EL "GRAN ESCAPE" HACIA LA IMPUNIDAD

PUNTO FINAL/CHILE

Toma forma la operación destinada a lograr la impunidad para los ex militares y agentes de seguridad responsables de violaciones a los derechos humanos. La dirige personalmente el comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, para el cual éste es uno de los dos principales objetivos a alcanzar durante su mando. El otro es la modernización institucional. Para el ejército el término definitivo del tema de los derechos humanos es una meta estratégica. La gran asignatura pendiente de los militares que les impide una reinserción plena en las actividades profesionales y en la proyección hacia el aparato del Estado. Sobre ellos siguen pesando las atrocidades cometidas en la dictadura. El general Cheyre actúa en silencio y sin prisa. "Todo esto tiene un tiempo y un fin" ha dicho, refiriéndose a los procesos contra ex uniformados. Entretanto ha adoptado medidas. Cambió el régimen de remuneraciones de los abogados defensores de militares incriminados, que tiene a su cargo desde hace muchos años el ejército. Colocó a los profesionales de la Auditoría bajo la dependencia del Comando de Apoyo Administrativo para dar una señal de que la labor de los letrados no tiene un significado de dirección, reservada al mando. Para abordar el problema trabaja con un pequeño grupo de generales y asesores de absoluta confianza, en el entendido que existe "una sola voz" y que no se aceptarán interferencias derivadas de declaraciones o gestos no autorizados.

Para Cheyre el ideal es que la solución sea a la brevedad y para ello ha elegido un camino aparentemente insólito. En vez de dilatar los procesos, como era lo acostumbrado, ha dado instrucciones de apurarlos. "Estamos cooperando para que esa fase que está pendiente -la decisión de los tribunales- se cierre lo antes posible", declaró. Después, una vez dictadas las condenas sería más fácil conseguir un indulto general o una amnistía de acuerdo "al principio de igualdad" para no producir una discriminación negativa en contra de los ex militares. Si este año no hay una solución, una buena coyuntura se producirá en el 2003, cuando se cumplan treinta años del golpe militar, largo período que podría cerrarse con lo que el ejército entiende como "reconciliación". El general Cheyre piensa que existen las condiciones para lograrlo. "Creo que en nosotros (el ejército) y en la mayoría ya está hecho el camino del reencuentro. En Chile tenemos todo para reencontrarnos", enfatizó.
Aunque Cheyre ha reiterado que "habla con la verdad" y que no necesita de voceros ni de intérpretes de sus palabras porque cuando quiere decir algo lo dice claramente, el ejército no abandona los "trascendidos" que permiten ambientar la idea principal.
El 18 de abril, "El Mercurio" citaba a "fuentes cercanas a la institución castrense" para informar que "el nuevo mando del ejército pretende solucionar el tema de los derechos humanos que vinculan a sus integrantes en el breve plazo y sobre el principio de un 'trato igualitario' tanto en tribunales como en el mundo político". Agregaba: "En líneas generales, los militares aspiran que una vez que terminen los procesos y sean dictadas las sentencias, exista el consenso político necesario para superar el tema y se dicten los indultos necesarios, tal como los gobiernos de la Concertación lo hicieron con ex terroristas" (sic). Sentaba así la equiparación de víctimas y victimarios que justificaría el trato igualitario y, no olvidaba el "toque humano". Las "fuentes cercanas a la institución castrense" destacaban que "el alto oficial" (Juan Emilio Cheyre) junto con esperar el "consenso político" "estaba preocupado de la suerte de los que sintieron vulnerados sus derechos durante el régimen militar así como de los que tuvieron que enfrentar momentos de gran convulsión interna y que ahora están siendo demandados por la justicia".
APOYO POR EL FLANCO
Como era previsible, la operación que dirige el general Cheyre recibió apoyo de altos oficiales en retiro. Dos generales de amplia figuración durante la dictadura, Alejandro Medina Lois y Luis Danús, junto a la Corporación 11 de Septiembre y algunos abogados de militares procesados, sostuvieron que ha llegado el momento de "una solución integral". En conferencia de prensa declararon que había que beneficiar a los ex militares enjuiciados y también a los frentistas y lautaristas detenidos con posterioridad al 11 de septiembre de 1990. La "solución integral" debía extenderse a ellos ya que era necesario aplicar "el mismo espíritu de justicia para todos".
