Latinoamérica

El Gobierno nacional, sin consulta ni concertación con la mayoría de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, elaboró un proyecto de ley general rural y espera presentarlo a la actual legislatura. Hemos conocido su texto únicamente a raíz de la realización de un foro el 4 de abril, al cual tampoco fueron invitadas la mayoría de nuestras organizaciones.
Rechazamos tal proyecto y el intento del actual gobierno de imponerlo a última hora, por las siguientes razones:
1- NO trata los problemas centrales para el campesinado como son la protección de la producción nacional frente a las importaciones y los acuerdos internacionales lesivos; el fomento agropecuario con instituciones estatales fuertes para llevarlo a cabo; la condonación de las deudas impagables por efecto de la apertura económica y la realización de una verdadera reforma agraria que entregue al campesinado 6 millones de hectáreas agrícolas que están siendo desperdiciadas.
2- Fortalece la corrupción clientelista al tratar de convertir la entidad que propone crear –INCOMER- en un nuevo fondo de lavado de auxilios parlamentarios, creando un instituto como fondo de cofinanciación que unificaría los actuales vicios del fondo DRI, con el INAT y el INCORA, entidades que serán eliminadas, dejando en la calle a miles de trabajadores. En las actuales condiciones de dominio de la politiquería clientelista, los fondos de cofinanciación han demostrado ser fondos de auxilios parlamentarios tal y como las denuncias del representante Gustavo Petro y la Contraloría General de la Nación lo han puesto en evidencia.
3- Pone la adquisición de tierras en la esfera de la coerción armada, pues actualmente los grupos paramilitares controlan las administraciones municipales en las zonas de latifundio y ellos mismos han reconocido su influencia en las elecciones. Supeditar la adquisición de tierras al nivel municipal, es dejarla al arbitrio paramilitar en zonas donde precisamente hay que redistribuir la propiedad. Aceptar el proyecto es por consiguiente condenar al fracaso cualquier esfuerzo de reforma agraria y con mayor razón los que se hacen con los mínimos recursos presupuestales que hay en la actualidad.
4- Instaura un régimen corporativo al convertir en organizaciones paraestatales las cadenas productivas, que son una realidad económica y contractual, dentro de la cual es necesario fortalecer a las ORGANIZACIONES CAMPESINAS AUTÓNOMAS para que puedan contratar en condiciones equitativas. El proyecto en cambio crea un mecanismo para aumentar la subordinación de los campesinos a contratos leoninos en condiciones lesivas, supeditando la inversión estatal a la afiliación a organizaciones por cadena y conduciendo irremediablemente a los campesinos y pequeños propietarios a "alianzas" o "asociaciones" en que llevan la peor parte. El corporativismo, impone una organización campesina de bolsillo del Estado y el gobierno y unas "corporaciones" por rama de actividad económica en las cuales los intereses de los campesinos y demás trabajadores son consumidos por los de los poderes económicos. En las condiciones actuales esta estructura conduce a apoyar un proyecto político fascista, antecedido por la eliminación física de miles de dirigentes populares y por la persecución contra las organizaciones campesinas. Tal proyecto parte de desconocer los conflictos de intereses y obliga a la "unidad", de los campesinos con quienes los explotan (transnacionales, latifundistas, intermediarios) y los subordina como satélites de los grandes propietarios y finalmente de las transnacionales, que son las que internacionalmente se están lucrando de los sistemas de agricultura contratada en los cuales los campesinos no cuentan con fuertes organizaciones autónomas.
5- Abre la feria de los recursos genéticos de Colombia, incluyendo en el proyecto un mico gigante, cual es la liberalización del mercado de estos recursos. El gobierno quiere abrirle paso al saqueo del patrimonio genético por los monopolios mundiales de la biotecnología. Este es un tema que desde el punto de vista de la Constitución, la ley que reglamenta el ministerio del Ambiente y la conveniencia de la nación, el campesinado, los indígenas y los campesinos, no puede ser tratado como si fuera un asunto comercial agrícola. El espíritu del proyecto es de todos modos el que ha imperado también el proyecto de ley 53 que cursa en el Senado y prepara la entrega de las aguas y los ríos del país al mercado transnacional. Es el mismo espíritu del Código de Minas y de la legislación petrolera, la entrega de los recursos naturales de Colombia, según el dictamen de la globalización neoliberal, en beneficio de las transnacionales, en perjuicio de las comunidades locales.
6. Constituye un verdadero retroceso en relación con algunas normas contenidas en actuales legislaciones, que denota su carácter neoliberal y antipopular, en beneficio de los planes globalizantes y en detrimento de la economía campesina, la seguridad alimentaria y las comunidades rurales.
Por estas razones exigimos al gobierno nacional no presentar semejante proyecto y llamar a una concertación formal al conjunto de las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, de obreros rurales, y de los pequeños y medianos empresarios agrícolas, sin discriminación, para que junto con las pocas organizaciones que sí conocían el actual proyecto y con el gobierno, elaboren un nuevo proyecto que refleje los intereses que han sido desconocidos en el proyecto actual.
En caso de que el gobierno presente el actual proyecto al Congreso, llamamos a los senadores y representantes a no aprobarlo.
Para lograr la aprobación de una ley agraria que realmente beneficie al campesinado y al país, llamamos a preparar una gran movilización nacional, que desde ya comenzamos a promover y organizar en cada sitio de Colombia.
CONSEJO NACIONAL CAMPESINO
COORDINANDOR NACIONAL AGRARIO
abril de 2002