Latinoamérica

Lágrimas de sangre

Iván Valdés
El Sglo
Con la excusa de "atacar el narcotráfico" el Plan Colombia es la expresión más abierta de intervención norteamericana en Colombia. Armas, aviones, helicópteros artillados, radares, mercenarios y "asesores" militares son algunas expresiones de este proyecto que comprende 1300 millones de dólares. Sus objetivos: derrotar política y militarmente a uno de los reductos revolucionarios más importantes del continente: la guerrilla colombiana, en la perspectiva de consolidar su dominio en la región.
El Plan Colombia es el proyecto geopolítico de EE.UU. para consolidar su hegemonía en la región. El discurso oficial, repetido majaderamente por los medios de comunicación en Chile, es que el plan sólo busca combatir el narcotráfico, pero en los hechos, tanto el gobierno colombiano como EE.UU. se han encargado de difuminar esta división. La guerrilla es la "narcoguerrilla" que protege a los traficantes y las zonas de cultivo de la coca, por lo que para una efectiva lucha contra la droga es indispensable combatir la insurgencia.
Por lo que el objetivo central del Plan Colombia es la derrota política y militar de la guerrilla, pero para esto también es indispensable el combate al movimiento popular colombiano que le da sustento. Este objetivo por cierto responde a intereses del imperialismo dentro de Colombia pero también y principalmente en el resto de América.
Para la Casa Blanca la lucha colombiana representa un importante escollo en la consolidación de su hegemonía en la región, especialmente en Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica. Esto por que Colombia forma parte del llamado "Triangulo Radical" principal foco de conflicto para EE.UU. que está integrado además por la Revolución Bolivariana de Venezuela y potente movimiento popular de Ecuador, encabezado por el movimiento indígena. A esto se suma el avance de la izquierda en Brasil, Uruguay y las movilizaciones argentinas.
La política internacional independiente de Chávez ha sido un constante problema para EE.UU. Por una parte está el problema del petróleo en donde Venezuela a promovido una política más independiente de Washington dentro de la OPEP (organización de productores de crudo) y ha torpedeado las aspiraciones de aislar a Cuba con sus acuerdos de integración económica con la isla.
Petras señala que el Triángulo Radical "puede contribuir a minar la mística de la hegemonía invencible de los EEUU y la idea de que la ideología del libre mercado es inevitable."
Este Triangulo se da en una zona rica en petróleo, lo que por una parte a motivado una intervención más agresiva por parte de Washington como el caso del Plan Colombia, pero también se ha transformado en una palanca para desafiar al poder imperial. La llamada "diplomacia del petróleo" llevada adelante por Chávez.
En el plano interno Petras advierte que para que la Globalización capitalista se desarrolle requiere de estados nacionales que respalden su expansión, por tanto la derrota de la guerrilla busca generar una correlación de fuerzas favorables para la consolidación del Imperio, o en otras palabras, apoyar gobiernos títere que no entorpezcan la depredación de las grandes transnacionales ni cuestionen las políticas de la metrópoli.
En la misma idea las FARC señalan que el Plan Colombia "es el plan geoestratégico del imperialismo para consolidar su dominio en el Conosur y tener libre acceso a la rica biodiversidad de la Amazonía y a sus grandes reservas de agua dulce", además de asegurar el libre acceso a las importantes reservas petroleras del país. Pare estos fines el Senado norteamericano aprobó un presupuesto inicial de 1300 millones de dólares, destinados principalmente a fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas.
Pero de esta enorme cantidad de recursos poco o nada va para Colombia. Ese dinero tiene también por fin el revitalizar la hipertrofiada industria militar del país del norte. Como dijeran las mismas FARC, los dineros del Plan Colombia tienen el sello "compre norteamericano".
La United Tecnologies se adjudicó un contrato de 324 millones de dólares por la venta de 18 helicóteros Black Hawk, la empresa Textran a su vez, obtiene 84 millones de dólares por la entrega de 42 helicóperos Huey, la Lockheed por su parte se ganó 68 millones de dólares por el montaje de radares, y así suma y siguen los contratos que el gobierno de EE.UU. firma con empresas de EE.UU. para agudizar la guerra en Colombia.
