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TERRORISMO
DE ESTADO EN EL CHOCÓ En el Chocó el Terrorismo de Estado está al servicio del capital
Los Para-Militares son el Ejército con brazaletes de las AUC
"La disputa territorial entre las Farc y los Para-Militares se origina
por el control del Atrato Medio, zona vital para el tráfico de armas
y droga": Esta es la noticia emitida por la Oficina de Prensa del Ejército
(E-5) a los medios de comunicación. Pero la verdadera razón por
la cual las FARC-EP combaten al ejército colombiano que lleva brazaletes
de las AUC es la de detener la violencia Para-Militar que está siendo
promovida por el Estado colombiano en la región chocoana y que busca
generar las condiciones para adecuar la zona a las exigencias del capital internacional
y posibilitar la concreción de megaproyectos económicos. A continuación
algunos datos utiles:
El Departamento del Chocó comprende 21.310 Km, lo que lo convierte en
la división político-administrativa con mayor extensión
en todo el litoral pacífico colombiano. Su población se estima
en 365.782 habitantes, que representan el 0.9% del total de la población
colombiana. De éstos el 40.5% reside en las cabeceras municipales y el
59.5% en la zona rural. Limita al norte con la república de Panamá
y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y
Valle del Cauca; por el sur con el Valle del Cauca y por el Oeste con el océano
Pacífico.
Miseria
Es una región marginal y vulnerable en el aspecto económico debido
al efecto histórico de la economía extractiva impuesta y su relación
dependiente con Antioquia, el eje cafetero y el Valle del Cauca. La extracción
irracional de los recursos no ha permitido una acumulación de capital
que pueda ser invertido en bienes y servicios en beneficio de su población.
Es el departamento donde menos condiciones de vida digna tienen sus pobladores,
lo que se demuestra en los siguientes datos: La cobertura del servicio de acueducto
alcanza un promedio del 40% y el alcantarillado sólo un 10% en las cabeceras
municipales El grado de escolaridad es dos tercios inferior al promedio nacional:
de cada 100 niños que se matriculan en primer año de primaria,
sólo 25 logran terminar el quinto grado. Los servicios de transporte
son precarios, costosos y lentos. El medio más común es el río
y para las embarcaciones el precio del combustible es más del doble que
el promedio nacional. Sólo en las cabeceras municipales del eje carreteable
Medellín-Quibdó-Pereira, cuentan con servicio de energía.
En los demás centros, el servicio se limita a algunas horas por día.
Riqueza
Sin embargo, todos saben que es uno de los departamentos con mayores riquezas
del país. Por ello, dentro de la política de apertura económica,
el Estado identificó a la Cuenca del Pacífico como la región
del mundo con la tasa más elevada de expansión económica
y por ello como un área prioritaria para establecer relaciones comerciales.
Se estima que el Chocó proporciona el 65% de la madera y pulpa que se
consume en Colombia, el 20% del sector pesquero y el 35% de la producción
aurífera. La mayoría de estos recursos se compran a precios sumamente
bajos y sin ningún valor agregado. Sin embargo, estando el Chocó
fundamentalmente poblado por diferentes etnias, es aún posible que este
bosque húmedo tropical siga siendo un pulmón vivo y esencial para
la humanidad.
Se encuentran yacimientos de minerales de importancia estratégica destinados
a la siderurgia, la electrometalurgia, la industria aeroespacial y la producción
de energía nuclear: bauxita, manganeso, cobalto radioactivo, estaño,
cromo, níquel y petróleo.
El Chocó en particular reviste gran importancia estratégica dada
su especial ubicación como punto de encuentro de los dos océanos,
y centro donde han fijado su atención las políticas mundiales
para el desarrollo del mar del siglo XXI.
El departamento del Chocó es uno de los más lluviosos de Colombia
-de ahí sus numerosos ríos- que unido a las altas temperaturas
mayores de 30 centígrados, de las tierras bajas, mantienen una alta humedad
y exuberante vegetación. Por este motivo el Chocó ofrece una de
las mayores riquezas en recursos naturales del país.
