Venezuela: El Golpe

Sergio Ramírez

En forma sistemática las organizaciones pinochetistas y los mandos castrenses, con la complicidad del gobierno, presionan para lograr que no sean juzgados ni condenados los uniformados violadores de los DD.HH. en Chile. Los uniformados defensores de la impunidad no sólo defienden a asesinos sino que también tratan de protegerse a si mismos de la responsabilidad de violaciones a los DD.HH.

El pleno de la Corte Suprema resolvió recientemente desechar un reclamo presentado por el entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, por la forma en que algunos jueces especiales estarían tratando a oficiales (R) involucrados en causas de DD.HH. Tal cínica demanda también la ha reiterado su sucesor, el general Juan Emilio Cheyre. Recientemente, éste señaló que "hay quienes se sienten víctimas de un proceso que fue complejo, que necesitan una respuesta y hay también gente que es procesada que cae a los medios de comunicación injustamente, que vive momentos que son difíciles y que lógicamente quieren también vivir en paz". Así, el actual comandante en jefe del Ejército no sólo trataba de proteger a los uniformados procesados sino que también a si mismo. En efecto, el juez Juan Guzmán no descartó citar a declarar al comandante Juan Emilio Cheyre, por el caso de dos niños asesinados (24.12.73) en Coquimbo, por una patrulla del Regimiento Arica. La investigación se basa en una querella interpuesta por los familiares de los niños (Jimmy Bossy y Rodrigo Palma) que en 1976 recibieron los cuerpos de los menores con señales de haber recibido impactos de balas y daños físicos.
En la época del crimen, el actual jefe castrense era ayudante del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol. Cheyre declaró recientemente que estaba dispuesto a colaborar con la justicia en este caso "como todo chileno". El juez Juan Guzmán no ha descartado interrogarle. Al respecto afirmó que primero quiere acotar el número de posibles implicados antes de definir las citaciones: "Había muchos tenientes, como es el caso del general Cheyre. Había muchos capitanes, mayores, subtenientes. Obviamente no puedo citar a todos, pero sí a un grupo dentro del que pueden estar los inculpados. Hay que trabajar con justicia y sin molestar a todo un regimiento".
La ministra de Defensa Michelle Bachelet (PS) reiteró el respaldo del gobierno a Cheyre, ante la eventualidad de que sea citado a declarar. La secretaria de Estado afirmó: "Lo primero que quiero señalar, y ya lo he hecho, y no voy a hacer más comentarios, es que nosotros respaldamos en todo momento al comandante en jefe del Ejército" Así, gracias a la inconsecuencia de la ministra, el gobierno y el mando castrense han conformado un frente común para la defensa de Cheyre, afirmando que éste no tiene vinculación alguna con los crímenes.
RIDICULAS MENTIRAS
Los círculos más ligados al pinochetismo persisten en sus maniobras para impedir sean sancionados los asesinos y torturadores del período dictatorial. Un grupo de abogados, que defiende a ex uniformados procesados por violación a los DD.HH., solicitó al presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido, celeridad en estos procesos, en especial los que tramita el juez Juan Guzmán. La maniobra es evidente: tratan de desprestigiar a los jueces y presentar como inocentes víctimas a los criminales más feroces. Todo en la perspectiva de consolidar la impunidad de sus crímenes. En efecto, Juan Carlos Manns abogado del jefe de la DINA, Manuel Contreras, cínicamente dijo que se trata de pedir "un mejor trato dentro del marco del debido proceso, no un trato preferencial. Ahora en el orden de las causas de fuero hemos solicitado también que se agilicen algunas causas, especialmente las que lleva el ministro Juan Guzmán en orden a que se hagan las diligencias que han sido decretadas".
En su desesperación los defensores de la impunidad recurren a ridículas mentiras. Afirman que se están cometiendo supuestas irregularidades en algunas causas y que también algunos jueces con dedicación exclusiva en casos de violaciones a los DD.HH. han humillado a los inculpados. "Hubo irregularidades en el tratamiento a algunos oficiales respecto de algunas causas, en cuanto a su tratamiento de léxico, a su calidad, a su investidura", subrayó Manns. Uno de los objetivos de la siniestra campaña de los defensores de los violadores de los DD.HH. es el juez Juan Guzmán, que procesa a Augusto Pinochet por los crímenes de la llamada Caravana de la Muerte en 1973 e instruye más de 250 querellas contra el ex dictador y algunos altos mandos de la DINA.
