Latinoamérica

Ecuador: Hacia el rediseño de la lucha salarial de los trabajadores

Guillermo Navarro Jiménez

En la lucha política, las clases dominantes consolidan su sistema de explotación mediante la acumulación de poder político(1), la imposición de su lenguaje altamente ideológico(2), de normas legales que institucionalizan procedimientos a los cuales someten a las clases dominadas, etc.
Para la consolidación de su dominación recurren a difundir su lenguaje a través de los grandes medios de comunicación, los "intelectuales funcionales", la academia, etc. A ese esfuerzo, consciente o inconscientemente, se suman incluso los voceros de las clases dominadas, al utilizar tal lenguaje y abandonar el uso de las categorías y conceptos propios de su clase, lo que termina por distraerlos de sus objetivos, con lo que incluso acaban por afectar los intereses de los trabajadores en un doble sentido, en su condición de vida y en su capacidad insurgente.
Las normas legales, por su parte, inducen a las clases dominadas a resolver sus demandas en el "campo" trazado por la burguesía, mediante la imposición de procedimientos para institucionalizar las luchas de los trabajadores, objetivo al que se agrega el sometimiento de los dominados, por la aceptación, casi inconsciente, de lo que la burguesía declara como "legítimo" o "ilegítimo", instrumentos todos que, mediante la institucionalización, "domestican" a las clases dominadas, principalmente cuando parte de los directivos de los trabajadores son hasta tal grado inconscientes que parecen no tener ojos, los cuales bastan, para ver: "... que nuestros gobiernos, esos que para bien o para mal elegimos y de los que somos, por lo tanto, los primeros responsables, se van convirtiendo cada vez más en meros comisarios políticos del poder económico, con la misión objetiva de producir las leyes que convengan a ese poder, para después, envueltas en los dulces de la pertinente publicidad oficial y particular, introducirlas en el mercado social sin suscitar demasiadas protestas, salvo las de ciertas conocidas minorías eternamente descontentas..."(3), o, lo que es más repudiable, cuando son cooptados por la burguesía, mediante bastardas dádivas y prebendas de menor monto.
El procedimiento impuesto y aceptado actualmente, por parte de los dirigentes de las organizaciones sindicales de los trabajadores, y las luchas políticas, habitualmente extemporáneas, para la fijación de sueldos y salarios permite ejemplificar objetiva y adecuadamente lo antes comentado. Estudiemos las razones de nuestro aserto, sobre la base de las características del proceso de fijación del SMV en el Ecuador.
En el Ecuador, hacia fines de cada año se procede a definir el nivel del Salario Mínimo Vital (SMV), mediante una "negociación" (según el lenguaje de la dominación), en las denominadas Comisiones Tripartitas(4) (gobierno, trabajadores y empresarios), las cuales habitualmente terminan con la fijación del nuevo nivel por el gobierno, sobre la base de la inflación estimada para el año que comienza, en función de las leyes aprobadas para el efecto por el Congreso Nacional, o con la aceptación por parte de los representantes de los dirigentes sindicales, lo cual no significa, de manera alguna, que los niveles que acuerdan beneficien a los trabajadores como podría presumirse(5).
Respecto a los instrumentos y metodología antes mencionados, valga establecer algunas premisas:
a.- El aceptar como instrumento válido la "negociación" tripartita conlleva olvidar que el Estado representa a las clases dominantes, las cuales copan su institucionalidad y lo utilizan para la defensa de sus intereses(6). En consecuencia, a más de que la "negociación"(7) no es tal, las decisiones de gobierno siempre favorecen a las clases dominantes, como lo comprueba, por ejemplo, que los niveles del SMV aprobados, en todos y cada uno de los años, siempre sean contrarios a los intereses de los trabajadores, como se demuestra más adelante;
b.- El reconocer la validez legal de lo decidido en las "Comisiones Tripartita", legitima los niveles de SMV que se fijan, por lo que la lucha de los trabajadores contra la decisiones aprobadas, a más de tardía, se vuelve "ilegítima", situación que limita la participación e incluso desmoviliza a parte de los trabajadores menos politizados; y,
c.- Lo que es más importante, desconoce que la acumulación capitalista exige un incremento constante de las ganancias, por lo que la burguesía siempre trata de aumentarlas deprimiendo los salarios relativos(8). Para ello acude a recursos tales como la negociación del aumento de los salarios nominales e incluso reales, ya que sabe que: "El salario relativo puede disminuir aunque aumente el salario real simultáneamente con el salario nominal, con el valor en dinero del trabajo, siempre que estos no suban en la misma proporción que la ganancia"(9).
