objetivo de 'controlar el norte' del país.
El anuncio se enmarca en una serie de relaciones comerciales y políticas que tiene una etapa de negociados en los que participaron dos altos ex oficiales del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército entre 1979 y 1981. Cristino Nicolaides y Eduardo Espósito, fueron denunciados por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a fines de los años ochenta por la supuesta compra de material militar a los Estados Unidos en una serie de operaciones que le costaron más de trece millones de dólares al estado argentino entre 1979 y 1981, mediante una empresa fantasma radicada en Miami. Nicolaides es uno los responsables de la Masacre de Margarita Belén, sucedida en diciembre de 1976, en la provincia de Chaco; mientras que Espósito fue titular del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de estado y bajo su jefatura se registró el secuestro de los militantes montoneros Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso. La resolución del entonces fiscal Molinas del 17 de agosto de 1988 es una prueba que la dictadura sirvió para utilizar el estado a favor de unos pocos con la máscara de la lucha antisubversiva. Esta es una de las historias menos conocidas de los años de la noche carnívora. Pero una de las más significativas que sintetiza la consigna de aquellos tiempos: matar para robar.
El presente
Después de la donación estadounidense de dos radares tridimensionales 'de guerra', el Ministerio de Defensa quiere ir por más. Haciendo valer su calidad de aliada extra-OTAN, la Argentina pretende quedarse con otros tres radares de las mismas características, que los estadounidenses consideran material de rezago y venden a sus aliados a precios casi simbólicos, publicó 'Clarín' en su edición del sábado 27 de diciembre.
La cartera está dando esa pelea diplomática por los radares, en los que también estaría interesado Brasil, aunque la Argentina tiene la prioridad por ser aliado. Los radares costarían unos dos millones de dólares, en vez de los quince que valen en el mercado.
Se trata de radares del tipo TPS-43, móviles, considerados de guerra por ser de tres dimensiones (3D), esto es, pueden monitorear el espacio aéreo y saber la velocidad, distancia y altura de cualquier aeronave, aun sin su colaboración, con un alcance de casi 400 kilómetros.
Aunque son de uso militar, estos radares también sirven para luchar contra el narcotráfico porque controlan todo tipo de aviones que ingresen al espacio aéreo nacional sin permiso.
De todas formas, el proceso de adquisición podría llevar un tiempo. Por lo pronto, a mediados de enero llegaría el primero de los radares cedidos sin costo alguno. La donación fue anunciada en Miami por el jefe del Comando Sur, general James Hill, al ministro José Pampuro, durante la gira que éste realizó por EE.UU. veinte días atrás.
Fuentes castrenses revelaron además que este primer radar llegará con una 'considerable' cantidad de repuestos, que posiblemente podrían emplearse para 'repotenciar', dijeron, alguno de los cuatro radares que ya tiene la Fuerza Aérea, que datan de 1978.
Estos radares móviles tienen como misión vigilar el espacio aéreo, monitorear vuelos ilegales y guiar a los aviones caza interceptores hacia su objetivo. Mantenerlos en operaciones también cuesta dinero y por razones presupuestarias, en 2002 fueron retirados los que se habían dispuesto en Resistencia y Posadas, apuntando a la frontera norte.
Los radares cedidos por EE.UU. estaban emplazados en Bosnia. Uno todavía permanece en la zona de operaciones y por eso llegaría recién en marzo, luego de pasar por EE.UU. para una revisión.
Cerca del ministro Pampuro aseguraron que EE.UU. no puso ningún condicionamiento a cambio de los radares. Sin embargo, en ámbitos de Defensa y militares se cree que al menos uno de esos aparatos tendrá como destino vigilar la frontera norte y el área de la Triple Frontera, algo que le interesa a la Argentina y también a EE.UU.
Si logran la llegada de los cinco nuevos radares, en Defensa se dan por satisfechos. A este proyecto se suma la construcción de once radares de producción nacional, anunciada a mediados de octubre como parte de la política del Gobierno nacional de reactivar el complejo militar-industrial argentino.