Danús introdujo un matiz. Habiendo sido el Estado la institución global que combatió al terrorismo -sostuvo- los agentes de la Dina y la CNI actuaron "defendiendo al Estado" y, por lo tanto, no deberían ser condenados. La representación de la Corporación 11 de Septiembre afirmó, por su parte, que todo enjuiciamiento a los uniformados no contribuye al término de la transición.
Pocos días antes, decenas de oficiales en retiro y algunos en actividad habían concurrido a declarar en el proceso por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez por elementos de la CNI, entre ellos el verdugo, Carlos Herrera Jiménez. En la conferencia de prensa se habló del "desfile" de militares ante los tribunales, diciendo que es "un problema de Estado que debe tener una solución al mismo nivel". Se silenció el hecho de que los ex uniformados concurren a declarar por petición de la defensa de los acusados, entre ellos el ex general Ramsés Alvarez Scoglia, ex jefe de la Dine, y el mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la CNI.
La aparición de los oficiales en retiro y de la Corporación 11 de Septiembre hizo recordar la táctica utilizada en 1999 por al alto mando cuando se validó a la "familia militar" como instancia que permite el ejército decir cosas que sus mandos en actividad no pueden sostener y crear así hechos políticos para poner en jaque al gobierno.
La referencia a los frentistas y lautaristas detenidos se vio como un intento de "trueque" que hace tiempo manejan algunos sectores, con pocas o nulas posibilidades de éxito. Han sido los propios presos políticos -actualmente 46, más algunos en libertad provisional- los que han denunciado estas maniobras y anunciado su voluntad de no participar en ellas, ya que son utilizadas para justificar la impunidad de los criminales en materia de derechos humanos. Dieciséis de ellos -lautaristas- hacen una huelga de hambre en la cárcel de alta seguridad.
No hay que confundir la idea del trueque de "secuestradores y asesinos" por presos políticos, con una iniciativa humanitaria impulsada por la Vicaría de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. Pretende eliminar el doble juzgamiento que dilata indefinidamente los procesos, ya que la mayoría de los presos políticos son juzgados al mismo tiempo por la justicia civil y las fiscalías militares. La Pastoral Social también pretende conseguir la libertad para presos políticos que sufren enfermedades que ponen en peligro sus vidas, como Marcela Rodríguez Valdivieso, parapléjica y afectada de frecuentes cuadros infecciosos, que viajará a Italia; Dante Ramírez, Pedro Rosas Aravena y otros. La presencia del senador Hernán Larraín de la UDI en una reunión para tratar dichos objetivos, junto a los diputados de la Concertación Sergio Aguiló, Pedro Araya y Esteban Valenzuela, gatilló todo tipo de especulaciones.  
PINOCHET, PADRE DE LA IDEA
De acuerdo al análisis más estricto, el crédito de la operación en marcha no debería atribuirse al general Cheyre. Debió haberse realizado durante la comandancia del general Ricardo Izurieta y correspondía a una planificación de largo alcance concebida en los años 90, cuando Pinochet estaba al mando del ejército y preparaba su retiro. De esa época es la anécdota de un Pinochet relajado, hablando en confianza con el ministro Pérez Yoma, y diciéndole que sus sucesores debían ser los generales Garín, Izurieta o Cheyre. Ya en ese tiempo se estudiaba una fórmula para terminar con el tema de los derechos humanos y permitir la relegitimación del ejército.
El general Izurieta avanzó poco. La detención del ex dictador en Londres produjo conmoción en el alto mando. Se concentraron esfuerzos para librar al "Benemérito" del destino que lo amenazaba ante la justicia española y traerlo de vuelta a Chile. Todo se orientó hacia ese objetivo. Las gestiones secretas encontraron amplio eco en el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y en la Iglesia Católica. Cuando la situación se decantó, se volvió al tema de los derechos humanos. En junio de 1999, el general Izurieta declaró que "la familia militar estaba inquieta con los procesos judiciales". Sostuvo que era necesario "abordar con altura de miras, con un gran acuerdo el problema, sin olvidar el contexto histórico en que estos hechos ocurrieron". Como un eco, el comandante en jefe de la Armada, almirante Arancibia, declaró: "ha llegado el momento de sentarse a conversar".
