Latinoamérica

ANÁLISIS DE NARCONEWS FARC: El Estado mató a la senadora, no los rebeldes
¿Donde está la prensa en la guerra de Colombia?

Por Al Giordano

Ciudad de México, marzo de 2002: Un vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habló el lunes 5 de marzo ante 600 delegados de 21 países, reunidos en la ciudad de México, y refutó los reportes de la prensa estadounidense que culpaban a su organización del asesinato de una senadora colombiana.
El vocero de las FARC, Marco León Calarcá, estuvo disponible para que la prensa le hiciera preguntas todo ese día, la misma fecha en que los servicios de cables de AP y Reuters, así como los principales periódicos de Estados Unidos, culparon a las FARC de la muerte de la senadora colombiana Martha Daniels.
Ninguno de esos medios incluyó comentario alguno de las FARC en sus notas publicadas.
"Nos acusan de los asesinatos cuando todo el mundo sabe que es el Estado el que asesina", dijo el vocero de las FARC. "No hemos atacado blancos civiles".
Y pese a que los más grandes periódicos y principales servicios noticiosos de Estados Unidos tienen oficinas en México, y a que el evento del 5 de marzo fue bien publicitado con invitaciones en cuatro idiomas al público y a los medios, ni una de esas empresas informativas se dio la oportunidad de obtener un comentario de las FARC sobre esta historia.
Según cualquier parámetro de periodismo serio, cuando un medio acusa a una organización de asesinato, debería obtener algún comentario de los acusados.
Sin embargo, los titulares del lunes 4 de marzo estaban llenos con la acusación, de la que los fiscales colombianos habían comenzado a retractarse la noche anterior. El asunto se inició con reportes de dos grandes servicios de noticias: "Los rebeldes matan a una senadora colombiana" (AP, por Jared Kotler) y "Senadora colombiana fue asesinada, se culpa a los rebeldes" (Reuters, por Phil Stewart).
Ambas joyas de la desinformación fueron ampliamente distribuidas: "Los rebeldes son culpables de asesinar a la senadora" (Orlando Sentinel, marzo 4), "Senadora colombiana, y aparentemente otras dos personas, asesinada por los rebeldes" (St. Louis Post-Dispatch, marzo 4), "Senadora colombiana asesinada por los rebeldes" (Seattle Times, marzo 4).
El Newsday, el Miami Herald, el Philadelphia Inquirer, el San Jose Mercury News y el Fort Worth Star Telegram, entre otros, repitieron textualmente los cables de AP y Reuters.
Otros dijeron haber reportado por sus propios medios. Juan Forero, de The New York Times (ya reportado en Narco News el año pasado por haber permitido que oficiales de la embajada de Estados Unidos monitorearan sus entrevistas con mercenarios colombianos), afirmó simplonamente que: "La semana pasada los rebeldes mataron a una senadora, Martha Catalina Daniels".
La edición internacional del Times agregó una foto de la senadora ultimada, diciendo al pie de foto: "Martha Catalina Daniels, senadora, fue asesinada por los rebeldes. Su cuerpo fue hallado el sábado". La Pittsburgh Post-Gazette publicó también la historia de Forero.
El Houston Chronicle News Service retomó la errática historia de AP sin darle crédito a la agencia, citando al coronel de policía colombiano Alvaro Sandoval, quien dijo que "se presume que fueron las FARC" las que asesinaron a la senadora.
Ninguna de estas empresas de noticias incluyó algún comentario de las acusadas FARC.
No debe ser fácil para los reporteros en Colombia hacerlo: el pasado 20 de febrero los gobiernos colombiano y estadounidense ordenaron a los periodistas no ir más a territorio rebelde sin la compañía de oficiales del ejército. Cada nota publicada desde entonces por los diarios de Estados Unidos y las agencias de noticias enviada desde la zona rebelde fue hecha por reporteros llevados en "tours" por los militares, hecho no mencionado por los periodistas en sus reportajes. Desde que el gobierno de Colombia libró órdenes de arresto para todos los voceros de las FARC en ese país el 20 de febrero, la política de "niñeras" para los corresponsales de guerra ha provocado una inconsciencia efectiva del periodismo que reporta desde ambos lados del conflicto.
Pero estas mismas empresas de noticias pueden todavía buscar fácilmente el comentario de las FARC a través de su oficina en México. Lo que pone a su vocero internacional en la ciudad de México, Marco León Calarcá, en una importante posición. Es el último vocero de las FARC disponible diariamente para la prensa.
El de Estados Unidos y otros gobiernos han trabajado muy duro para limitar la capacidad de las FARC de responder en la prensa, aún por canales civiles. En octubre del año pasado, la Unión Europea revocó las visas de los voceros de las FARC en Europa. Al mismo tiempo, la presión del gobierno estadounidense sobre su similar mexicano, para que proscriba la oficina de las FARC en la ciudad de México, se ha incrementado.
(La guerra de informaciones tiene sus frentes grande y pequeño: Narco News conversó el 4 de marzo con un grupo de 35 jóvenes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, ahora un partido legalizado. Pese a tener visas regulares para asistir al encuentro de la semana pasada, los chicos fueron detenidos durante dos días en la frontera entre México y Guatemala. Cantaron y gritaron consignas mientras negociaban por vía diplomática, y finalmente les fue permitido ingresar a territorio mexicano).
Que el hombre de las FARC Marco León Calarcá estuvo disponible el martes 5 de marzo, todo el día, en el Centro de Negocios y Comercio de la Ciudad de México, y que ninguna de estas empresas de noticias se molestó en buscar la otra cara para sus reportajes de marzo 4, dice mucho sobre cómo el conflicto en Colombia, además de ser una guerra civil al interior de ese país, es también, internacionalmente, una guerra de informaciones, una "guerra por la red", como fue definida por los think tanks como la Corporación RAND.
Para los latinoamericanos, la reciente controversia sobre los planes del Pentágono de abrir una "oficina de desinformación" fue graciosa. Esa oficina ha tenido muchos nombres, y una larga existencia, al sur del Río Bravo.
Cualquier corresponsal de guerra que se precie de serlo lo sabe: Si las FARC hubieran querido atrapar a Daniels, o a cualquier otro senador, más bien la hubiera mantenido secuestrada que asesinado. Las FARC, que buscan un intercambio de prisioneros con el gobierno colombiano, admite libremente que tiene en su poder a seis de esos parlamentarios como objetos para el trueque. Bajo su meta inicial de liberar a cientos de sus militantes presos, Daniels hubiese valido mucho más para los rebeldes viva que muerta.
"El asesinato de la senadora no pudo ser un acto revolucionario", dijo el sociólogo Heinz Dietrich el pasado 4 de marzo durante el encuentro internacional contra el Plan Colombia. "Es una acción de algunos sectores del Estado, de los escuadrones de la muerte de la derecha".
Por tanto, la historia repetida el lunes 4 por toda la prensa de Estados Unidos era no sólo falsa y parcializada: carecía de sentido.
Incluso si uno adopta la postura más cínica respecto de los movimientos revolucionarios, no son las FARC las que tienen una historia documentada de asesinatos de legisladores nacionales. Más bien son sus adversarios -el ejército colombiano, las fuerzas policíacas y los paramilitares que apoyan- los que tienen un vasto registro documentado de víctimas en el Parlamento.
-El pasado 8 de octubre, el diputado del Partido Liberal Luis Alfredo Colmenares, del Departamento de Arauca, fue asesinado por dos sicarios. El grupo paramilitar Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) cometió el crimen, de acuerdo con el diario pro gubernamental El Tiempo. "Al responsabilizarse del ataque, las AUC acusaron a Comenares de haber tenido relaciones con los rebeldes comunistas", reportó El Espectador.
-Seis días antes, el 2 de octubre, el diputado liberal Octavio Sarmiento, también de Arauca, fue asesinado a tiros. Las AUC fueron también las perpetradoras de acuerdo a El Tiempo.
-El mes anterior a esto, en septiembre 5, el parlamentario conservador Jairo Rojas del Departamento de Cundinamarca, Presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Diputados, recibió un disparo mortal por parte de los paramilitares, también según El Tiempo.
