Latinoamérica

Militantes chilenos detenidos en Brasil
La jugada de fondo de la derecha

El Siglo
Aprovechando la coyuntura detonada por la detención de los frentistas chilenos en Brasil, la derecha impone su discurso represivo y despeja el camino para la impunidad de los violadores de los derechos humanos.

Desde el 3 de febrero, cuando la noticia de la detención en Brasil de los frentistas chilenos involucrados en el secuestro del publicista Washington Olivetto salió al aire, el tema no ha cesado de figurar entre los titulares destacados por la prensa, convertido en una brasa caliente para la agenda política del Gobierno y los partidos de la derecha. Ministros que interrumpen sus vacaciones, envío de emisarios a Cuba y Brasil con carácter de urgencia, encuentro de Lavín con Fidel en La Habana y un nutrido intercambio telefónico entre parlamentarios, personeros gubernamentales y de los partidos de la Concertación, RN y la UDI, terminaron copando la distensión estival de febrero con los efectos de una bomba noticiosa que cada día presenta nuevas aristas y se mantiene en el centro de la agenda política.
Misil Desde Sao Paulo
Ya nadie pone en duda que el año político 2002 se inició antes de lo pronosticado. Y tampoco parece dispuesto a aminorar su ritmo, porque tanto la Concertación como la derecha procuran marcar la cancha para sus posteriores pasos a partir de las detenciones en Brasil. Los primeros hicieron del tema el elemento ordenador de su nueva etapa tanto en materia de su política internacional y como de orden interno, pasando por su posición frente a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, convocada para abril, como en la capacidad de ofrecer "garantías" a EE. UU. y sus aliados, atormentados por la explosión social en Argentina y hoy en plena cruzada contrainsurgente después de la ocupación de Afganistán y la puesta en marcha del Plan Colombia, de que en Chile cuentan con un clima diferente, caracterizado por la desarticulación de organizaciones como el FPMR y la ausencia de convulsiones sociales de envergadura suficientes para desestabilizar al modelo.
Adicionalmente con el propósito de presentar la imagen internacional de "un país limpio" donde "las instituciones funcionan", carta de presentación para postular la incorporación de Chile a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que le permita convertirse en una suerte de punta de lanza para las operaciones norteamericanas en la región, el oficialismo se muestra empeñado en aprovechar la coyuntura también en materia de orden interno. No resulta ajeno a este objetivo el que el seguimiento de la detención de los frentistas haya sido manejado directamente desde el nuevo equipo político de La Moneda, ministro del Interior incluído, pues de ese modo la derecha y los altos mandos de las Fuerzas Armadas pueden contar con un interlocutor eficaz a la hora de concordar los aspectos más conflictivos que se encuentran pendientes en materia de orden interno, particularmente en relación con la adopción de las medidas necesarias para impedir cualquier rebrote de resistencia -que podrían ir desde la represión de las organizaciones mapuches hasta la desarticulación de todo vestigio del FPMR y otros sectores vinculados a la izquierda bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo-, hasta el lanzamiento de una nueva ofensiva destinada a cerrar definitivamente el seguimiento de los casos pendientes de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
En esa misma línea, el ministro Insulza se adelantó en anunciar que el Gobierno apelaría de la resolución del juez Hugo Dolmetch, que rebajó a 16 años la condena perpetua aplicada al militante del FPMR Rafael Escorza por su participación en el secuestro del empresario Cristian Edwards en 1991, agregando que también solicitaría la extradición de Mauricio Hernández por el proceso sobre el asesinato de Jaime Guzmán. Y aunque finalmente la apelación fue rechazada de plano por improcedente y sus propios promotores han debido reconocer que la solicitud de extradición resulta particularmente engorrosa y de escasa efectividad porque podría esperar durante años, La Moneda confirmó su objetivo de enviar una señal política hacia la derecha acerca de su determinación de avanzar nuevos pasos en esa dirección.