No sólo los abogados de los asesinos desarrollan tales maniobras. También, las presiones de los uniformados se intensifican para lograr una absoluta impunidad en los crímenes cometidos en dictadura. La "Corporación 11 de Septiembre", que aglutina a militares retirados que defienden la obra de la dictadura castrense, ha solicitado "una solución política lo más amplia posible para dar vuelta la hoja en los procesos a militares, permitiendo la reconciliación y el encuentro del país". Para estos ex uniformados, responsables de miles de asesinatos, torturas, violaciones, exilio, etc., la reconciliación y el encuentro sólo son posibles si no se somete a justicia y sanción a los responsables del genocidio contra un pueblo indefenso. Los generales en retiro Alejandro Medina Lois y Luis Danús Cobian, junto a los abogados Roberto Puelma y Juan Carlos Manns, integraron la Corporación 11 de Septiembre que demanda tal "solución política".
El general (R) Alejandro Medina Lois, ex rector de la Universidad de Chile durante la dictadura, dijo que "hay cerca de 600 procesos que involucran a militares, algunos de ellos cerrados y otros no, lo que afecta a un tercio de generales en retiro", y opinó que "esta situación no debe prolongarse". Además, la Corporación pinochetista divulgó un comunicado. Sostiene que los juicios no son un problema de los tribunales sino que del Estado, "que debe abordarlos y dar un corte definitivo a estas persecuciones políticas disfrazadas de jurídicas". Y que esta responsabilidad, según Medina Lois, la debe asumir el "jefe del Estado (Ricardo Lagos), sin endosarla al Poder Judicial".
El general Luis Danús Cobian, ex ministro de economía del dictador Pinochet, calificó de "hostigamiento indebido" los procesos donde más de 240 militares han debido concurrir a los tribunales en los últimos días "mientras los terroristas han sido beneficiados con indultos o conmutación de penas". En cambio, Medina Lois señaló que durante el gobierno de Aylwin "se aplicaron medidas políticas y lo mismo debiera hacerse ahora", en alusión a esa rebaja y conmutación de penas que se aplicara a parte de los presos políticos de la dictadura.
En los últimos meses, jueces especiales y de dedicación preferente reactivaron 114 procesos sobre violaciones a los DD.HH. y han procesado a más de 80 ex agentes de los aparatos represivos de la dictadura. Dichos magistrados tienen la tarea de acelerar los procesos, especialmente los que se refieren a presos políticos desaparecidos. Están en la mira de los secuaces del pinochetismo que tratan no sólo de impedir se aplique sanciones a sus "camaradas de armas", sino también de protegerse a si mismos, como es el caso del presidente de la Corporación 11 de Septiembre, Alejandro Medina Lois, que tiene responsabilidades directas en el fusilamiento de 28 personas en el sur del país (Isla Tejas, Valdivia y Villarrica), asesinatos ocurridos en octubre de 1973.
FICHA DELICTUAL DEL VOCERO DEL PINOCHETISMO
El escritor e historiador León Goméz Araneda reitera en el semanario "El Siglo" (31.03 al 06.04 de 1991) sus declaraciones de la edición anterior de esa publicación en cuanto a la participación del vocero del círculo pinochetista, Alejandro Medina, en las matanzas del complejo maderero de Panguipulli. A partir de sus revelaciones se puede establecer que en los primeros días de octubre de 1973, el general Medina Lois llegó al sur al mando de una comisión especial de Boinas Negras de Peldehue, con el fin de participar en diferentes operativos, especialmente en el sector del Complejo Maderero de Panguipulli.
En la noche del 4 al 5 de octubre, bajo toque de queda, este comando saca de la Isla Teja a 10 prisioneros del grupo del "Comandante Pepe", señalando que los llevaban a la zona de Neltume "para que entregaran las armas". Cuando pasan sobre el puente del río Pichoy, a 30 km. de Valdivia, son bajados del camión y asesinados. Luego se trató de justificar que habían sido condenados por un Consejo de Guerra, pero, como lo dejó establecido la propia Comisión Rettig, no hubo tal juicio.
