 Argentina: La lucha continúa |
III Congreso de la Cta de Capital Federal
Resolución sobre estrategia y tácticas
PRIMERA PARTE: CARACTERIZACION DE LA ETAPA.
1. La larga etapa de defensiva estratégica, iniciada en 1976 con el advenimiento del terrorismo de Estado y la derrota histórica de nuestra clase, aún no ha finalizado. Se trata de un período caracterizado por la ruptura de la unidad social y orgánica de la clase trabajadora, generada por el genocidio, la expulsión de cientos de miles de trabajadores del proceso productivo, la liquidación de dirigentes y activistas populares y la consiguiente pérdida de su peso politico en el seno de nuestro pueblo. Esto produjo una alteración sustancial de la correlación de fuerzas a favor de la clase dominante en su conjunto y, de modo particular, de su fracción hegemónica vinculada al capital financiero.
2. Esta alteración se expresa en los más variados aspectos de la vida social: definitivo desplazamiento de la base histórica del Estado previo a 1976; recomposición del bloque en el poder y subordinación y/o desaparición de las antiguas fracciones preeminentes; reconfiguración de toda la estructura productiva con el consiguiente desplazamiento de la mano de obra industrial hacia el sector terciario de la economía o, directamente, hacia la economía informal o la marginalidad; las fracciones burguesas hegemónicas basan su expansión en la realización externa de la ganancia y sólo se interesan –en lo interno- en las áreas productivas aceptadas por el mercado mundial (agroexportaciones) o en aquellas que permitieran seguir sangrando al Estado; privatización del patrimonio nacional; concentración de la riqueza y de los ingresos; absoluta dependencia del endeudamiento externo para el avance de esa economía y, por lo tanto, subordinación política a los dictados de los acreedores; crecimiento del desempleo, la pobreza y la indigencia; los grandes partidos de masas (PJ y UCR) asumen definitivamente su identidad como partidos del orden; irreversible consolidación del aparato sindical cegetista como corporación patronal; reforma constitucional entronizada en el pacto bipartidista; acelerada descomposición de las instituciones legislativas y jurídicas; criminalización de la protesta social; uso de la represión violenta (estatal y paraestatal), etc.
3. Estos cambios profundos en el ámbito nacional se corresponden, a nivel internacional, con la derrota y desaparición del llamado "socialismo real" y de la mayor parte de los movimientos de liberación (salvo Indochina), con la destrucción de todas las experiencias de desarrollo independiente en el Tercer Mundo (excepto el ejemplo de la Revolución Cubana) y con la división del bloque de los países petroleros. En suma: un triunfo en toda la línea que pone fin a la Guerra Fría y consuma el advenimiento de la mundialización capitalista. Es decir, la generalización de las relaciones capitalistas de producción junto con una internacionalización de los procesos productivos que permiten al capital presionar al conjunto de la clase trabajadora mundial y a los Estados nacionales sobre todo periféricos. Así, el sistema basado en la explotación del hombre por el hombre, revela su verdadera faz empujando a la miseria, al hambre y a la muerte a millones y millones de personas en todo el planeta. El guerrerismo, la rapiña y la voracidad imperial se combinan, según los casos, con el nuevo discurso "democrático" que sólo reconoce el derecho a la ciudadanía y a la soberanía nacional a los Estados y gobiernos que no obstaculizan los designios del poder central: los EEUU. No se trata de un modelo; el neoliberalismo es la esencia misma del capital en su permanente lucha por desprenderse de la contradicción insalvable que le impone el trabajo. Si, además, para avanzar en esta fuga hacia adelante debe debilitar también los Estados nacionales (que fueron obra de su creación) el capital lo hará –como lo hace- a caballo de un diseño neocolonial que únicamente admitirá como fronteras las que imponga la tasa de ganancia.
4. De todos modos, ante la ofensiva imperialista y tras una larga fase de retracción de los movimientos populares, vemos que en los últimos años aparecen signos de reactivación de la resistencia, expresados en los movimientos antiglobalización, el Foro Social Mundial y nuevas experiencias de gobierno y movimientos antimperialistas en nuestro continente. El triunfo del PT constituye hoy el punto más alto de este proceso, junto a la fortaleza de la Cuba revolucionaria, el crecimiento del Frente Amplio en Uruguay, el respaldo popular al gobierno de Chavez, la resistencia del pueblo colombiano a la intervención militar norteamericana, los movimientos masivos que disputan poder en Bolivia y Ecuador y la persistencia del ejemplo zapatista en México. Es evidente la solidez que adquiere esta recuperación popular. Esto nos plantea una tarea estratégica: construir un bloque latinoamericano que establezca la unidad de acción antimperialista y por el desarrollo solidario y autónomo de nuestro continente.
