26 de mayo del 2002

AI: El Brasil infrahumano

Amnistía Internacional  
34 detenidos apretujados en calabozos construidos para cuatro personas, celdas sin ventanas de las que sólo les permiten salir una hora cada 15 días, un hacinamiento del 1000%, presuntos torturadores que llevan más de 30 años operando con impunidad...  
Aunque parezca una novela de horrores medievales, esto describe las condiciones espantosas, el hacinamiento crónico, la tortura y la corrupción que constituyen la vida diaria de los presos, como pudo constatar Amnistía Internacional, en las dos comisarías de policía que la organización visitó en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Frente a la creciente demanda popular para que se responda con mano dura a los delitos violentos, y ante los recientes sondeos de opinión que muestran un apoyo creciente a, entre otras medidas, la reintroducción de la pena de muerte, Amnistía Internacional desea llamar la atención del mundo sobre los extraordinarios abusos contra los derechos humanos y el terrible hacinamiento que llevan permitiéndose desde hace tanto tiempo en dos de las comisarías de policía con mayor tráfico de Belo Horizonte.  
En el mes de octubre del 2001, una delegación de Amnistía Internacional visitó la Comisaría de la División de Estupefacientes (Delegacia de Tóxicos, Divisão de Tóxicos e Entorpecentes) y la Comisaría de la División de Robos y Hurtos (Delegacia de Roubos e Furtos, Divisão de Crimes Contra o Patrimonio) en las que descubrió condiciones extremas de miseria y hacinamiento, falta de atención médica e indicios de corrupción entre los guardias penitenciarios, que extraen con extorsión dinero de los detenidos, desesperados por obtener artículos de primera necesidad -como alimentos y medicinas- y por que los trasladen a otro lugar.  
«Pese a las reiteradas denuncias que han hecho las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, las personas recluidas en estas comisarías de policía continúan soportando condiciones infrahumanas -que bien podrían describirse como de muerte en vida- que los despojan de la humanidad más elemental», dice Amnistía Internacional.  
«Lo que resulta todavía más alarmante de todo lo que nos contaron los detenidos son las sesiones de tortura en las que los golpean brutalmente y les aplican descargas eléctricas, así como las celdas de castigo en las que los recluyen después y donde los abandonan, desnudos, sin alimentos y en régimen de aislamiento, durante días», dicen los delegados, y añaden que éstos no son casos aislados, pues los informes sobre hacinamiento y tortura en las comisarías de policía abundan por todo Brasil.  
Los delegados descubrieron con alarma que uno de los agentes, empleado desde hace mucho tiempo en la Comisaría de la División de Robos y Hurtos, ha estado implicado en casos de tortura que se remontan incluso a 1969, y que los métodos de tortura usados en la década de 1960 siguen usándose hoy en la comisaría.  
«Éste no es sino un ejemplo más de que la inacción crónica de las autoridades cuando se trata de investigar las denuncias de tortura y malos tratos generalizados en prisiones y comisarías y de castigar a los responsables, continúa alimentando el círculo vicioso de impunidad y abusos», dicen los delegados de Amnistía Internacional.  
«La situación en estas dos comisarías es sintomática de los problemas estructurales que aquejan al sistema de justicia penal de Brasil, que las autoridades están empeorando aún más al tratar de responder a los crecientes índices de delincuencia y a la presión de la opinión pública con soluciones fáciles», añaden los delegados.  
El pasado noviembre, tras las crecientes críticas internacionales, el gobierno de Brasil lanzó una campaña de ámbito nacional para combatir la tortura. Cuatro meses después de iniciarse ésta, sin embargo, existe el temor de que muchas de las medidas adoptadas no atacan de raíz las causas de la tortura ni la impunidad de que disfrutan los perpetradores.  
«La campaña ha sufrido las consecuencias de una mala financiación y de la falta de una estrategia coordinada, y ha tenido poco efecto en las vidas de los miles de detenidos y presos que padecen tortura y malos tratos en todo el país», explica Amnistía Internacional.  
«Lo que se necesita es que las autoridades federales y estatales actúen con urgencia para mejorar las condiciones de encarcelamiento, para poner fin a la violencia y a los abusos de la policía y los guardias de prisiones -que incluye proporcionarles recursos adecuados y formación-, y para poner freno al uso de sentencias excesivamente punitivas que contribuyen al extraordinario hacinamiento del que hemos sido testigos en Belo Horizonte.»  
«Las autoridades federales y estatales de Brasil han dejado de proporcionar, una y otra vez, estrategias estructuradas y efectivas a largo plazo para reformar la seguridad pública. Esto ha llevado a que se sacrifiquen los derechos humanos de un porcentaje sustancial de la población brasileña en favor de una actuación policial que usa métodos violentos, represivos y corruptos. Métodos que, no sólo han demostrado ser ineficaces para resolver la delincuencia, sino que incluso han acelerado la espiral de delincuencia y violencia que hoy representa una amenaza de considerable magnitud para la estabilidad social del país», concluye Amnistía Internacional.