La Lucha continúa

SE RUEGA LA MÁS AMPLIA DIFUSIÓN POSIBLE

Diario La Nación VIERNES 29 de marzo de 2002 www.lanacion.com.ar

Más denuncias contra efectivos en el norte del conurbano
Acusaron por torturas a un policía de Don Torcuato

Es el sargento Hugo Cáceres, de quien se sospecha que asesinó a dos menores
Olga Tabares, madre de un acusado de dos violaciones, dijo que la policía detuvo ilegalmente a su hijo, lo torturó y le armó una causa
La víctima es un preso acusado de dos violaciones
Cáceres fue el que lo arrestó
La madre del detenido denunció que el suboficial le pidió 3000 pesos para liberar a su hijo

El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, doctor Eduardo de la Cruz, había pedido la semana última que se protegiera a un preso acusado de violación.
El interno, Alberto Marín Romero, de 23 años, está alojado en la Unidad 34 de Melchor Romero, y otros reclusos se habían enterado del motivo de su encierro: es sabido el destino que aguarda tras las rejas a los imputados por delitos de esa naturaleza.
La madre del preso, Olga Tabares, denunció ante el fiscal de ejecución platense Marcelo Romero que personal del Servicio Penitenciario bonaerense había obligado a su hijo a firmar un pedido de regreso al pabellón del que había egresado.
El sábado último, el preso llamó a su madre. Le contó, entre sollozos, que le habían sacado la protección y que cinco presos habían intentado violarlo, además de amenazarlo: era mejor que él se suicidara, porque si no lo hacía iban a envenenarlo.
El fiscal inició un hábeas corpus por agravamiento en las condiciones de detención y pidió que el preso fuera trasladado a la Unidad 29.
"Mi hijo es inocente y tiene que pasar por este infierno. Sé que está mal, pero a veces pienso en matar al policía que lo mandó preso a él porque no encontraba al verdadero culpable", dijo Tabares.
Se trata de un suboficial policial muy conocido en la zona norte del conurbano. Está sospechado de asesinar a dos menores que habían denunciado tormentos en la comisaría de Don Torcuato, donde cumplía funciones, hasta que fue puesto en disponibilidad preventiva. Es el sargento Hugo Alberto Cáceres, alias El Hugo Beto.
Cáceres también está acusado de torturar al preso acusado de violación -Romero- con picana eléctrica, baños de agua caliente y lavandina, golpes y submarino seco. Esta última modalidad consiste en colocar una bolsa de nylon en la cabeza de la víctima para impedirle respirar.
La denuncia fue presentada, justamente, por la madre de Romero. La mujer dice en la presentación judicial que el 25 de octubre de 2000 su hijo fue demorado cuando vendía pósters en Don Torcuato. Y que fue Cáceres quien participó de ese procedimiento y encerró al muchacho en un calabozo de la seccional de esa localidad, a la que llaman La Crítica.
Cuando Tabares supo que su hijo estaba preso, salió de su casa, en Moreno, y fue a la comisaría. Según su denuncia, la atendieron Cáceres, "un oficial de guardia que tenía una cicatriz en el cuello y otro policía de civil petiso y pelado".
Le dijeron que su hijo había sido demorado por averiguación de antecedentes y que quedaría en libertad al día siguiente. La mujer esperó. Pero, al ver que su hijo no regresaba a su casa, llamó por teléfono a la comisaría. "Venga para acá", le ordenaron.
Acusado
Cuando llegó a la dependencia policial, la volvió a atender Cáceres. De acuerdo con la denuncia, el suboficial le dijo: "Si tiene 3000 pesos, se lo largo ahora. Si no, vaya a hablar con García".
Era Jorge García, fiscal en Tigre, adjunto de John Broyad, que investigaba un caso de doble violación ocurrido el 11 de mayo de 2000. Su hijo estaba imputado por ese hecho.
Después lo vio: "Tenía la cara desfigurada; el ojo como salido para afuera, el buzo manchado con lavandina y el cuerpo con marcas de haber sido severamente golpeado".
Romero estuvo varios meses en la comisaría, hasta que fue trasladado a la Unidad 34 de Melchor Romero, una cárcel para internos con problemas psiquiátricos, para que le efectuaran un peritaje.