5. Entretanto, la resistencia en nuestro país a esta formidable ofensiva burguesa, por parte de los trabajadores y de cada vez más amplios sectores populares, transcurrió -durante larguísimos años- en un marco de inorganicidad y aislamiento. La fractura de la unidad de clase, agravada por los incesantes cambios estructurales y por el curso de derecha y de subordinación al planteo globalizador adoptado por los grandes partidos, demoró la instalación de referencias estables para las luchas. Este último aspecto comenzó a revertirse hace una década con la creación y posterior desarrollo de la CTA y, luego, con el surgimiento de nuevas formas y propuestas organizativas (el MTA en su primer momento, la CCC como corriente parapartidaria de masas, los diversos nucleamientos piqueteros y de desocupados, etc.).
6. El creciente proceso de luchas y la ruptura de la "comunidad de negocios" que caracterizaba la unidad del bloque en el poder y la subordinación a éste de los sectores más empobrecidos alentaron, en las postrimerías del menemato, las ilusiones de gobierno del progresismo. Esta corriente en el seno del pueblo, hija de la derrota del 76, de la post dictadura y sobre todo del menemismo, se propuso y le propuso al pueblo aceptar, como realidades inmodificables, las relaciones de propiedad y las relaciones de poder que de ellas se desprenden, pero promoviendo una mejor distribución de la riqueza, ampliando la formalidad democrática y reduciendo la corrupción. Entretanto, el ajuste permanente había minado las bases que sujetaban a las capas medias al acatamiento pasivo y, por su parte, los sectores más empobrecidos y marginados ya no prestaban su consenso inicial ante tanta reivindicación postergada. De este modo, la promesa progresista, fundada en el combate a la corrupción y en la vana pretensión de humanizar el capitalismo, se irguió como la única chance de evitar la sorda amenaza de una crisis de gobernabilidad. Pero el estrepitoso fracaso y defección del Frepaso no hicieron más que acelerar lo que, poco tiempo después, demostraría ser una verdadera crisis de hegemonía de la clase dominante. En la práctica, el progresismo resultó ser una variante de la ideología neoliberal ya que nació con el afán de superarla pero murió a causa del mismo mal congénito: su pavor al desborde de las masas y al vacío de poder.
7. La crisis de hegemonía es una crisis de dirección que sufre la clase dominante –y el bloque en el poder de manera particular- cuando ya no puede conducir a la sociedad mediante la combinación del consenso más la represión. Esta crisis orgánica –que es una crisis del Estado en su conjunto- refleja la imposibilidad de todas y cada una de las fracciones burguesas de superar la nueva situación apelando a los mecanismos que, hasta entonces, les garantizaban que su interés de clase fuese aceptado por la sociedad como si fuera el interés común. Se pone de manifiesto que el núcleo más duro del aparato estatal (gobierno, parlamento, justicia y seguridad), así como el abanico de instituciones y prácticas que prolongan al Estado en la sociedad civil (partidos, sindicatos, iglesias, medios de comunicación, etc.), han sido mayoritariamente expropiados por el interés privado en detrimento del interés público.
8. La declaración del estado de sitio y la salvaje represión ordenada por el gobierno de la Alianza en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, constituyeron el último intento de preservar en sus funciones a los cuestionados representantes del bien común. Así, De la Rua finalizó abruptamente su mandato del mismo modo con el que lo había iniciado con la barbarie represiva en el puente de Corrientes. Es que el creciente proceso de descomposición de la credibilidad pública (que ininterrumpidamente venía expresándose ya al promediar el menemato) se multiplicó en miles de conflictos y movilizaciones populares con la profundización del ajuste encarada por la Alianza. La obligada salida de López Murphy primero, y después la derrota oficialista en las elecciones de octubre, preanunciaron el cariz de los sucesos de diciembre.