En relación a los otros operativos, el día 19 del mismo mes, cuando el comando llega a Liquiñe, realiza una operación rastrillo en la zona de Liquiñe, Trafún y Puerto Fui, deteniendo a 5 personas (militantes del PS y del MIR). Los conducen a Villarrica y los asesinan sobre el puente del río Toltén. Dos días después (12.10), la misma comisión "especial" de Boinas Negras, retira de la Tenencia de Carabineros de Lanco a 3 detenidos, los cuales también son ejecutados a las orillas del río Pichoy.
Las pruebas que inculpan al general (R) Medina Lois son irrefutables. Cuando algunos familiares de las víctimas del puente Toltén viajan a Valdivia para saber de los asesinados y le preguntan al general Héctor Bravo Muñoz, en esa época jefe de la Cuarta División del Ejército con asiento en Valdivia, éste se desliga de toda responsabilidad en los asesinatos, aludiendo a la presencia de una comitiva especial de Santiago en la zona. Otros familiares del mismo grupo de víctimas van a Temuco a exigir una respuesta a Carabineros, considerando que personal de ese cuerpo policial había participado en la detención y matanza de sus seres queridos. El nombre de Medina Lois es mencionado por uno de los oficiales. En concreto, el teniente coronel Eduardo Lavanderos, prefecto de Carabineros de Temuco, señala a la viuda de Salvador Rubilar, comerciante de Liquiñe, que su marido había sido muerto por una comitiva de Santiago que estaba al mando del general Alejandro Medina Lois. El testimonio de la viuda está en los archivos de la Vicaría en Santiago.
La nómina de los asesinados por la comitiva de Boinas Negras al mando de Medina Lois es la siguiente:
Valdivia: 4 - 5 Octubre 1973
1.- Sergio Jaime Bravo Aguilera, 24 años, casado, obrero maderero.
2.- Pedro, Purísimo Barría Ordóñez, 23 años, soltero, estudiante universitario, dirigente campesino.
3.- Luis Enrique Guzmán Soto, 21 años, soltero, obrero maderrero.
4. Santiago García Morales, 24 años, soltero, obrero maderero.
5.-Rubenir Saavedra Bahamondes, 20 años, soltero, obrero maderero.
6.-Víctor Saavedra Muñoz, 24 años, soltero, obrero maderero.
7.- Víctor Eugenio Rudolph, 32 años, casado, obrero maderero.
8.- Luis Valenzuela Ferrada, 30 años, casado, obrero maderero.
9.- Luis Pozo Jara, 19 años, soltero, obrero maderero.
Villarrica: 10 de octubre 1973.
1.- Salvador Alamos Rubilar, 40 años, casado, 4 hijos, comerciante.
2.- José Bórquez Levicán, 30 años, casado, 4 hijos, obrero maderero.
3.- Daniel Castro López, 68 años, casado, 7 hijos, comerciante.
4.- Calos Cayumán Cayumán, 31 años, casado, 5 hijos, obrero maderero.
5.-Mauricio Curiñanco Reyes, 38 años, soltero, carpintero.
6.- Carlos Figueroa Zapata, 46 años, casado, 6 hijos, obrero maderero.
7.-Isaías Fuentealba Calderón, 29 años, casado, 2 hijos, jefe de área del complejo maderero.
8.- Luis Lagos Torres, 50 años, viudo, 9 hijos, obrero maderero.
9.- Alberto Segundo Reinante Reipán, 39 años, casado, 4 hijos, obrero maderero.
10. Ernesto Reinante Reipán, 29 años, soltero, obrero maderero.
11.- Modesto Juan Reinante Reipán, 18 años, soltero, obrero maderero.
12.- Alejandro Tracanao Pincheira, 22 años, viudo, 2 hijos, obrero maderrero.
13.- José Tracanao Pincheira, 25 años, soltero, obrero maderero.
14.- Eliseo Tracanao Valenzuela, 18 años, soltero, obrero maderero.
15.- Bernarda Vera Contardo, 27 años, casada 1 hijo, embarazada de 4 meses, profesora.
16.- Luis Rivera Catricheo, 54 años, obrero maderero.
Valdivia 12 de Octubre 1973.
1.- José Arriagada Cortes, 19 años, soltero, suplementero.
2.- José Arriagada Zúñiga, 30 años, casado, 3 hijos, topógrafo.
3.- José Carrasco Torres, 43 años, casado, 3 hijos, contador del sindicato de campesinos de Nalalhue.