Adicionalmente, debe advertirse que desde la perspectiva de la teoría de los trabajadores, el SMV no debe negociarse únicamente sobre al base de la inflación futura, como lo establecen las normas legales adoptadas por la burguesía ecuatoriana, ya que tal aceptación, por parte de la dirigencia de los trabajadores, implica:
a.- La no-consideración de la inflación pasada y la consecuente la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios que genera, con lo que se consagra la aceptación de un precio de la fuerza de trabajo inferior a su valor, lo que, inevitablemente, determina una caída en el nivel de vida de los trabajadores, a la vez que incrementa la diferencia de su posición social respecto a la burguesía, lo que tiene una serie de consecuencias, como el sumir a los trabajadores en un círculo viciosos de pobreza -inadecuada alimentación, inclusión en un pobre sistema educativo, bajos rendimientos escolares por la inadecuada alimentación y otras carencias (útiles y libros escolares), mala formación, ubicación laboral precaria, bajos ingresos, inadecuada alimentación, etc- en tanto que a las clases dominantes les es propio un círculo virtuoso, exactamente contrario al vicioso antes descrito; y,
b.- Desconocer un principio básico de la teoría de los trabajadores, el que establece que: "El coste de producción de la fuerza de trabajo simple se cifra siempre en los gastos de existencia y reproducción del obrero. El precio de este coste de existencia y reproducción es el que forma el salario. El salario así determinado es lo que se llama el salario mínimo"(10), mínimo entendido por Marx en términos físicos. Efectivamente Marx afirma que: "Su límite mínimo esta determinado por el elemento físico; es decir, para poder mantenerse y reproducirse, para poder perpetuar su existencia física, la clase obrera tiene que obtener los artículos de primera necesidad absolutamente indispensables para vivir y multiplicarse. El valor de estos medios de sustento indispensables constituye, pues, el límite mínimo del valor del trabajo".
De lo antes expresado, puede concluirse que el precio total de los bienes y servicios indispensables para la existencia y la reproducción de las familias de los trabajadores (que en el caso del Ecuador se incluyen en la denominada "Canasta Familiar Básica"(11)), debe ser el parámetro mínimo de negociación salarial de los trabajadores. Lo contrario implica aceptar una posición contraria a la existencia y reproducción de las familias de los trabajadores ecuatorianos.
El plantear que la lucha salarial se base en el costo de la "Canasta Familiar Básica", genera el inmediato aparecimiento de voces opuestas -explicables desde las filas de la burguesía más no de las de los trabajadores-, las que argumentan que tal enfoque no procede por la crisis actual que soporta el Ecuador, argumento falaz cuando se recuerda que los niveles salariales aprobados y, consecuentemente, los ingresos de los trabajadores han sido en la historia del Ecuador, siempre insuficientes para cubrir los costos de la "Canasta Familiar Básica"; trágica constante de la historia ecuatoriana, tanto en los períodos de crisis como de bonanza, como lo demuestran, por ejemplo, las cifras correspondientes a todos los gobiernos del último período "democrático", desde agosto de 1982 a la fecha, indiferentemente de sus "diferencias" políticas. Efectivamente, en los gobiernos: "Populistas" (Jaime Roldós Aguilera y Abdalá Bucarám Ortiz), Demócrata Cristianos (Osvaldo Hurtado Larrea y Jamil Mahuad), Social Cristiano (León Febres Cordero), Socialdemócrata (Rodrigo Borja Cevallos), y el actual del Demócrata Cristiano de Gustavo Noboa Bejarano, han sido obsecuentes servidores, consecuentes con los intereses de la minoritaria burguesía ecuatoriana, esfuerzo en el cual no han dudado en fijar salarios para los trabajadores inferiores al costo de la "Canasta Familiar Básica, e incluso de la "Canasta de Pobreza"(12). El papel que puede jugar el costo de la "Canasta Familiar Básica", sumado al trágico consenso anti-obrero que se observa en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, le indujo a manipularla con el objetivo de sub-valorarla, para lo cual redujo el número de miembros de las familias. Efectivamente, el gobierno de Noboa estipuló que el número promedio de miembros de una familia se reduzca de 5 a 4, supuestamente por el incremento acelerado de la emigración de ecuatorianos al exterior, promedio que si bien estadísticamente podría ser cierto, no lo es objetivamente desde la perspectiva de las familias de menores ingresos, por las siguientes razones:
a.- Las familias ecuatorianas cuyos miembros perciben SMV, habitualmente son más numerosas que las familias de mayores ingresos, por lo que el análisis debe realizarse por estratos poblacionales y no mediante promedios aritméticos, para reconocer, precisamente, esas diferencias; y,
b.- Los gastos que demandan la emigración, rebasan con creces la capacidad financiera de los grupos más deprimidos, por lo que aquella se concentra, fundamentalmente, en los grupos medios.
El gobierno de Noboa Bejarano, en su afán de ocultar los resultados de su política anti-obrera, a más de la sub-valorar el costo de la canasta, mantuvo el número de los perceptores de ingreso, desestimando una realidad evidente -como lo demuestra irrefutablemente cualquier análisis sobre emigraciones-, la participación en el proceso emigratorio de uno de los dos miembros que se supone generan ingresos (la madre o el padre), lo que obligaba, si de atenerse a la verdad objetiva se trataba, a reducir el número de preceptores a 1 y no a mantenerlo en 2 como efectivamente ocurrió. Este acción claramente dolosa le permitió reducir la diferencia entre los ingresos y el costo de la "Canasta Familiar Básica".
Los procedimientos anteriores, como es evidente, sub-valoran el costo de la "Canasta Familiar Básica" y, simultáneamente, sobre-valoran los ingresos, con lo cual se reduce la diferencia entre los ingresos y el costo de la canasta, en burdo afán de escamotear la realidad, de ocultar la depauperización y marginamiento en la que está sumida la mayoría de los trabajadores ecuatorianos.
A pesar de la burda maniobra antes denunciada, el incremento del 1.8% registrado en los precios de la "Canasta Familiar Básica" (enero del 2002), determinó que el costo de la canasta se ubique en 319 dólares al mes, en tanto que el ingreso mínimo de una familia de cuatro miembros era de sólo 221 dólares, cifras que, al relacionarse, advierten que las familias de los trabajadores no pueden adquirir bienes y servicios por la suma de 98 dólares, o lo que es lo mismo, tienen que dejar de comprar bienes indispensables para su reproducción e incluso su existencia. El problema planteado es aún más grave, si se considera que el costo de la "Canasta de Pobreza", esto es aquella que incluye los bienes y servicios con los cuales los trabajadores sólo pueden existir precariamente, se elevó en enero del 2002 a 243 dólares, valor superior al sobre-valorado ingreso familiar de 221 dólares, situación que permite concluir que los ingresos de las familias de los trabajadores ecuatorianos incluso no son suficientes para asegurar una precaria existencia, peor para una adecuada reproducción, situación que, igualmente, es una constante en la historia del Ecuador(13). Como comentario al margen debe señalarse que como parte de la tragicomedia que constituye el gobierno de Gustavo Noboa, desde julio del 2000 la "Canasta Familiar de Pobreza", pasó a denominarse "Canasta Familiar Vital", burda maniobra de ocultación, alevosa, cínica y del más despreciable humor macabro, al denominar como "vital", esto es lo relativo a la vida, de suma importancia o trascendente, a aquello que somete a una lenta agonía y muerte a los trabajadores ecuatorianos.
Para ilustrar la gravedad de la situación de los trabajadores ecuatorianos, valga recordar que de acuerdo a la terminología oficial, las familias ecuatorianas que tienen ingresos inferiores a 243 dólares mensuales y que se ubican en el grupos de los pobres, sumaban un total de 9.1 millones de ecuatorianos en el año 2000, equivalentes al 71% de la población total del Ecuador actual, cifras que hablan por sí solas.
Si a lo expresado en el párrafo inmediato anterior se agrega que, a diciembre del 2001, los subempleados y los desocupados equivalían al 75% de la Población Económicamente Activa (PEA), y que estos grupos tienen ingresos menores a quienes mantienen empleos permanentes o simplemente no perciben ingresos, es obvio que no pueden adquirir ni siquiera los bienes y servicios necesarios para su existencia. Este grupo es denominado oficialmente como pobres en extremo o indigentes, connacionales cuyo número se elevó a 4.5 millones en el año 2000, los que, sumados a los pobres, grafican la magnitud de la tragedia nacional a la que le ha conducido el capitalismo neoliberal al cual adscribe irrestrictamente el gobierno de Noboa.
El análisis anterior sobre la insuficiencia de los ingresos respecto al costo de la "Canasta Familiar Básica", es susceptible de extenderse a los trabajadores que venden su fuerza de trabajo en las empresas que operan en las diferentes ramas de actividad económica, en las que se supone que sus ingresos son superiores al SMV, como lo pretende el poder.
Efectivamente, si se analiza la información que sobre "Renta Primaria Promedia Mensual" que contienen los "Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano", sobre la base de la información de Cuenca, Guayaquil y Quito, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el mes de noviembre del 2001 (último mes para el cual se dispone de información), se comprueba que los ingresos oscilaron entre un máximo de 320 dólares (Administradores Públicos) y un mínimo de 100 dólares (Trabajadores no calificados), y que solo los ingresos promedios mensuales de los Administradores Públicos, superaban el costo de 314 dólares al que ascendió, en ese mismo mes, la "Canasta Familiar Básica", según el propio INEC. Los restantes grupos de trabajadores: Profesionales Científicos e Intelectuales; Técnicos y Profesionales de Nivel Medio; Empleados de Oficina; Trabajadores de Servicios y Vendedores en Comercio; Agricultores y Trabajadores Calificados Agropecuarios y Pesqueros; Oficiales y Operarios de Industrias Extractivas y de la Construcción; Operadores de Instalaciones y Maquinarias; y, Trabajadores No Calificados, percibían ingresos promedios mensuales de 280,200, 179, 120, 120, 120, 160, y 100 dólares, respectivamente, todos ellos inferiores al precio de la "Canasta Familiar Básica".
