Latinoamérica

Ricardo Ferrer, Mauricio Lazala

En Colombia se ha pasado a la guerra abierta durante el año en el cual los ciudadanos eligen presidente y congreso. La guerra actual no es necesariamente el mayor de los problemas que enfrenta el país, pues el principale candidato a la presidencia de la República de Colombia tiene un pasado sombrío: Álvaro Uribe Vélez es conocido por seguir el peligroso juego de grupos paramilitares.

De acuerdo con la sangrienta tradición de las últimas campañas electorales, el nuevo presidente deberá ser elegido en medio de los disparos. Durante las elecciones de 1990 los cuatro candidatos de la izquierda fueron asesinados en sitios públicos. Ahora se teme que la violencia política se repita en un marco de guerra generalizada en todo el territorio nacional. En la vigente campaña electoral contamos ya con una pre-candidata secuestrada por la guerrilla y quedan pocos líderes limpios y civilistas con propuestas estructuradas para sacar de la crisis al país.
Luego de tres años y cuatro meses negociando la paz, el gobierno ha iniciado una guerra abierta contra las FARC-EP, intensificando seriamente la larga historia de casi cinco décadas de conflicto armado en el país sudamericano. En éste ambiente bélico, nadie escucha voces que promuevan nuevas negociaciones y ganan terreno las propuestas autoritarias. A su vez, las FARC manifiestan que sólo negociarán con el próximo gobernante y no con Pastrana. Ello implica que por lo menos hasta el 7 de agosto tendremos una guerra muy intensa.
Tras las elecciones parlamentarias llevadas a cabo el pasado 10 de marzo, repletas de irregularidades, no hubo un claro triunfador y el congreso colombiano resultó más fraccionado que nunca. Ninguno de los candidatos presidenciales cuenta con mayoría de sus partidos en el congreso. El actual dilema colombiano es quién va a suceder a Andrés Pastrana: En las hermosas tierras de Colombia solo suenan tambores de guerra y pocos cantan los himnos de la paz.
GUERRA ECONÓMICA
El conflicto está servido y ya hace bastante se siente el impacto sobre la economía y la infraestructura. Las guerrillas colombianas seguirán incrementando sus arcas de guerra por medio de los secuestros, la extorsión, el narcontráfico, los "impuestos de paz" y el tráfico de armas. Así mismo, pondrán en juego las lecciones aprendidas durante las guerras de Centroamérica: Combatientes de las FARC y del ELN participaron en los conflictos de Nicaragua y El Salvador, además de haber mantenido relaciones con las guerrillas de Honduras y Guatemala. Como se recordará, el Frente Farabundo Martí aplicó sistemáticamente la formula de guerra económica en El Salvador y la usó en la negociación final del conflicto. Por su parte, sus feroces enemigos, las paramilitares "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC), se enriquecen por los mismos medios.
Con el fracaso del proceso de paz y el inicio de la guerra abierta, es previsible que Colombia supere su propio récord de un promedio de 37.000 asesinatos al año, dos millones de desplazados internos, casi un millón de emigrantes al exterior, miles de asilados políticos, lisiados y enfermos mentales. La cara menos visible de la guerra es la devastación económica:
Esta forma de lucha incluye ataques frontales a la infraestructura, especialmente vías de transporte y sistemas eléctricos, y atentados directos a monopolios y a empresas multinacionales, causando la pérdida de miles de millones de pesos.
LUCHA TERRITORIAL
La guerrilla controla casi la mitad del país, y la mitad de los alcaldes de las pequeñas y medianas poblaciones negocian sus programas de gobierno con las nuevas autoridades locales. Adicionalmente, se encuentra una creciente actividad de los escuadrones de la muerte, financiados por terratenientes privados, grandes monopolios empresariales y algunas multinacionales del petróleo. En un inicio, el entrenamiento de los paramilitares y la asignación de sus blancos fueron hechos por el estamento militar, pero el engendro se le salió de control. Los actuales escuadrones de la muerte llevan su negocio por cuenta propia y ejecutan masacres por encargo para extender territorios de narcotraficantes y grandes hacendados. En medio están la población civil, los líderes de derechos humanos y los dirigentes sindicales que mueren por montones.
Tradicionalmente los combates entre ejército y guerrilla ocurrían en las selvas y zonas rurales. Hoy la guerra está más cerca de las grandes ciudades. Actualmente se intensifica la disputa por el control de las vías y rutas de suministros en regiones estratégicas tales como el triángulo Bogotá – Medellín – Cali. Una prueba de ello es el gran desarrollo de grupos milicianos (guerrillas urbanas) en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. La muestra fue siniestramente otorgada el pasado sábado 6 de abril, cuando dos potentes bombas detonaron en la sureña ciudad de Villavicencion, dejando un saldo de doce civiles muertos, y el lunes 8 de abril, cuando dos coches bomba explotaron en inmediaciones de Bogotá dejando dos policías muertos y varios heridos.
