30 de enero del 2002
Argentina: propuesta para el debate de un grupo de economistas

Luego de la reunión realizada el 9 de enero pasado en Económicas, quedó planteada la necesidad de trabajar en la formulación de propuestas alternativas frente a la crisis. Con el siguiente documento pretendemos abrir el debate, subrayando que nuestras iniciativas se rigen por el principio de que el peso del extraordinario desastre desatado debe recaer enteramente sobre los capitalistas que fundieron al país y no sobre los trabajadores, los desocupados, los profesionales y los pequeños productores, comerciantes y ahorristas.

La crisis supera ampliamente las precedentes de 1975, 1981 o 1989 por la gran intensificación de la pobreza, el desmantelamiento industrial y la desintegración regional. Por otra parte, la depresión que atravesamos no es un resultado exclusivo de la "convertibilidad", el "modelo" o la "apertura" sino que expresa el efecto combinado de las convulsiones periódicas del capitalismo, de su inserción periférica y de la política neoliberal de la última década.
Nuestra iniciativa se hace eco de la revuelta popular que tumbó al gobierno hambreador y que continúa a través de las protestas y cacerolazos cotidianos.
Participamos activamente en la movilización popular y rechazamos el régimen político actual, que se basa en el gobierno por decreto al servicio de la clase dominante, en la delegación legislativa de poderes a los ejecutores del ajuste y en el mantenimiento de los jueces que garantizan impunidad a los saqueadores del tesoro nacional. Apoyamos las manifestaciones que golpean las puertas de los bancos y de las empresas privatizadas y alentamos la discusión de soluciones a la actual catástrofe social en las asambleas populares que surgen en distintos barrios y localidades. Nuestro punto de partida es la oposición total a las medidas que está implementando el gobierno ilegítimo que surgió de un contubernio en la Asamblea Legislativa.
Las siguientes caracterizaciones delinean la orientación de nuestras propuestas y constituyen una primera aproximación al programa que buscamos propiciar. Somos concientes que estas metas sólo podrán ser implementadas a través de una decidida profundización del proceso abierto en diciembre último. Además, creemos que las movilizaciones deben apuntar claramente a cambiar la dirección de las expropiaciones descargadas contra el bolsillo popular y hacerlas recaer sobre los capitalistas. Esta perspectiva debe orientar las luchas por el aumento de los salarios, el seguro de desempleo y la devolución de los depósitos que se quieren confiscar. Pero, al mismo tiempo afirmamos que la solución de las aspiraciones del conjunto de la sociedad sólo podrá ser alcanzada en el contexto de una transformación socialista.
1) La devaluación fue dispuesta para perpetrar una nueva transferencia regresiva de los ingresos a favor de la clase dominante y su efecto se traducirá en el encarecimiento de los alimentos, los remedios y los bienes de consumo básicos. Si la cotización del dólar libre continúa disparándose comenzará una escalada inflacionaria que provocará mayores sufrimientos al pueblo. El panorama es ya aterrador, porque los 14 millones de pobres con ingresos familiares inferiores a 460 pesos mensuales incluyen 4,5 millones de indigentes que apenas pueden adquirir una canasta de alimentos esenciales valuada en 70 pesos. Se estima que si el aumento de los precios llega al 10% el número de pobres se ampliará en 1,3 millones de personas y si el incremento trepa al 30% la nueva pauperización afectará a 3,7 millones de habitantes.
Semejante descenso al infierno de la miseria no puede ser atenuado por el gobierno devaluacionista que precipitó la nueva escalada de sufrimientos populares. Sus medidas de control de precios serán inefectivas frente al aumento de los bienes industriales y agropecuarios y ya ha aparecido el desabastecimiento de artículos e insumos indispensables. La especulación cambiaria resurgió a pleno y es financiada por el propio Banco Central con la venta subsidiada de divisas a las casas de cambio. Las disposiciones para limitar el desempleo encareciendo los despidos resultan insustanciales en el marco de la hiper-desocupación actual y del contexto de congelamiento salarial, que aprueban las bancadas mayoritarias del parlamento.
El "seguro de empleo y formación" de 150 pesos que prepara el gobierno es una burla de la demanda de 450 pesos que se planteó en la reciente consulta popular. En nuestra opinión, la eliminación inmediata de la pobreza es factible, pero depende de una reorganización planificada de la producción y de una redistribución contundente del ingreso y no de expectativas en la futura reinversión empresaria. Serán los propios trabajadores y no la clase dominante los artífices de un "círculo virtuoso de crecimiento" favorable al pueblo.
Frente a la dramática situación actual nuestra propuesta es sencilla y contundente: establecer un inmediato seguro de desempleo de 500 pesos, mientras se reduce la jornada laboral, se reparten las horas de trabajo existentes y se contratan nuevos empleados. Esta medida junto a la fijación de un salario mínimo y universal de 600 pesos permitiría comenzar a recomponer el poder adquisitivo, en la perspectiva de alcanzar a la brevedad un piso salarial equivalente al costo de la canasta familiar de 1.030 pesos. Además, las jubilaciones mínimas deben ser elevadas a 450 pesos y este monto debe alcanzar también a todas las personas mayores de edad que carecen de cobertura de la seguridad social. Por supuesto que se plantea el problema de la financiación de estas medidas.
Proponemos tres vías de recaudación de los fondos requeridos para este plan: la suspensión total del pago de la deuda externa, el establecimiento de impuestos inmediatos a las grandes fortunas y la restauración de los aportes previsionales. En los últimos presupuestos nacionales se contemplaban 9.000 millones de pesos anuales para el pago de la deuda y esta cifra supera los 5.000 millones en la propuesta elaborada para el 2002.
En materia impositiva se puede establecer un gravamen equivalente al 10% de los activos de las cien empresas de mayor facturación y otro 5 % a las compañías con ventas superiores a los 5 millones de pesos y una imposición especial a las ganancias obtenidas por los rentistas. En los casos necesarios y para impedir elusiones, el impuesto sobre los activos será sustituido por un suplementario extraordinario a las ganancias o a las ventas de las empresas. Estos gravámenes permitirían recaudar 20.000 millones de pesos. Asimismo, debería establecerse una tasa del 30 % sobre el capital radicado en el exterior que no tenga el carácter de inversión directa, afectándose los bienes registrados en el país para el cumplimiento de esta obligación.
En tercer lugar pensamos que la inmediata eliminación de las AFJP y el establecimiento de un sistema único de jubilaciones solidarias en base a la restauración de los aportes patronales, facilitará la recuperación de 4.000 millones de pesos anuales para el fisco. De igual manera, deben eliminarse exenciones, diferimentos y subsidios que favorecen a grupos capitalistas y empresas privatizadas. De la suma de estas tres fuentes de financiamiento, junto al conjunto de medidas que se exponen en este documento surgirán los fondos iniciales para enfrentar la emergencia social.
2) El corralito que instauró Cavallo para socorrer a los banqueros a costa de los pequeños ahorristas se ha convertido ya en un inocultable instrumento de expropiación de la clase media. Para proteger a los bancos se paralizó primero toda la actividad financiera y se reforzó luego el cerrojo con mayores limitaciones a la extracción de fondos.
Duhalde mintió al prometer que los depósitos serían "devueltos a su moneda original". De los bancos ya no sale un solo dólar y es inminente la pesificación forzosa de todos los depósitos, es decir su confiscación explícita. Cuánto más trepa la cotización del dólar más se afianza la estafa a los pequeños ahorristas, que recibirán pesos devaluados o certificados desvalorizados por las sumas que entregaron a los bancos.
Un primer cálculo que hemos realizado de esta expropiación en términos financieros indica que rondaría el 50% del valor actual de los depósitos, es decir 23.000 millones de dólares.
Las entidades financieras, que han sido el canal para la fuga de más de 20.000 millones de dólares en el 2001, deben ser conminadas a la devolución de los depósitos mediante el cobro anticipado del crédito a las grandes empresas (las grandes firmas tienen deudas bancarias que cubrirían el valor de los depósitos pequeños y medianos), con aportes suministrados por las casas matrices e incluso con su capital propio. Se estima que sólo el patrimonio de los bancos extranjeros totaliza los 6.200 millones de pesos.
