La Lucha continúa

AMPLIARAN LA DENUNCIA ANTE LA ONU POR LA REPRESION DE DICIEMBRE
Con la certeza de quiénes dispararon

"Ya no hay dudas, todos han muerto en manos de la Policía", sostiene la la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) respecto a las siete víctimas fatalas en las jornadas de los saqueos. Los cargos apuntan principalmente al ministro Lorenzo Domínguez y al subsecretario Enrique Alvarez.

Por Juan Carlos Tizziani

Hubo siete muertos y decenas de heridos civiles, los policías quedaron indemnes.
"En todos los casos, las ejecuciones fueron sumarias, sin procedimiento legal alguno".
La denuncia internacional que ya pesa sobre el gobierno de Carlos Reutemann en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la represión policial en los días de furia ‑19 y 20 de diciembre‑ será ampliada en estos días al confirmarse que los siete muertos en Rosario fueron asesinados con balas de plomo 9 milímetros. "Ya no hay dudas, todos han muerto en manos de la Policía", dijo la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Ana María Figueroa, quien insistió en imputar responsabilidades políticas "por acción u omisión". "O alguien dio la orden de tirar a matar o sabiendo que tiraban a matar, nadie dio la orden de cese", dijo en un diálogo con Rosario/12. Figueroa dimensionó el saldo trágico: "Nosotros denunciamos al gobierno de la provincia porque hay un dato que no es menor: con el 2,97 % de la población del país, Rosario tiene el 25 % de los muertos de la Argentina (siete sobre 39, dos más que en Capital Federal). Creo que no tenemos nada que enviar a la Policía Federal y a la Bonaerense", añadió.
La APDH de Rosario presentó una minuta de comunicación ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 9 de enero último en la que denunció graves violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en la represión de diciembre: siete muertos, decenas de heridos ‑entre ellos un chico de 17 años que recibió un itakazo en la cara y perdió un ojo‑ y unos 250 detenidos. El escrito consideró los asesinatos como "ejecuciones sumarias", incluyó los demás casos en un capítulo dedicado a "torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes" y señaló responsables en el manejo de la Policía: el ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, el subsecretario de Seguridad, Enrique Alvarez y el ex jefe de Policía de la provincia, José Storani.
Curiosamente, y a pesar de que la APDH distribuyó la denuncia entre todas las organizaciones de derechos humanos del mundo ‑despachó 4.000 email y recibió miles de respuestas‑, no tuvo resonancia en el tablero institucional de la provincia hasta el jueves último, cuando el diputado Eduardo Di Pollina (PSP) la utilizó para interpelar al ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez. "Aquí tengo un informe muy minucioso sobre la represión en Rosario, con nombres y apellidos de los caídos. Fueron muertos con bala 9mm. por el accionar de la Policía. Si quiere después se lo paso ‑dijo el legislador. El ministro le contestó con una chicana: "Usted conoce cosas del sumario (judicial) que yo no conozco. Desconozco los resultados de la autopsia que dieron que eran balas 9 mm".
El escrito recuerda que la "violencia institucional" se desató el 19 de diciembre de 2001 cuando el ex presidente Fernando de la Rúa "declaró el estado de sitio, sin respetar el procedimiento constitucional", con de "29 muertos en todo el país, ejecuciones sumarias, heridos hospitalizados, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos". "Quedó demostrado que el accionar policial en la órbita nacional como en la provincia de Santa Fe, no constituyó una actitud de grupos aislados, indisciplinados ni insubordinados. Por el contrario, su accionar se debió a las órdenes político‑institucional del presidente De la Rúa y del gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, que de manera planificada asumieron la decisión política de reprimir y violar los derechos humanos con tal de seguir implementando el modelo de hambre y de exclusión social", dice la minuta.
En esa línea, sostiene que de "29 ejecuciones sumarias" en todo el país, siete de ellas se consumaron en Rosario, donde las víctimas eran "militantes sociales y ciudadanos que pasaban cerca de negocios o supermercados que podían ser saqueados producto del hambre reinante en amplios sectores de la sociedad". Y enumera los siete casos: Claudio Lepratti; Graciela Acosta; Juan Delgado; Yanina García; Rubén Pereyra; Ricardo Villalba y Walter Campos.
Los siete caídos en Rosario representan el "25 % de las ejecuciones sumarias de todo el país", afirma el documento. "Y esta casualidad: 'Policía provincial‑violación a los derechos humanos' (sic) ha sido señalada y denunciada reiteradamente ante las autoridades competentes" por las víctimas y los organismos de derechos humanos, entre ellos APDH y Familiares de Desaparecidos.
El capítulo cierra con una descripción de los siete crímenes. "En todos los casos, las ejecuciones fueron sumarias, sin procedimiento legal alguno, por lo que se privó arbitrariamente de la vida a ciudadanos desarmados e indefensos y prueba de ellos es que entre las víctimas no existe ningún miembro de las fuerza de seguridad" y tampoco hay "en entre éstos ni siquiera heridos de bala".