Latinoamérica

Julio Oliva García
El Siglo

En varios frentes han dividido su ofensiva los militares procesados por violaciones a los derechos humanos: por un lado se esconden tras las declaraciones de la organización de generales en retiro o los abogados institucionales, presionan con intensos lobbies en la Corte Suprema, inventan proyectos de ley vía bancada militar y centran sus amenazas en los jueces especiales. Por estos días, su objetivo mayor es la juez de San Bernardo, Cecilia Flores.
Una renovada ofensiva han desatado los poderes militares para detener el desfile de uniformados en los Tribunales de Justicia, hecho acentuado tras los avances obtenidos por los jueces especiales. Su primera victoria, basada en el fuerte lobby realizado en la Corte Suprema, se configuró en la resolución de este organismo que el lunes 22 de abril redujo de nueve a cinco los jueces con dedicación exclusiva, siguiendo con su labor por un plazo de tres meses la juez Cecilia Flores del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, María Inés Collins del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago y Juan Antonio Poblete del Décimo Juzgado del Crimen de Santiago, mientras que en el caso del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, a cargo de María Teresa Díaz, se mantendrá sólo por el plazo de un mes.
Así, otros magistrados que tenían dedicación exclusiva pasaron a la calidad de "jueces preferentes", con lo que no contarán con el tiempo y las facultades que hasta ahora tenían para avanzar en los casos de violaciones a los derechos humanos, que pasarán a ser uno más entre todos los delitos investigados. Esta es la situación en que quedan el Primer Juzgado del Crimen de Santiago, el Quinto del Crimen de Santiago, el Primer Juzgado del Crimen de Arica, el Juzgado de Letras de María Elena, el Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, el Primer Juzgado Civil de Chillán, el Primer Juzgado del Crimen de Chillán, el Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, el Juzgado de Letras de Pucón y el Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia.
Entre los casos que perdieron su categoría se encuentran el de Juan Luis Rivera Matus, Miguel Woodward, Iván Carreño Aguilera, Luis Moraga Cruz, Juan Orellana Catalán, Ricardo Weibel Navarrete, Domingo Blanco Tarres, Luis Bastías Sandoval, Luis Cid Cid, Cristino Cid Fuentealba, José Molina Quezada, José Pinto, Raimundo Salazar, Segundo Soto, Gabriel Viveros, Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca Tobar, Michelle Peña Herreros y Exequiel Ponce Vicencio.
Las presiones públicas
Casi al unísono, aparecieron las voces de los representantes de los generales en retiro, Alejandro Medina Lois y Luis Danús Cobian, y las de los abogados defensores de los procesados por crímenes de lesa humanidad, Roberto Puelma y Juan Carlos Manns, demandando "una solución política, lo más amplia posible, para dar vuelta la hoja en los procesos a militares, permitiendo la reconciliación y el reencuentro". Es decir, borrón y cuenta nueva.
El ex rector designado de la U. de Chile se mostró afligido por la situación de sus pares que figuran en un número de "cerca de 600 procesos, algunos de ellos cerrados y otros no, lo que afecta a un tercio de generales en retiro", llamando a terminar prontamente con ellos. El discurso uniformado apela a la salida política, señalando que estos juicios "no son un problema de los tribunales sino del Estado, quien debe abordarlos y darle un corte definitivo a estas persecuciones políticas disfrazadas de jurídicas", apuntando a la intervención directa de Ricardo Lagos, como lo hiciera en su oportunidad Aylwin a favor de "los terroristas beneficiados con indultos o conmutación de penas".
Por su parte, el abogado de Manuel Contreras, Juan Carlos Manns, representando al grupo de abogados defensores de los uniformados, solicitó al presidente de la Corte Suprema mayor celeridad en los procesos, en especial los tramitados por el ministro Juan Guzmán Tapia.
Desde la bancada militar alzaron la voz los designados Martínez Bush y Ramón Vega, quienes apelaron a la posibilidad de dictar una nueva ley de amnistía que cubra desde 1978 hasta 1991, o ampliando el espacio de tiempo hasta 1967 cuando, tras un congreso del Partido Socialista, según ellos se habría dado inicio a la "espiral de violencia" que culminó con la dictadura. Martínez Bush indicó que "la única solución política es hacer frente en algún momento al hecho que necesitamos una ley general de amnistía y dar el paso adelante siendo francos y valientes". Junto con eso insiste en que "resulta injusto que se acuse a los militares" y que "quien pretenda decir que son problemas institucionales está profundamente equivocado y está haciendo un agravio a las Fuerzas Armadas".