Se afirma que frente a esta exigencia, las entidades extranjeras se irían del país y las nacionales se declararían en quiebra. Si optan por este camino habría que proceder a la inmediata confiscación de todos los bienes vinculados a estas instituciones. Quiénes se van deberán dejar todos sus activos incluyendo las propiedades directas, encubiertas y asociadas Pensamos que de ninguna manera la sociedad puede asumir los costos de los quebrantos bancarios mediante el recurso de la licuación de sus pasivos por la vía inflacionaria o de una nacionalización ruinosa de estas entidades. Esta solución es tan nefasta como la extranjerización completa ("off-shorización") que promueven otros grupos financieros, porque su costo será descomunal para el país. El socorro a los bancos insumió un gasto equivalente al 25% del PBI mexicano luego de la crisis de 1994, del 16 % del PBI coreano y del 40% del PBI indonesio luego de desplome asiático de 1997-98. En el caso argentino ya hubo un precedente cercano luego del tequila, pero en el estado actual de las finanzas públicas este rescate propinaría el tiro de gracia a la economía nacional.
4) La otra cara del corralito incluye a la masa de individuos que se endeudaron para comprar algún bien. Pero, como se señaló, el grueso de los deudores son empresas, que al cabo de cuatro años de depresión enfrentan graves dificultades para pagar los créditos que obtuvieron. El gobierno afirma que la cobranza acelerada de estos préstamos para liberar el corralito provocaría la quiebra generalizada de las empresas.
Pero si las empresas quiebran: ¿quién debe pagar los platos rotos? ¿Sus dueños o el resto de la sociedad ? ¿Quién es responsable de la caída, los propietarios o los empleados?. ¿Es posible que los grandes capitalistas del país tengan el mismo trato que deben recibir las pequeñas empresas?.
Como en el caso de los banqueros, el gobierno se dispone a obligar al pueblo a pagar también esta factura. Los hombres del gobierno trabajan para generalizar la licuación de pasivos iniciada con la devaluación.
Los destinatarios de la "nueva alianza productiva" propuesta por Duhalde son Macri, Soldati, Eurenkian, Techint, Bridas, Perez Companc y todos los grupos que hicieron fortunas limpiando en los 80 sus pasivos con el proceso inflacionario. Gran parte de los capitalistas que vendieron sus empresas en la última década e invirtieron en el exterior se preparan, además, para liderar el negocio de la compra devaluada de activos.
Todos estos grupos negocian en secreto y al más alto nivel la pesificación de sus deudas, esperando el momento apropiado para sancionar las leyes que convaliden esta estafa. Mientras se organiza este salvataje, el gobierno dejó de lado a los deudores no bancarizados provocando todo tipo de arbitrariedades entre la clase media endeudada por la compra de un departamento, un auto o material de trabajo. A los pequeños deudores les espera la misma confiscación que a los pequeños acreedores, porque forman parte del mismo sector golpeado por un gobierno que se ha fijado el objetivo de socorrer a las grandes empresas capitalistas.
Frente a esta situación proponemos que los industriales reciban el mismo trato que los banqueros, es decir que respondan con su patrimonio, sus inversiones en el exterior, sus fortunas personales y sus testaferros por la deudas que mantienen con los bancos. Debe procederse a la cancelación anticipada de los créditos de las grandes compañías que concentran la mitad del total de los préstamos del sistema. Si la empresa amenaza con cierres y despidos debe ser nacionalizada e incorporada a un nuevo sector público de propiedad colectiva y gestión democrática bajo control de los trabajadores y el pueblo basada en claras prioridades de inversión, ahorro y consumo, democráticamente discutidos y aprobados por la población.
5) La cesación de pagos en que se encuentra la Argentina confirma la total inutilidad del sacrificio realizado por el pueblo durante años para cumplir con los pagos de la deuda pública. Está a la vista la imposibilidad de hacer frente a vencimientos de intereses que triplicaban los gastos de administración del gobierno e insumía seis veces más fondos que la asistencia social y 23 veces más recursos que los planes de empleo. Además, ya no pueden ser refinanciados con nuevas privatizaciones porque el patrimonio del estado ha sido totalmente rematado.