Componentes del Plan Colombia
Este tiene tres grandes tenazas: la primera son las bases militares que se instalarán en el Caribe, en Aruba y Curazao, la segunda es la que se construirá en El Salvador en Centroamérica y la tercera es la base de Manta en el Ecuador en la parte norte de Sudamérica. En la idea de cercar a Colombia y consolidar una importante plataforma militar para enfrentar otros conflictos en la región como el movimiento indígena de Ecuador o la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Ante la posibilidad de tener que retirar la base de Vieques en Puerto Rico debido a las permanentes protestas que ha suscitado en la población y en función de no ver debilitada su presencia en el Caribe es que EE.UU. está apostando fuertemente a la construcción de una nueva base en la isla Saona y en el islote de Alto Velo, al este y suroeste de las costas de República Dominicana y Haití.
En cuanto al desarrollo militar dentro de Colombia el plan establece:
-Reforzar la inteligencia militar.
-Transformar el sistema de vigilancia, introduciendo el espionaje vía satelital con una cobertura que comprende todo el territorio nacional.
-Establecer corredores aéreos interbases, conectándose también con bases en el exterior.
-Consolidar la base de Tres Esquinas, enfocada al control de la Alta Amazonía.
-Construir una nueva base en Larendia, preparada con pista de aterrizaje para bombarderos B-52 con una capacidad operativa que sobrepasa con creces el territorio colombiano, permitiendo una cobertura para ataques en casi todo el continente.
-Crear cinco batallones anti narcóticos, de los que ya se han constituido tres.
-Rediseñar el plan contrainsurgente.
-Ampliar sustancialmente la dotación de aviones y helicópteros.
- Actualmente existen alrededor de 400 asesores militares norteamericanos en y más de 70 mercenarios que tienen por misión fundamental el pilotaje de helicóperos.
La nueva doctrina Kennedy
La ingerencia norteamericana en Colombia no es nueva, a lo largo de toda la historia de este país andino, con mayor o menor intensidad, de manera más o menos explícita dependiendo de la situación histórica, siempre el imperialismo ha estado presente.
Es en la década del 60 donde esta intervención adquiere una mayor consistencia ideológica con la doctrina Kennedy para enfrentar a los movimientos revolucionarios en América Latina, la llamada Doctrina de Seguridad Nacional que vino a reemplazar definitivamente a la Doctrina de Seguridad Hemisférica que hasta entonces primaba en Washington.
La Doctrina de Seguridad Hemisférica se articula después de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta a la creciente influencia y poderío militar de la Unión Soviética. El objetivo era coordinar a los ejércitos del continente bajo el mando norteamericano ante una posible "invasión comunista" extrahemisférica. Esto porque la posibilidad que el Socialismo triunfara dentro de nuestros países era visto como algo inviable, demasiado lejano o que en último caso podía ser resuelto fácilmente como ocurrió en Guatemala en 1954 con un gobierno progresista "democráticamente elegido" que fue derribado por la CIA.
Pero un hecho histórico desmontó toda la estrategia norteamericana para la Patria Grande: la Revolución Cubana en 1959. Esta alertó de un nuevo e inesperado peligro, un movimiento revolucionario había tomado el poder bajo las propias narices del Imperio. El "peligro comunista" ya no estaba en una improbable invasión soviética, el enemigo eran los nuevos movimientos insurgentes dentro de nuestros países.
Es en este marco que se crea una nueva figura: la del "enemigo interno", es decir, el factor detonante de posibles transformaciones revolucionarias se encontraba en las luchas populares y a estos había que combatirlos a toda costa.