-El 29 de diciembre de 2000 el diputado liberal Diego Turbay Cote fue asesinado cerca de territorio rebelde. El gobierno aseguró que los dos pistoleros responsables eran miembros de las FARC, que negaron tal acción y culparon a los paramilitares.
-En septiembre de 1998, el parlamentario liberal Jorge Humberto González de Antioquia fue asesinado por sicarios en Medellín.
Por otra parte, los seis legisladores secuestrados por las FARC continúan con vida, cada prisionero de guerra fortalece la postura rebelde en la negociación para liberar a sus presos.
Daniels, de 49 años, tenía enemigos más obvios que las FARC: El primero y más importante era el gobierno de Pastrana, pero también los oficiales estadounidenses, quienes nunca le perdonaron haber liderado la defensa en 1996 del entonces presidente Ernesto Samper, miembro como ella del Partido Liberal, acusado por los funcionarios de Estados Unidos de haber recibido dinero del narcotráfico durante su campaña electoral.
Ninguno de los reportes de prensa menciona la Historia de las dos Senadoras: y es que mientras Daniels fue la persona señalada por defender en el Paralamento a Samper de los cargos, la recientemente secuestrada senadora Ingrid Betancourt fue la persona señalada por la otra parte, por financiar su carrera en alianza con la campaña estadounidense contra Samper e incluso escribiendo uno de sus autoalabatorios libros, titulado Lo Sabía.
Un lector que simplemente revisara los titulares más recientes de la prensa en Estados Unidos podría tener la impresión de que fue la senadora Betancurt -la educada en París y angloparlante hija de la oligarquía colombiana, así como consentida de los medios estadounidenses-, y no la senadora Daniels, quien fue asesinada hace dos semanas.
Esto podría de hecho haber sido la meta de los asesinos de Daniels: agitar más todavía las aguas de la ya de por sí turbia historia de Betancurt como parte de una campaña de desinformación puesta en marcha contra las FARC.
"Hemos entrado a la fase de aislamiento político de la guerrilla", dijo el 4 de marzo el sociólogo Heinz Dietrich en el encuentro en la ciudad de México. "El aislamiento político es una estrategia militar".
Hacia las 6 de la tarde del sábado 2 de marzo, los primeros reportes de prensa acerca del asesinato de Daniels fueron hechos en la página web del diario El Tiempo: "Las autoridades dijeron que no tenían ninguna información acerca de los posibles autores del asesinato de la legisladora".
Pero inmediatamente, las maquinarias informativas de Washington y Bogotá no permitieron que los hechos tomaran otro rumbo que no fuera el de culpar de las FARC. En adición a la cita de un oficial de policía hecha por AP, el Presidente Andrés Pastrana y el expresidente César Gaviria, desde Washington, maquillaron todo en un intento de culpabilización.
En Washington, el Presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria (impuesto en el cargo por Estados Unidos como recompensa por su fiabilidad como un sumiso sirviente a las políticas estadounidenses), fue uno de los primeros en saltar dentro de esta historia. Gaviria envió un comunicado de prensa: "La muerte de Martha Catalina Daniels deja ver al mundo que por parte de estos grupos no existe respeto por la vida humana".
Pastrana fue todavía más allá en su indirecta contra las FARC, según reportaron la agencia española EFE y la francesa AFP, que fueron ambas más honestas que Reuters, AP o el New York Times en la cobertura del asesinato de Daniels.
"Los investigadores están también explorando la posibilidad de que criminales comunes estuvieran trabajando por un rescate por los secuestrados, dijeron algunos periódicos", reportó EFE (marzo 4). "Pastrana, como quiera, fue rápido en culpar a los 'grupos violentos' que quieren tener al país bajo su control 'a través de sus actos de crueldad y su conducta demente".
De acuerdo a EFE, Pastrana incluso utilizó el asesinato de Daniels, una de sus oponentes políticas, como parte de una burda estrategia electoral de cara a los comicios legislativos del domingo pasado: "Pastrana llamó a sus conciudadanos a condenar a los responsables de los ataques a la democracia 'votando masivamente por los candidatos más honestos y más capaces en las próximas elecciones".
