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Julio 10, 2025
Latinoam�rica

�QUIEN SE OPONE A LA PAZ EN COLOMBIA?
Teresa Sagrado (Grupo Colombia Sodepau Valencia)

Hace tres a�os que se iniciaron estos di�logos en una zona de despeje de 42.000 Km cuadrados en el sur de Colombia (Cag�an) despertando la esperanza de una posible salida negociada a los conflictos que atenazan a este pa�s desde hace m�s de 4 d�cadas. Durante los primeros a�os se mantuvieron diversas reuniones entre los interlocutores de ambas partes para elaborar un "Agenda Com�n para el Cambio" cuyo encabezamiento rezaba: Se buscar� una soluci�n pol�tica al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por medio de las transformaciones pol�ticas, econ�micas y sociales
que permitan consensos para la construcci�n de un nuevo Estado fundamentado en la Justicia Social...." y aseguraba: " En la medida en que se avance en la negociaci�n, se producir�n hechos de paz....".
Sin embargo, a pesar de la buena voluntad expresada sobre el papel, la realidad es que no se han conseguido avances significativos en ninguno de los 12 puntos de la agenda original; muy al contrario, en este tiempo se ha observado un empeoramiento de las condiciones de vida y de seguridad de los/as colombianos/as y una precarizaci�n de las oportunidades de futuro tanto individuales como colectivas en todo el pa�s.
La criminalizaci�n de las protestas sociales que surgen como respuesta a la imposici�n de las pol�ticas neoliberales, la contrareforma agraria, la privatizaci�n de los recursos naturales y de los servicios sociales, la injusta distribuci�n de las riquezas nacionales, la eliminaci�n de la oposici�n pol�tica, la falta de garant�as judiciales y procesales, la destrucci�n del tejido social, la
permisividad manifiesta ante la actividad de los grupos paramilitares, la corrupci�n institucional y el abuso de poder, son algunos de los hechos que demuestran que hace falta algo m�s que buenas palabras para lograr un cambio sustancial en las ra�ces del conflicto.
A lo largo de estos a�os, se ha podido observar como la cifra de homicidios aumentaba de forma imparable (m�s de 30.000 al a�o) as� como las denuncias por torturas y por desapariciones forzadas, la mayor�a de las cuales se cometen al margen del conflicto armado (85% de las v�ctimas son civiles inermes), lo que deber�a hacernos reflexionar sobre donde se encuentra el verdadero problema en Colombia, en vez de centrar el drama colombiano en la existencia de grupos insurgentes.
El siempre delicado estado de los di�logos de paz entre Gobierno y FARC-EP; y la inexistencia de di�logo con otras fuerzas insurgentes del pa�s o con la sociedad civil (que no se siente representada por el Gobierno), es fruto de la falta de voluntad real de hacer cambios profundos, lo que conllevar�a la eliminaci�n de los privilegios de las �lites, una participaci�n real de la
poblaci�n en la conducci�n del pa�s y la liberaci�n de la injerencia estadounidense en los asuntos del estado colombiano, mientras que la situaci�n de rompimiento en el momento actual bien podr�a circunscribirse en la escala de "efectos colaterales del 11 de septiembre", ya que a ra�z de estos acontecimientos se han aprobado cerca de 50 millones de d�lares para reforzar a las unidades antisecuestro Gaula y para aumentar el seguimiento y trabajo de inteligencia sobre los grupos guerrilleros, as� como el planteamiento de utilizar, ya de forma abierta, a las unidades antinarc�tico y la financiaci�n del Plan Colombia para la lucha contrainsurgente amparados por la "doctrina de defensa" que actualmente esta en vigor en las leyes estadounidenses y
por la nueva estrategia de lucha mundial antiterrorista.
Las cartas est�n echadas y el d�a 20 de Enero termina el plazo dado por el presidente Pastrana para la continuaci�n del proceso. El Gobierno pide a las FARC-EP que acepten la medidas de control en la zona perif�rica del Cag�an y se establezcan plazos concretos de discusi�n sobre el secuestro de personas, los ataques contra la poblaci�n civil y la destrucci�n de infraestructuras, manifestando su voluntad de continuar con los di�logos si la insurgercia demuestra un "cambio de actitud".
Las FARC-EP, por su parte, insisten en que ellos no se han levantado de la mesa de negociaci�n y piden al Gobierno que cesen lo sobrevuelos sobre las zona de despeje, que se eliminen los retenes militares y paramilitares que cercan la zona y que impiden el paso a cuidadanos extranjeros y poblaci�n colombiana, as� como una aclaraci�n oficial sobre el calificativo de
"grupo terrorista" con que los ha definido el gobierno de los EEUU. En ese mismo comunicado reiteran su voluntad de continuar los di�logos aceptando la ayuda de personalidades y organismos internacionales para salvar el proceso.
No parecen exigencias muy dif�ciles de alcanzar si se compara con la ardua tarea de dotar de contenido los puntos de la Agenda Com�n para el Cambio, por lo que quiz�s sea �ste el verdadero motivo de la ruptura, no llegar nunca al verdadero ojo del hurac�n, ya que estos cambios, de lograrse, supondr�an un verdadero revulsivo para otros pa�ses de la regi�n Andina y del resto del mundo y frustrar�an los planes de EEUU para la zona, frenando su carrera hacia su hegemon�a mundial.
A pesar de todo ello, abogamos por una salida negociada como la soluci�n m�s sensata al conflicto armado y social que vive Colombia desde hace m�s de 40 a�os, haciendo hincapi� en que, mientras duran las conversaciones, se debe dar m�xima prioridad a la salvaguardia de los derechos humanos y al cumplimiento de las recomendaciones que en esa materia ha elaborado Naciones Unidas, sobretodo en lo que respecta al desmantelamiento de los grupos paramilitares, la depuraci�n de las Fuerzas Armadas y a la necesidad de una justicia efectiva que elimine la impunidad; y aceptando que es necesario realizar profundas reformas estructurales que sirvan de base para construir un pa�s nuevo, basado en la justicia social y en el respecto por los derechos humanos, sociales, pol�ticos, econ�micos y medioambientales de todos los/as colombianos
http://www.sodepaz.org/colombia


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