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REGINO BURGUEÑO: UN TORTURADOR
PREOCUPADO
El coronel retirado Regino Burgueño, violador de los derechos humanos
en tiempos de dictadura y actual presidente de un tal Instituto Artiguista,
propuso irónicamente que Carlos Ramela -el representante del Presidente
Batlle en la Comisión para la Paz- sea designado ministro de Economía
y Finanzas. El torturador hizo esa sugerencia porque no cree que la comisión
que está recopilando información sobre lo sucedido a los detenidos-desaparecidos
durante la dictadura haya gastado solamente diez mil dólares en los dos
años que lleva funcionando.
Burgeño fue un importante referente dentro del esquema represivo de la
dictadura uruguaya. En los años en que recrudecieron las torturas, las
desapariciones y los asesinatos (1975 y 1976), revistaba directamente en el
Comando General del Ejército, a las órdenes de los generales Vadora
y Queirolo. Fue uno de los jefes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas
(OCOA) y tuvo mando directo sobre la denominada "Operación Morgan," que
consistió en la persecución, tortura, desaparición o encarcelamiento
de los militantes del Partido Comunista del Uruguay, los Grupos de Acción
Unificadora y el Partido por la Victoria del Pueblo.
En esos años, Burgueño tuvo bajo sus órdenes a la flor
y nata de los torturadores y los asesinos del "Proceso Cívico Militar,"
por ejemplo, a José Gavazzo, Mario Cordero, Jorge Silveira, Eduardo Ferro,
José Baudean y Ricardo Arab. El delincuente participó directamente
en la coordinación del Plan Cóndor, y está denunciado por
Juan Gelman ante el juez español Baltasar Garzón como uno de los
militares implicados en el secuestro y asesinato de su nuera y la desaparición
de su nieta recién nacida.
Ahora, Burgueño también dijo que la comisión directiva
del "Instituto" que preside, pedirá que la Comisión para la Paz
investigue los -según él- dos mil casos de ciudadanos desaparecidos
por razones no políticas desde la vuelta a la democracia en 1985. Ya
en pleno delirio etílico, quiere que el organismo se aboque también
a la búsqueda de la bandera de los 33 orientales, que flameó durante
la gesta libertadora, y que fue hurtada hace 32 años por un comando guerrillero.
En el programa "De Oriental a Oriental" de CX 10 Radio Continente, el mismo
donde el también torturador coronel José Baudean amenazó
de muerte al padre Jorge Osorio, Burgueño dijo que como "contribuyente"
solicitará información sobre los gastos de la Comisión
para la Paz y los viáticos cobrados en forma individual por sus integrantes.
Burgueño se preguntó en la ocasión "¿Por qué la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, de Diputados,
por qué Serpaj, por qué la Iglesia, por qué el PIT-CNT,
y muchos otros organismos, no se han preocupado por la desaparición de
uruguayos desde 1985 para adelante? ¿Qué dijimos? Que entendimos que
esto no se había hecho en razón de que no tiene réditos
políticos. Y nadie nos puede desmentir esta afirmación", afirmó.
El torturador dijo poseer datos de la existencia de unas dos mil denuncias de
desaparición de uruguayos en los últimos diecisiete años,
en base a la respuesta a un pedido de informes de un legislador del Partido
Nacional de la pasada legislatura, "aunque muchos de ellos ya pueden haber aparecido".
Lógicamente, Carlos Ramela rechazó la trasnochada solicitud de
Burgueño, y explicó que la Comisión para la Paz es "un
mecanismo de excepción que atiende situaciones de excepción."
En lo atinente a la rendición de cuentas exigida, estimó "razonable
y lógico" que la Comisión, como todo organismo del Estado, entregue
un detalle de su presupuesto: "A nadie le molesta y a nadie le viene mal que
se diga claramente qué gastos hemos tenido" -señaló. Consultado
por el diario "La República", señaló que el pedido de Burgueño
de que la Comisión investigue todas las desapariciones "no es un planteo
muy lógico".
"La Comisión para la Paz es un mecanismo de excepción, para atender
situaciones que quedaron pendientes de una etapa de excepción. Es evidente
que en esos años (1973 a 1985) la República tenía ciertas
condiciones que impidieron que actuaran normalmente sobre estos casos los poderes
del Estado que debían haberlo hecho", afirmó. "Es cierto que desde
1985 hacia adelante también se tomaron algunas medidas también
de excepción, que los ciudadanos entendieron necesarias y las ratificaron
en un plebiscito para cerrar una etapa de la historia". "Por ese motivo, la
Comisión para la Paz es un organismo necesario, porque siendo un mecanismo
de excepción se ocupa de situaciones excepcionales", insistió.
Ramela dijo que los casos de desapariciones ocurridos a partir de 1985, deben
ser resueltos por los organismos de seguridad y los poderes del Estado, especialmente
el Poder Judicial, que funcionan en el actual régimen de institucionalidad.
"No corresponde que la Comisión para la Paz, que es un organismo absolutamente
excepcional en sus cometidos y funciones, tome a su cargo funciones que son
de otros poderes del Estado", sostuvo. Finalmente, Ramela quitó trascendencia
a las declaraciones de Burgueño, a la que calificó como "una situación
puntual, con una persona que tiene determinados criterios y opiniones, y que
tiene libertad para exponerlos y nosotros también tenemos libertad para
opinar sobre el tema".
[Fuente: COMCOSUR AL DÍA, Montevideo