El Mundo al Revés
Simultáneamente con los esfuerzos de la Concertación por tomar las riendas del asunto, desde la derecha también la detención de los frentistas motivó una acelerada disputa por el protagonismo y aparecer públicamente tomando la iniciativa y golpeando la mesa a la Concertación. El senador UDI Carlos Bombal, acompañado de Eugenio Cantuarias reaccionaron de inmediato el 4 de febrero manifestándose "profundamente impactados" apenas se conoció la detención de Hernández y los demás frentistas en Brasil, y anunciaron una serie de entrevistas con personeros de gobierno para exigir una aclaración de los hechos "con serenidad, pero con mucha firmeza". En tanto, la integrante de la directiva de RN Catalina Parot, acusó a las autoridades de haber "protegido a los delincuentes mediante omisión" y señaló que "es ineludible exigir al Gobierno que inicie inmediatamente las gestiones de extradición de Hernández Norambuena".
No fueron los únicos en tomar iniciativa. Días más tarde, el general Izurieta ofreció los servicios del Ejército para completar la información de inteligencia acerca del FPMR.
En medio del torrente de declaraciones, emplazamientos y referencias del más variado tipo acerca de los pormenores del caso, incluyendo no pocas especulaciones acerca de las ramificaciones de los capturados, el efecto práctico y más de fondo -aunque paradójicamente el menos aludido- es que la derecha logró un triunfo estratégico al uniformar las declaraciones e informaciones de prensa en torno a lo que nunca logró instalar ni la propia dictadura: el supuesto de que a los terroristas, hay que buscarlos en la izquierda.
Sin cerrar los procesos pendientes por las violaciones de los derechos humanos de los agentes de la dictadura, ni formalizar la anhelada amnistía y el punto final, desde ese momento se da por hecho en prácticamente todas las informaciones nacionales y las declaraciones de personeros gubernamentales y de la Concertación, que los principales interesados en la erradicación del terrorismo están en la UDI, RN y las instituciones uniformadas. Incluso se vio nada menos que a los diputados UDI Iván Moreira y Andrés Chadwick -que todavía lucía el bronceado de su reciente estancia en las playas de Varadero en Cuba-, emplazando públicamente desde La Moneda a la Concertación a entregar resultados efectivos, y no "más explicaciones".
La paradoja del caso es que, independientemente de que los actos de secuestro y el terrorismo constituyen una práctica ampliamente rechazada, especialmente por quienes han estado vinculados a la lucha por los derechos humanos, justamente quienes constituyeron el brazo político de la dictadura, que hizo del secuestro y la desaparición de sus adversarios una de sus prácticas más recurrentes, aprovechen la nueva coyuntura para presentarse públicamente como los más intransigentes "en la lucha contra el terrorismo".
En esa misma dirección, en las sucesivas alusiones a los distintos períodos y expresiones del terrorismo presentadas tanto por personeros de la Concertación como de la derecha, lisa y llanamente se omiten las prácticas de terrorismo de Estado, ejercido sistemáticamente durante los años de dictadura, iniciados nada menos que con el bombardeo de La Moneda, y que incluyen el asesinato de dos comandantes en jefe -los generales Carlos Prats y René Schneider- , además de los crímenes consignados en el Informe Rettig.
Como botón de muestra, en días recientes la derecha, a través de sus medios de prensa, presentaron como "paradójico" -y sin encontrar réplica desde la Concertación- el sometimiento a proceso del general (r) de la Fach Enrique Ruiz Burger por sus actividades como jefe de inteligencia de la Fach durante la dictadura y cabecilla del siniestro Comando Conjunto, autor del secuestro y desaparición del militante comunista Alonso Gaona en septiembre de 1975, y que luego de ser trasladado a un centro de torturas en Gran Avenida en Santiago, murió producto de la tortura, colgado de una ducha. Posteriormente, se dio la explicación de que Gaona habría sido lanzado al mar. Antes, Ruiz había sido procesado por la desaparición de Víctor Vega Riquelme y de Carlos Contreras Maluje, en 1976.
El general retirado cumple prisión preventiva en su domicilio, pero sus defensores han aprovechado las circunstancias para colocar en el centro que en marzo de 1990, cuando oficiaba como empresario junto al ex miembro de la Junta Gustavo Leigh, sufrió un atentado junto a este por parte de un grupo armado, en el que habría participado Mauricio Hernández.
