29 de enero del 2002

Archivan tribunales castrenses casos de soldados que abusaron sexualmente de mujeres

México: Quedan sin castigo
las violaciones de militares a indígenas

Rosa Rojas, La Jornada

Las agresiones sexuales cometidas por elementos del Ejército contra mujeres indígenas, denunciadas ante autoridades mexicanas y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, apuntan hacia la impunidad.

Tres botones de muestra paradigmáticos, porque las denuncias son la excepción: tres hermanas tzeltales violadas tumultuariamente en Chiapas, en un retén militar en 1994; el de Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, ultrajadas en Zopilotepec, municipio de Atlixtac, Guerrero, en 1997; el de Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, violadas en 1999 en Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, también en Guerrero, episodio en el que además dos civiles fueron ultimados por los militares.
En los tres casos la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha quedado en entredicho. En el primero acabó siendo coacusada, junto con los militares violadores, informó Martha Figueroa, del Colectivo Grupo de Mujeres de San Cristóbal. En los otros dos, integrantes del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (IGDH) manifestaron que el personal de dicha institución actuó durante las investigaciones "como si fueran defensores de los militares violadores".
En Zopilotepec la CNDH propuso una "amigable composición" y ni siquiera tomó en cuenta los exámenes ginecológicos que hizo el médico legista a las mujeres; sin embargo, tomó como válida la afirmación de la Procuraduría de Justicia Militar en el sentido de que las indígenas no habían sido violadas, "pues no existía prueba alguna" de que habían sido objeto de abuso sexual.
Respecto a la "amigable composición", el Centro Pro señaló: "Varios organismos de derechos humanos se manifestaron inconformes con la sugerencia, pues desprecia totalmente el sufrimiento emocional y psicológico de las víctimas". Aun de acuerdo con el propio criterio de la CNDH, una "amigable composición" no es posible en violaciones graves a derechos humanos.

Silencio de la CNDH

En relación con las violaciones y homicidios ocurridos en Barrio Nuevo, hasta el momento la CNDH no se ha pronunciado, aun cuando en marzo de 2001 el entonces secretario general de Amnistía Internacional (AI), Pierre Sané, le entregó el expediente del mismo al presidente Vicente Fox y le solicitó acatar las recomendaciones formuladas por el relator especial sobre Tortura de las Naciones Unidas, Nigel Rodley, tras su visita a México en 1997, en el sentido de que "las violaciones a los derechos humanos de civiles cometidas por militares sean sujetas a la justicia civil".
La Red de Organizaciones de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos mantiene este caso en su "galería de la impunidad", en Internet. Amnistía Internacional lo incluyó en tres de sus informes de marzo de 2001: México, casos de tortura, clamor porque se haga justicia; en el de Casos de acción sobre mujeres de México y el mundo, y en el informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres a nivel internacional Cuerpos rotos, mentes destrozadas. Torturas y malos tratos a mujeres.

Ninguna investigación efectiva

Amnistía Internacional consignó que Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años de edad, y Francisca Santos Pablo, de 33, salieron de sus casas el 21 de abril de 1999 por la mañana en busca de Antonio Mendoza Olivero, de 10 años y nieto de Victoriana, y Evaristo Albino Téllez, de 27 años, cuñado de Francisca. No los habían visto desde que se marcharon a la cosecha, el día anterior. "Cuando llegamos a la milpa nos dimos cuenta de que había un campamento de militares. Tratamos de correr, pero nos descubrieron y alcanzaron. Nos llevaron hacia unas casas abandonadas y ahí nos violaron", dijo Victoriana Vázquez.
Las dos mujeres contaron que unos soldados armados las habían arrojado al suelo, les ataron las manos a la espalda y les arrancaron la falda. Tres soldados violaron a Victoriana Vázquez, mientras otros arrastraron a Francisca Santos hasta un barranco cercano, donde perdió el conocimiento y fue abusada sexualmente.
Victoriana Vázquez y Francisca Santos no supieron hasta el 7 de mayo de 1999 que Antonio Mendoza y Evaristo Albino habían muerto a manos de unos soldados. A finales de febrero de 2001, Amnistía Internacional no tenía ninguna noticia de que se hubiera emprendido una investigación efectiva sobre los homicidios. Las dos mujeres, indígenas mixtecas que no hablan español, rindieron testimonios ante el Ministerio Público a través de un intérprete el 8 de mayo de 1999. No acudieron antes debido al trauma sufrido y por temor a represalias.
"El 26 de mayo de 1999 el Ministerio Público trasladó el caso a los tribunales militares, infringiendo de ese modo las normas internacionales y la legislación mexicana, que disponen que la autoridad competente en casos de violaciones de derechos humanos en que están implicadas las fuerzas de seguridad es la autoridad civil. El sistema de justicia militar carece de imparcialidad, competencia e independencia, cuando se ocupa de violaciones a derechos humanos. Según los informes, los tribunales castrenses han archivado la causa sin haber procesado a nadie", señaló AI.
Agregó: "En Guerrero hay una fuerte presencia militar, aparentemente para combatir a grupos armados de oposición y el narcotráfico. A lo largo de los años ha habido persistentes denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, fundamentalmente contra miembros de la población indígena". La Jornada solicitó tanto a la CNDH como a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre las investigaciones relacionadas con este caso, pero no hubo respuesta.
Casiana Nava, integrante del Centro Morelos y quien acompañó a la reportera a Zopilotepec, mencionó que Aurelia Méndez y Delfina Flores "venían a hacer la denuncia de la aprehensión de sus esposos, pero no a presentar la queja por la violación, porque no sabían que eso se podía castigar. Estaban conscientes de que al decir eso a sus esposos y a la comunidad las iban a rechazar. Tras hacer públicos los hechos, otras mujeres de Zapotitlán Tablas dieron a conocer que habían sufrido hechos similares. Ellas tenían conocidas que también habían sido violadas. Sin embargo, ya habían pasado dos meses de los abusos, por lo que ya no se llevó a cabo la denuncia, pero a partir de ahí nos hemos dado cuenta que las violaciones sexuales por parte del Ejército son frecuentes en las comunidades".