9. La existencia de ese dilatado proceso de cuestionamiento explica, además, el inesperado éxito de la Consulta Popular motorizada por nuestra CTA. Cuando los cálculos optimistas esperaban un millón doscientos mil votos, más de tres millones de voluntades le dieron forma y contenido a una correcta línea de unidad de masas que, dos días antes de que cayera De la Rua, estaba dirigida a exigirle a éste que cambiara de rumbo y aplicara una política social en beneficio de los trabajadores y el pueblo. Este hecho multitudinario demuestra que la sociedad avanzaba en un cuestionamiento a la usurpación privada de los mecanismos de representación del interés público, sin llegar a enfrentar los contenidos de clase de la institucionalidad burguesa . La propia Consulta comportaba un avance inusitado de la democracia participativa, en contraposición al anquilosamiento de la democracia representativa, pero nuestro objetivo último no era terminar con ella. Las movilizaciones y los conflictos que precedieron a los hechos de diciembre tampoco eran portadores de una nueva institucionalidad, ni mucho menos de formas organizativas que insinuaran la existencia de un doble poder en la sociedad (control obrero de la producción, control popular del territorio, neutralización de fracciones del aparato represivo, etc.).
10. El levantamiento popular de diciembre, pues, es el punto más alto alcanzado por la resistencia al proyecto de dominación instalado en 1976 con el terrorismo de Estado. Pero esta resistencia hubo de acuñarse a lo largo de un cuarto de siglo teniendo como límite estructural la profunda fragmentación política del campo del pueblo y, sobre todo, la insuperada ruptura de la unidad social y orgánica de nuestra clase. Precisamente por ello, y aun carente de una conducción estratégica reconocida como tal, el movimiento de masas puso lo mejor de sí para romper la maniobra del estado de sitio y echar –por primera vez en tanto tiempo- a un gobierno absolutamente irrepresentativo de las demandas populares. Es verdad, sin embargo, que hubo acciones ejecutadas desde las entrañas del Estado que procuraron valerse de aquellas demandas para desestabilizar al gobierno de De la Rua cuando éste ya no respondía a los intereses contradictorios del desgajado bloque en el poder. Sólo que el chantaje palaciego no previó el inusitado desborde popular y cuando éste se adueñó de la Plaza de Mayo esas maniobras se convirtieron en verdaderos operativos de inteligencia para impedir que el descontento del conurbano se encolumnara hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires.
11. Las fuerzas políticas y sociales del campo popular tampoco previmos el estallido. Asimismo, por acción u omisión, ningún sector estaba en condiciones de conducirlo y, en rigor de verdad, todos –sin excepción- fueron sorprendidos por los acontecimientos. La noche del día 19 resultó una auténtica autoconvocatoria del pueblo. Cuando ya estaba en curso la movilización espontánea a ella se sumaron, con mayor o menor celeridad, diversos sectores organizados. Pero en ningún momento obraron como orientadores y organizadores de la acción popular. Esta dinámica, que incluyó a nuestra Central y a sus principales cuadros, aportó a que la retirada masiva de la Plaza se convirtiera en desbande ante la primera oleada represiva. Los hechos del día 20 evidenciaron, de un modo más dramático, el grado de confusión reinante. Mientras el grueso de la gente que había participado la noche anterior se mantenía en sus barrios atenta a la represión o, en el caso del conurbano, permanecía en sus territorios por "temor a los saqueos", grupos de militantes intentaban volver a la Plaza y una y otra vez eran rechazados, perseguidos o asesinados por las balas policiales. No sólo faltó coordinación: también hubo derroche de heroísmo y titubeos. Cada fuerza interpretó a su manera los sucesos, pero en ninguna primó la sensatez de convocar a las restantes a conformar un espacio común de conducción. Nuestra Central llamó al paro nacional y con la mayoría de sus dirigentes a la cabeza se citó en el Congreso, en tanto lo mismo ocurría en las principales ciudades del país. Pero tampoco bastó: el levantamiento popular continuaba huérfano de dirección a pesar de que, al promediar el día, el gobierno de De la Rua ya había caído.
