Cuartel policial del Grupo Especial de Seguridad, a media cuadra del palacio de gobierno en La Paz. Abril del 2000. La tropa amotinada discute con pasión si se acepta la propuesta gubernamental de incrementar sus salarios en 50 por ciento o, si por el contrario, se toma por asalto el palacio. Fusil en mano, uno de los amotinados pregunta: ¿y qué haremos cuando tomemos palacio? La respuesta a coro es contundente: entregarlo a obreros y campesinos!! La discusión sube de tono: unos hablan de guerra civil, otros de que los dirigentes obreros están vendidos al gobierno. Finalmente se decide aceptar el aumento salarial y los amotinados bajan las armas.
El motín policial del 2000 es apenas una parte de la lucha social que se libra al interior del aparato represivo del Estado. La tropa y suboficiales de baja graduación sobreviven en condiciones precarias, con salarios de hambre, sin beneficios sociales ni ascensos. En los cuarteles, la explotación es mayor que en las fábricas y cada día se atiza el descontento y la lucha de clases. La historia de los rebeldes de uniforme es de larga data y se remonta a los años posteriores a la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando comienza la profesionalización y organización moderna de esa institución.

ENTRE REVOLUCIONES Y MOTINES

Así, está grabada en la historia nacional, que el golpe militar nacionalista del teniente coronel Gualberto Villarroel (apoyado por el MNR y RADEPA) de diciembre de 1943 fue iniciado y vanguardizado por la policía de tránsito, los humildes varitas. Fueron también los dos regimientos de carabineros los que se batieron a muerte y hasta el final en su cuartel de la calle Calama, el 21 de julio de 1946, cuando la rosca minero-feudal colgó a Villarroel.

Años más tarde, en la Revolución del 9 de abril de 1952, la policía jugó un papel protagónico desde el principio junto a los comandos militarizados del MNR, el proletariado minero-fabril y los universitarios. Los regimientos policiales sostuvieron a sangre y bala las trincheras y posiciones revolucionarias enfrentándose al Ejército. Un día después, estalla la insurrección popular y se vence a la rosca minero-feudal y a su ejército, ya fraccionado y debilitado al extremo.
Durante los gobiernos nacionalistas y militares, que habían debutado como antiimperialistas y luego se sometieron a las directrices norteamericanas, se funda la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSCASSPOL) en febrero de 1967. Nacen como un sindicato de la tropa policial y sus precursores recuerdan que fueron secuestrados por agentes de los organismos de seguridad del Presidente René Barrientos y luego de ser torturados arrojados al agua en Río Abajo, pero tanto los fundadores como ANSCASSPOL sobrevivieron.
En el golpe de estado del general Luis García Meza Tejada, el 17 de julio de 1980, el regimiento No. 1 de carabineros de la calle Colombia, en La Paz, se negó a obedecer las órdenes de los golpistas y se acuarteló.
En los últimos años muchas fueron las muestras del descontento al interior de la policía. Diversos motines en los regimientos pasaron inadvertidos para la población, como el de mediados de los años 90 del Grupo Especial de Seguridad (GES) que fue reprimido por los cadetes de la Academia de Policías.

