Un fallo de la Cámara de Casación bonaerense, firmado como consecuencia de la presión de las organizaciones de desocupados.

ISIDORO GILBERT

Es un caso paradigmático: alrededor de Alí se liberó (se libera aún) un forcejeo durísimo alrededor de los derechos de los desocupados a emplear métodos no convencionales de lucha, pero siempre dentro de la legalidad, y quienes buscaron convertir esa prisión en una advertencia para el movimiento social.
Pruebas al canto: mientras toda manifestación obrera, de ocupados o no, incluyó la consigna de la libertad de Alí, desde otro lugar, como Radio 10, de mensaje derechista, o desde el conservador La Nación, la prédica fue evitarla.
Condena política
Un fallo de la Cámara de Casación bonaerense, firmado como consecuencia de la presión de las organizaciones de desocupados, redujo la condena a 2 años y tres meses de detención. Los camaristas consideraron que la sentencia inicial, cinco años y medio por encabezar un pedido de comida a un supermercado, no estaba fundada y que el detenido, inocente del delito de extorsión, debía ser liberado.
"Me condenaron por una decisión política", dijo ayer Alí. Es que la persecución no la impulsó el supermercado donde el piquetero encabezó un reclamo por comida, sino el fiscal, que intervino de oficio "para que cunda el ejemplo". Consiguió que le dieran por la cabeza una condena infame, en un país donde los delincuentes de guante blanco o gozan de libertad o cuando llegan a un tribunal, como el caso de varios banqueros, el FMI reclama "seguridad jurídica".
Dos organizaciones piqueteras --la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA y los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa-- venían negociando la liberación con el gobierno desde hace tres meses. Las conversaciones se abrieron en enero, luego de una marcha multitudinaria desde La Matanza hasta Plaza de Mayo, nada menos que 35 kilómetros a pie, cuando los piqueteros empezaron a discutir la ampliación de los planes de empleo y de la asistencia alimentaria. Como condición para la firma del acuerdo los desocupados plantearon que Alí debería estar en la calle. En marzo se intentó la vía de un indulto sancionado por la Legislatura bonaerense pero legisladores peronistas y radicales exhibieron escasa voluntad para sancionarlo, por presión incluso del gobernador Felipe Solá, que ahora dice estar encantado con la decisión judicial. Entonces regresaron los cortes de ruta: ahora para que la Justicia se expidiera sobre el caso Alí con rapidez
Fallo fraccionado
El fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense absolvió a Alí por la pena de extorsión, quitó también la tentativa de hurto y consideró que no había existido daño con relación al supermercado. El episodio juzgado ocurrió el 5 de mayo de 2000, en la sucursal marplatense de Casa Tía, un gran supermercado, cuando en el marco del paro general contra la reforma laboral y el modelo económico decretado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y por la entonces CGT Rebelde, el dirigente junto a un centenar de desocupados manifestó frente al local en reclamo de alimentos.
En el fallo no hubo una postura unánime. Dos camaristas opinaron que la presencia de los manifestantes frente al supermercado fue en sí misma un hecho coactivo. El criterio implica que cualquier manifestación puede ser considerada como una amenaza.
Los letrados de Alí anticiparon que apelarán este punto del fallo ante la Corte Suprema y, si es necesario, ante los tribunales internacionales.
Otro camarista, en disidencia, colocó la cuestión central, el pedido de comida al supermercado, en el contexto de la situación social en la que se realizó. Según los defensores, se refirió a "la corrupción generada dentro del gobierno como un elemento de contrapunto de la situación de necesidad de la gente". El juez criticó la actuación del tribunal oral marplatense, al que reprochó haber dictado su dura condena con argumentos teóricos contradictorios.
Para el diputado del Polo Social y dirigente piquetero Luis D'Elía, la reducción de la pena "es una prueba de que la condena contra Alí fue una sanción ejemplificadora, un fallo eminentemente político". Los abogados de la CTA evalúan las posibilidades de iniciar algún tipo de denuncia contra los jueces marplatenses.
Un gran piquete festejará hoy la libertad. Hay más de 2.000 dirigentes sindicales con la espada de Damocles sobre sus cabezas por participar de luchas sociales. Un caso de gran relevancia.*