12. En esas circunstancias, fue una falencia el no establecer con celeridad un centro único de decisiones ya que, mientras algunos de nuestros compañeros (dirigentes y militantes) resistían a la policía en la zona del Congreso o acompañaban a los heridos, otros instruían para el repliegue a la espera de decisiones. Además, es preciso decirlo, el intento de nuestra Central de reunir en la sede del Frenapo a las principales referencias políticas y sociales aliadas, sumado a un plano de indefiniciones sobre el curso que tomaba la crisis, a las medidas para resolverla y a la actitud a adoptar frente a la represión en marcha, llevó a nuestra militancia y dirigentes a autodeterminar las acciones. Estas marchas y contramarchas revelan que, a pesar de la correcta convocatoria al paro e, incluso, de la decisión de sostener en la calle dicha convocatoria, nuestra Central no pudo resolver con claridad los desafíos que aquellas horas vertiginosas le imponían. Pero este imprescindible análisis autocrítico no convalida –ni acepta siquiera- aquellas consideraciones acusatorias de quienes, pretendiendo capitalizar un levantamiento popular que no tiene dueños, se erigen en fiscales del decir y el hacer de los otros y, suponen que podrán ocultar su propia incapacidad con los errores o falencias de nuestra Central. Tampoco viene a cuento la absurda contabilidad del espanto: los muertos y heridos de aquellas jornadas heroicas sólo pertenecen al pueblo que, una vez más, no dudó en poner el pecho frente a los asesinos tal como lo hiciera en Corrientes, Tartagal, Mosconi, Neuquén e incluso Rosario durante las horas finales de De la Rua.
13. Esta caracterización de los hechos de diciembre {parágrafos 7,8,9,10 y 11} nos lleva a afirmar que el levantamiento popular abrió una nueva fase dentro de la misma etapa de defensiva estratégica iniciada en 1976. Instaló, de una manera definitiva, la hasta entonces latente crisis de hegemonía y dió pié al posterior estado de movilización que se tradujo en cacerolazos, asambleas y cortes de ruta en todo el país. Se produce un cambio notorio en las condiciones generales en las que venía desarrollándose la resistencia. Diciembre significó la derrota de la omnipresencia del terrorismo estatal y de la muerte o la desaparición forzosa como consecuencias asociadas a cualquier noción de transformación de la realidad. Pero, en esencia, fue una ofensiva de masas circunscripta a los marcos generales de la resistencia, esto es, al límite estructural impuesto a todas las luchas del período por la fragmentación política del campo popular y la ruptura de la unidad de nuestra clase. Y aunque de allí en más quedara a la orden del día la perentoria necesidad de superar semejante limitación, esta reacción popular –como ahora sabemos- no alcanzó para torcer el rumbo de la crisis a favor del pueblo.
14. El Estado reaccionó ante la caída de De la Rua y el desborde popular –en una primera instancia- con una maniobra defensiva. El parlamento habilitó el ascenso de Rodríguez Saá y un paquete de medidas que encaminaban a otra salida para la crisis. El no pago de la deuda externa, la promesa del seguro de empleo, el quite de protección a los genocidas de la dictadura y un tibio nacionalismo discursivo, implicaban un retroceso de magnitud ante la presión popular y una salida a la crisis asentada en la derivación de capitales desde los sectores más concentrados hacia el Estado y franjas más marginadas del pueblo. Esta primera respuesta –que marca la autonomía relativa del Estado, respecto de la clase dominante como tal, aun en tiempos de crisis de hegemonía- es consecuencia del estallido popular y de la imposibilidad de medir en ese momento sus alcances. Pero también se produce porque los diferentes sectores del bloque de poder se encontraban divididos y disputando quién debería pagar los costos de la crisis y, por lo tanto, ceder espacios de decisión en el gobierno. Librados a salvar su propio pellejo, diputados y senadores festejaron alborozados tanto la audacia "del Adolfo" como la cesación de pagos. Bastaron cuatro días de presión imperialista y de rechazo popular a la entronización en el gobierno de viejos y conocidos delincuentes, para que los diferentes sectores del gran capital encontraran una forma de tregua, motorizaran la "rebelión" de los gobernadores y facilitaran el acceso de Duhalde al gobierno. Con el PJ devenido definitivamente en orgánica de gobierno del gran capital, y con la UCR, los partidos provinciales y la mayoría del Frepaso capturados en la misma, la asunción de Duhalde implicó un verdadero golpe palaciego que consumó el segundo momento de lo que ya era toda una contraofensiva reaccionaria.