EL ABRIL VERDE OLIVO

Sin embargo, la historia actual de las luchas sociales de la policía por reivindicaciones ligadas a los intereses obrero-populares y también sectoriales comienza en abril del 2000, casi de manera anecdótica.
En la ciudad de Santa Cruz un joven policía de tropa, Abad Hinojosa, inicia una huelga de hambre pidiendo que se le pague su salario de tres meses. Dice que necesita alimentar a su familia, pero nadie lo escucha y es reprimido. El rebelde no se rinde, viaja a la ciudad de La Paz y reinicia la huelga en la Catedral, reclamando ahora que el Estado pague los salarios adeudados a todo su batallón. Su acción es apoyada de inmediato por la asociación de esposas de los policías, a la cabeza de Guadalupe Cárdenas, y posteriormente por la sargento Rosmery Vargas. La huelga crece al igual que la demandas: los amotinados exigen ahora un aumento del 20 por ciento para toda la policía nacional.
Bolivia vive un clima de convulsión social y la huelga de hambre policial incomoda a muchos. Los sacerdotes desalojan a los huelguistas de la Catedral y el piquete de Abad Hinojosa se instala en la sede de la Central Obrera Boliviana. En el ayuno, los rebeldes siguen de cerca lo que pasa en el país: en Cochabamba el pueblo se levanta contra la Ley de Privatización del Agua, la VII División de las Fuerzas Armadas (FFAA) utiliza francotiradores para frenar el alzamiento, pero la Confederación de Campesinos consolida su bloqueo nacional de caminos a escala nacional, la Coordinadora del Agua asume el control de Cochabamba, el Bloque Sindical Antineoliberal se moviliza en el occidente del país y en Achacachi, en el altiplano, los tanques están sembrando la muerte. La insurrección asoma en el horizonte.
La situación es insostenible y en la madrugada del sábado 8 de abril el general Hugo Banzer, presidente de la República, dicta el Estado de Sitio y ordena al GES la intervención del piquete de esposas y policías huelguistas, que estaba concitando creciente apoyo entre la población civil y los uniformados. Banzer quiere eliminar ese foco de tensión, pero el GES se amotina y dice abiertamente que no reprimirá a sus camaradas ni a sus esposas.
A las 10:00 de la mañana del sábado, todas las unidades de la guarnición policial de La Paz (10.000 efectivos) están amotinadas. Al mediodía marchan por la ciudad con destino al cuartel del GES compañías y pelotones policiales armados para reforzar a sus camaradas. A las 2 de la tarde hay más de 2.400 policías acuartelados dentro del GES. En la tarde del sábado se une al motín el mayor David Vargas, quien junto con un teniente, son los únicos oficiales que materialmente apoyan a la tropa amotinada.
El gobierno desespera. A medianoche del sábado 8 las FFAA atacan militarmente al GES, cruzan disparos con la policía por 10 minutos, pero no logran doblegarla. Un enfrentamiento mayor parece inevitable hasta que el gobierno retrocede y emite un mensaje por televisión: pide paz inmediata, decide retirar a las FFAA, deja sin efecto la Ley de Aguas, suspende el Estado de Sitio y propone dar un aumento salarial a la policía del 50 por ciento y ya no del 20 por ciento que había sido solicitado por la tropa.
En el cuartel del GES ya saben de la rendición gubernamental, pero muchos quieren más. La tropa amotinada discute con pasión si se acepta el aumento salarial o, si por el contrario, se toma por asalto el palacio. Finalmente se decide aceptar el aumento salarial y los rebeldes bajan las armas. El domingo, las tropas policiales abandonan el cuartel del GES. Sobre ellos, llueven los aplausos de la población civil que se había concentrado desde el sábado para apoyarlos. Sin saberlo, civiles y uniformados estaban tejiendo la historia de febrero del 2003.
A lo largo del 2000 y 2001 hubieron otras huelgas de hambre de efectivos policiales como la del cabo Adolfo Borora, o el épico motín del Batallón de Seguridad Física Privada para que se reconozca su derecho a la sindicalización y se respete el fuero sindical de sus dirigentes.
LA REVUELTA DE FEBRERO
En febrero de 2003 un amotinamiento ya cantado desde septiembre del pasado año se inicia nuevamente en el GES. El descontento policial estalla el martes 11 ante el anuncio del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de recortar el salario de trabajadores y empleados públicos y privados, entre un 4 al 12,5 por ciento, a través del impuestazo. Ese día, el GES se acuartela y demanda, en comunicación directa con los gobernantes, la anulación del impuestazo y un incremento salarial del 40 por ciento.
El motín policial es de dominio público recién el miércoles 12. A mediodía, estudiantes de secundaria del Colegio Ayacucho apedrean el Palacio de Gobierno, desprotegido por falta de policías. Los militares reprimen con violencia y se inicia la masacre de la Plaza Murillo.
Fuerzas militares comienzan a disparar contra el pueblo movilizado y contra los cuadros policiales que se encuentran en el GES y los alrededores. Francotiradores de las FFAA disparan contra la población indefensa y también contra policías del GES causando gran cantidad de bajas (muertos y heridos). La Paz respira un ambiente de guerra civil. En los hospitales se llama a todo el personal médico y paramédico, se solicita donación voluntaria de sangre, se hace conocer que no hay más camas ni capacidad para atender a tantos heridos.
La marcha convocada por la Central Obrera Departamental de La Paz se radicaliza y se procede junto a la población civil al asalto y quema del Ministerio del Trabajo (símbolo del abuso y prepotencia oficial en favor de los empresarios), de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Desarrollo Sostenible, del Tribunal de Justicia Militar, del propio Congreso Nacional, la Alcaldía de la ciudad de El Alto que es reducida a cenizas y luego comienzan los saqueos a los comercios e incluso fábricas.
La lucha amenaza con generalizarse en toda la ciudad y desde el interior de la República las guarniciones policiales se suman íntegras al motín. En La Paz, trabajadores, desempleados, jóvenes de clase media y policías trabajan codo a codo desarmando el poder establecido. Desesperado y con la voz quebrada, el Presidente Sánchez de Lozada emite un mensaje televisivo haciendo un llamado a la paz y retira el "impuestazo".
Pero la lucha continúa entre militares y policías. Incluso después del mensaje presidencial, el pueblo continúa atacando propiedades públicas y privadas. Los francotiradores del Ejército siguen con su cosecha macabra y suena como cruel ironía que la sede de gobierno siga ostentando el nombre de La Paz. Al día siguiente, jueves 13, marchas convocadas por diversos sectores de trabajadores y pueblo en general continúan con el levantamiento popular. La multitud que copa las principales ciudades del país clama por la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y del vicepresidente Carlos Mesa.
Las sombras de la noche calman la sed de sangre y de venganza. El viernes 14, una procesión de miles acompaña a los 10 policías caídos. "Guardia fiel, qué te importa la vida si alumbrando te mata el deber", dicen los compañeros de los acribillados. La trompeta anuncia el minuto de silencio y un teniente del GES no puede reprimir las lágrimas: "A mi camarada siempre lo voy a recordar como a un héroe".
"Estos son los policías del pueblo", remata una señora, que carga un niño en brazos y una infinita pena que se descarga en un hilito de sal y amargura por los sucesos del 12 y 13 de febrero.
* Gonzalo Trigoso es abogado laboralista y asesor jurídico de la tropa policial. Participó activamente en los amotinamientos, a pedido de los uniformados