La doctrina Kennedy perseguía frenar el avance de los movimientos revolucionarios mediante dos grandes herramientas: la llamada "Alianza para el Progreso" que buscaba el desarrollar socioeconómicamente nuestros países, ya que existía plena conciencia que la miseria era caldo de cultivo para el crecimiento de la insurgencia. El punto es que la "Alianza para el Progreso" requería de décadas para comenzar a dar sus primeros frutos, por lo que fue necesario un plan complementario que asegurara el domino imperial de forma más inmediata: La Doctrina de Seguridad Nacional. Este segundo factor para contener la marea revolucionaria era la fuerza. El objetivo era transformar a las Fuerzas Armadas locales en los principales guardianes del sistema, lo que desembocó en la serie de golpes de estado y dictaduras militares en el Cono Sur.
En definitiva podríamos decir que el Plan Colombia no es otra cosa que una expresión contemporánea de la doctrina Kennedy para la región. Sus diferencias radican en dos factores. El primero es la excusa para la intervención: el "peligro comunistas" es reemplazado por el "peligro del narcotráfico" y el segundo es la magnitud: la escala de la intervención militar en Colombia hoy, es mucho más grande que lo que se veía en los 60.
Para James Petras, estas diferencias en la intervención imperialista no se debe a variaciones en la estrategia contrainsurgente de Washington, sino "en el diferente contexto político de Colombia y el mundo: en los años 60 las guerrillas eran grupos pequeños y aislados, hoy son un ejercito formidable que opera a escala nacional. En ese momento Kennedy se concentraba militarmente en Indochina, mientras que hoy Washington se encuentra con las manos relativamente libres".
La táctica de secarle el agua al pez
Los cimientos mismos de la historia de Colombia están empapados de sangre. Masacres, desaparecimientos y ejecuciones sumarias son componentes ineludibles de las políticas que aplican los medios gobernantes colombianos para asegurar sus posiciones de poder.
Quizás el conflicto colombiano sea uno de los más incomprendidos del mundo. No resulta fácil de entender cómo puede existir una lucha armada con este impresionante grado de desarrollo en condiciones que en Colombia no existen formalmente las situaciones históricas que han caracterizado el surgimiento de movimientos insurgentes en el resto del mundo.
Colombia es (formalmente) un país independiente, la lucha no sería de "Liberación Nacional" en circunstancias que no hay una fuerza extranjera a la que expulsar, como se dio el caso en Vietnam. O como también podría ser el caso de la lucha del pueblo palestino que busca la creación de un estado independiente.
No existe tampoco una dictadura militar a la que enfrentar, Colombia tiene fama de ser la "democracia más antigua del continente", con un presidente que se elige cada cuatro años y un parlamente que se renueva cada tres.
¿Porqué entonces las organizaciones de izquierda no dejan las armas para sumarse a la lucha legal?
DD.HH.:el factor olvidado de la democracia colombiana
Terrorismo de Estado. Ese es el apelativo que suele darse al lado oscuro de la "democracia colombiana", aquel que no sale en la prensa chilena, aquel lado en que el asesinato de opositores políticos es parte de la "real politic" de la clase dominante.
Asumiendo la táctica de "secarle el agua al pez" las fuerzas militares y paramilitares han descargado la furia de sus armas sobre importantes sectores del pueblo colombiano, principalmente campesinos en las zonas rurales y las organizaciones de trabajadores y estudiantes en las ciudades, con el fin de terminar con la base popular que sirve de apoyo a la guerrilla.
La guerra sucia llevada adelante en el campo produce un promedio de 300.000 desplazados al año. La táctica es simple, van a alguno de los diversos pueblos campesinos que existen en Colombia y masacran a todos quienes se sospeche tienen simpatías con la guerrilla. Los que no fueron asesinados y torturados prefieren emigrar a las ciudades o a las zonas fronterizas en busca de un lugar más seguro.
Estos desplazamientos forzados generan una gran presión en las cuidades por la falta de infraestructura para recibir a la gente del campo, no hay viviendas ni trabajo para ellos, engrosando los cordones de miseria y el ejército de desempleados. En el campo el despoblamiento potencia al latifundio que tiene acceso a nuevas zonas agrícolas para expandirse.
Según Naciones Unidas el año 2000 un promedio de 8 personas por día fueron ejecutadas extrajudicialmente, 1 desaparecía y cada 2 días fue asesinada una persona por ser considerada un "desecho", en lo que conoce como la "limpieza social" ejecutada por grupos policiales y parapoliciales al estilo de los escuadrones de la muerte en Brasil. Esto se suma a las 4 muertes que se registran diariamente en combate.
Según estadísticas de diversas organizaciones de Derechos Humanos tanto dentro como fuera de Colombia, casi el 80% de estos crímenes son responsabilidad de agentes estatales.
Aquellas zonas en que existe una mayor influencia de la Izquierda son constantemente acosadas por las Fuerzas Armadas, uno de los casos más emblemáticos es la ocupación de Sumapaz, región con histórica ascendencia comunista, en la que el Ejército bloqueo los accesos aislando a la población en una campaña denominada "Destructor II" que movilizó a 4.000 soldados.
La comisión de Naciones Unidas que está a cargo de revisar la situación de los derechos humanos en Colombia planteó el año pasado que es preocupante "el aumento del paramilitarismo" al igual que "los vínculos entre grupos paramilitares y la fuerza pública, los cuáles fueron reconocidos por la comisión el año pasado, son alarmantes".
Es en este contexto que muchos dicen que en Colombia no existe la posibilidad real de desplegar un trabajo político abierto, como debiera ocurrir en una democracia. Al respecto es elocuente el caso de la llamada "Unión Patriótica" ,organización política legal que representa la propuesta programática de las FARC.
Este intento realizado en 1985 culminó en 10 años con el asesinato de 5.000 de sus miembros por fuerzas militares y paramilitares. Esta masacre fue calificada de "genocidio" y condenada incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Impunidad y legislación para la guerra
La corrupción y el crimen de los organismos del estado se despliega con la más absoluta impunidad. Un ejemplo es el caso del Coronel Jorge Enrique Plazas, director de inteligencia de la XIII Brigada del Ejército con sede en Bogotá, acusado por la Fiscalía Nacional de dirigir la banda de militares que secuestraron al joven comerciante judío Benjamín Khoudari, a quien asesinaron, luego de cobrar un millonario rescate. El oficial no fue destituido.
Otro caso es el del asesinato de 6 niños por soldados de la IV Brigada de Ejército, en agosto del año 2000. como es habitual el Ejército acusó a la guerrilla de los crímenes, lo que fue desmentido por lugareños que fueron testigos de los hechos. Tras un breve juicio en un tribunal militar, los soldados implicados fueron absueltos por haber cometido los delitos "en ejercicio de los deberes militares".
Nuevamente el Estado colombiano sirve de soporte a la guerra sucia que los medios gobernantes libran contra todo aquel que se oponga a sus intereses. En este marco es que nuevamente la ley se acomoda a las necesidades de la represión, con una legislación que le entrega plenos poderes a los militares para actuar.
Una de estas normativas especiales es la ley 81 que concede funciones judiciales a las Fuerzas Militares, le otorga el fuero integral a cada uno de sus miembros, restablece el "principio" de la obediencia debida, autoriza la aprehensión preventiva y la retención de una persona hasta por seis días.
Así mismo, se le confiere a las Fuerzas Armadas los poderes para dictaminar la situación del país y en función de ello movilizar o desmovilizar el poder nacional, se le concede en nombre de la operatividad la creación y administración total de los "teatros de operación militar", lugares del territorio colombiano donde los militares ejercerán sin limitaciones y control el poder de las armas, así como la utilización de seguridad y vigilancia privada para realizar operaciones.
Es en este contexto que se desarrolla la lucha revolucionaria en Colombia, un contexto que deja pocos espacios para la lucha política abierta. Tal vez sea necesario recordar las palabras de Manuel Marulanda, líder de las FARC, el 20 julio de 1964, cuando se desarrollaba la llamada "Operación Marquetalia" que movilizó a 16.000 soldados al mando del Mayor norteamericano William Yarborou con el fin de liberar esa región de la "influencia comunista".
"Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas "Repúblicas Independientes" y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder."