Continúa la violencia y la inestabilidad en Guatemala

Ileana Alamilla, Servicio Informativo "alai-amlatina"

Una semana de inestabilidad y zozobra vivió la población guatemalteca, especialmente la de la ciudad capital, que enfrentó de nuevo hechos insólitos totalmente inaceptables en la llamada transición democrática, período posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, en el cual lo que se presencia es un retorno al pasado.
El economista Lizardo Sosa, Presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, fue secuestrado a inmediaciones de su residencia. El hecho se mantuvo en secreto y hasta la fecha el gobierno no ha dado una explicación coherente y con elementos suficientes que permitan sustentar su versión.
Mientras que para el Presidente del Congreso, el ex general Efraín Ríos Montt se trató de un hecho atribuible a las "maras", para dirigentes sociales y políticos, el secuestro del máximo funcionario del Banco de Guatemala tuvo objetivos políticos y buscó una negociación política cuyo resultado la sociedad ignora.
Sosa es un profesional que goza de la confianza de un importante sector económico, se ha desempeñado en distintos cargos públicos de alto nivel tales como Ministro de Economía, Vice Ministro de Finanzas y ahora, por tercera vez, se encuentra al frente de la Banca Central.
Por su liberación, según declaraciones oficiales, se pagó un rescate insignificante, lo cual, a criterio de los analistas, confirma la teoría de que se trató de un hecho con connotaciones políticas, sobre todo porque el funcionario fue el responsable de decisiones que afectaron a sectores poderosos, tales como propuestas de leyes para combatir el lavado de dinero, la liquidación de bancos en los cuales se evidenciaron operaciones fraudulentas y algunas leyes financieras.
Pero este no fue el único escándalo. En un sector residencial de la capital, se enfrentaron a tiros, elementos del ejército y de la policía nacional, cuyo saldo fue dos miembros del ejército muertos y 3 policías gravemente heridos, incluyendo al jefe de la Sección de Investigaciones Criminológicas.
El gobierno de nuevo recurrió a la desinformación, ofreció declaraciones contradictorias, vagas y afirmaciones con poco sustento. Supuestamente se trató de una operación encubierta para sorprender a los responsables de otro secuestro, quienes pretendían cobrar el rescate. Una confusión operativa, dijo el Ministro Eduardo Arévalo, fue la causante del incidente. Sin embargo llamó la atención una versión extraoficial publicada por la prensa que aseguró que quienes llegaron por el dinero del rescate fueron los miembros del ejército.
Y para completar el difícil cuadro nacional descrito, el Ministro de la Defensa confirmó cambios en distintas zonas militares, los cuales según se supo, generaron en inconformidades entre oficiales que se han manifestado contrarios a decisiones que les afectan, que rechazan la ingerencia y preponderancia que tiene el General Francisco Ortega Menaldo, cercano colaborador del Presidente Alfonso Portillo y que además exigen que se aclaren los malos manejos y las pérdidas millonarias del Banco del Ejército y del Instituto de Previsión Social de la institución.
Aunque la versión del alzamiento fue desmentida, dos altos jefes militares de las bases de Petén y de Zacapa, el General de Brigada Morris Eugenio de León y el Coronel Mario Roberto Grajeda, fueron enviados como agregados militares adjuntos a las Embajadas de Guatemala en Honduras y Venezuela respectivamente, lo cual es interpretado como un castigo a su supuesta insubordinación y como una estrategia de prevención a nuevas intentonas.
Algunos analistas afirman que en las filas del ejército son cinco los grupos militares que tienen un alto poder de decisión, lo cual impide el cumplimiento de los acuerdos de paz y la necesidad de la desmilitarización del país.
Estos hechos muestran varias cosas: por un lado las contradicciones al interior del gobierno que se están expresando en hechos violentos; por otro la fragilidad de la gobernabilidad política que obliga a entablar negociaciones con sectores paralelos de poder, además del peligro que conlleva que estos grupos tengan tal nivel de maniobra y preponderancia y finalmente, la confirmación de la existencia de mafias y del crimen organizado que actúan con libertad e impunidad.
El mensaje enviado a la comunidad internacional, de cuya solidaridad se precia el gobierno, no puede ser más contundente.
Además, hay que tomar en cuenta que la falta de credibilidad interna del gobierno que no puede ni siquiera ofrecer una dosis de sinceridad a la ciudadanía va en aumento al igual que la desesperación e inconformidad social, generada por los reiterados incumplimientos gubernamentales, por los altos niveles de corrupción e impunidad y sobre todo, por la precaria situación económica que agobia a la población rural.
Con razón el Procurador de los Derechos Humanos Julio Arango sostiene que en Guatemala no hay un estado de derecho.