�QUIEN
SE OPONE A LA PAZ EN COLOMBIA?
Teresa
Sagrado (Grupo Colombia Sodepau Valencia)
Hace tres a�os que se iniciaron
estos di�logos en una zona de despeje de 42.000 Km cuadrados en el sur de Colombia
(Cag�an) despertando la esperanza de una posible salida negociada a los conflictos
que atenazan a este pa�s desde hace m�s de 4 d�cadas. Durante los primeros a�os
se mantuvieron diversas reuniones entre los interlocutores de ambas partes para
elaborar un "Agenda Com�n para el Cambio" cuyo encabezamiento rezaba: Se buscar�
una soluci�n pol�tica al grave conflicto social y armado que conduzca hacia
una nueva Colombia, por medio de las transformaciones pol�ticas, econ�micas
y sociales
que permitan consensos para la construcci�n de un nuevo Estado fundamentado
en la Justicia Social...." y aseguraba: " En la medida en que se avance en la
negociaci�n, se producir�n hechos de paz....".
Sin embargo, a pesar
de la buena voluntad expresada sobre el papel, la realidad es que no se han
conseguido avances significativos en ninguno de los 12 puntos de la agenda original;
muy al contrario, en este tiempo se ha observado un empeoramiento de las condiciones
de vida y de seguridad de los/as colombianos/as y una precarizaci�n de las oportunidades
de futuro tanto individuales como colectivas en todo el pa�s.
La criminalizaci�n
de las protestas sociales que surgen como respuesta a la imposici�n de las pol�ticas
neoliberales, la contrareforma agraria, la privatizaci�n de los recursos naturales
y de los servicios sociales, la injusta distribuci�n de las riquezas nacionales,
la eliminaci�n de la oposici�n pol�tica, la falta de garant�as judiciales y
procesales, la destrucci�n del tejido social, la
permisividad manifiesta ante la actividad de los grupos paramilitares, la corrupci�n
institucional y el abuso de poder, son algunos de los hechos que demuestran
que hace falta algo m�s que buenas palabras para lograr un cambio sustancial
en las ra�ces del conflicto.
A lo largo de estos
a�os, se ha podido observar como la cifra de homicidios aumentaba de forma imparable
(m�s de 30.000 al a�o) as� como las denuncias por torturas y por desapariciones
forzadas, la mayor�a de las cuales se cometen al margen del conflicto armado
(85% de las v�ctimas son civiles inermes), lo que deber�a hacernos reflexionar
sobre donde se encuentra el verdadero problema en Colombia, en vez de centrar
el drama colombiano en la existencia de grupos insurgentes.
El siempre delicado
estado de los di�logos de paz entre Gobierno y FARC-EP; y la inexistencia de
di�logo con otras fuerzas insurgentes del pa�s o con la sociedad civil (que
no se siente representada por el Gobierno), es fruto de la falta de voluntad
real de hacer cambios profundos, lo que conllevar�a la eliminaci�n de los privilegios
de las �lites, una participaci�n real de la
poblaci�n en la conducci�n del pa�s y la liberaci�n de la injerencia estadounidense
en los asuntos del estado colombiano, mientras que la situaci�n de rompimiento
en el momento actual bien podr�a circunscribirse en la escala de "efectos colaterales
del 11 de septiembre", ya que a ra�z de estos acontecimientos se han aprobado
cerca de 50 millones de d�lares para reforzar a las unidades antisecuestro Gaula
y para aumentar el seguimiento y trabajo de inteligencia sobre los grupos guerrilleros,
as� como el planteamiento de utilizar, ya de forma abierta, a las unidades antinarc�tico
y la financiaci�n del Plan Colombia para la lucha contrainsurgente amparados
por la "doctrina de defensa" que actualmente esta en vigor en las leyes estadounidenses
y
por la nueva estrategia de lucha mundial antiterrorista.
Las cartas est�n
echadas y el d�a 20 de Enero termina el plazo dado por el presidente Pastrana
para la continuaci�n del proceso. El Gobierno pide a las FARC-EP que acepten
la medidas de control en la zona perif�rica del Cag�an y se establezcan plazos
concretos de discusi�n sobre el secuestro de personas, los ataques contra la
poblaci�n civil y la destrucci�n de infraestructuras, manifestando su voluntad
de continuar con los di�logos si la insurgercia demuestra un "cambio de actitud".
Las FARC-EP, por su parte, insisten en que ellos no se han levantado de la mesa
de negociaci�n y piden al Gobierno que cesen lo sobrevuelos sobre las zona de
despeje, que se eliminen los retenes militares y paramilitares que cercan la
zona y que impiden el paso a cuidadanos extranjeros y poblaci�n colombiana,
as� como una aclaraci�n oficial sobre el calificativo de
"grupo terrorista" con que los ha definido el gobierno de los EEUU. En ese mismo
comunicado reiteran su voluntad de continuar los di�logos aceptando la ayuda
de personalidades y organismos internacionales para salvar el proceso.
No parecen exigencias
muy dif�ciles de alcanzar si se compara con la ardua tarea de dotar de contenido
los puntos de la Agenda Com�n para el Cambio, por lo que quiz�s sea �ste el
verdadero motivo de la ruptura, no llegar nunca al verdadero ojo del hurac�n,
ya que estos cambios, de lograrse, supondr�an un verdadero revulsivo para otros
pa�ses de la regi�n Andina y del resto del mundo y frustrar�an los planes de
EEUU para la zona, frenando su carrera hacia su hegemon�a mundial.
A pesar de todo
ello, abogamos por una salida negociada como la soluci�n m�s sensata al conflicto
armado y social que vive Colombia desde hace m�s de 40 a�os, haciendo hincapi�
en que, mientras duran las conversaciones, se debe dar m�xima prioridad a la
salvaguardia de los derechos humanos y al cumplimiento de las recomendaciones
que en esa materia ha elaborado Naciones Unidas, sobretodo en lo que respecta
al desmantelamiento de los grupos paramilitares, la depuraci�n de las Fuerzas
Armadas y a la necesidad de una justicia efectiva que elimine la impunidad;
y aceptando que es necesario realizar profundas reformas estructurales que sirvan
de base para construir un pa�s nuevo, basado en la justicia social y en el respecto
por los derechos humanos, sociales, pol�ticos, econ�micos y medioambientales
de todos los/as colombianos
http://www.sodepaz.org/colombia