En la misma dirección podría interpretarse la apelación del Gobierno a través del Consejo de Defensa del Estado (ver recuadro) contra la reducción de la condena aplicada contra el frentista Rafael Escorza, mientras se rehusó de hacerse parte para apelar contra la liberación del ex jefe de la DINA, el general Manuel Contreras.
En el mismo sentido, las palabras del Presidente Lagos el lunes 18, apenas regresaba a La Moneda, adquieren una connotación especial al señalar que "la vía violenta fue y será derrotada" en nuestro país, al dejar abierta la interpretación que sobre el tema del terrorismo presenta la derecha, toda vez que el alto grado de impunidad en la que permanecen las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura, con estas mismas palabras podría entenderse por saldada.
Voto Chileno
La otra gran arista presentada por las detenciones en Brasil apuntó hacia las relaciones oficiales con Cuba, que ya tenía como antecedentes el grado de expectación provocado por versiones de prensa anunciando presiones sobre el gobierno chileno en dirección a que éste votara condenando a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en abril, además de las acusaciones de la UDI, según las cuales el gobierno cubano estaría protegiendo a los frentistas involucrados en el atentado que le costó la vida a Jaime Guzmán.
Se exigieron medidas enérgicas y hasta se habló de retirar el embajador, en medio de un clima donde lo central era arrinconar al oficialismo, que reaccionó enviando como emisarios "oficiosos" a los senadores Gabriel Valdés (DC) y Ricardo Núñez (PS) a La Habana el domingo 20, con el propósito de recabar antecedentes sobre los frentistas y presentarle al gobierno cubano una versión acerca de la postura de La Moneda en torno a la posición de Chile frente a Cuba en la ONU. Es la versión que se entregó a la prensa, pero todo indica que en la trastienda se encontraba el propósito de contrarestar el protagonismo alcanzado en torno al caso por la UDI, y retomar la iniciativa haciendo un gesto de disposición a tomar cartas en el asunto, pues ya la posición del gobierno cubano se encontraba definida con anticipación, básicamente en torno a que no poseían mayor información que la entregada por los conductos y en los términos oficiales, descartando toda vinculación con los actos perpetrados por los frentistas, y rechazando nuevas presiones, especialmente aquellas destinadas al condicionamiento del apoyo chileno ante la votación en Naciones Unidas.
Según las declaraciones formuladas por los senadores Valdés y Núñez a su regreso a Santiago después de haberse reunido personalmente con Fidel Castro durante seis horas, habían sostenido una "conversación muy franca" y se manifestaron conformes con los resultados de la gestión realizada.
En relación con el eventual condicionamiento del voto chileno sobre Cuba en la ONU, el Presidente Lagos optó por no referirse públicamente al tema, y el Secretario General de Gobierno Heraldo Muñoz señaló que el gobierno "no está disponible para un ritual de rechazo o aprobación de una resolución que, una vez que se aprueba o rechaza, al día siguiente se olvida hasta un año después, cuando llega la votación de la Comisión de derechos Humanos de Naciones Unidas".
Lavín en La Habana
La situación sufrió un nuevo giro cuando se confirmó la visita de Joaquín Lavín a La Habana. Aunque oficialmente su viaje anunciaba el propósito de conocer personalmente el sistema de atención primaria implementado en la isla en torno a los llamados médicos de familia, y que permiten a la población contar en su barrio con un médico disponible las 24 horas del día por cada poco más de 400 personas, es conocido que la iniciativa se inspiraba en un propósito abiertamente político.
En la propia derecha se mencionó que lo hacía ante la posibilidad de llegar a la Presidencia el 2005, que ganaría figuración ante la prensa internacional y ganaría puntos en su empeño por librarse de la imagen de fanático e integrista que pesa sobre él, además de que este paso le permitiría captar nuevas simpatías al interior de la Concertación, las mismas que requiere para las elecciones presidenciales del 2005. Pero lo concreto es que llegó a la isla, y fue recibido por Fidel Castro.
Fue un nuevo remezón donde cada uno hizo lo propio, que obligó a la derecha a morigerar sus declaraciones y dejó descolocados a buena parte de los personeros de la Concertación, que ante el hecho aparecieron "más papistas que el Papa" en materia de las relaciones con el gobierno cubano, y que incluso días antes habían llegado a competir con la UDI para demandar medidas más enérgicas desde La Moneda.