EL GOBIERNO PIDE A LA JUSTICIA
INVESTIGAR EL DESTINO DE LA NUERA DE GELMAN
Para que Batlle cuente lo que sabe

La administración Kirchner presentó una querella judicial para que se investigue qué pasó con María Claudia García Irureta Goyena. En el escrito solicita que el juez cite al presidente uruguayo como testigo para que declare lo que sabe sobre el caso. Es la presión más fuerte del gobierno argentino. .

Por Martín Piqué
Pagina12/WEB, Buenos Aires-Argentina, 15 Enero 2004 .

En una decisión que podría tener consecuencias diplomáticas, el Gobierno presentó una querella criminal por el secuestro y la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman. En el escrito, los funcionarios piden que declare el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, a través de un exhorto diplomático. Hasta ahora, la investigación del paradero de María Claudia no pudo avanzar por la resistencia de Batlle, quien argumentó que la Ley de Caducidad ­una especie de Punto Final que bloqueó la actuación de la Justicia contra los represores uruguayos­ impedía averiguar más datos sobre el caso. Ante ese obstáculo, el Gobierno inició una causa para investigar la ³trama argentina² del secuestro. La decisión es también un reto a Batlle, con quien Kirchner ya se cruzó varias veces por este tema. .
La idea de que el Gobierno presentara la querella fue aprobada por Kirchner el viernes 9 de enero, un día antes de viajar a Monterrey. Cuatro días después ­el martes 13­, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó el escrito ante la Cámara Federal. La causa cayó en las manos del juez Claudio Bonadío, el mismo que ordenó la captura de la cúpula montonera en la investigación sobre la contraofensiva de 1979-1980. Kirchner aprobó la idea aún a sabiendas de que implicaba un nuevo gesto de confrontación con su par uruguayo. Porque en el escrito, el Gobierno propuso la declaración de Batlle como una de las medidas de prueba, pese a que el uruguayo dijo varias veces que no tenía más información del caso..
Sin embargo, en la Secretaría de Derechos Humanos creen que todavía tiene mucho para aportar a la investigación. En especial, recuerdan las declaraciones del senador oriental Rafael Michelini ­hijo de Zelmar, también desaparecido en Buenos Aires­, quien contó que una vez, en una charla a solas, Batlle le confesó que sabía quiénes eran los asesinos de María Claudia. Por eso, en el escrito, el Gobierno pidió que declaren también Michelini y los abogados Gonzalo Fernández y Carlos Ramella Regules, que integraron la Comisión de la Verdad, una entidad similar a la Conadep que investigó las desapariciones en Uruguay por decisión de Batlle. También se pide que declaren Juan Gelman y su esposa, Mara La Madrid, y periodistas del diario La República, de Montevideo, como su ex secretario de redacción Gabriel Mazarovich..
En el Gobierno saben que el pedido para que Batlle declare, aun a través de un exhorto diplomático, complicará aún más la ya deteriorada relación con el uruguayo. De hecho, ya no tiene retorno, en especial tras las últimas declaraciones del asesor presidencial de Batlle, Carlos Ramella, quien dijo que ³algunos gobernantes, sobre todo el de Argentina, no terminan de comprender que están ejerciendo la primera magistratura². ³No están actuando como agitadores o como simpatizantes de guerrillas, como lo hicieron en el pasado², dijo entonces Ramella. Aquellas palabras sólo terminaron de romper lo que ya habían agrietado los cruces por el caso Gelman o la entrevista de Kirchner con el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. .
³Esta causa tiende a investigar el tramo del secuestro en la Argentina², explicó Duhalde en una conferencia de prensa que brindó ayer. La insistencia en que la querella apunta al ³tramo argentino² se debe a que el Gobierno quiere evitar cualquier acusación de injerencia en asuntos uruguayos. Pero aunque la actuación de la Justicia se restrinja a los delitos cometidos en territorio argentino, la nacionalidad de los responsables obligará a mirar, necesariamente, hacia Uruguay. Es que quien ordenó el traslado de María Claudia a Montevideo fue el capitán del ejército uruguayo José Nino Gavazzo Pereira, quien actuó en el centro clandestino Automotores Orletti. Justamente, el Gobierno pidió que Gavazzo Pereira y otros nueve oficiales más de las fuerzas armadas y de seguridad orientales también sean citados a prestar declaración..
Se trata de Juan Antonio Rodríguez Buratti (teniente coronel), José Arab (capitán), Manuel Cordero (mayor), León Tabaré Pérez (oficial, ya fallecido), Gilberto Vázquez (oficial), Ernesto Rama Pereira (coronel), Jorge Silveira (capitán) y Ricardo Medina Blanco (capitán de Coraceros de la Banda Oriental). En su último reportaje, Juan Gelman aseguró que Medina Blanco fue el asesino de su nuera y que la había llevado embarazada hasta Montevideo para que tuviera a su hija. Luego, Medina Blanco le regaló la niña a otro personaje de la dictadura uruguaya. En el escrito del Gobierno, en tanto, se responsabiliza a Arab y Rodríguez Buratti como quienes sacaron a María Claudia y su hija del Servicio de Información de Defensa (SID) ­similar a la SIDE­, mientras que se acusa a Silveira y Medina Blanco de entregar a la beba a la familia apropiadora..
Tanto la información que tiene Gelman como la que maneja el Gobierno provienen del informe de la Comisión de la Verdad creada por Batlle. Allí figura un capítulo especial sobre el caso Irureta Goyena, donde varios militares uruguayos cuentan lo que pasó con la nuera del poeta argentino. Una copia del capítulo fue entregada a la Secretaría de Derechos Humanos por la embajada de Uruguay en Buenos Aires. Ese informe contiene dos versiones de los hechos: la primera ­la más verosímil­ indica que María Claudia fue asesinada en Uruguay tras el robo de su beba. La otra, que habría sido elaborada por ³elementos cercanos a los hechos², sostiene que la joven de 19 años fue devuelta a la Argentina vía Carmelo, y que fueron los represores argentinos quienes la hicieron desaparecer..
Los funcionarios argentinos pedirán, además, que se incorporen las actuaciones del juez en lo penal de Montevideo Gustavo Mirabal Bentos, quien ordenó fijar una zona de exclusión dentro de las instalaciones del batallón de infantería número 13 para que no se modificara la topografía en las cercanías del arroyo Migueletes, porque existían sospechas de que había cuerpos de desaparecidos. La sospecha es que María Claudia fue enterrada en ese lugar. Basándose en ello, en el Gobierno sostienen que la ley de Caducidad que opone Batlle no es aplicable porque María Claudia no era una militante política y había sido secuestrada sólo para robarle su hija. Por lo menos el asunto tendría que ser investigado por una vía administrativa, sin efectos punitivos, como aquí fueron los ³juicios de la Verdad²..
INVESTIGACION DEL PLAN CONDOR
Uno de 72 casos .
La desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman es uno de los 72 casos por los que está procesado el dictador Jorge Rafael Videla en la causa en la que se investiga el Plan Cóndor. Este expediente se inició a fines de 1999 y actualmente está en manos del juez Jorge Urso, a quienes los querellantes le solicitaron el juicio político por ³haber frustrado en lo esencial el desarrollo de la investigación². .
El expediente en el que se investiga la coordinación entre las dictaduras de la Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil durante la década del 70 se inició a fines de 1999 ante el juzgado del entonces juez Adolfo Bagnasco. Luego de la renuncia de ese magistrado, el expediente quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral, quien procesó a Videla y pidió a Uruguay las detenciones de los militares Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y el ex policía Hugo Campos Hermida. El presidente Jorge Batlle rechazó el pedido y, poco después, el ejército uruguayo le agradeció a Silveira los ³servicios prestados² con una medalla.
Al confirmar el procesamiento de Videla, los camaristas Gabriel Cavallo, Luisa Riva Aramayo (fallecida) y Horacio Vigliani afirmaron ­apoyados en el derecho internacional­ que el Operativo Cóndor fue una asociación ilícita que debe ser considerada crimen contra la humanidad. Además, ordenaron profundizar la investigación tanto sobre los hechos como sobre el resto de los responsables. Los abogados querellantes Alberto Pedroncini y David Baigún y los funcionarios judiciales que tramitaban el caso consideraron que esta directiva, sumada a los fundamentos del escrito, era indirectamente una instrucción al juez para que anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. .
En noviembre del año pasado, Baigún y Pedroncini denunciaron a Urso ante el Consejo de la Magistratura. Argumentaron que, tanto en el caso del Plan Cóndor como en el expediente en el que se investiga el plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura, el magistrado ³frustró el desarrollo² de las causas ³dictando resoluciones contrarias a instrucciones expresas del tribunal de alzada u omitiendo las ordenadas por el Superior².
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Una demora de veinte años .
Por Luis Bruschtein
Pagina12/WEB, Buenos Aires-Argentina, 15 Enero 2004 .
Las dictaduras de Uruguay y Argentina se pusieron de acuerdo para la represión. Sería lógico que las democracias de los dos países se hubieran puesto también de acuerdo para investigar esos crímenes y castigarlos. Es cierto que la mecánica represiva fue distinta. Más del 90 por ciento de los desaparecidos uruguayos fueron secuestrados en Argentina. Estas diferencias hicieron que las cicatrices fueran distintas también y que las salidas de las dictaduras tomaran otros caminos. En Uruguay no hay tanta sangre de por medio como de este lado del Río de la Plata..
Aunque no la propició, la izquierda uruguaya aceptó la legislación de amnistía que se instaló por plebiscito. Muchos no están de acuerdo, pero aun así, cuando discuten con organismos argentinos de derechos humanos, siempre hacen esa salvedad con respecto a las diferencias..
Sin embargo, hubo decenas de uruguayos desaparecidos o asesinados, como el senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, en la Argentina en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón y durante la dictadura. Se sabe que en este país actuaron agentes de la dictadura uruguaya, pero no se sabe cuántos de esos ciudadanos orientales fueron sus víctimas y cuántos de los represores argentinos. Esos desaparecidos uruguayos merecen justicia igual que los desaparecidos argentinos. .
El equipo del mayor José Nino Gavazzo colaboró con el grupo de tareas que operaba en Automotores Orletti, que dirigía el agente civil Aníbal Gordon ­un ex delincuente común y militante de grupos ultraderechistas­ que dependía de la SIDE, en ese momento a cargo del general Otto Paladino. Ese grupo secuestró a Marcelo Gelman y a su compañera María Claudia García Irureta Goyena. Y de ese campo de detención, ella fue trasladada a Uruguay, aunque no era uruguaya, y allí fue asesinada luego de dar a luz..
El secuestro y desaparición de ciudadanos uruguayos en Argentina constituye un delito, sin importar la nacionalidad de los militares que lo hayan cometido. Y lo mismo si el secuestrado era argentino, como es el caso de la mujer. Los mismos represores aseguraban que los militares de otros países no participaban en los operativos, por cuestiones de ³soberanía². Es dudoso, pero aun así, se hacían cómplices de los secuestros y desapariciones cuando trasladaban a las víctimas..
Los militares extranjeros que operaron aquí en el marco del Plan Cóndor violaron los derechos humanos en este país igual que los militares nacionales. Muchos se preguntarán por qué habría que investigarlos cuando en Uruguay han sido amnistiados. Como las leyes uruguayas no se aplican en Argentina, la pregunta en realidad es por qué se demoró tanto en hacerlo. Y la respuesta está en las dificultades que hubo a lo largo de estos 20 años para juzgar también a los represores locales.
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