15. La salida devaluacionista de la convertibilidad, la ampliación del corralito, el sostenimiento de la quita del 13 % a estatales y jubilados y la promesa de reanudación de los pagos al FMI arrojaron desde enero de 2002, cada mes, a más de 750.000 personas por debajo de la línea de pobreza, mientras trasladaban más de 15.000 mil millones de dólares desde el pueblo hacia bancos, transnacionales y grupos económicos.. Ningún gobierno anterior logró, en idéntico lapso de tiempo, semejante exacción a los bolsillos populares. El incremento de los planes sociales a 2.000.000 de beneficiarios se articuló entonces, como una válvula de control estatal que sirviera tanto para frenar futuros desbordes, como para intentar convertir a los sin trabajo en eventual fuerza de choque contra los pobres. Asimismo, la impunidad para los asesinos de diciembre y, en junio, los fusilamientos de Avellaneda, mostraron inequívocamente que Duhalde condensaba las voluntades más reaccionarias de restaurar –por el medio que fuese- las condiciones para contener y neutralizar el cuestionamiento de la mayoría de la sociedad. Tras los crímenes de Santillán y Kosteki, la maniobra de adelantar las elecciones restringidas coherentizó el origen ilegítimo de este gobierno con la finalidad espúria de entrampar la demanda popular que –desde un inicio- había clamado por la caducidad de todos los mandatos. Cabe destacar que la reacción popular ante aquellos hechos represivos fue inmediata. No obstante, entendemos que frente a cualquier intento de reiteración de los mismos, le cabe a nuestra Central una reacción unificada que exprese con contundencia y celeridad el repudio inequívoco a la violencia estatal y paraestatal.
16. Por su parte, todos las políticas dirigidas a impedir que se consume la trampa electoral han quedado restringidas a la mera denuncia de ésta, sin que ello comporte un avance o acumulación popular en el camino de la lucha democrática. La prueba incontrastable de ello lo da el hecho de que, mientras los candidatos del PJ se despedazan entre ellos –revelando así las enormes dificultades de las diversas fracciones burguesas para recomponer la unidad del bloque en el poder- el campo popular y las distintas "oposiciones" asisten pasivamente a esa disputa sin poder valerse de ella para avanzar. Además, si nuestro pueblo no está generando aún formas alternativas de poder al Estado burgués, ni tampoco está direccionado a la confrontación final (el Argentinazo que proponen los compañeros de la CCC), si gradúa las luchas de modo de replegarse relativamente luego de cada confrontación importante y volver a la carga cuando algún aspecto de su situación se hace insostenible, es porque aún estamos en una etapa defensiva en la confrontación con la clase dominante. Pero ésta última tampoco puede definir linealmente el rumbo de la crisis, ni volcarla mecánicamente a su favor. Por ello es que dicha crisis también se presenta como oportunidad para el campo del pueblo.
17. La cuestión de la oportunidad impone dos consideraciones básicas. Por un lado, la capacidad insuficiente del campo popular para redireccionar el curso de los acontecimientos, nos indica que, desde diciembre a la fecha, no se produjo una alteración sustancial de la correlación de fuerzas entre las clases por lo que deberemos avanzar en las condiciones institucionales actuales. Salir de la defensiva exigiría recuperar la unidad orgánica y social de nuestra clase y, consecuentemente, la unidad del campo del pueblo. Ambos aspectos, pues, son partes de un mismo objetivo estratégico. Pero, por otro lado, la posibilidad de alcanzar este objetivo está directamente vinculada a la estrategia y a las tácticas que nos demos para intervenir activamente en esta coyuntura de crisis y no en un futuro indefinido o remoto. La crisis es ahora y la oportunidad también.
SEGUNDA PARTE: HACIA UNA ESTRATEGIA DE PODER.
18. Así como en 1976 lo que estaba en juego era la posibilidad de la derrota histórica de nuestra clase –consumada mediante la implantación del terrorismo de Estado- hoy lo que se juega es la desaparición de la nación mediante la imposición del proyecto neocolonialista del ALCA. Ninguna fracción burguesa, sea cual fuere el modo que finalmente adopte la reunificación del bloque en el poder, impedirá el avance de dicho proyecto ya que todas ellas están definitivamente comprometidas con la realización exterior de sus ganancias antes que con la defensa de la soberanía nacional. Esta definición implica asumir "la ausencia de una burguesía nacional mínimamente articulada y con peso en las áreas económicas principales"
