VOZ (Colombia)

La declaratoria oficial de guerra refleja la incapacidad del gobierno pastranista de conducir un proceso de paz con cambios democráticos. La oligarquía le impuso la guerra a una administración débil y sin alternativas para la solución política negociada.
Por la Unidad de Paz
Algunos columnistas de prensa y distintos sectores del país que no se han dejado atraer por los vientos de guerra, se preguntan cuándo será posible recomponer los diálogos de paz con las FARC-EP y por ende darle un viraje al proceso político colombiano, embarcado en una aventura belicista sin precedentes en los últimos años y sin importar el alto costo humano, político y social que implica tan nefasto propósito de la clase dominante.
Desde la ruptura de las negociaciones de paz, el pasado 20 de febrero, precipitada so pretexto del secuestro de un avión de Aires en el que se transportaba el senador Jorge Gechem Turbay, cuando se avanzaba en la Mesa del Caguán en la búsqueda de acuerdos humanitarios, precisamente para evitar que hechos como este se presentaran, desde el Gobierno Nacional y el alto mando militar, con el coro funesto de los grandes medios de comunicación, se ha venido adelantando un clima de guerra, pugnacidad y confrontación peligroso para la estabilidad del país. No se trata sólo de la "Operación Tanatos", que significa muerte (¡vaya nombre!), que se ha caracterizado por la acción de tierra arrasada en la antigua zona de distensión, en particular por los bombardeos indiscriminados y temerarios, que ya han dejado civiles muertos, entre estos dos niños, y destrozos en viviendas y propiedades de campesinos, sino también de la cacería de brujas en las ciudades, la declaratoria de teatros de operación en donde la autoridad civil prácticamente desaparece y es reemplazada por el oficial al mando y la preparación de otras medidas antidemocráticas que buscan ser recopiladas en el "estatuto antiterrorista", esperpento que multiplicará la violación de los derechos humanos y la persecución a los luchadores sociales y populares, incluidos en los objetivos de la lucha contrainsurgente. Es la experiencia de situaciones precedentes, en la cual los derechos conculcados y el terrorismo de Estado son la constante.
Actitud desvergonazada
Hasta dónde llega el frenesí guerrerista en las alturas del poder, que la decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de pedirle al presidente Bush que autorice nuevos fondos para la guerra en Colombia, fue saludada con aplausos en la Embajada colombiana en Washington, en el Palacio de Nariño y en el Ministerio de Defensa. El general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares, declaró, reconociendo de manera tácita la incapacidad de los militares colombianos, que con la ayuda de los Estados Unidos es el "comienzo del fin de la guerrilla".
En estas condiciones será muy difícil recomponer el proceso de paz con las FARC-EP, suspendido de manera formal el 20 de febrero pasado, por el presidente Pastrana, sin ni siquiera concederle a la guerrilla las 48 horas pactadas para que abandonaran la zona de despeje en una eventual ruptura de la negociaciones y suspensión de la zona desmilitarizada. Pasará, seguramente, mucho tiempo para que los representantes de las FARC-EP y del Gobierno Nacional de turno se vuelvan a sentar en la Mesa de Negociación en un clima de mutua confianza y de compromiso para buscar acuerdos de paz.
La ruptura de las negociaciones no compromete solamente al Gobierno Nacional sino también al Establecimiento y en últimas al Estado, porque todos sus representantes, imbricados en el régimen bipartidista, se unieron a la declaratoria de guerra. Pastrana convocó a la unidad nacional contra las FARC-EP y todos, solícitos, lo rodearon de apoyo con el argumento veintijuliero de que "la patria por encima de los partidos". El único candidato presidencial que no se unió a la banda de guerra fue Luis Eduardo Garzón del Frente Social Político. A los demás los unió el instinto de clase para defender el proyecto neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional. A la hora del te es el fondo del problema. El meollo del asunto. Seguramente ello estará colocado ahora dentro de la estrategia antiterrorista para frenar la movilización social en defensa de la educación y la salud, de las pensiones y contra la flexibilización laboral. Para la represión de la lucha popular también se utilizarán los dineros yanquis. ¡De eso tenemos que estar seguros!