En medio de las 344 indicaciones presentadas para modificar la Constitución, estos senadores designados aprovecharon para incluir sus "puntos de vista" en cuanto a establecer la indisolubilidad del matrimonio, impedir constitucionalmente el aborto y la utilización de símbolos patrios que no sean el escudo o la bandera, señalando la necesidad de sumar como senadores designados a "un ex presidente de la CPC y otro de la CUT" y la famosa nueva amnistía.
La indicación formulada al respecto propone conceder amnistía a todas las personas que "en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictivos por motivaciones políticas iniciadas durante el período comprendido entre el 24 de noviembre de 1967 y el 11 de marzo de 1991". Además, Martínez agrega que los delitos de secuestro de personas perpetrados durante ese período, léase detenidos desaparecidos, "se entenderán consumados transcurridos 15 años desde el inicio del respectivo delito", y encomienda a la ley regular o completar las indemnizaciones que correspondan a las víctimas o a sus herederos. Es decir, cambiar dinero por justicia y no alcanzar siquiera la verdad en torno a los casos de desaparecidos que hoy se procesan como secuestro calificado.
Las apreciaciones personales del propio Comandante en Jefe del Ejército también han estado dirigidas en ese sentido, aunque aparezca públicamente como "dispuesto a concurrir a Tribunales".
...Y las amenazas privadas
Siendo su objetivo paralizar la acción de los jueces especiales, los círculos uniformados han centrado su presión en la juez Cecilia Flores, del Juzgado de Letras de San Bernardo, que lleva los casos relacionados al centro de torturas del Cerro Chena. Esto, porque entre los posibles procesados se encuentran dos generales en servicio activo y varios otros connotados militares retirados que cumplieron funciones en dicho recinto tras el golpe de Estado.
Entre los últimos se encuentra el secretario ejecutivo de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, quien es reconocido por un ex conscripto torturado en las dependencias militares luego de haber sido por un tiempo guardia de los prisioneros políticos. También aparece el brigadier ® Víctor Pinto Pérez, actualmente procesado por su participación en el homicidio de Tucapel Jiménez Alfaro.
Lo que más aterra al gobierno y al Ejército es la posibilidad de que el actual comandante de la VI División con asiento en Iquique, Julio Cerda Carrasco, sea procesado junto al comandante de la II División y juez militar de Santiago Juan Carlos Salgado, hombre clave en el rescate de Pinochet desde Londres y en la Mesa de Diálogo. Ambos también aparecen en el relato del ex conscripto, con sus grados de subteniente y teniente respectivamente, como parte de los oficiales que participaron en las torturas contra los detenidos del Chena, entre quienes estaban un grupo importante de los desaparecidos de Paine y los dirigentes de la Maestranza brutalmente ejecutados.
Por esto, la juez Flores solicitó que sus oficios no fueran encausados por la vía del juez militar, que es el camino normal al tratarse de investigaciones al interior de un recinto militar, puesto que quien ocupa ese cargo figura en sus casos en calidad de querellado y de esta forma conocía de las investigaciones que podrían inculparlo. Sin embargo, la Corte Marcial rechazó la impugnación, con el voto contrario de la integrante civil Sonia Araneda, y dejó a Salgado Brocal cumpliendo las mismas funciones en torno a los procesos del Cerro Chena.
Junto con esto se conoció de una resolución, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que llama la atención "severísimamente" a Cecilia Flores por un supuesto retardo en la notificación a cinco uniformados en retiro, lo que habría causado daño moral a los inculpados. El reclamo, interpuesto por los abogados defensores de los criminales, se unió a la resolución de la misma Corte de Apelaciones que había revocado los procesamientos de Andrés Magaña Bau, Víctor Pinto Pérez, Sergio Rodríguez Raucher, Alfonso Faúndez Norambuena y Sergio Avila Quiroga, quienes habían sido procesados por el secuestro de dos sobrevivientes del Chena y no por las torturas a que fueron sometidos, delito que sí es imprescriptible.
La misma magistrada se declaró incompetente en el caso de la desaparición de David Urrutia a manos del Comando Conjunto, en el que había procesado a Otto Trujillo, Manuel Muñoz Gamboa, Eduardo Cartagena Maldonado, César Palma Ramírez y Fernando Zúñiga Canales, quienes se insubordinaron al momento de ser notificados en el juzgado, negándose a quedar detenidos. Este hecho, unido a las múltiples maniobras de dilación contra sus casos, las presiones desde el interior del Poder Judicial, la falta de apoyo del Programa de Derechos Humanos y las constantes amenazas telefónicas que recibe, han llevado a Cecilia Flores a un punto delicado en su tarea. El objetivo principal de los militares pareciera estar cumpliéndose.