ORLANDO ORAMAS LEÓN

La llamada Isla Nena no ha podido ser más maltratada por los ejercicios de fuego real de la Armada norteamericana. Esa ínsula puertorriqueña tiene horadada su geografía por los proyectiles de todo tipo, incluidos los venenosos que contienen uranio empobrecido.
Junto al cráter que dejó hace unos años una bomba de 500 libras, yacen los metales retorcidos de lo que fue un tanque-señuelo para afinar la puntería de los artilleros de los destructores, o los pilotos de los cazas, antes de partir a una nueva guerra.
Pero tales huellas, incluso, no son las más lacerantes para la vida en Vieques. En su angosto perímetro existen 16 sitios que registran contaminación tóxica, además de otros 79 con diversos tipos de afectaciones ambientales.
Se trata de la marca inconfundible de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, con su rótulo de colonialismo que no solo coarta los derechos del pueblo puertorriqueño, sino que lastra las posibilidades de desarrollo y vida en la isla Nena.
Y como si ello no bastara, la Armada anuncia ahora nuevas maniobras militares para el 3 de abril próximo, lo que para Néstor Colón Martínez, líder del Congreso Nacional Hostosiano, es una provocación ante la cual alistan inmediata respuesta.
Este anuncio va contra la propia postura del gobierno de Puerto Rico, cuya gobernadora se ha pronunciado contra la continuación de los ejercicios militares en Vieques. Pero del lado de la sociedad, los sectores independentistas, del partido oficial e incluso de los que están por la continuación de la estadidad, hay conciencia de volver a recurrir a la estrategia de la desobediencia civil, para impedir las nuevas maniobras.
Luego de una tregua de poco más de seis meses, la Marina intenta poner a prueba la resistencia de los hijos de Betances, en momentos en que prosiguen las presiones de la ultraderecha estadounidense por perpetuar a Vieques en su condición de polígono del Pentágono.
Fue la prolongada campaña de desobediencia de los puertorriqueños lo que obligó al presidente George Bush, en junio pasado, a anunciar el retiro de la Armada de Vieques en o antes del primero de mayo del 2003.
Alrededor de 1 000 personas fueron detenidas por penetrar en las áreas militares en la isla o por acciones contra la presencia militar estadounidense. Hoy todavía permanecen tras las rejas el líder de los pescadores viequenses, Carlos Zenón, quien cumple condena de cuatro meses, y su hijo, Yabureibo. También hay un estudiante de la Universidad de Puerto Rico preso bajo cargos de agresión a un oficial federal, durante una manifestación en el propio recinto universitario, explica Colón Martínez.
A medida que se acerca mayo del 2003, arrecian las medidas de presión de la Marina de Guerra, que definitivamente debió cancelar su previsto referendum. Al traste con la intentona resultó la votación en la que el 70% de los viequenses dieran un rotundo No a sus proyectos de permanecer en la ínsula.
El presidente del Congreso Nacional Hostosiano recuerda que el gobierno de Estados Unidos dispuso un fondo de 40 millones de dólares para inversiones en Vieques, y otros 50 millones en caso de que el Sí ganara en el abortado y manipulado proyecto de la Armada.
Ahora anunciaron que de ese total usarán 75 millones para buscar sitios alternos al polígono viequense, lo cual corrobora que el porvenir de ese territorio usurpado nunca estuvo entre las preocupaciones de Washington.
Ello explica —dice Noel— que si la Marina sale de Vieques en el 2003, en caso de que encuentren otro sitio para sus prácticas, los terrenos que ocupan no serán devueltos a Puerto Rico, puesto que Estados Unidos ha dicho que los costos de la descontaminación son tan altos que no lo pueden asumir.
Se trata de la misma política impuesta a Panamá tras la salida del Comando Sur del territorio istmeño, en el que buena parte de las áreas revertidas no pueden ser usadas por ser prácticamente campos minados y contaminados.
No por gusto la gobernadora puertorriqueña, Sila Calderón, ha planteado el asunto de las maniobras bélicas en Vieques como un problema medioambiental, aunque los independentistas no dejamos de señalar también el meollo colonial de la cuestión.
Esta propia óptica es la que trae a Néstor Colón Martínez y a otros repre-sentantes del independentismo boricua a Cuba, integrando una delegación que recorrerá varios países en busca de apoyo a su causa, de cara a la próxima sesión del Comité de Descolonización de la ONU.
Ya el año pasado logramos una postura inédita de unanimidad en el voto del Comité a un proyecto que apoya el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación, pide el cese de las maniobras en Vieques y la salida de la Armada. Ahora vamos con un proyecto similar, con la variante de que alentamos la promesa hecha por Bush de que la Armada se irá en el 2003.

PRESOS DEL COLONIALISMO

Hay una relación directa entre el status colonial de Puerto Rico y la existencia de presos políticos boricuas en cárceles de los Estados Unidos. No debemos olvidar que hay seis compatriotas nuestros encarcelados, la mayoría de ellos llevan cerca de 20 años tras las rejas, cumpliendo condenas de hasta 70 años.
Entre ellos está Antonio Camacho Negrón, quien estuvo entre los 15 indultados por la administración Clinton. Al no acatar las condiciones de su excarcelación y proseguir participando en actos de proselitismo independentista, Camacho regresó a las rejas, en una cárcel de la Florida.
Oscar López Rivera, a quien las autoridades estadounidenses señalan como jefe del grupo armado Macheteros, Haydee Beltrán, Juan Segarra Palmer, José Solís Jordán y Carlos Alberto Torres están presos en diversas prisiones de la Unión, y su liberación es un reclamo perenne de diversos sectores de su patria.
El gobierno de Estados Unidos —subraya mi entrevistado— ya adelantó que no habrá un nuevo indulto, y eso va en consonancia con la administración de George W. Bush, bien conocido por su intolerancia política y el récord de ejecuciones firmadas como gobernador en Texas. Aun así, seguimos luchando por nuestros compatriotas.