Es muy grave el Estado de Juan Arredondo, desocupado integrante del MTD de Lanus, que participaba en un piquete reclamando fecha cierta para el pago de los Planes Trabajar y alimentos, y que fue baleado hoy 15 de abril por un miembro del Servicio Penitenciario.
Creo que corresponde reiterar lo dicho en el caso del asesinato de Javier Barrionuevo ocurrido hace pocos meses en Ezeiza y que también participaba de un piquete de la Coordinadora Anibal Verón. No se trata de situaciones privadas, ni generadas por enconos personales, se trata de crimenes y atentados politicos.
El marco de estos atentados es la campaña que viene desarrollando el gobierno contra las organizaciones de desocupados, en particular contra las mas renuentes a sentarse en mesas de concertación e institucionalizarse en los comites de crisis como bomberos de previsibles incendios sociales.
La persecución a los movimientos de desocupados, que incluye desde proyectos para ilegalizarlas convirtiéndolas en meras asociaciones ilícitas, hasta la represión abierta es "una cuestión de Estado", que comprende a la alianza gobernante, pero tambien ha sido parte de las conversaciones con los organismos financieros y con los representantes de la politica exterior de Bush, que han definido a la Argentina, Colombia y Venezuela, como países "politicamente inestables".
En la hipotesis de conflicto que se barajan para la Argentina, los desocupados son visualizados como un actor protagónico no solo por el crecimiento cuantitativo de los cortes de rutas y del número de desocupados organizados, sino porque
fracasado el intento de institucionalizar al movimiento, el gobierno carece de interlocutores que les garantizen pactar treguas sociales al margen de las decisiones de las asambleas de base que mantienen su compromiso con la situación de 14 millones de argentinos condenados a la miseria y la marginación.
El Plan de Jefas y Jefes de Familias publicitado mediaticamente por el propio Presidente Duhalde, propone un plan de emergencia de $ 150 que de cumplirse abarca apenas a la tercera parte de las víctimas del desempleo y llama la atención sobre "evitar las intermediaciones ", en un mensaje que esta destinado a desprestigiar y desvirtuar el papel de las organizaciones de desocupados.
Las propias cifras oficiales señalan que el 91 % de los planes de empleo fueron manejados por el propio gobierno a travez de sus administraciones provinciales y municipales.
Nadie mejor que los desocupados sabe que fueron punteros justicialistas, radicales y de los partidos provinciales quienes convirtieron a los planes de empleo en prebenda para su aparato clientelista. Y que hasta el presente solo hubo dos formas de conseguir un plan de trabajo : tener un acomodo con los politicos o salir a pelearlo a la ruta.
Que quien durante años ha manejado el aparato politico del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires, se queje de la desvirtuación de los planes de ayuda social es el colmo de la hipocresía, pero no solo eso, el propio Presidente esta dando
marco politico para judicializar el conflicto social y criminalizar a las organizaciones autonomas de desocupados.
Quienes son complices de esta maniobra, como es el caso de la jerarquía católica, deben hacerse cargo no solo de los
hechos, sino también de las consecuencias emergentes.
Lo que no hicimos con los 30000 desaparecidos, que fue pintar sus nombres en las paredes de las iglesias cómplices, habrá que empezar a hacerlo con cada desocupado que asesinen.
Corresponde a las organizaciones populares rodear de solidaridad efectiva a los compañeros desocupados y evitar que nos fragmenten, desbaratando un plan siniestro que comienza por descabezar a los desocupados para despues aplastar a los que salgan a defender sus salarios, sus propiedades hipotecadas, sus derechos a la educación y la salud.
Guillermo Cieza
RETRUCO