En esta disputa, la joya de la corona es el Departamento de Antioquia donde ya hay enfrentamientos en el Valle de Aburrá (que incluye a Medellín), serios bloqueos en la vía hacia el golfo de Urabá, y son comunes los combates en los valles de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena. Antioquia es una de las regiones más ricas de Colombia y por ello todos los bandos en pugna tienen grandes unidades de combate desplazadas allí. El candidato Álvaro Uribe, con sus propuestas autoritarias, pertenece a esta región y allí captó sus primeros adeptos.
IMPLICACIONES INTERNACIONALES
Las implicaciones del conflicto se extenderían al vecindario y no podemos olvidar que Colombia tiene una localización estratégica, con orillas en el Atlántico y Pacífico, la cordillera de los Andes, la selva del Amazonas y una zona inmensa de mar territorial en el Caribe. En este marco geopolítico, merecen especial atención la vecindad de Colombia con Venezuela, sacudida recientemente por una grave inestabilidad política, y la cercanía de Colombia a Centroamérica, con sus conflictos mal resueltos. Actualmente las guerrillas centroamericanas están desmovilizadas sin haber conseguido soluciones sociales. La tensión sigue viva y con un poco de calor se puede reavivar el fuego.
Por su parte, EU pasó de la guerra de propaganda a la propaganda de guerra, en un marco de intervención abierta (no sería una casualidad que justo en estos momentos se esté difundiendo la película "Daño colateral", producción hollywoodense sobre la guerra en Colombia). Luego del 11 de Septiembre, EU incluyó a las FARC en la lista de los grupos "terroristas", pero en realidad la confrontación entre las guerrillas y tropas del ejército colombiano financiadas y entrenadas por EU, viene ocurriendo desde la década del 60. En el marco de esa historia, el "Plan Colombia", o generoso nuevo paquete de ayuda militar estadounidense que el Senado en Washington ya aprobó, es solo el último eslabón de la cadena de intervenciones en el país. Mientras la visión oficial de EU frente al conflicto es la solución armada, los países europeos y latinoamericanos se la juegan toda por la salida política y las soluciones sociales.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Álvaro Uribe Vélez es el candidato con las opciones más claras para ganar la presidencia de la República el próximo 26 de mayo (según la última encuesta de opinión de "El Tiempo" en marzo, Uribe lideraba con un 59% en las intencones de voto). Pero inevitablemente Uribe enfrentará problemas de gobernabilidad y legitimidad porque carga con un pasado turbio y en el presente han sido incapaz de levantar propuestas realmente viables a la crisis. Desde el principio atacó las negociaciones de paz con la guerrilla y cedió su puesto en el proceso de paz a la comisión de la ONU, más los 10 países amigos del proceso de paz en Colombia. Además, para ser consecuente con sus ideas, Uribe Vélez ha expresado ser partidario de la intervención militar de EU en Colombia.
Colombia busca líderes limpios para una sociedad civil agotada y cada vez más presionada a optar por las salidas militaristas, pero los últimos años han estado caracterizados por la ausencia de verdaderos dirigentes políticos. En ese panorama de incertidumbre aparece Álvaro Uribe Vélez, un disidente del Partido Liberal que ha tenido éxito vendiendo la idea de que salvará al país de la catástrofe por medio de la "mano dura". Álvaro Uribe representa la lucha contra la guerrilla, pero no ofrece opciones sociales.
Su Currículum Vitae tiene lecturas opuestas según el bando del lector: Entre 1976 y 1977, Uribe fue Jefe de bienes en empresas publicas de Medellín y desde ese cargo lideró la negociación de tierras y el traslado de la población del viejo al nuevo poblado de El Peñol. Supuestamente esa experiencia lo puede presentar como un buen administrador. Pero los habitantes de El Peñol y Guatapé en el oriente de Antioquia cuentan la misma historia desde los muertos y desaparecidos que sufrieron durante la negociación por las tierras que debían ser sumergidas para el embalse proyectado por Empresas Públicas de Medellín. El proyecto hidroeléctrico del Peñol fue más impuesto que negociado, y la población civil solo conoció gases lacrimógenos, expropiaciones de tierras para la hidroeléctrica y destierro forzado.