Aunque en este caso se trata de radares de dos dimensiones, para el control del tránsito aéreo civil y comercial. La construcción está a cargo de la empresa estatal INVAP, con un costo de 60 millones de pesos.
Quince años atrás, el Ejército Argentino a través de dos hombres directamente vinculados al terrorismo de estado en la zona del Segundo Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en las provincias de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Formosa, Nicolaides y Espósito, compraron materiales de construcción por cifras multimillonarias.
En solamente uno de por lo menos media docena de contratos se pagaron 13 millones de dólares por productos que servían para hacer galpones y barracas. Una cifra que hoy alcanzaría para abonar una docena de estos radares.
Nunca se comprobó qué pasó con aquella mercadería.
Si sabe que el estado argentino pagó cifras varias veces millonarias en dólares a una empresa fantasma radicada, supuestamente, en Miami.
Una postal que sintetiza el nudo del terrorismo de estado: matar para robar.
Esta es la historia.
La cuestión chilena
Diciembre de 1979.
El Comando de Ingenieros del Ejército realizó la primera compra de materiales para la construcción. Sin embargo serán caratulados como 'de guerra'. No hubo licitación pública internacional alguna.
Aquella primera adquisición fueron paneles y estructuras por 35 mil metros cuadrados cotizados a 490 dólares por metro cuadrado. Sumaban 17 mil dólares pagados por el estado argentino.
La empresa vendedora era la firma 'Corat Corporation'.
En algún momento previo a la ejecución de la venta, otra firma estadounidense, 'Panel Fab' había ofrecido los mismos paneles a 320 dólares el metro cuadrado. No se tuvo en cuenta.
En febrero de 1981 se pagaron 8 millones de dólares a razón de 500 el metro cuadrado.
De acuerdo al dictamen de la Fiscalía: 'estas operaciones habrían dejado al grupo intermediario jugosas utilidades de alrededor de los 10 millones de dólares'.
El Ejército Argentino contestó que el material fue comprado en los Estados Unidos con imputación a la cuenta especial secreta 764 del Comando de Ingenieros del Ejército Argentino en cumplimiento de las leyes 48.302/69 y Decreto ley 176/81 de carácter secreto.
'Toda la documentación requerida…en virtud de la resolución emanada del entonces Comandante en Jefe del Ejército de fecha 5 de diciembre de 1983 de acuerdo al Boletín Reservado del Ejército 4853 del 14 de diciembre de 1979 fue incinerada', dice el expediente de la Fiscalía.
La respuesta del Ejército fue que aquellos materiales se destinaron a la construcción de viviendas, cuadras de tropas, cocinas -comedor, depósitos, enfermerías en unidades de combate ubicadas en distintas localidades argentinas.
Según Molinas 'es obvio que el entonces Comandante en Jefe del Ejército asumió plena y absoluta responsabilidad, no solo por la destrucción de toda la documentación interna probatoria de la operación de compra, sino que -además- y expresamente -así lo señala- los funcionarios intervinientes en la misma cumplieron plenamente con las funciones encomendadas. A tal punto fue así que el propio general Nicolaides corrobora su cumplimiento a través de los fundamentos de su medida, expresando que ha estado permanentemente informado de ello, realizando comprobaciones a través del personal militar delegado y siendo las erogaciones efectuadas por órdenes impartidas en forma personal'.
Extrañaba que el descargo se basara en las disposiciones del Boletín Reservado de Ejército 4647 que preveía el empleo de los fondos de carácter secreto para las operaciones antisubversivas. Es decir que los materiales para la construcción de galpones, barracas y cocinas tenía como fin operaciones antisubversivas. No fue así.
Hasta el propio Nicolaides afirmó que esos materiales se compraron en relación 'al conflicto existente en ese momento con la República de Chile'.
Pero esa documentación no era secreta, sino administrativa.
De tal forma Nicolaides produjo un delito de falsedad impropia por supresión o destrucción de documentación pública.
Las 'empresas'
Roberto Ubaldi, presidente de la firma Novida Argentina SA, representante de la empresa norteamericana 'Panel Fab Corporation', dijo que se contactó con el llamado coronel Molinari para explicarle las bondades de los materiales producidos por la firma que acreditaba y en agosto de 1980 comenzó un intercambio de elementos técnicos y de cotizaciones a través del coronel Luera del Comando de Ingenieros del Ejército Argentino que se prolongó hasta fines de ese año.
Novida luego se enteró que en Miami se estaban fabricando y embarcando cantidades muy importantes de material relativo a paneles industrializados con destino al Ejército Argentino.
Coletto, Valverde, Bertini y Villagra, en el año 1980, constituyeron una sociedad denominada en un primer momento 'Nelson Coletto SRL' y luego 'Agrinsor SA' representantes de la firma 'Corat internacional Inc', a su vez intermediaria de los productos fabricados en los Estados Unidos por 'Coniel Brothers'.
Antonio Crespo, uno de los que quedó afuera del negocio, declaró que el precio del metro cuadrado era de 220 dólares. El Ejército Argentino, en salvaguarda del honor nacional, pagó a razón de 700 dólares el metro cuadrado. Se firmaron seis contratos. El primero de ellos por una cifra cercana a los 13 millones de dólares.
Todos coincidieron en afirmar que el material comprado en el país del norte era de uso civil 'significando que podía ser adquirido con facilidad en cualquier supermercado de los Estados Unidos, resultando por lo tanto que tal material no obedecía a los rótulos de elementos bélicos secretos'.
Declararon entonces todos los militares involucrados: el coronel Antonio Enrique Luera que era el segundo comandante de la rama Ingenieros; Carlos Marcos Harmour, jefe de la división contrataciones; Celso Oscar Baca, jefe de la división presupuesto del departamento finanzas; Eduardo Alfredo Espósito, comandante de Ingenieros; Osvaldo Jorge Díaz, jefe del departamento finanzas; Emilio María del Sagrado Corazón Brocca, segundo comandante; Roberto Angel Eito, segundo comandante; Antonio Francisco Molinari, jefe del departamento operaciones e inteligencia; Raúl Talento, jefe de la división del departamento obras y Aníbal Mario Acconcia, jefe de la división ingeniería, agua y energía.
Todos coincidieron que se compraron esos materiales para construir cuarteles y barrios militares para alojar a los nuevos regimientos asentados en la Patagonia por el clima político reinante entre Chile y Argentina.
Ninguno vio la documentación correspondiente a aquellas compras.
Se dijo que otras empresas habían cotizado: Tecsa, Desaci, La Flor, Edilsur y Lar de Las Flores. No hubo tal llamado a las empresas. El que avaló todo el monumental y multimillonario negociado fue el general de división Guillermo Suárez Mason, por aquel entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto.
'En síntesis, se adjudicaron los trabajos de provisión de material a una firma norteamericana, de dudosa existencia material, carente de antecedentes técnicos en el país por un precio y montos indeterminados y en base a una presumible emergencia y/o necesidad no debidamente aclarada y justificada', dice el dictamen del doctor Ricardo Molinas.
La Empresa Líneas Marítimas Argentinas informó que durante los años 1979 y 1981 'fueron trasladadas a solicitud del Comando de Ingenieros, viviendas prefabricadas desarmadas en contenedores con destino al puerto de Punta Quilla, provincia de Santa Cruz, siendo la firma proveedora Corat International Inc embarque éste que fue llevado a cabo desde los puertos de Miami y Tampa'.
Por su parte la Administración Nacional de Aduanas notificó que desde el 10 de setiembre de 1980 y hasta el 28 de julio de 1982 se recibieron en el puerto local de Punta Quilla cargas de contenedores destinados al Comando de Ingenieros de parte de la firma mencionada anteriormente. Ingresaron un total de 1.622 contenedores de 20 pies y 498 de 40 pies, todos ellos portando una carga de 10.629 toneladas. No hubo control aduanero. Los militares recibían la mercadería y decían que se trataba de 'material bélico secreto'.
El Cónsul Argentino en Miami demostró que Corat International Inc. 'ya no existía en el domicilio que se proporcionaba' por los militares involucrados y que tampoco había registros de una supuesta quiebra en la llamada Corte Federal de Bancarrotas del Distrito Sur de Florida. 'Por lo tanto, prima facie se puede aseverar que la firma dirigida en los Estados Unidos por el señor Eduardo Beltrán y que fuera proveedora de material industrializado para el Ejército Argentino por cifras multimillonarias tuvo una existencia efímera', escribió el fiscal Molinas.
Las cuentas especiales
Los balances de movimientos de fondos y rendiciones de cuentas del Ejército Argentino por mes calendario entre 1979 y 1981 correspondientes al Comando de Ingenieros muestran que no hay especificaciones ni aclaraciones.
'Estas rendiciones secretas por el período febrero de 1979 a diciembre de 1981, fueron efectuadas por cifras siderales, basta para ello compararlas con el rubro haberes. Así se colige que en las diversas especificaciones mensuales las partidas secretas fueron superiores a los haberes percibidos por la totalidad del personal civil y militar del Ejército Argentino', sostiene el dictamen de agosto de 1988.
Toda la documentación de este fenomenal negociado fue incinerada por orden de Cristino Nicolaides.
El hombre había conferido ciertas atribuciones en relación al manejo del dinero: créditos destinados a atender gastos de carácter reservado y/o secreto cuenta especial 764, fueron delegados en los Comandos y Elementos de la Fuerza, como responsables en sus respectivas áreas, los créditos y/o fondos que se asignaran por la citada cuenta.
Las conclusiones de Molinas
'No puede dejarse de señalar que actitudes de esta naturaleza ofenden a la República. La publicidad de los actos de gobierno -aunque estos constituyan secretos de la defensa estadual en un momento histórico- debe observarse celosamente, cuando los impedimentos invocados desaparecen. La destrucción de los documentos acreditados no sólo vulnera ese principio republicano, sino que -precisamente- siembra dudas sobre la realidad de lo acontecido. Por ello deben conservarse los comprobantes oficiales, aunque ellos constituyan un remanido secreto. El pueblo contribuyente, en razón de su esfuerzo, merece la condigna rendición de cuentas por parte de las autoridades aunque estas sean de facto o estén libradas a un ostentoso arbitrio', escribió indignado y esperanzado, al mismo tiempo, Ricardo Molinas.
El fiscal denunció penalmente a Nicolaides por destrucción o supresión de documentos públicos.
Hasta hoy Nicolaides no dijo nada sobre el destino de aquellos fondos.
Buenos muchachos
Los principales involucrados en este negociado en pleno auge del terrorismo de estado fueron jefes de la vida y la muerte en las seis provincias del litoral argentino.
Antes de ser el Comandante en Jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, como General de Brigada fue Comandante de la Brigada de Infantería VII, con sede en Corrientes, entre abril de 1976 y diciembre de 1977.
Su jurisdicción abarcaba las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina. Era lo que se conocía como la subzona 23 en la burocracia militar.
Fue el máximo responsable por la masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976 en la provincia del Chaco, como también de varias decenas de casos de desapariciones de personas dentro de su jurisdicción.
Por otra parte, la Cámara Federal porteña confirmó el 27 de marzo de 2003, el procesamiento con prisión preventiva del último jefe del Ejército en la dictadura militar, Cristino Nicolaides, por la presunta comisión de los delitos de secuestro, torturas y desaparición de una veintena de miembros de Montoneros.
Eduardo Espósito, en tanto, fue Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército entre el 6 de noviembre de 1982 y el 26 de diciembre de 1983.
El 14 de mayo de aquel año se produjo el secuestro y la desaparición de los militantes Montoneros, Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaos.
Ni sus asesinatos ni sus negociados han sido condenados.