Unas 300 personalidades de varios países pidieron a Aznar por Francisco Castorina, al que hoy someterán a juicio sumarísimo.
El músico Andrés Calamaro, uno de los firmantes de la carta.
Francisco Castorina, el joven argentino que pasó 21 días preso en Barcelona acusado de participar de una marcha antiglobalización, llegó al juicio sumarísimo que se le hará hoy con el aval y la solidaridad de más de 300 artistas e intelectuales de varios países. Héctor Alterio, Graciela Borges, Andrés Calamaro, los cineastas Lita Stantic y Eliseo Subiela; los escritores Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Bayer, Ricardo Piglia; los profesores Beatriz Sarlo y Atilio Borón, son sólo algunas de las 300 firmas en una carta dirigida al gobierno español en la que piden que Francisco no sea sometido a la expulsión decidida para él como "medida administrativa" por considerarlo un inmigrante ilegal. En el texto enviado al gobierno de José María Aznar, los firmantes manifiestan "la preocupación de que el pedido de expulsión y la causa penal formen parte de una estrategia política para penalizar las faltas administrativas referidas al visado y a disuadir a quienes ejerzan sus derechos de protesta".
Hoy, a las 12.15, Francisco entrará junto a su padre y su abogada a la audiencia ante el Juzgado Penal Nº 22 de Barcelona. Será un trámite breve, por sumarísimo, en el que declararán los testigos que vieron su detención, varios comerciantes del Paseo de Gracia, donde Castorina estaba junto a un grupo de amigos el 15 de marzo pasado, antes de que comenzara la Cumbre Europea de Jefes de Estado y los actos antiglobalización en la capital catalana. Entre las medidas que la abogada Monserrat Salvador propuso ante el juez Ramón Bardiz ya hay una que no contará a la hora de que lo juzguen por el cargo de manifestación ilícita, por el que podría ser condenado a un año de prisión. Bardiz rechazó el pedido de pericia dactilar sobre la navaja que la policía dice haber encontrado entre las pertenencias del joven.
El invierno europeo de Francisco había comenzado el 14 de diciembre con un viaje turístico en el que visitó varias ciudades de la Europa a la que ahora pretenden negarle la entrada por siete años. Comía un sandwich en el Paseo de Gracia cuando la razzia de la policía local, "durante una jornada en la que se procedió como en un estado de sitio", según su padre, Antonio Castorina, lo incluyó en la lista de alrededor de cien presos que hubo aquella jornada. El relato policial sobre Castorina que lo lleva hoy a juicio incluye la portación de navaja y piedras: pero el chico y los testigos aseguran que nada tuvo que ver con ninguna manifestación. "No participaba de ningún acto reivindicativo en el momento de su detención, siendo ésta practicada de manera arbitraria", le dijo Monserrat Salvador a Página/12. "Su detención y la expulsión no guardan proporción con el hecho de que su visa haya estado vencida", dice la carta rubricada por 300 personalidades del mundo académico y artístico de España, la Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Italia y Estados Unidos.
Desde el 15 de marzo y hasta el 4 de abril, Francisco estuvo detenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de La Verneda junto a inmigrantes ilegales, la mayoría de países africanos. Padeció allí las condiciones acostumbradas en el trato a quienes son sometidos a la "ley de extranjería": un subsuelo húmedo y sin luz, bajo una comisaría, con un permiso de visita de pocos minutos diarios. Apenas dejó la prisión, por una orden del juez Bardiz, sobre Castorina cayó el peso de la "instancia administrativa" prevista para deshacerse de los inmigrantes indeseables por el gobierno de Aznar. La subdelegación ordenó su expulsión, lo que significa que no podría ingresar en la Comunidad por siete años más. La medida es inaugural en el caso de un argentino: nunca antes se había procedido así ante una persona a la que hacía sólo siete días le había vencido su visa de turista. Siempre el tiempo esperado para ello es de 3 meses como mínimo. Por eso, la Asociación Argentinos en el Exterior se sumó pidiéndole al presidente Eduardo Duhalde una mediación institucional ante el gobierno de Aznar para revertir la orden de expulsión.