Así observado el problema, la lucha política por los salarios debería concentrarse en:
a.- Lograr niveles salariales indispensables para cubrir el costo de la "Canasta Familiar Básica", ya que, ello es lo mínimo que deben reclamar los trabajadores para que su familia pueda subsistir, para poder educarse y educar a sus hijos y disfrutar de alguna diversión, derecho mínimo de todo ecuatoriano, a lo que se agrega que el reajuste anual del costo de esa canasta, implica, de hecho, considerar la inflación pasada;
b.- Proponer modificaciones a las leyes laborales vigentes, para que se apruebe el costo de la "Canasta Familiar Básica", como el parámetro sobre el cual debe establecerse el nivel anual mínimo del SMV;
c.- Develar todo lo que se esconde tras el lenguaje oficial, cuando utiliza los conceptos de "Canastas Familiar Básica" o "Vital" Para ello es indispensable traducirlas, siempre a sus equivalentes en bienes y servicios, para que los trabajadores puedan objetivizar con mayor facilidad las implicaciones que tratan de ocultarse;
d.- Rechazar el uso de término "Canasta Familiar Vital", en la práctica diaria y en el discurso, ya que su uso, implícitamente, desestima las aspiraciones mínimas de los trabajadores, al mismo tiempo que otorga a las clases dominantes y sus testaferros mayor capacidad de maniobra y engaño, al poder jugar con un valor comparativo menor que el de la "Canasta Familiar Básica" y hacer uso de una denominación sugerente; y,
e.- Rechazar el lenguaje eufemístico propio de la dominación, en la práctica diaria y en el discurso, de los términos "restricción" o "desfase", con los que se califica a la diferencia entre los costos de las canastas y los ingresos de las familias trabajadoras, advirtiendo, simultáneamente, que su uso por parte de las clases dominantes y sus apologistas sólo pretende ocultar el subconsumo al que se somete a los trabajadores ecuatorianos, la imposibilidad física que la política salarial actual impone a la existencia y reproducción de las familias de los trabajadores, al reducirlas a la mera subsistencia.
Todo ello sin dejar de insistir en que la satisfacción de los requerimientos de los trabajadores, en última instancia es incluso del interés de la burguesía ecuatoriana, si se recuerda que: "El capital es un producto colectivo; no puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad y, en último término, sólo por la actividad conjunta de todos los miembros de la sociedad", ya que: "El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social"(14).
La comprensión de la política salarial de los trabajadores desde la perspectiva de la lucha de clases, igualmente permitirá fortalecer la solidaridad entre los empleados y los desempleados, borrar la supuesta oposición de intereses que la burguesía pretende en forma soterrada imponer entre esos dos sectores, aglutinar a los sectores populares desempleados y avanzar en su organización(15), en procura de conseguir el pago, por parte del Estado, de un ingreso para los desocupados(16). Esta acción conjunta, solidaria de los desempleados y los empleados, igualmente nos permitirá entender que la existencia de un, cada vez mayor, ejército industrial de reserva responde a una acción consciente de la política neoliberal avanzada por la burguesía ecuatoriana, que pretende utilizarlo como instrumento para deprimir aún más los salarios, y para desmovilizar a los empleados mediante el miedo a perder su puesto de trabajo.
Finalmente, es necesario insistir en que la lucha política por la elevación de los salarios de los trabajadores en niveles que les permitan comprar los bienes y servicios necesarios para su existencia y reproducción como clase, se contrapone a los esfuerzos que despliega la burguesía por incrementar su tasa de ganancia, por lo que los obreros, en tanto subsista el capitalismo y el sistema de dominación burguesa, no podrán alcanzar más que victorias coyunturales, de corto plazo, no por ello menos importantes para la acumulación de fuerzas indispensables para el ataque final al poder.
La posibilidad cierta, entonces, para que los obreros y trabajadores reciban ingresos que les permita satisfacer las necesidades familiares solo será posible cuando se destruya el sistema capitalista, lo que permitirá acabar con la contradicción entre las ansias de ganancias cada vez mayores del reducido número de burgueses con la necesidad imperiosa de la gran mayoría de trabajadores, para disponer de salarios que les permitan salir de la situación de pobreza e indigencia, en la cual les sume actualmente la voracidad burguesa, con el apoyo del Estado, del poder legislativo y los gobierno de turno que, bajo el amparo de lo estipulado como "legal" (que les permite presumir una aparente neutralidad), conscientemente aprueban alzas que saben, a ciencia cierta, que favorecen los intereses de la burguesía intermediaria y transnacional, y hunden a los trabajadores ecuatorianos y sus familias, aún más, en la pobreza e indigencia.
A forma de corolario
Quienes fungen, actualmente, como dirigentes de los trabajadores y que acuden a las mesas de negociaciones, por cierto, tienen todo el derecho a operar en el marco de la institucionalidad, de continuar participando en las "Comisiones Tripartitas" en clara demostración de su adhesión a la propuesta socialdemócrata de concretar "Pactos sociales"; de continuar "negociando" los niveles salariales en las mencionadas comisiones, a pesar del "poder" desigual que caracteriza a aquellas; a aceptar como parámetro de negociación la inflación futura estimada, desestimando la erosión de la que han sido objeto los salarios en toda la historia nacional. Mas, si optan por esa alternativa, tienen igualmente la obligación de informar a sus dirigidos que su actitud consagra la pobreza como condición de vida de los trabajadores ecuatorianos. Explicarles por qué: "De un modo consciente o inconsciente", se han convertido en: "el dócil y burocratizado sindicalismo (..), en gran parte, responsable del adormecimiento social resultante del proceso de globalización económica en marcha"(17).
Una disgresión necesaria a propósito de los Comités Tripartitos
Lenín, en forma reiterada e irónica (como lo demuestra el entrecomillado que utiliza) pone énfasis en rechazar la tesis de la: "La lucha económica de los obreros contra los patronos y el gobierno", afirmando que: " ‘La lucha económica contra el gobierno’ es precisamente política tradeunionista, que está a una distancia grande, pero muy grande, de la política socialdemócrata"(18).
La razón para que Lenín califique de esa forma a "la lucha económica contra el gobierno", responde a dos motivos:
a.- A que: ".. el tradeunionismo implica precisamente la esclavización ideológica de los obreros por la burguesía"(19), ya que el economicismo, lo que hace, en esencia no es más que lograr que: "... los vendedores de la fuerza de trabajo aprendieran a vender esa ‘mercancía’ con mayores ventajas y a luchar contra los compradores en el terreno de transacciones puramente comerciales", en tanto que: "La socialdemocracia dirige la lucha de la clase obrera no sólo para obtener condiciones ventajosas de venta de la fuerza de trabajo, sino para que sea destruido el régimen social que obliga a los desposeídos a vender su fuerza de trabajo a los ricos"; y,
b.- A que: "La socialdemocracia representa a la clase obrera no solo en su relación con un grupo determinado de patronos, sino en sus relaciones con todas las clases de la sociedad contemporánea, con el Estado como fuerza política organizada"(20), por lo que: "..considera su deber presentar al gobierno esta exigencia no solo sobre el terreno de la lucha económica, sino también sobre el terreno de todas las manifestaciones en general de la vida social y política. En una palabra, como la parte al todo, subordina la lucha por las reformas (económicas N.A.) a la lucha revolucionaria por la libertad y el socialismo"(21).
En otros términos, lo que Lenín pone de relieve es, por una parte, la restricción político-ideológica que impone la negociación económica con el gobierno, y, lo que es más sustantivo, que el gobierno es el órgano que ejercita el poder, directamente, a favor del sistema de dominación, entendido éste como el conjunto de clases dominantes, frente a las cuales, la lucha popular debe enfrentar a toda la acción gubernamental y, con ello, a todas las clases dominantes, no sólo en el plano económico, sino y fundamentalmente, en lo ideológico y teórico.
En consecuencia, la participación en las "negociaciones" de las Comisiones Tripartitas", contrariamente a lo que se afirme, ante las masas obreras termina por reducir el conflicto a lo económico, ya que, es ello y no más que ello, lo que aquellas captan, objetivizan. Lo contrario es creer en el "espontaneismo" que sugiere que los obreros y los trabajadores son capaces de elevar, de convertir a las luchas "económicas" en luchas políticas, en luchas por el poder político. Al respecto valga recordar que: "La conciencia política de clase no se le puede aportar al obrero más que desde el exterior, esto es, desde fuera de la lucha económica, desde fuera de las relaciones entre obreros y patronos. La única esfera en que se puede encontrar estos conocimientos es la esfera de las relaciones de todas las clases y capas con el Estado y el gobierno, la esfera de las relaciones de todas las clases entre sí"(22).
Así planteado el problema, resulta ocioso explicar por qué el análisis apuesta al abandono de los Comités Tripartitos por parte de las organizaciones sindicales que se plantean una profunda transformación del capitalismo, cuanto más que existe una conciencia plena de que en tales comisiones, siempre, inevitable y en forma permanente, las resoluciones favorecen a las clases dominantes, sin consideración incluso a lo que establece la Constitución Política del Ecuador, la que, en su artículo 35 que: "El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia"(23), la que, según el artículo 23, numeral 20 de la Constitución, debe ser suficiente para asegurar uno de los derechos civiles irrenunciables: "El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios", lo que traducida en términos de bienes y servicios está representada, precisamente, por la "Canasta Familiar Básica", cuyo costo es muy superior a los niveles salariales aprobados en las Comisiones Tripartitas, como quedó demostrado. En consecuencia, la participación en las Comisiones Tripartitas también avala una violación constitucional, y, en consecuencia, impide la lucha de los trabajadores contra aquella violación, contra el gobierno y todas las clases que lo sustenta y a cuyos intereses responde esa violación, por más que los argumentos legales sean absolutamente suficientes para demostrarlo, como lo comprueba, en forma fehaciente e irrefutable, Diego Delgado Jara en su último estudio: "La Supremacía Constitucional de los Derechos Laborales"(24).
Finalmente valga analizar el argumento que defiende la participación en las Comisiones Tripartitas, sobre la base de "la debilidad actual del movimiento obrero en el Ecuador", lo que, de cierta manera, determinaría que deban mantenerse las negociaciones tripartitas como parte de las luchas obreras. Para el efecto es importante reconocer varias de las causas y las características de ese debilitamiento.
A nuestro criterio, el debilitamiento del movimiento obrero, precisamente, deviene de haber otorgado prioridad a un modelo burocratizado e institucional, como son las negociaciones tripartitas, en detrimento de las luchas directas de las organizaciones de los trabajadores con sus respectivas patronos. Es el producto de del debilitamiento de la lucha a nivel de las organizaciones de primer nivel, en beneficio de la institucionalización de las negociaciones con la participación de las organizaciones de segundo o tercer nivel.
Lo anteriormente expuesto se demuestra por la presencia actual de dos situaciones distintas en el movimiento obrero, exactamente contrarias, por una parte, una fuerte presencia y alta combatividad en las organizaciones obreras y de trabajadores, en las cuales se privilegio la confrontación a nivel de las respectivas unidades productivas, como es el caso de los trabajadores eléctricos, petroleros, de la educación, de la salud, etc; y, por otra, un progresivo debilitamiento ostensible de la capacidad de convocatoria de las organizaciones de tercer nivel, lo que, entre otras razones, obedece, precisamente, al repudio que genera entre los trabajadores las decisiones adversas a sus intereses, que se adoptan, con la participación de los dirigentes de los trabajadores de tercer nivel, en las distintas comisiones tripartitas.
Lo anterior, por cierto, no pretende disminuir el rol que les corresponde a las organizaciones de segundo y tercer nivel. Por el contrario, su papel es invalorable en la conducción de la lucha global de los obreros y trabajadores contra la política global del Estado y el gobierno. No olvidemos que, en términos teóricos, son sus directivos los llamados a elevar la conciencia política de sus asociados, a convertirse en ese exterior al que se refería Lenín. Lo que se pretende, entonces, es advertir que perdieron su derrotero cuando optaron por el camino institucional, burocrático de las Comisiones Tripartitas y otras Comisiones similares, lo que incluso ha permitido a ciertos directivos a convertirse en usufructuarios de posiciones burocráticas, incluso en las instancias del gobierno con el cual se sientan a negociar, precisamente sobre la base de la representatividad conferida por los trabajadores(25).
Quito, 11 de febrero del 2002