EFE continuó con su trabajo con un reporte el 5 de marzo titulado: "No está claro si fueron las FARC o criminales comunes los que asesinaron a la senadora". Éste decía:
Bogota (EFE).- Las autoridades colombianas no han señalado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como sospechosas en el asesinato de la senadora Martha Catalina Daniels y sus dos acompañantes, sino que investigan la posibilidad de que criminales comunes estén detrás del hecho.
Incluso el Fiscal General de Colombia pareció respaldar sus afirmaciones con cintas supuestamente grabadas de las radio comunicaciones de la guerrilla (los oficiales a menudo mencionan cintas, pero nunca las presentan a la prensa o al público, como en el caso del supuesto irlandés atrapado en territorio de las FARC el año pasado, en el que las "cintas" desaparecieron).
"Ésta es una hipótesis con la que estamos trabajando", dijo el Fiscal General Luis Camilo Osorio a El Espectador la noche del 4 de marzo. "Pero, de todas maneras, la complejidad del tema nos impide, por el momento, hacer ninguna declaración".
De acuerdo a El Espectador:
"Tenemos pistas que conducen a diferentes conclusiones, agregó Osorio, en alusión a la eventual implicación de las FARC o delincuentes comunes, que son las posibilidades con las que están trabajando la policía y las autoridades judiciales. En cualquier caso, Osorio reconoció que el asesinato de miembros del Parlamento contradice la política de las FARC de secuestrar líderes políticos para intercambiarlos por guerrilleros presos".
Pastrana ya ha sido pillado antes al intentar culpar a las FARC de crímenes que luego se reveló que habían sido cometidos por los paramilitares o por criminales comunes.
Como reportamos en un comunicado de prensa de Narco News, en septiembre de 2000 (vayan hasta el último apartado), una biografía del general José Serrano, que por poco y era designado como zar antidrogas de la ONU, revela que Pastrana y él culparon a las FARC de haber asesinado con una bomba de collar a una campesina, pese a que Serrano dijo privadamente a su equipo que la guerrilla no lo había hecho.
"También está la historia acerca de las presiones que él (Serrano) recibió para establecer que la bomba de collar que mató a la campesina de Boyacá había sido un trabajo de las FARC, cuando el general sabía en realidad que no había sido hecho por la guerrilla.
"Los primeros en sorprenderse con las acusaciones del general fueron sus más confiables asesores, quienes ya le habían dicho que no había evidencias de que la guerrilla lo hubiera hecho, y que toda la evidencia apuntaba a criminales comunes".
Luego de que los funcionarios colombianos y estadounidenses han sido atrapados una y otra vez culpando a las FARC de crímenes que luego se supo que fueron cometidos por criminales comunes, los paramilitares o incluso la policía y el ejército colombianos, los auténticos periodistas deberían ser escépticos sobre la línea tomada hacia la campaña electoral al culpar a las FARC del asesinato de Daniels.
Pastrana sigue tratando de relacionar la guerra civil en su país con la Guerra contra el Terrorismo de los Estados Unidos. La semana pasada comparó a las FARC con Al-Qaeda, y se refirió al asesinato de Daniels como "un acto terrorista".
"Cuando dicen que somos terroristas", dijo el vocero de las FARC Marco León Calarcá a los 600 delegados internacionales reunidos en la ciudad de México el pasado 5 de marzo, "les urgimos a borrar la palabra 'terrorismo' y poner 'autodeterminación' en su lugar. El pueblo tiene el derecho a ser rebelde. 'Terrorismo' está actualmente de moda como excusa. Pero el año pasado más de 150 líderes sindicales fueron asesinados en Colombia por comprometerse en la lucha legal. En defensa de esos movimientos populares debemos levantarnos. La violencia es responsabilidad de los gobernantes, el Estado y el Imperio".
De nuevo con la prensa: por lo menos, todas las empresas de noticias mencionadas tenían el deber, al acusar a una organización de un asesinato político, de buscar un comentario de los acusados.
¿Dónde estaban el 4 de marzo, en la ciudad de México, cuando tenían esa oportunidad?
¿Dónde está la corrección debida por AP, Reuters y el New York Times a sus informaciones?
En un conflicto entre dos partes claramente definidas -las FARC y el Estado-, ¿dónde quedó el compromiso de los medios de buscar ambos lados de la historia?
¿Dónde está la prensa?