BRECHA

Los lugartenientes del presidente Batlle, algunos tenientes del ex presidente Julio María Sanguinetti y ciertos blancos de tropa leales a la coalición reelaboran la interpretación de que todo es parte de una estrategia de Kirchner para interferir en los asuntos internos uruguayos y para instalarse definitivamente en el proceso electoral, incidiendo a favor de la candidatura de Tabaré Vázquez como futuro presidente de los uruguayos. Esta óptica hace una especie de juego de caleidoscopio: Vázquez es izquierdista, el gobierno argentino también; Kirchner y sus principales colaboradores (el canciller Rafael Bielsa, el secretario de Derechos Humanos Luis Eduardo Duhalde, el jefe de gabinete Rodolfo Mattarollo), porque son izquierdistas, están empeñados en escarbar en la cuestión de los derechos humanos; algunos de estos funcionarios estuvieron vinculados a las organizaciones guerrilleras argentinas, por lo que es de suyo que "persigan" a los militares acusados de delitos de lesa humanidad; y, para reproducir las conclusiones extremas del diputado colorado Ruben Díaz, puesto que alguno de esos funcionarios fue montonero, entonces es asesino.  
Hay otra interpretación: los pueblos no están necesariamente condenados a tener gobernantes serviles, pueden surgir coyunturas donde un mandatario se niegue a pagar la deuda externa generada por "los irresponsables y atorrantes que gobernaron acá y los atorrantes de afuera". Pueden surgir gobernantes con fundamento ético y responsabilidad histórica para quienes la investigación de los delitos de lesa humanidad y el castigo de los culpables sean una necesidad, una obligación para impedir tales aberraciones en el futuro y para construir la memoria histórica que facilite un futuro sin convulsiones de identidad. En esa óptica, Kirchner es un gobernante empeñado en buscar la justicia para una ciudadana de su país que fue víctima de los más aberrantes delitos: ser secuestrada, torturada, desaparecida y asesinada a los solos efectos de robarle el hijo que había engendrado. ¿Es necesario buscar otras justificaciones? Las formas de saldar estas tareas históricas pueden estar condicionadas por los estilos personales, pero en ese plano también puede resultar refrescante que un político se aparte de las hipócritas y melifluas reglas de juego cortesanas.  
LA TRAMPA. Para los gobernantes que en función de compromisos secretos e inconfesables son capaces de hipotecar todo en la defensa de la impunidad, la actitud de Kirchner es inadmisible, irritante, pero a la vez imposible de ser cuestionada en un debate franco. Así las cosas, el gobierno de Batlle se prepara para los nuevos enfrentamientos que surgirán en el futuro inmediato en materia de derechos humanos, una vez que tomó conciencia de que el episodio del asesinato de María Claudia García de Gelman era apenas un aspecto puntual de una concepción argentina sobre las desapariciones, los asesinatos y la práctica de la represión trasnacionalizada.  
Al parecer nadie llegó a tiempo aquella tarde en que Batlle retornaba de la Cumbre de las Américas para advertirle que si abría la boca era posible que otra vez metiera la pata. Todo estaba montado para que Batlle diera rienda suelta a su incontinencia verbal: el gobierno argentino había impulsado una querella criminal por el caso María Claudia, que incluía el pedido de interrogatorio, por exhorto, al presidente uruguayo, una iniciativa sobre la que no podía dejar de decir algo.  
Batlle hizo exactamente lo que se esperaba que hiciera, lo que ya había hecho anteriormente: reprochó al gobierno argentino el preocuparse por María Claudia y "no hacer nada por más de 80 desaparecidos uruguayos en Argentina". Además de un contrasentido inicial -es el gobierno uruguayo el que no tiene interés en saber qué pasó, porque de lo contrario hubiera reclamado una acción decidida de parte de los gobiernos argentinos-, el reproche es injusto porque si algo se ha avanzado en el conocimiento de la suerte de los exiliados uruguayos desaparecidos en Argentina es por la actitud de algunos jueces, militantes de derechos humanos, periodistas y políticos argentinos, incluso por las filtraciones de algunos represores argentinos molestos por llevar sobre sus espaldas cadáveres ajenos.  
LA MALA CONCIENCIA. El gobierno argentino no estaba dispuesto a soportar otro reproche, después del desaire de Batlle, que prometió ubicar los restos de María Claudia y tras cartón aplicó la ley de caducidad a la investigación. Menos de 24 horas después del reproche de Batlle, el gobierno argentino informaba que impulsaría otra querella criminal, ésta destinada a descubrir quiénes fueron los asesinos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quién dio la orden y por qué fueron asesinados el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires. Traducido a lenguaje de barrio, la respuesta argentina implica: "Ah, ¿querés información? Bueno, vamos a empezar por donde más te aprieta, por aquello que de ninguna manera querés llegar a saber".  
Toda la mala conciencia de la dictadura y de sus cortesanos civiles está compendiada en los asesinatos de los dos legisladores. Los hacedores de impunidad no pueden siquiera justificar esos crímenes en la presunta condición de "subversivos" de las víctimas. El actual ministro de Defensa, Yamandú Fau (a quien Búsqueda de ayer, jueves, le atribuye haber planteado en el Consejo de Ministros su "inquietud", al parecer compartida por algunos mandos castrenses, por el "empuje de revisionismo"), sabe muy bien, porque era presidente, en representación del Frente Amplio, de la comisión parlamentaria investigadora de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, por qué se clausuraron las investigaciones y qué clase de contratiempos interpuso el entonces presidente y hoy líder de su sector político, Sanguinetti. La única manera de impedir que los legisladores confirmaran que Zelmar y el "Toba" fueron asesinados para fortalecer a una fracción del Ejército en la puja de poder interno y para abortar los sondeos de otra fracción proclive a una salida de transición era negar la información que pudiera haber en Defensa e Interior. Así lo hizo Sanguinetti. Pero para evitar que los legisladores siguieran hurgando, se implantó una maniobra de "filtración del secreto" que justificó la clausura de las actuaciones.  
El fantasma retorna casi 30 años después: lo que aquí no se quiso dar a conocer puede haber sobrevivido en los archivos argentinos de la cancillería y de la Secretaría de Información del Estado (SIDE), y ésa es la información que la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino incluiría en la querella criminal que se presentará a comienzos de febrero.  
¿CAMBIO DE RUMBO? Los estrategas del Foro Batllista se tiran de los pelos ante las consecuencias de los excesos verbales de nuestro presidente. Aquello que Sanguinetti quiso mantener en secreto hasta el día de hoy puede que finalmente explote en Buenos Aires, detonado por los "reproches" de Batlle. Quizás por eso, adelantando varios casilleros, el miércoles 21 el senador forista Ruben Correa Fleitas formuló impactantes declaraciones en AM Libre, durante una incisiva entrevista del periodista Ruben Acevedo; lo que no se sabe es si esas declaraciones expresan el punto de vista actual del Foro Batllista o el personal del senador; es sintomático que no hubiera ninguna reacción pública.  
Correa Fleitas afirmó, por lo menos en cuatro ocasiones en su conversación con Acevedo, que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz "no están comprendidos en la ley de caducidad" y que corresponde a las autoridades argentinas investigarlos. Dijo más: dijo expresamente que "hubo voluntad política" para excluir esos casos del alcance de la ley, y que por lo tanto esos asesinatos "pueden ser investigados y castigados" por la justicia uruguaya, aunque en principio ello corresponde, dijo, a la justicia argentina. Preguntado si él integraría una nueva comisión parlamentaria para proseguir la investigación abortada, dijo que "haré lo que mande mi partido".  
Cosas veredes, Sancho: un artículo de la ley de caducidad decía que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz quedaban expresamente excluidos de los alcances de esa ley. El artículo luego fue eliminado de la versión final porque, como fundamentó el entonces senador Luis Alberto Lacalle, era innecesario: cómo alguien iba a suponer que algún militar uruguayo dio la orden y otros la cumplieron. Pero Lacalle no dijo nada cuando Sanguinetti ordenó archivar las actuaciones judiciales del caso; los antecedentes habían sido enviados a la justicia una vez que los diputados resolvieron desarticular la comisión investigadora y el juez debió preguntarle al presidente qué hacer.  
Sanguinetti nunca fundamentó por qué consideró que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz habían sido acciones dictadas por los mandos militares, tal como requiere la ley para el perdón. Pero sí es evidente que su convicción expresada en su primera presidencia se da de patadas con la convicción de última hora de su senador Correa Fleitas. Bueno sería saber si el líder del Foro Batllista coincide en que aquellos asesinatos no están amparados por la impunidad. Si así fuera, estaría indicando que los secretos que pueden salir a luz en Buenos Aires con la querella obligan a poner las barbas en remojo.