Latinoamérica

Una votación dividida en la cúpula de la dictadura
Samuel Blixen

En su despacho de la Comandancia General del Ejército Argentino, el general Martín Balza giró su torso en el asiento y dirigiéndose a su ayudante, un coronel, preguntó:
-¿Cómo es el nombre? El coronel, que había permanecido en silencio durante toda la entrevista, dijo escuetamente;
-Gavazzo. El general Balza se volvió hacia su visitante, el senador uruguayo Rafael Michelini, y reiteró:
-A su padre lo mataron los uruguayos. Yo trataré de ver qué más puedo averiguar.
El general Martín Balza acababa de difundir, a comienzos de 1996, la doctrina según la cual ningún oficial subalterno estaba obligado a cumplir una orden de su superior que implicara la comisión de un crimen. La "doctrina Balza", que echaba por tierra uno de los principales soportes de la impunidad, la obediencia debida, sugería, en aquel entonces, que desde la cúpula del Ejército argentino podían abrirse las puertas a la verdad. No ocurrió así, pero a comienzos de marzo de ese año, estimulado por la postura del general Balza, el senador Michelini viajó a Buenos Aires buscando las respuestas a las incógnitas del asesinato de su padre, secuestrado en la madrugada del 18 de mayo de 1976 en sus habitaciones del hotel Liberty, en la avenida Corrientes, y cuyo cuerpo fue abandonado en el interior de un auto, el 22 de mayo, con heridas de bala en el cráneo.
Muy poco después, y con la autorización del presidente Julio María Sanguinetti, Rafael Michelini mantuvo entrevistas con la mayoría de los generales en actividad. En esa ronda de conversaciones, donde casi todos los oficiales reconocieron el legítimo derecho del senador en su intento de averiguar quién había asesinado a su padre (hubo quienes incluso le dijeron: "Yo, en su lugar, haría lo mismo"), algún general llegó a admitir que el operativo del 20 de mayo había sido ejecutado por oficiales uruguayos.
En los años siguientes, Rafael Michelini recibió otros indicios sobre la autoría uruguaya de los asesinatos de Buenos Aires, pero de fuentes muy precarias. Hubo documentos que implicaban al comisario Hugo Campos Hermida, hoy fallecido, en los seguimientos previos al secuestro de los dos legisladores; y hubo testimonios de personas allegadas al entonces jefe del Servicio de Información de Defensa (sid), el general Amaury Prantl, que afirman haber visto, durante uno de los tantos viajes que familiares del general realizaban a Buenos Aires, el cadáver de Michelini en una casa, antes de que la Policía Federal "descubriera" el auto abandonado.
Hasta que, por mayo de 2001, Rafael Michelini logró el acceso a un represor argentino que había operado junto con los militares uruguayos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, la base uruguaya del Cóndor en Buenos Aires. Esa fuente le confió a Rafael Michelini, que Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz habían sido asesinados por militares uruguayos. El represor argentino -molesto porque él y sus colegas cargaban con todas las culpas, mientras los uruguayos eludían sus responsabilidades en las desapariciones y asesinatos- le explicó que él no había participado en los operativos de secuestro de los legisladores, en la madrugada del 18 de mayo de 1976 y que, contrariamemente a lo que sucedía habitualmente, en Orletti ningún uruguayo se jactó de aquellos asesinatos, como se jactaban de otros crímenes, lo que sugería que había, respecto de aquel episodio, directivas muy estrictas. Pero la fuente del senador fue tajante al afirmar que "los uruguayos fueron los responsables". La validez del testimonio del represor argentino estaba convalidada por el hecho de que fue, también, la fuente que aportó los datos para ubicar a Simón Riquelo.
Al cumplirse 24 años de los asesinatos del 20 de mayo de 1976, Rafael Michelini ha recolectado por lo menos tres testimonios relevantes de personas que tuvieron estrecho contacto con los protagonistas y que coinciden en afirmar la autoría uruguaya. Esos testimonios, sumados al cúmulo de evidencias sobre la participación de oficiales uruguayos en episodios similares ocurridos en Buenos Aires por las mismas fechas, permitirían elaborar una sólida acusación si algún día se formalizara un juicio por dichos asesinatos. La familia Michelini maneja los nombres de aquellos que fueron los probables ejecutores, los sicarios de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y una investigación seria y con garantías bien podría confirmar dicha autoría.
En cambio, sigue siendo materia de especulación la razón de los asesinatos, la identidad de aquellos que dieron la orden de matar, la conjunción de intereses que llevó a ordenar la eliminación de dos -y quizás tres- exiliados notables, la inestabilidad entre las distintas facciones militares y sus cortesanos civiles que desembocaba en una guerra abierta por el control del poder, el juego de posturas y ambiciones que convirtió a Michelini y Gutiérrez Ruiz en peones sacrificables de un proceso que, a mediados de 1976, debía decidir entre la salida política o la profundización de la dictadura.
La identificación de los "autores intelectuales" tampoco parte de cero; hay una colección de indicios sobre el protagonismo del gobierno de Juan María Bordaberry y de los mandos militares. Algunos de esos indicios se remontan a marzo de 1975 cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, instruyó al embajador en Buenos Aires, Gustavo Magariños, para que estableciera una vigilancia estrecha sobre las actividades de Michelini y Gutiérrez Ruiz. La cancillería había recibido información extraoficial del embajador estadounidense en Montevideo, Ernest Siracusa, revelando que en la embajada en Buenos Aires se realizaban gestiones para obtener visa de entrada a Estados Unidos para Zelmar Michelini, a invitación del senador Edward Kennedy.
El tema fue discutido entre el embajador Siracusa y el entonces subsecretario de la cancillería, Guido Michelín Salomón. Como estableció el propio embajador Siracusa en sus informes al Departamento de Estado, "varios oficiales requirieron detalles sobre el viaje" y un representante del Partido Colorado emitió una declaración "deplorando la actitud del senador Kennedy". Como consecuencia de ello, el 7 de abril el embajador Magariños informó al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, que el pasaporte de Michelini había sido cancelado. Sin embargo, recién en noviembre de 1975 la embajada comunicó oficialmente la cancelación de los pasaportes 110315, a nombre de Wilson Ferreira, 102454, a nombre de Zelmar Michelini y 106046, a nombre de Héctor Gutiérrez Ruiz.
En marzo de 1976 la preocupación del gobierno de Bordaberry sobre el papel que pudieran protagonizar Wilson Ferreira y Michelini era mucho más angustiosa: la propuesta del presidente Bordaberry de eliminar los partidos políticos y sustituirlos por un sistema corporativo, como respuesta a la encrucijada de 1976, fecha de previstas elecciones nacionales, era rechazada por la mayoría de los mandos militares y por sus más conspicuos colaboradores civiles. Una propuesta del ministro de Economía, Alejandro Végh Villegas, de iniciar un proceso de apertura política con un cronograma que en alguna medida reproducía la fórmula del general Alfredo Baldomir para instrumentar una salida a la dictadura de Gabriel Terra a finales de los años treinta seducía a un grupo de militares, entre ellos Gregorio Álvarez, Eduardo Zubía y Abdón Raimúndez, y a otro de políticos, entre ellos Jorge Batlle, Luis Barrios Tassano, Juan Pivel Devoto y Oscar Rachetti.
Entre los militares estaban quienes se inclinaban por una "transición" después de "pasar la espumadera" (proscripciones masivas), como Álvarez, y quienes planteaban asumir toda la responsabilidad del poder, como Esteban Cristi. Para unos y otros, las maniobras de Végh resultaban peligrosas: el ministro de Economía, o sus emisarios, ya habían tomado contacto con el ex senador Mario Heber, y habían sugerido a Diego Terra Carve la conveniencia de que Végh se entrevistara con Wilson Ferreira. Végh ya había mantenido una conversación, en un encuentro supuestamente casual en una confitería de la calle Florida, con Zelmar Michelini, a quien le había esbozado sus proyectos de apertura.
Carlos Julio Pereyra y Alembert Vaz viajaron a Buenos Aires el 10 de mayo y recogieron la opinión de Ferreira de que convenía mantener las conversaciones con Végh, pero para entonces el canciller Blanco se había entrevistado, el 7 de mayo, con su colega el contralmirante César Augusto Guzzetti y había planteado el interés del gobierno uruguayo de que Wilson Ferreira, Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini fueran confinados en algún punto del territorio argentino y mantenidos bajo vigilancia.
Hoy es posible deducir que el plan de secuestrar a los tres parlamentarios exiliados ya estaba en marcha a comienzos de mayo, y que múltiples esfuerzos convergían en ese objetivo aunque muchos no supieran siquiera para qué y para quién trabajaban. Por ejemplo, el informante del Ejército argentino que operaba como fuente de la embajada estadounidense en Buenos Aires, no logró desentrañar las funciones específicas de "un mayor del Ejército uruguayo, asignado al servicio de inteligencia, que en las pasadas semanas cooperó con las fuerzas de seguridad argentinas en operaciones antiterroristas", según consigna un informe reservado elevado al secretario de Estado en Washington.
Quizás ese mayor no supiera todavía, en ese momento, que los tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo, secuestrados en Buenos Aires, iban a ser asesinados a los solos efectos de apuntalar la tesis de que Michelini y Gutiérrez Ruiz eran "sediciosos". Un expediente con supuestas "pruebas" en ese sentido fue entregado personalmente por el misterioso coronel Ramírez al ministro del Interior argentino, general Albano Harguindeguy, el mismo día en que Michelini y Gutiérrez eran secuestrados, la madrugada del 18 de mayo.
Los dos secuestros congelaban las negociaciones; era, en todo caso, una manera radical de "pasar la espumadera". Pero no se había previsto que, al día siguiente, 19 de mayo, sería publicada en el diario bonaerense La Opinión una carta escrita por Michelini el 5 de mayo, en la que alertaba que si llegaba aparecer detenido en "algún lugar del territorio uruguayo, es porque he sido llevado allí en forma arbitraria, inconsulta y forzada".
La carta y la reacción internacional ante los secuestros redujeron considerablemente el margen de maniobra. Habían cambiado los términos de la ecuación. Había que resolver qué hacer con los secuestrados.
Dos testimonios hasta ahora inéditos brindados en 1985 por el ex senador Alberto Zumarán y por el ex arzobispo de Montevideo, monseñor Carlos Parteli, a los miembros de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, revelan que en aquellos días de finales de mayo de 1976 circuló la información sobre una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la que se habría decidido, sobre la marcha, el asesinato de los dos legisladores.
Según el acta número 5 de la Comisión Investigadora, el 20 de mayo de 1985 el doctor Zumarán fue convocado para que confirmara la versión de la existencia de un documento, mimeografiado y sin firma, en el que se informaba sobre "una reunión de la que habrían participado el presidente de la República, los ministros del Interior y de Defensa Nacional y los tres comandantes en jefe, más un coronel argentino". Zumarán detalló a los diputados que el anónimo afirmaba que "en esa reunión se habría decidido la muerte de Gutiérrez Ruiz y Michelini y que habría contado con el voto contrario del presidente de la República y del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y el voto favorable de los demás miembros que estaban en esa reunión".
El presidente de la República era Bordaberry; el ministro del Interior era el general Hugo Linares Brum; el ministro de Defensa era el doctor Walter Ravena; el comandante del Ejército era el general Julio César Vadora; el comandante de la Armada era el vicealmirante Víctor González Ibargoyen; el jefe de la Fuerza Aérea era el brigadier Dante Paladini.
Zumarán explicó que la carta sin firma "también llegó a otras personas, como que hubiera un interés de esos dos que votaron en contra de dejar a salvo su responsabilidad y su posición". El entonces senador blanco dijo a los diputados que por razones de seguridad había destruido aquel documento, que también había recibido el arzobispo Parteli, y ello le constaba porque en su calidad de asesor de la Curia lo visitaba al menos dos veces por semana y en varias oportunidades conversó con él a propósito de la carta anónima,
En la sesión del 27 de mayo de 1985, la comisión recibió el testimonio de monseñor Carlos Parteli. Éste confirmó que había recibido una carta "que narraba una reunión, aquí en Montevideo, donde estaban militares de alta graduación, el presidente Bordaberry y un militar argentino. Sé que se votó -eso es lo que dice este anónimo- y que el presidente Bordaberry votó en contra y otro militar también; los demás votaron a favor darle vía libre. Entonces, esa misma noche, el militar argentino voló a Buenos Aires y procedieron...". Parteli dijo no recordar los nombres de los militares que aparecían en el documento.
En su testimonio, Zumarán deja constancia de que tanto él como Parteli manejaron la información de la misma fuente, y al referirse a las intenciones de la carta anónima hace una referencia al brigadier José Pérez Caldas, un hombre de la confianza de Jorge Batlle, que fue edecán de Luis Batlle, y quien hasta fines de 1974 había sido comandante de la Fuerza Aérea, pero que en el momento de los episodios de Buenos Aires era embajador uruguayo en Estados Unidos.
Consultado por BRECHA, Zumarán afirmó que en varias ocasiones habló con Parteli sobre la reunión que decidió la muerte de los legisladores. "Ambos recibimos el anónimo, pero Parteli recibió más información directamente de Pérez Caldas. Parteli estaba sumamente impresionado porque había conocido personalmente a Gutiérrez Ruiz durante el período en que fue obispo en Tacuarembó. Me consta que Pérez Caldas le contó pormenores del episodio, y le aseguró que no lo compartía, y que lo rechazaba." El brigadier Dante Paladini habría compartido la opinión de Pérez Caldas, de quien fue su jefe de Estado Mayor en la Comandancia de la Fuerza Aérea, y habría consignado esa posición con su voto negativo.
Fue imposible ubicar esta semana al brigadier Paladini para conocer su versión de los hechos. En cambio, se transcriben en recuadro las respuestas del ex presidente Bordaberry, que contienen expresiones agresivas contra Zumarán. Con éste ya son dos los desmentidos de Bordaberry sobre las decisiones del Cosena. Antes había sido acusado de participar en la reunión en la que se decidió la muerte de cinco prisioneros, cuyos cuerpos acribillados aparecieron a la entrada de la ciudad de Soca, como represalia por el asesinato del coronel Ramón Trabal, ocurrido en París en diciembre de 1974. Y es de consignar, para equilibrar escepticismos, que un mes después de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz el Cosena volvió a reunirse para decidir la vida o la muerte de Elena Quinteros. Para entonces, Bordaberry ya había sido echado de la Presidencia, pero su destitución no lo exime de las responsabilidades, en tanto presidente, por otros asesinatos, entre ellos los de abril de 1972, diciembre de 1974 y mayo de 1976, de la misma forma que la ley de caducidad no lo ampara en tanto civil.