La Lucha continúa

Presos Políticos, rehenes del sistema

(Editorial del programa ¡Ni un paso atrás! - Todos los jueves de 21 a 22 hs. por FM La Tribu, 88.7 MHz., 2-8-01)
Asociación Madres de Plaza de Mayo

En el discurso consignista de la izquierda, la categoría "preso político" ocupa un lugar de importancia. Sin embargo, no es cuestión de nombrar la cantidad de presos políticos solamente.
Tampoco alcanza con citar sus nombres.
La solidaridad con los presos políticos es un compromiso ineludible de toda la militancia que resiste. Cualquiera que luche es un potencial preso político. El poder, en su lógica de reprimir todo aquello que discuta sus políticas de exclusión, tiene en los luchadores populares un blanco donde acertar sus garrotes, sus mentiras, sus injurias, la cárcel. Porque, se sabe: sin represión, el pueblo impediría que lo roben, lo maten de hambre y de balas, y el poder acabaría perdiendo su poder.
Mediante el procesamiento y condena a Diego Quintero y Carlos Bértola, los compañeros de La Tablada y los de la causa ORP, Alí, Castells, Barraza, Rainieri, Martino, los casi 3000 piqueteros enjuiciados y tantos otros que podrían caer detenidos esta noche en cualquier calle, plaza o ruta del país, el poder se cobra el ascenso o auge de las luchas populares.
Por eso, es necesario advertir que un preso político no es asunto o competencia exclusiva del compañero que está preso, o de sus familiares solamente, o de su organización política y nadie más. Las condenas contra los luchadores populares comprometen nuestra propia libertad. Todo el pueblo está perseguido en tanto existan militantes de la causa popular demorados en las prisiones del sistema.
No está nada bien que algunas organizaciones que se autoproclaman populares, de izquierda, revolucionarias, combativas, distingan entre unos y otros presos políticos. La metodología más arriesgada o radical que algunos compañeros presos emplean en su lucha no los hace más revolucionarios, pero tampoco los exime de la condición de "preso político".
Ejemplo: Emilio Alí, que está preso por pedir comida en un supermercado, no es más preso político que Diego Quintero y Carlos Bértola, detenidos por una causa más compleja, sí, pero igualmente injusta y arbitraria. Lo mismo para los compañeros de La Tablada y Raúl Castells, los piqueteros y los presos de la causa ORP, y así sucesivamente.
Dividir a los presos políticos de acuerdo al delito por el que se los procesa, prolonga el mito de la guerra sucia y la explicación del genocidio como un exceso en la "legítima" represión, discursos malintencionados que quisieron crear diferentes categorías entre las víctimas de la dictadura militar: más o menos inocentes según la pertenencia de los desaparecidos a las organizaciones armadas u otras menos clandestinas aunque más "políticamente correctas".
En definitiva: todo militante popular detenido por luchar es un preso político. Las organizaciones del pueblo no deberían hacer diferencia entre unos y otros porque es la infame ley del estado burgués la que los iguala, tipificando como delitos comunes sus acciones políticas de resistencia popular. Todos los procesos contra luchadores, estén o no relacionados con hechos violentos, son un triste ejemplo de la perversión de este sistema indigno y todo cruel.