Latinoamérica

Jorge Lofredo, Resumen Latinoamericano

Los muertos no equivocan su cita con el alba...
Silvio Rodríguez, "La resurrección".

Si aquella ocasión única de la marcha indígena al zócalo del Distrito Federal encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se desperdició por evidentes intereses sectoriales, hoy la historia parece ofrecer una segunda oportunidad. Por supuesto que las razones no son los mismas ni tampoco la coyuntura política que rodea ambas iniciativas. Sin embargo, sobran las razones para reconsiderar la posibilidad de una nueva iniciativa de Ley Indígena, pero esta vez de acuerdo a los postulados de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
La disconformidad pública de incontables sectores de la población, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han puesto de manifiesto los riesgos de sostener una ley a todas luces impopular y políticamente contraproducente, sin contar aún las graves consecuencias que ella contiene: un frente abierto por la cuestión de los indígenas presos y el riesgo cierto de una expresión de inconformidad armada por esta cuestión.
También es primordial considerar el silencio absoluto del zapatismo luego de la aprobación de ley Cevallos-Bartlett, que no permite la pacificación del estado de Chiapas y sumerge a sus actores a una crisis profunda donde se arribó a una instancia de "suma cero": ya nadie gana ni puede avanzar, y es difícil evaluar que algún involucrado o todos ellos no pierdan, aunque sea en parte, de lo que representan.
Con ello, el presidente Fox obtuvo el golpe desacreditador más importante de su gestión y ha visto evaporarse toda su credibilidad en este aspecto. Jamás pudo recobrar la iniciativa en el conflicto ni tampoco logró imponer una agenda por fuera de la cuestión, librando al comisionado por la Paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, a la deriva en un terreno que de antemano se sabía estéril.
Sólo en este aspecto, es muy sincero Alvarez cuando señala que "no sé que más podamos hacer más que mostrar disposición". (Reforma, 17 de febrero de 2002, pág. 6A)
La Cocopa sigue inmersa en una crisis de credibilidad pues fue incapaz de imponer o convencer los logros de la propia razón de su existencia. Tampoco sirve ya de nexo unificador y menos aún de instancia de diálogo. Ha quedado reducida a su mínima expresión, cuando en algún momento fue el canal institucional por excelencia capaz de revertir lo que por siempre se negó y que, por fin, había llegado la hora: el reconocimiento constitucional del indígena y sus pueblos, sus usos y costumbres.
Y el EZLN quedó acotado a uno sólo de sus movimientos estratégicos, el silencio pero, a la vez, nada más que ello. El único comunicado firmado en estos últimos tiempos refirió al asesinato de la abogada defensora de los Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido. No es posible pensar que el silencio representa solamente negación de la validez al interlocutor (el Gobierno Federal y estatal). Supone, eso sí, que representa la única acción política posible en este laberinto que encuentra en Chiapas su expresión local pero que se irradia su desenlace, sin dudas, más allá de las fronteras de la entidad.
Tal vez su silencio es poco, o es demasiado pero que todavía no logró comprenderse en su real magnitud. El tiempo se encargará de demostrarlo.
En este laberinto, la Cocopa decidió volver a presentar ante la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados una reforma que vuelve a recobrar el espíritu de esa Comisión e impulsar una reforma a la actual ley que contemple todos aquellos aspectos que se le negaron a los pueblos indígenas. En aquel momento, el pretexto redundó en la secesión o separatismo territorial, pero en realidad escondió una terrible repulsión a todo lo que huele a indígena y, menos aún, si éstos eran encabezados por el subcomandante Marcos.
Privilegió esta acotada visión, donde no se entendió que la dinámica política era otra, que nada tenía que ver con la de esta clase política desprestigiada, no sin razón, por su divorcio con la sociedad. Evidentemente, no fue una prioridad desandar los tiempos que impusieron el rezago ancestral y el clamor de los siempre desoídos, siempre invisibles para los acotados ojos políticos. Por supuesto que no fue así.
El Partido de Acción Nacional (PAN) nunca representó los intereses del indígena como tampoco el Partido Revolucionario Institucional (PRI); siempre han representado intereses propios y ocasionales de acuerdo a la coyuntura política y a la conveniencia partidaria, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) linda con los mismos riesgos; sin embargo, a costa del descrédito de toda la clase política y, tal vez, a pesar de las propias estructuras partidarias, todos ellos deciden apostar estructuralmente a ser consortes de los juegos del poder y no a convicciones ideológicas que, en muchos de los casos, han sido sus esencias fundamentales.
La experiencia histórica indica que los pueblos indígenas sólo deberán confiar en sí mismos y no reposar en otros lugares que, por interés o rédito político circunstancial, abrevarán en la defensa de sus intereses.
Esto no pretende ser un aporte más en contra de la política pues, es por esencia, el ámbito donde deben establecerse todas las demandas y conflictos. Pero si se trata de recuperar aquellos espacios donde cada una de las inconformidades tenga su representación original y no que deban ser canalizadas, obligatoriamente, por un sistema establecido que responde a las conveniencias sectoriales o, peor aún, a los intereses económicos foráneos.
Aquí estriba, por ejemplo, una diferencia entre el EZLN y el presidente Fox, aunque ambos declamen, presuntamente, un mismo fin: mientras el primero demanda, no para sí, un reconocimiento de las costumbres y derechos de los pueblos indígenas, el titular del Ejecutivo necesita pacificar la región, a cualquier precio, para que los inversores extranjeros recalen en esta región, cuyo eufemismo se denomina Plan Puebla Panamá; de la misma manera como el Banco Mundial disfraza de desarrollo económico para el sureste mexicano lo que resulta un campo propicio para garantizar una geografía con y de renta garantizada a los capitales trasnacionales, los que serán indiferentes al costo político y social que el Estado Mexicano deba, y quiera, asumir.
Pese a todo ello Chiapas se ha vuelto, nuevamente, un espacio impredecible. A pesar del apresamiento de uno de los líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia y el pacto de no agresión garantizado por el propio gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en la zona chol, las razones y circunstancias de la guerra no han sido resueltas. ¿Acaso ello garantiza la inactividad y desmembramiento de los grupos paramilitares? ¿Resuelve definitivamente el problema agrario?
Por supuesto: cada uno de los comienzos de los procesos de pacificación han sido negados sistemáticamente, por la lógica pesimista que las guerras imponen, más aún, resulta ínfimo cada esfuerzo cuando los costos han sido tan crueles.
Chiapas ha sido el campo de experimentación de las peores teorías de la contrainsurgencia; o, como señala Carlos Montemayor, no han desaparecido las causas que generaron la insurgencia, a pesar de la política desembozada de intervención del Ejército Mexicano en tareas de asistencia social.
Mientras tanto, los pueblos abandonados a su suerte seguirán buscando todos los caminos que los lleven, por fin, a la emancipación definitiva. Quien esto no entienda será devorado, indefectiblemente, por el olvido de la historia.
El zapatismo está prácticamente fuera del discurso de Fox
El subcomandante Marcos, los zapatistas y la intranquilidad social que se vive en Chiapas, son temas que prácticamente han desaparecido del discurso político de la administración del presidente Fox, luego del fracaso de la reforma indígena que echó por tierra los acuerdos de San Andrés, señaló Enrique Ku Herrera, secretario de Acción Indígena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al ser entrevistado en el aeropuerto de la ciudad de México.
Opinó que tanto el Ejecutivo federal como el Congreso de la Unión, "con el uso de un doble lenguaje", perdieron en 2001 la oportunidad de resolver los planteamientos de la insurgencia zapatista; atender la problemática histórica de los pueblos indígenas, y sobre todo eliminar a los grupos paramilitares.
Para el ex diputado federal, "el panorama actual es desfavorable", no hay recursos para atender las demandas económicas de los indígenas chiapanecos; no hay prosupuesto público.
Ku Herrera señaló que el silencio del subcomandante Marcos obedece al doble juego de que fue objeto la lucha zapatista, que busca la reivindicación de los indígenas de Chiapas, y su decisión de no aceptar la ley aprobada por el Congreso.