El proceso de paz con las FARC-EP se acabó por substracción de materia. La decisión del presidente Pastrana no ocurrió antes, porque el mandatario estaba buscando la mejor oportunidad; una especie de buen pretexto que encontró en el secuestro del avión de Aires.
La incapacidad de Pastrana
En realidad, desde octubre del año pasado el presidente Pastrana había tomado la decisión de romper los diálogos de paz con las FARC-EP y acabar con la zona desmilitarizada. Pastrana había demostrado su incapacidad de enfrentar las presiones de los altos mandos militares, que una y otra vez lo amenazaban con la renuncia colectiva como ocurrió hace más de tres años con el liderazgo del ministro de Defensa de la época, Rodrigo Lloreda Caicedo, padre del actual Ministro de Educación.
El 28 de junio pasado, cuando sucedió el hecho histórico de la liberación de más de 350 soldados y policías retenidos por las FARC, el presidente Pastrana, desde la Base de Tolemaida, donde siempre se fraguaron las encerronas militares contra el poder civil, el mandatario hizo un discurso provocador y salido de tono para la feliz ocasión. Todo ello fue minando el proceso y concediéndole todo el espacio a los enemigos de la paz. La víspera del secuestro del avión de Aires, Pastrana anunció que se daban pasos en dirección de una tregua bilateral y de separación de las fuerzas guerrilleras y del Estado con el fin de asegurar el cese de fuegos, lo cual desató la reacción en contra del general Tapias y de los partidos tradicionales, incluyendo a los candidatos presidenciales, lo cual demostró que un acuerdo sostenible de paz era imposible. Pastrana, débil y asustadizo, escogió el camino de precipitar la ruptura. Es más, al momento de esta, el Grupo de Países Amigos y Facilitadores estudiaba una propuesta de tregua con buen ambiente en la insurgencia, en que además se pactaba el intercambio humanitario y la realización de la Conferencia Internacional sobre Narcotráfico. Por eso, Pastrana decidió el abrupto rompimiento y violó el acuerdo de dar las 48 horas de plazo. Así no habría oportunidad para la intervención de la ONU y los países amigos.
El Presidente no tenía alternativa, aún ni siquiera en el caso poco probable de una decisión unilateral de la guerrilla de cese de fuego como la que exigía la parte oficial. Si esta se hubiera presentado la situación no cambiaba, porque después de eso ¿qué? El Gobierno no tenía el más mínimo apoyo para avanzar en la negociación de la "Agenda Común", esto es, de los temas de fondo. En ese preciso momento el Establecimiento habría tenido que responder la pregunta directa de siempre del comandante Manuel Marulanda: ¿Entonces qué carajo es lo negociable? A lo largo de este Gobierno ha quedado claro que no hay ningún tipo de negociación social. Todo lo resuelve el poder por la vía del autoritarismo.
Quedó comprobado que la oligarquía colombiana pretende una paz gratis, sin cambios de fondo en la vida nacional. Esta mezquindad es la causa fundamental de la ruptura de las negociaciones. A Pastrana se le acabó el discurso, no tenía ninguna alternativa valedera para asegurar el éxito del proceso de paz. Y de no superarse será muy difícil la situación política negociada del conflicto. Se definirá con el triunfo de uno de los contrincantes como lo asegura el politólogo Alfredo Rancel. Pero ni siquiera así, porque en una hipotética derrota de la guerrilla, sino se resuelven las causas políticas, sociales, económicas e históricas del conflicto este podría repetirse en un ciclo sin solución final.
La única posibilidad a corto o mediano plazo de acercar a las FARC y el Gobierno, si este último lo quiere, es con los buenos oficios de la comunidad internacional para intentar el intercambio humanitario de militares, policías, congresistas, la candidata Ingrid Betancur y los guerrilleros prisioneros. Eso daría pequeños espacios de aproximación.
Son temas acerca de los cuales deben pronunciarse los candidatos presidenciales, de lo contrario el país quedará condenado a una larga etapa de violencia, que no estará exenta de mayor guerra sucia y terrorismo de Estado. No es casual que el Departamento de Estado gringo al tiempo que anuncia más ayuda económica para la guerra, le advierte al Estado que debe cortar de raíz los nexos de las Fuerzas Militares con las llamadas "AUC".