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Vale casi todo en el camino a las explosivas elecciones de Colombia
La carrera previa a los comicios parlamentarios de este domingo 10 de marzo
en Colombia está cargada de pólvora. Al temor del gobierno de
que las FARC vayan a incrementar su ofensiva militar para sabotear las elecciones,
el vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell, señaló
ayer "vamos a derrotar (a esa amenaza) no sólo con las acciones
de fuerza pública, sino con la masiva asistencia de los colombianos a
las urnas". La extrema derecha paramilitar declaró ya que apoyará
a los candidatos con una línea afín a su organización,
aludiendo de modo indirecto al candidato presidencial liberal disidente, Alvaro
Uribe Vélez, quien encabeza holgadamente las encuestas preelectorales.
A todo esto, las FARC continuaron su ofensiva militar con el secuestro de dos
personas, bloqueo de rutas y ataques explosivos contra seis torres de electricidad.
La tan ansiada ayuda militar norteamericana a Colombia ayer ganó el voto
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una resolución
que urgió al presidente George W. Bush a "enviar sin dilaciones"
una ley que contemple la asistencia militar antiinsurgencia.
A tres días de las elecciones legislativas en Colombia –donde se elegirán
268 congresistas–, los ánimos oficiales se preparaban a evitar el sabotaje
de las FARC, cuyas acciones violentas han venido en aumento progresivamente
desde antes de la ruptura de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés
Pastrana, el pasado 20 de febrero. Gustavo Bell advirtió que "seguramente
las FARC pretenderán incrementar sus acciones terroristas con miras a
las elecciones del domingo, pero para enfrentarlas el gobierno puso un gigantesco
plan de seguridad". El plan incluye más de 180 mil efectivos policiales
y soldados que vigilen lugares estratégicos en las zonas rurales y eviten
más ataques a las infraestructura. Ayer se explicaba parte de esa preocupación:
las FARC secuestraron a dos personas, destruyeron seis torres de energía
en el norte de Colombia, quemaron vehículos y bloquearon tres vías
estratégicas, en tanto que ocho guerrilleros y un militar murieron en
combates, en una nueva jornada de violencia según los informes policiales,
militares y testigos. Los rebeldes instalaron un retén en el puente Pesquería,
entre las poblaciones de Valledupar y Bosconia, departamento de Cesar (noreste),
donde secuestraron a dos personas. En un episodio aparte, cinco civiles resultaron
heridos de gravedad al explotar un campo minado en una zona rural de Yopal,
departamento de Casanare (este), según el comandante de la Segunda División
del Ejército, general Martín Carreño, quien responsabilizó
a las FARC. Los rebeldes de las FARC mantienen bloqueada, por segunda vez en
tres días, la principal carretera que comunica al centro con el oeste
de Colombia, en un punto entre las localidades de Cajamarca y Calarcá.
Además, seis torres de transmisión de electricidad fueron dinamitadas
en los departamentos de Bolívar y Sucre.
La ultraderecha también aspira a incidir, pero de otro modo. Las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar de 10.000 combatientes,
llamaron a apoyar a los candidatos que compartan la línea de la organización;
también dijeron que aspiran a captar a un 30 por ciento de las bancas.
Otro dato que tampoco dejó de sorprender fue la campaña proselitista
de los candidatos parlamentarios y cautivos de las FARC, los liberales Orlando
Bertrán, Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Gechen –cuyo secuestro
motorizó la ruptura del proceso de paz–, Consuelo González y el
conservador Oscar Lizcano. El presidente Andrés Pastrana reiteró
ayer su preocupación de que se postulen candidatos con alguna clase de
vínculo con grupos ilegales o de delincuencia organizada. Su gobierno
creó un comité para que investigue las denuncias que hubo sobre
compra de votos y jurados de votación como parte del plan de garantías
constitucionales. Además, a modo de incentivo, anunció un día
de vacaciones pagas para los que acudan a las urnas –siendo que Colombia suele
gozar de alto abstencionismo–.
La controvertida ayuda militar norteamericana en la lucha contra los rebeldes
–de la que Bush se abstuvo adscripto a los marcos de la ley que contempla la
ayuda en la lucha contra el narcotráfico– obtuvo un nuevo impulso ayer
cuando la Cámara de Representantes norteamericana votó una resolución
urgiendo al jefe de gobierno a que proponga una nueva ley que permita asistir
al gobierno colombiano en su guerra antiguerrillera. El ministro colombiano
del Interior, Armando Estrada, dijo que si llega la colaboración de Estados
Unidos, "habrá un éxito a corto plazo".