Numerosas investigaciones demuestran que el grueso de la deuda fue en su origen fraudulenta y careció de contrapartida en inversiones productivas, es decir que fue el resultado de maniobras especulativas que enriquecieron a los acreedores y a sus socios locales. Por eso reiteramos aquí el reclamo básico, ya compartido por gran parte de la población de una suspensión inmediata de los pagos de la deuda que en gran parte se compone de títulos que están en manos de los capitalistas argentinos. Esta suspensión debe ser complementada con el abandono de todas las negociaciones con el FMI, el desconocimiento definitivo de todos los pasivos fraudulentos, la renegociación de líneas de crédito vinculadas a transacciones comerciales prioritarias y el establecimiento de un sistema futuro de pago sólo acotado a los pequeños tenedores nacionales de títulos. Todas las alternativas que se han ensayado para evitar esta salida llevaron al desastre actual. El plan Brady y las sucesivas reducciones de intereses y ampliaciones de los plazos de pago sólo condujeron a engrosar el pasivo y a condicionar toda la actividad económica a exigencias de los acreedores.
Este mismo camino está recorriendo nuevamente el gobierno, cuando en pleno default acelera las negociaciones con el FMI para fijar un nuevo cronograma de pagos. Buscan retomar el rumbo que trazó Cavallo con el canje de los títulos en manos de los acreedores externos y el reconocimiento de los nuevos bonos entregados a las AFJP y los bancos locales. Para asegurar este continuismo Duhalde ha colocado al frente del Banco Central a un representante directo del FMI.
A esta altura resulta indispensable admitir que las dificultades que ocasionaría el desconocimiento de la deuda serían muy inferiores a los padecimientos que genera la continuidad de su pago. ¿Qué escenario peor al actual podría desatar una moratoria? ¿Mayor corte del crédito internacional interrumpido desde hace más de un año? ¿Mayor ausencia de inexistentes inversiones? ¿Mayor aumento del riesgo país? ¿Incautación de los irrelevantes bienes públicos en el exterior? Todos los fantasmas anunciados ante un eventual desconocimiento de la deuda ya se han materializado por haber evitado esta decisión. Llegó el momento de iniciar otro camino: una emancipación de los acreedores de la deuda externa -incluyendo a aquéllos que residen en el país- que contará con la solidaridad de todos los pueblos del mundo sometidos a las mismas cadenas. La sublevación popular que existe en nuestro país ha provocado una gran conmoción internacional y un gran temor al "contagio político del ejemplo argentino" entre los acreedores. Estas condiciones favorecen la implementación inmediata de la decisión soberana del no pago.
6) El desconocimiento de la deuda permitiría una reformulación total del nuevo presupuesto 2002, debatido por la población y sin ninguna supervisión de técnicos del FMI. El proyecto oficial abandona el "déficit cero" pero no el principio de ajustar sueldos, jubilaciones y partidas provinciales en función de la recaudación, porque contempla la prioridad de pago de 5.275 millones de pesos de intereses de la deuda a organismos internacionales y acreedores locales. Por eso convalida el recorte que hizo Cavallo del 13% de los salarios y lo extiende a todo el ejercicio. En las partidas de educación no se contempla el pago del incentivo docente y se perpetúa el desfinanciamiento del PAMI y de los hospitales públicos. Pero como la devaluación ha iniciado un proceso inflacionario y la recaudación seguirá cayendo durante la recesión récord del semestre en curso, el recorte presupuestario del 2002 será muy superior a todo lo conocido. Por eso pensamos que cualquier plan fiscal debería adaptarse a los objetivos enunciados anteriormente:
aumento salarial y seguro al desocupado financiado con el desconocimiento de la deuda y los impuestos al gran capital.