Abusos en un retén de soldados

En el caso de las indígenas tzeltales violadas en un retén militar en Chiapas, en 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en su informe 53/01 de marzo de 2001 que el gobierno mexicano es responsable de tortura y violaciones al derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, por lo que recomendó investigar este caso "de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana". Empero, continúa negándose a cumplir la recomendación.
Según Martha Figueroa, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas le notificó que recibió una solicitud de la Procuraduría Militar para que la auxilie en la realización de algunas diligencias en la investigación del caso.
Esto porque el 14 de noviembre de 2001, en una audiencia en Washington, ante la insistencia del gobierno mexicano de que el caso continuara en la jurisdicción militar, la parte quejosa, para destrabar la investigación, aceptó el acuerdo de que en ocho días la PJM le enviaría vía exhorto a la Procuraduría de Chiapas instrucciones sobre las diligencias faltantes a su juicio. El exhorto llegó extemporáneo, el 15 de diciembre, indicó la abogada.
Detalló que la PJM solicita que se aplique a las tzeltales violadas un extenso interrogatorio y se realicen varias pruebas periciales de identificación. Figueroa informó que se va a entrevistar con las interesadas para explicarles qué están pidiendo los militares, y ver si se aceptan o no estas diligencias, porque "si el interrogatorio que les quieren hacer es para ver si las violaron o no, no tiene caso que vayan. Las preguntas tendrían que ver con determinar el nivel de participación de los agresores: ¿quiénes las violaron y quiénes fueron copartícipes? ¿Por qué dejaron que las violaran? ¿Quién es el sargento que paró la violación?, pero las amenazó para que no denunciaran. ¿Quién fue el que estuvo deteniendo a la mamá, mientras las violaban?"
Respecto a que la CNDH acabó "como coacusada por encubrimiento" de los militares, Figueroa explicó que luego de que La Jornada publicó la información sobre las violaciones a las tres hermanas, "un trabajador de la comisión de nombre Carlos Reyes llegó a la comunidad de donde son originarias las víctimas, junto con elementos del Ejército, vestido de civil, a tratar de localizarlas diciendo que eran personal de una de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que había trabajado mucho tiempo en la zona. La comunidad localizó a una o dos de ellas, y Reyes y los militares las videograbaron y les tomaron sus huellas digitales. La gente sospechó que algo andaba mal, y se descubrió el engaño. Luego la CNDH dijo que no había habido violación", indicó.
Lo que ocurre en estos casos, en los que excepcionalmente se llega a denunciar la violación, deja en claro que el que haya organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e incluso internacionales que acompañan a las víctimas en el proceso de denuncia, no garantiza que se les haga justicia. Lo más que se ha logrado es que los abusos no quedaran ocultos. Esto, en el contexto de miseria, incomunicación, monolingüismo y racismo que afecta a los pueblos indios, conjugado con el sexismo de autoridades civiles, militares y de derechos humanos, evidencia la vulnerabilidad y absoluta indefensión en que están las mujeres indígenas.