En ese clima adquiere nuevo sentido la mesa de diálogo cuyos magros resultados provocaron amplias protestas mucho más allá de los familiares de los detenidos desaparecidos. No hubo un reconocimiento formal de las FF.AA. de los crímenes cometidos; y la información proporcionada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros fue avalada sólo con la firma del obispo castrense, monseñor Pablo Lizama. Las informaciones sobre la suerte de unas pocas decenas de detenidos desaparecidos fueron escasas, contradictorias o falsas.
El presidente Ricardo Lagos atribuyó significación histórica a la mesa de diálogo. Pero las verdaderas triunfadoras fueron las FF.AA., especialmente el ejército y Carabineros, las instituciones más comprometidas en los crímenes y atrocidades de la dictadura. Aparecieron inspiradas en un espíritu de cooperación y de entendimiento nacional. Cerraron el capítulo de la entrega de antecedentes ya que explicaron que la información proporcionada era todo lo que podían obtener y que no habría nuevos aportes institucionales.
HABER Y DEBE
Pocos niegan las ventajas comparativas de Juan Emilio Cheyre para llevar adelante la operación. Tiene prestigio y mayor experiencia política y negociadora que Izurieta. Sus habilidades llamaron la atención en el "boinazo" y luego en El Escorial (España) en 1996, donde alternó con Ricardo Lagos, ministro entonces de Obras Públicas, y con los senadores Jaime Gazmuri y José Antonio Viera-Gallo. A Enrique Correa lo conoce bien y tiene estrechos contactos con altos personeros de gobierno. Es amigo desde la Escuela Militar con Ernesto Ottone, asesor personal del presidente Lagos. También lo es del ministro Mario Fernández. Jaime Ravinet y Gabriel Gaspar, subsecretario de Guerra, mantienen con él relaciones fluidas. Por otro lado, sus vinculaciones con la derecha son calificadas de "óptimas". A través de su suegro, el general (r) Carlos Forestier, tiene llegada a los "duros" del pinochetismo y, por si fuera poco, accede bien a las autoridades de la Iglesia en su calidad de ex alumno de los jesuitas.
El giro que ha impuesto a su discurso evidencia destreza política. Dejó atrás las declaraciones de lealtad irrestricta a Pinochet y a su ideario y ahora centra sus intervenciones en la ética militar, los derechos humanos en la formación castrense y la apertura de las instituciones armadas al mundo de la civilidad.
Cheyre encara, sin embargo, problemas complejos que debilitan sus posibilidades de victoria en este "gran escape" de las FF.AA. para dejar los crímenes sin castigo. El principal obstáculo parece ser las acusaciones por violaciones a los derechos humanos que lo afectan personalmente. El tipo de cargos, la precisión de las circunstancias y el hecho de que sus acusadores tengan rostros, nombres y apellidos, complican al comandante en jefe del ejército, más aún cuando una amnistía o indulto general pudiera verse como un intento para autoexculparse de los cargos que lo incriminan. Erosiona asimismo su credibilidad la relación que el ejército mantiene con ex uniformados involucrados en crímenes contra la humanidad que siguen contando con protección institucional o que incluso han sido contratados nuevamente como se demostró en los casos de Miguel Krasnoff y Jaime Lepe.
También su posición puede ser cuestionada por el proceso por el asesinato del general Carlos Prats que se sigue en Argentina, y que hace más insostenible la falta de una investigación en el interior del ejército, tratándose de un ex comandante en jefe.
El alto mando conoce bien el terreno que pisa. Da por descontado el apoyo de la derecha y obviamente de los grupos recalcitrantes del pinochetismo; confía en la Iglesia y en el cardenal Errázuriz y sabe que cuenta con partidarios en la Concertación, incluso entre los dirigentes más conspicuos. No olvida que en diciembre de 1991, Gabriel Valdés, que presidía el Senado, declaró -haciendo salvedad del caso Letelier, entonces al rojo vivo- que la transición era "un problema político que va a terminar el día que tengamos una situación que nos permita dictar una ley de amnistía general".
Hacia allá van los militares bajo la conducción de su comandante en jefe.

PF