7) En medio del desangre económico que sufre el país, las empresas privatizadas continúan gozando de los grandes beneficios que le brindó su apropiación de los resortes estratégicos del proceso productivo. El impuesto a las compañías petroleras para socorrer a los bancos se mantiene tan indefinido y la renegociación de las tarifas de los servicios públicos ya quedó abierta durante el reciente tratamiento parlamentario del tema. Las compañías y sus representantes diplomáticos (desde embajadores hasta presidentes) ejercen una presión descarada para amortiguar las retenciones a las exportaciones petroleras, exigir seguros de cambios y compensaciones tarifarias. Pero la mentalidad colonial y la aceptación del trato servil ya es tan común entre los funcionarios, que nadie repudia esta ingerencia en las decisiones económicas del país.
Las compañías privatizadas no han abandonado su proyecto de dolarizar la economía para continuar remitiendo utilidades al exterior. Simplemente apuestan a reintroducirlo a otra paridad como en Ecuador luego de un caos inflacionario. Mientras preparan esta nueva versión de la convertibilidad, trabajan en lo inmediato en planes de indexación tarifaria.
Las nefastas consecuencias de las privatizaciones están a la vista. Las compañías lograron una inédita acumulación de beneficios a costa del resto del país. Adquirieron las empresas por sumas irrisorias, introdujeron inversiones mínimas en algunos sectores y vaciaron las empresas en otras ramas. Se apropiaron de la renta petrolera, destruyeron los ferrocarriles, liquidaron las aerolíneas, estafaron a los transportistas con los peajes, encarecieron los teléfonos, el agua y la electricidad. Cómo ya usufructuaron abusivamente de contratos fraudulentos, llegó la hora de poner fin a esta depredación para iniciar la reconstrucción económica del país.
Un programa de emergencia que represente los intereses de los trabajadores debería propiciar la reestatización de las empresas privatizadas sin ningún tipo de indemnización a fin de remodelar por completo su funcionamiento al servicio del país, abaratando las tarifas (actualmente impagables y en mora generalizada), asegurando la inversión y reciclando las ganancias y la renta dentro del circuito productivo nacional. La reestatización es indispensable, porque las empresas se especializan en burlar todas las formas de control y regulación de su actividad y porque resulta imposible desenvolver un plan económico popular sin el manejo estatal de las compañías estratégicas. Para evitar el retorno a la experiencia pasada de burocratización, corrupción y enriquecimiento de grupos asociados a las empresas públicas, proponemos la introducción de nuevas formas de gestión democrática, basadas en la participación directa de los trabajadores y usuarios.
8) Entre otras medidas, un programa de emergencia debería asegurar un manejo centralizado del comercio exterior y el control de cambios.
También resulta imperiosa la reestructuración de las economías regionales sacudidas por la decadencia productiva, la indigencia y la situación generalizada de endeudamiento y asfixia impositiva de los pequeños productores. Asimismo creemos que debería establecerse una inmediata reducción de las tasas del IVA. Finalmente, los impuestos al capital que aquí se proponen deben ir de la mano de una reformulación total de la estructura impositiva que, entre otras cosas, erradique la escandalosa evasión de 20.000 millones de dólares al año.
8) Las propuestas presentadas a través de este documento constituyen sólo un punto de partida de la discusión realizada el 9 de enero pasado en Económicas. Buscamos alentar la elaboración de programas concretos en cada uno de los temas genéricamente abordados en este primer análisis.
Durante los últimos años de neoliberalismo, la profesión de los economistas quedó identificada con la actividad de los gurúes, técnicos y hombres de negocios que aparecen en los medios de difusión para justificar los atropellos contra el pueblo. Nos proponemos transformar por completo esta imagen, demostrando que existen economistas críticos del capitalismo, que trabajan en abierta oposición a las fundaciones de la clase dominante. Nos ubicamos junto a las reindicaciones de los trabajadores, las demandas de los piqueteros, las movilizaciones de la juventud y los reclamos de la clase media, que han confluido en un proceso extraordinario de luchas que cambiará el futuro de la Argentina.
 
LUIS BECERRA. ALBERTO BONNET. ALFONSO FLORIDO. GUILLERMO GIGLIANI. CLAUDIO KATZ. JORGE MARCHINI. ALBERTO TESZKIEWICZ.