Y es aquí donde se agudiza la contradicción existente entre el
modelo económico y los derechos étnicos territoriales contemplados
en la Constitución colombiana: a medida que se hace un despliegue propagandístico
por el respeto a la diferencia, se promueve la inversión de capitales
privados y la intervención de empresas multinacionales en el futuro del
departamento. Se diseñan planes de intervención y construcción
de obras de infraestructura, tales como: La construcción de un puente
terrestre interoceánico que una los océanos Atlántico y
Pacífico (Atrato - Truandó) La construcción de dos puertos
marítimos, uno sobre la Bahía de Cupica y otro sobre el Golfo
de Urabá. La conexión de la carretera Panamericana y una línea
férrea que conecte ambos puertos, un oleoducto y una línea de
residuos del carbón (Animas - Nuquí y Tapón del Darién);
La instalación de centros de abastecimiento de combustibles y construcción
de ciudadelas industriales en la desembocadura del Río san Juan (Bahía
Málaga); La construcción de microcentrales hidroeléctricas
en Juradó y Mutatá; La historia del Pacífico esta cruzada
por la marginación y el olvido. Lugar de nacimientos y luchas de los
pueblos indígenas que se resistieron a la empresa colonizadora. Lugar
de llegada y libertad para la población negra que esclavizada por las
élites del Valle, Cauca y Antioquia, sólo veían en estas
tierras la nostalgia de su pasado y el paraíso de su porvenir. El Pacífico,
podríamos sintetizar, tiene en su tortuoso historial sólo las
figuras de filibusteros, encomenderos, misioneros y politiqueros.
Desde siempre las políticas económicas han sido extractivistas;
desde siempre las políticas sociales han sido nulas. Por el Chocó
han desfilados las más variadas expresiones de empresas que con su presencia
han arrasado muchos de los ricos recursos de la región, desde la extracción
minera en el San Juan, el Alto Atrato y el Andágueda, la extracción
maderera en el bajo Atrato y Truandó, la tala de bosque y potrerización
del alto San Juan, Acandí y Unguía, hasta la extracción
genética hoy presente en todo el departamento. Pero nunca han hecho presencia
políticas de inversión social que mejoren las condiciones de vida
de los nativos pobladores.
Por otro lado, lo que estas prácticas extractivas, permitidas y propiciadas
por las políticas estatales de desarrollo, no consiguen destruir en términos
socioambientales, entra a ser destruido por la construcción de obras
de infraestructura, que buscan más una respuesta a las necesidades de
adecuación de la región para el desarrollo del capital, que una
respuesta a las necesidades de la población y al fortalecimiento de sus
modelos culturales.
Terrorismo Estatal al servicio del desarrollo
Efectivamente estas políticas extractivas toman otro carácter,
hoy son obras de infraestructura. Pero qué pasa en la unión de
estos dos modelos políticos-económicos? Cuál es la articulación
real existente entre uno y otro? Dónde quedan los pueblos negros e indígenas
del Chocó? 500 años de expoliación y marginación
han sido más que suficientes para que tanto negros como indígenas
buscarán mecanismos de resistencia que les permitiera sobrevivir en medio
de dragas, motosierras y lanchas. Concientemente se han venido elaborando propuestas
y estrategias que radican fundamentalmente en la necesaria unidad de unos y
otros, negros e indígenas, para rechazar modelos impuestos como los que
pretenden nuevamente el capital nacional e internacional, y para proponer modelos
alternativos que tengan en cuenta y respeten su mundo simbólico cultural.
Es aquí, en este momento, cuando el salto entre una política extractivista
a una política de obras de infraestructura, se quiebra. Y lo quiebran
los pobladores. La lucha cambia entonces de escenarios y de formas. La fuerza
y la eliminación de los líderes de las organizaciones y el terror
entre sus bases es el camino creado por el Estado para desarrollar, por encima
de todo, sus planes. Las múltiples violaciones a los Derechos Humanos
en los últimos años, encuentran su origen en estos planes de inversión
que dan pie a la disputa por el territorio; los grupos paramilitares han sido
los que más víctimas de asesinatos, masacres y desplazamientos
ha causado en el Chocó. Uno de los elementos de persecución a
líderes de comunidades negras y el acoso a sus comunidades por parte
de los Para-Miltares ha sido el proceso de titulación colectiva del territorio.
En otras palabras, una violencia institucional al servicio del desarrollo, una
violencia acostumbrada a convertir nuestra selva en cementerios. La guerra entonces
que padece hoy el Chocó no es casual, diríamos en su lugar que
es causal. Cuando se ven todos los intereses nacionales e internacionales que
se ciernen y proyectan sobre el Chocó, se entiende como por esos mismos
intereses se viene asesinando y desplazando a los pobladores; se entiende y
comprende cómo cuando empiezan a concentrarse las miradas económicas
sobre el Chocó se va incrementando el cordón paramilitar. En este
contexto político se ubica el desarrollo de dicho proyecto como una política
de Estado, que busca generar las condiciones para adecuar la zona a las exigencias
del capital internacional y posibilitar la concreción de los megaproyectos
propuestos para la región.
El Estado sigue privilegiando los intereses de las multinacionales sobre los
derechos de los pueblos negros e indígenas, a quienes se les hacen algunos
reconocimientos de sus derechos que son engañosos porque con el desarrollo
de la guerra se copan los territorios y se desplaza a las comunidades.