Medio Oriente

Santiago Alba Rico
Rebelión

El pasado martes día 15 en Kigas, al sudeste de Uganda, una nutrida dotación policial, asistida desde el aire por un helicóptero y desde tierra por somatenes pro-gubernamentales, derribó la puerta de un local abandonado que algunos jóvenes, sensibles a las presiones sociales y políticas del país, habían convertido en un centro de reunión, esparcimiento y difusión cultural. Sin orden judicial, procedieron a desalojar violentamente el local, filmaron y tomaron fotografías en su interior y requisaron parte del material del centro. Al día siguiente, cuatro de estos jóvenes fueron detenidos por la temible policía secreta ugandesa, incomunicados en calabozos durante 72 horas (en aplicación de las Leyes de Excepción tantas veces denunciadas por Amnistía Internacional), vejados y amenazados de muerte, y puestos finalmente, tres días después, a disposición judicial. El juez Brambisco Gorgo Mases, tras reunirse con el jefe de la Brigada de Información de la provincia, ha decidido juzgarlos por "asociación ilícita" y "lesiones terroristas", cargos castigados con una condena de hasta quince años de prisión, según el código penal de la República de Uganda. Desde entonces se encuentran en la cárcel de Bucasem.
Leyendo las cosas que pasan por el mundo, en salvajes y remotas regiones huérfanas de ley, uno experimenta con alivio todas las ventajas de vivir en un país donde la arbitrariedad policial, la represión de los jóvenes, la prevaricación, la fabricación de pruebas y la persecución política no existen.
Pero, ¿qué diríamos, cómo reaccionaríamos, qué medidas tomarían nuestros políticos, qué noticias darían nuestros periódicos, cuántos manifiestos escribirían nuestros intelectuales si esto hubiese ocurrido, no en Kigas, sino en Valencia? Pues bien, esto ocurrió en Valencia. El centro social ocupado se llama Malas Pulgas, del barrio del Cabanyal. Los somatenes fascistas estaban dirigidos por Jose Luis Roberto Navarro, cabecilla de Plataforma España 2000 y dueño de la empresa de seguridad Levantina. Los jóvenes tienen nombres españoles y valencianos: Pasquí, Iván, Jordi e Isaac (entre 20 y 26 años). El garzón de provincias también, y algo pomposo por cierto: Luis Francisco de Jorge Mesas. La cárcel es la de Picassent.
Terrible, ¿no? Mientras nuestro gobierno, nuestros políticos y nuestros torneros de la opinión pública se alarman, chillan y patalean ante la posibilidad de que Euzkadi se independice de la patria, resulta que Valencia ya se ha separado de España y ahora forma parte, como Kigas, de Uganda.
Para medir toda la importancia de los hechos ocurridos en Valencia esta última semana es necesario relatarlos como si se hubiesen producido en Uganda. O como si, ocurridos en España, los leyésemos en las páginas en lengua kiswahili del periódico La Nación de Kigas: "En Valencia, ciudad del sudeste de España, policías y jueces se ponen de acuerdo para criminalizar la juventud y perseguir la democracia: cuatro jóvenes encarcelados se enfrentan a quince años de prisión por defender las libertades". Ya sabemos cuánto exageran los periódicos extranjeros.
Pero dejémonos de bromas. Valencia no está en Uganda. Valencia tampoco está en Euzkadi. Valencia está en España. Allí, en Valencia, no hay movimientos separatistas ni un nacionalismo "obligatorio" ni "limpieza de sangre" ni un grupo armado cuyas acciones sacudan y aturdan los pilares del Estado. ¿Pueden ocurrir estas cosas? ¿Está "justificado" que ocurran allí? Euzkadi extiende su sombra aceitosa a los últimos rincones de la península... En algún sentido es así. Como laboratorio y como pantalla: donde se ensayan los últimos procedimientos policíaco-legaloides contra la disidencia y desde donde se encubre su sigilosa aplicación a otros colectivos un poco por todas partes (desde Finisterre al Golfo de Cádiz). El gobierno de Aznar, lo sabemos, se sirve de Euzkadi, como de la ganzúa de un carcelero, para ir cerrando todas las puertas abiertas o entornadas que encuentra en su camino; y quiere hacer creer que hay vascos camuflados o cripto-vascos detrás de los manifestantes de Barcelona y de Sevilla, de los antifascistas de Valencia, de todos esos okupas de Galicia o de Madrid que convierten el escándalo de una ruina en un pequeño Gugenheim de barrio, democrático y libertario, donde se concentra más ética, más alegría y más santidad que en todas las misas de nuestros ministros del Opus Dei. Pero quizás al revés se entienden mejor las cosas; quizás hay que contemplar, no los acontecimientos de la Valencia de Uganda a la luz de la situación en Euzkadi sino, al contrario, la situación en Euzkadi a la sombra de los acontecimientos de la Valencia de Uganda. No se persigue a los okupas y antifascistas valencianos porque sean cripto-vascos; se persigue a los vascos soberanistas porque, en realidad, son antifascistas (o porque, cualquiera que sea su proyecto, obstaculizan volens nolens la reconfiguración totalitaria del Reino). Lo que preocupa a la bífida alianza PP-PSOE, a sus muñidores de los periódicos y a los intelectuales abducidos de las tertulias no es el "nacionalismo"; lo que les preocupa es la democracia. Lo que les preocupa -valga decir- es que haya cada vez más gente en el mundo que quiere una verdadera democracia.
Jóvenes españoles detenidos en las protestas contra la Ley del Botellón, durante la huelga general de abril, en las manifestaciones antiglobalización, se enfrentan hoy a juicios por delitos de ciencia- ficción castigados con penas ugandesas sin que nadie recuse a un juez ni se rasgue las vestiduras; jóvenes de Madrid, de Valencia, de Sevilla, del Norte y del Sur, del Este y del Oeste, aporreados, apalizados, torturados, están hoy a la espera de ser juzgados -¡ellos!- por "agresiónes" sin que ningún juez investigue los hechos y ningún periódico le dedique un editorial. Deslumbrados por Euzkadi, dejamos que en Castilla, en Andalucía, en Extremadura, la misma política se empiece a aplicar con más impunidad y frente a una menor y peor organizada resistencia. Ojalá la Valencia de Uganda estuviese en Euzkadi. Pero la Valencia de Uganda, como Avila, Albacete, Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Cercedilla, Cadiz, y así hasta la "z" de Zaragoza, tienen la desgracia de estar en España. Como Kigas tiene la desgracia de estar en Uganda. España y Uganda son dos países muy bonitos, pero hay mucha gente que querría cambiarle, si no el nombre, al menos las entrañas.
En esta España insonorizada no se oirá quizás el grito de los que reclamamos la inmediata puesta en libertad de los detenidos de Valencia.
El oído va perdiendo sensibilidad, interesadamente, a medida que aumenta el volumen de las voces de dolor o de protesta. Pero una advertencia a los que no han hecho nada, a los que nunca han hecho nada: se empieza encarcelando arbitrariamente al vasco de Gestoras, al militante del centro social, al okupa que levanta su Gugenheim de barrio, al joven que defiende su derecho a la ciudad y, como la arbitrariedad es arbitraria, al final nadie está a salvo. Al tío del cuñado del novio de ese okupa peludo que bebía cerveza, que soñaba un mundo sin dinero y hablaba de Palestina, ¿por qué le ha llamado la policía si él no había hecho nada? Porque allí donde un solo hombre puede ser tratado arbitrariamente como un criminal, todos nos convertimos en potenciales criminales. Euzkadi y Valencia forman parte - tiene razón nuestro gobierno- del mismo problema: nuestro gobierno.