En otro apartado de su currículum, el período de Álvaro Uribe al mando de la Aeronáutica Civil no se distinguió precisamente por el control al narcotráfico en los aeropuertos. Entre 1995 y 1997, como gobernador de Antioquia, dió apoyo directo a las paramilitarizadas Cooperativas de Vigilancia Privada, "CONVIVIR", lo cual le originó reproches de la comunidad internacional y de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para Colombia, Almudena Mazarrasa. El padre de Álvaro Uribe fue asesinado por la guerrilla y eso lo marcó para siempre. Mientras Uribe Vélez gana poder político, ataca sistemáticamente todo lo que se parezca a movimientos sociales, reivindicaciones laborales, jornadas de protesta y grupos defensores de los derechos humanos, porque todo ésto, para Álvaro Uribe, huele a guerrilla. Tal política le genera apoyo entre la dirigencia empresarial, más amiga de recortes en los salarios, bajas pensiones, poca estabilidad laboral y carencia de derechos sindicales.
La sombra más sangrienta que pesa sobre las páginas del historial de Uribe Vélez se produjo en 1997. Durante éste año ocurrieron las principales masacres de Antioquia, debidamente documentadas por periodistas y activistas de derechos humanos, en la zona del río Atrato. Las masacres de civiles fueron cometidas en la jurisdicción de la Brigada XVII, bajo el mando del general Rito Alejo del Río Rojas, quien se encuentra actualmente bajo proceso de investigación judicial. Durante el tiempo en que ocurrieron los abusos contra la población civil de Antioquia, Álvaro Uribe omitió interceder en favor de la población y omitió proceder contra el general Rojas.
El escuadrón de la muerte AUC tiene interés en las selvas del Atrato porque allí puede sembrar coca, instalar laboratorios y sacar la cocaína por las rutas de Panamá.. Desde mayo de 1997 hasta mayo de 2000 las AUC tomaron el poblado de Vigía del Fuerte como una de sus bases de operaciones. Desde allí sus hombres controlaron el río Atrato hasta su desembocadura en el golfo de Urabá. Durante tres años las autoridades locales hicieron la vista gorda ante docenas de cadáveres que flotaban en el río. Las pruebas acumuladas contra el general Rojas señalan el trabajo conjunto entre escuadrones de la muerte y el Ejército Colombiano en las regiones de Córdoba, Urabá y el Atrato. En el seguimiento como periodista que Ricardo Ferrer desempeñó en la zona del Atrato, confirmó dicha cooperación, y lo mismo ha sido denunciado por organizaciones internacionales como Amnesty International y Human Rights Watch.
Si el general Rojas fue el ejecutor de masacres en Urabá y el Atrato, el gobernador Álvaro Uribe Vélez fue el gran encubridor de las mismas. Era imposible ignorar el asunto cuando los muertos flotaban en el río Atrato durante días a la vista de todo el mundo: Los escuadrones de la muerte habían dado la prohibición de recoger los cadáveres.
2002, TIEMPOS DIFICILES
Los ánimos están muy calientes como para negociar un alto al fuego o disminuir las hostilidades durante las dos rondas de votaciones en mayo y junio, en las cuales se elige el presidente. En 1948 fue asesinado el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, por levantar la bandera de las reformas sociales, y desde entonces miles de políticos han muerto, víctimas de la intolerancia y la cultura de exclusiones. Como se mencionó anteriormente, las elecciones presidenciales de 1990 fueron acompañadas por bombas y asesinatos de cuatro candidatos presidenciales. En la misma década, el acribillamiento en serie de más de 4,500 militantes de la Unión Patriótica, le quitaron respaldo a las voces moderadas y liquidaron aquél movimiento político.
La agenda 2002 para Colombia tiene entre sus ingredientes la guerra del gobierno contra las FARC, el proceso electoral y el cronograma de guerra antiterrorista de George Bush. Queda pendiente la guerra del gobierno contra los paramilitares, pero es difícil que esto último ocurra. Para las personas que no estamos alineados con los promotores de la guerra, nuestra única opción es la de mediar en defensa de la población civil y prevenir las nefastas consecuencias que opciones autoritarias pueden traer para Colombia. Ya vimos los resultados tan negativos en otras partes de Latinoamérica como el de Fujimori en el Perú. En el caso de Álvaro Uribe, todavía estamos a tiempo de evitar que Colombia viva otros cuatro años llenos de sangre.
En las múltiples masacres en Colombia han participado todos los bandos en conflicto. Con la anunciada creación de la Corte Penal Internacional, es posible que algún día todos los genocidas colombianos tendrán que comparecer ante un juez internacional. Mientras tanto, la economía del país es devastada y se sigue llenando tristemente de más huérfanos y más viudas.
(*) Ricardo Ferrer Espinosa es un periodista colombiano que vive como asilado político en España. Mauricio Lazala es un politólogo colombiano que reside actualmente en México.