Latinoamérica

Octavio Rodríguez Araujo
La Jornada

El presidente Vicente Fox y su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, deliberadamente ignoran la Doctrina Estrada (DE) y los principios históricos de la política exterior mexicana, así como los compromisos adquiridos al firmar la Carta de las Naciones Unidas y la de la Organización de los Estados Americanos.
Bastaría decir que entre las facultades y obligaciones del Presidente de la República consagradas en la Constitución Política, que juró al tomar posesión como tal, destacan en relación con la política exterior las enunciadas con absoluta precisión, es decir, sin problemas de interpretación, en la fracción X del artículo 89. En esta fracción se lee: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales" (las cursivas son mías).
Estos principios normativos, es decir, que sirven de norma o como precepto jurídico, forman la columna vertebral de nuestro sistema constitucional desde principios del México independiente. La Constitución de Apatzingán del 24 de octubre de 1814, en su artículo 9, señalaba que "ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía". La autodeterminación y la no intervención no pueden ser principios regateables de ninguna nación que se respete y que respete a las demás. Son principios, por cierto, muy anteriores a la Doctrina Estrada (1930), ratificados por ésta, e incluidos en las cartas ya mencionadas de la ONU y de la OEA y en nuestra Constitución.
Cuando en agosto de 2000 y como Presidente electo, Fox declaró en Santiago de Chile que revisaría la Doctrina Estrada, nos estaba revelando sus intenciones. Y cuando más adelante añadió que respetará la soberanía de cada país, pero sin callar lo que le parezca equivocado en materia de democracia y de derechos humanos, es obvio que se refería a lo mismo, a la revisión de nuestra Doctrina, comenzando con Cuba, país sobre el que señaló que deseaba hacerlo avanzar hacia el mercado y la democracia. El 10 de enero de 2002 legisladores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa discutieron con legisladores mexicanos sobre el ingreso de nuestro país al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pertenecer a este consejo, opinaron los europeos, contradice la Doctrina Estrada de no intervención ya que "en esa instancia se decide la intervención en países que no respetan los derechos humanos." (Véase La Jornada, 11/01/02) Algunos legisladores mexicanos, especialmente del Partido Acción Nacional externaron que eso no sería problema, pues se está trabajando en la revisión de los principios implícitos en la DE.
Queda claro de lo anterior que inmiscuirse en materia de derechos humanos en otros países es contrario a la DE y a los principios más caros de nuestra tradicional política exterior. La DE, de la que se habla con más frecuencia que acierto, establece que "México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos a los gobiernos porque considera que ésta es una práctica denigrante, que sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros gobiernos". Al asumirse Fox como defensor de los derechos humanos y del mercado en otros países está violentando los principios de nuestra política exterior y la DE que dijo que revisaría. Aceptando sin conceder que ya revisó en los hechos la DE, convirtiéndola en "Doctrina Castañeda", deberá reconocer que no se ha reformado la fracción X del artículo 89 de la Constitución y que, mientras esto no ocurra, se obliga a cumplirlo, es decir a cumplir la DE que le sirvió de antecedente en política exterior.
El argumento de Fox y sus empleados es que los derechos humanos no tienen fronteras, pero se olvidan de que las naciones sí las tienen, además de soberanía, y de que los pueblos deben ser respetados en su autodeterminación. Olvidan, asimismo, la violación a los derechos humanos en otras naciones, porque el objetivo del gobierno de Estados Unidos y, en consecuencia de Fox, es Cuba, no los derechos humanos sin fronteras. La DE es muy clara: no se juzga a un gobierno extranjero, no se les otorgan reconocimientos y no se califican "sus asuntos interiores". El argumento de algunos columnistas pagados ha sido que antes, durante el régimen priísta, se negó la misma doctrina al intervenirse en El Salvador, Nicaragua, Chile, etcétera, y que entonces nadie dijo que estaba mal. Esto no es argumento. Si antes se hizo no se justifica que ahora se haga.
Si lo anterior no fuera suficiente para juzgar la política injerencista de Fox respecto a Cuba, en la Carta de las Naciones Unidas, suscrita por México, se dice, en su capítulo I, artículo 2, fracción 7, que "ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta". Esto es, señalaba el senador Sobarzo Loaiza en el sexenio de Miguel de la Madrid, se previene que no podrá autorizarse la intervención en asuntos que corresponden esencialmente a la jurisdicción interna de los Estados. Y como puede apreciarse, añadía, el principio de autodeterminación se halla íntimamente vinculado con el de no intervención, puesto que sin éste se anularía el primero. (Véase Alejandro Sobarzo Loaiza en su argumentación como senador sobre la fracción X del artículo 89 constitucional en Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, Cámara de Diputados, T. IX, p. 559.)
La Carta de la OEA, también suscrita por México, es todavía más enfática. Su artículo 2, inciso b, dice: "Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención". Esto es, que se puede promover todo lo que se quiera, incluso los derechos humanos, siempre y cuando sea "dentro del respeto al principio de no intervención".
Y, por si hubiera alguna duda, en el artículo 3, inciso e de la Carta se añade:
"Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales."
Y más adelante, en su artículo 18 se lee:
"Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen" (las cursivas son mías).
En la reunión ya mencionada con legisladores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, el panista Fernando Margáin Berlanga, señaló que "es muy importante y urgente que se precise el concepto de no intervención, a fin de evitar una confusión o una controversia de la imagen de México por su participación en dicho consejo (el de Seguridad de la ONU), y en asuntos internacionales". Abundó que está trabajando en el procedimiento para revisar los artículos en materia de política exterior, incluido el principio de no intervención, para ver qué "debemos adecuar al tiempo que estamos viviendo". Y añadió: "Espero que nadie se oponga a la revisión, y si el resultado es que se queden las cosas como están, lo tenemos que respetar." Pero es el caso que no se están respetando, ni por parte de los panistas que han apoyado las posiciones de Fox ni, desde luego, por parte del Presidente de la República.
No soy constitucionalista, pero es probable que estemos en presencia de una controversia constitucional en la que quizá debería intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es obvio que el jefe del Ejecutivo está contraviniendo la Carta Magna y las cartas de la ONU y de la OEA que el gobierno de México signó. Por lo pronto, con base en el artículo 87 constitucional, podemos demandar al Presidente que cumpla con su juramento al tomar posesión como tal, es decir "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" y que repare que el juramento dice Estados Unidos Mexicanos y no Estados Unidos de América.