Allí se quedó, porque lo necesitaban como electricista. "Al saberse más seguro para relatar lo sufrido durante esas jornadas en la comisaría, pudo contarme cómo lo habían torturado. No tuvo revisión por parte de médico alguno", se lee en la presentación judicial que acusa a Cáceres.
Versiones contrapuestas
Hay, claro, otra versión de la detención de Romero. La del sargento Cáceres y de su esposa, Ursula Rosa Sánchez, que aparece en las causas por las violaciones.
La mujer del policía declaró que la noche del 11 de mayo de 2000, cuando se cometieron los abusos sexuales, había un handy en la casa y que por el equipo oyó que su esposo participaba de un tiroteo.
En ese enfrentamiento armado -que nunca pudo probarse- murió José Guillermo Ríos, de 16 años. Cáceres y el sargento Marcelo Anselmo Puyó, del Comando de Patrullas de Tigre, fueron separados de la fuerza por el presunto homicidio del menor.
La esposa de Cáceres aseguró también que se dirigió al lugar del tiroteo en un remise, y que en el camino vio una escena que le llamó la atención: un sujeto que llevaba en una bicicleta a una joven que parecía asustada. Más tarde, agregó la mujer, la reconoció como una de las chicas ultrajadas.
Pasaron cinco meses y el violador continuaba prófugo. Hasta que el sargento Cáceres detuvo a un muchacho, el 24 de octubre de aquel año, según declaró. El policía dijo que ese día, mientras circulaba en auto con su mujer, ésta creyó reconocer al joven que la noche de las violaciones había pasado en una bicicleta con una de las víctimas, pese a que apenas pudo ver su rostro. Y lo arrestó. Ese joven era Alberto Martín Romero.
En el acta policial figura que la dirección del acusado es Fleming 3855, pero de Martínez. La calle y la numeración están bien, aunque aparece un "equívoco": ese domicilio pertenece al partido de Moreno, donde realmente vivía el acusado. El dato resulta, por lo menos, curioso. Más, si se tiene en cuenta que el violador dijo a sus víctimas que era del barrio San Pablo. Martínez está más cerca de este lugar que Moreno.
Sin reconocimiento
La esposa del sargento Cáceres fue la única testigo que identificó con certeza a Romero como el violador. En una rueda de reconocimiento, según se desprende del expediente, las víctimas de los abusos no reconocieron al acusado. Sólo una de ellas dijo que era parecido.
Otro dato: un testigo, Carlos Garello, asegura que la noche de la doble violación, Romero estaba con él, en Moreno. Garello nunca fue citado a declarar durante la instrucción, aunque sí figura en la lista de testigos para el juicio oral, previsto para junio.
El doctor Broyad, titular de la fiscalía que investigó el caso, dijo a LA NACION que nunca supo de ese testigo pues el imputado "no quiso declarar". Y añadió que Romero "tiene un defecto en el habla, lo que coincide con las declaraciones de las víctimas".
Además, según el fiscal, no había motivos para dudar del testimonio de la esposa de Cáceres. Por aquel tiempo, dijo, la dudosa reputación del policía no era conocida por la opinión pública. "No hubo nada irregular en esta investigación. La prisión preventiva y, luego, el pedido de elevación a juicio, fueron firmados por los jueces", sostuvo.
La abogada Andrea Sajnovsky, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, sostuvo que "los fiscales debieron advertir que Romero había sido torturado y radicar la denuncias correspondientes".
Ramiro Sagasti

http://www.lanacion.com.ar/02/03/29/dg_384453.asp
LA NACION | 29/03/2002 | Página 15 | Inf. General
Se Ruega por favor el envio de escritos amablementes redactados solicitando la creación de un Plan Provincial para erradicar las torturas y de condenas firmes de sus autores dirigiendose a:
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Dn Gerardo Osvaldo AMIEIRO
ministro@gob.gba.gov.ar
Subsecretaria de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Subsecretario Roberto Pereyra
subsec@gob.gba.gov.ar
Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires
jgabinete@gob.gba.gov.ar
Ramiro Gonzalez
Denunciante del aumento de casos de torturas en la provincia de Buenos Aires,actualmente radicada,en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires