Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 25 de 2003).-

La Fogata

En un nuevo y abierto desafío al gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada, militares y policías demandaron públicamente hoy un incremento general de salarios para los trabajadores, tierra para los campesinos, solución al tema de la coca y la industrialización del gas natural.
A pesar de la prohibición Constitucional, que establece que las fuerzas militares y policiales no deliberan, el teniente coronel del Ejército, Gilberto Ugarte Sánchez, y el mayor de Policía, David Vargas, emitieron un pronunciamiento conjunto en representación de sus instituciones en defensa de las riquezas naturales del país y de sus habitantes.
"La Constitución nos prohíbe (hacer declaraciones y pronunciamientos) pero no podemos ser cómplices de tanto atropello a nuestras instituciones. Estamos cansados del abuso y prepotencia de los Altos Mandos", dijeron los portavoces de los uniformados de baja graduación de ambas fuerzas durante una conferencia de prensa, desarrollada en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, escenario de esta nueva demostración de la profunda crisis estatal que vive Bolivia.
"Me permito hacer algunas apreciaciones para beneficio de la sociedad y de ustedes señores gobernantes: el gobierno debe garantizar a todo el pueblo boliviano la posibilidad de acceder a una fuente laboral, una remuneración justa, disponer la devolución de grandes extensiones de tierra que ilegalmente fueron apropiadas por algunos malos actores de la Policía Nacional y en gobiernos dictatoriales, además de promover la distribución equitativa de las tierras a quienes verdaderamente la trabajan, eliminar el latifundio, evitar la exportación del gas a Estados Unidos y que primero se industrialice", dijo Ugarte.
El pronunciamiento público de militares y policías es un nuevo revés que sufre el gobierno neoliberal, que parece incapaz de controlar los brotes de protesta y rebeldía de los uniformados. En febrero, la policía nacional se amotinó en todo el país en contra del impuestazo, que fue dejado de lado por el gobierno tras una cruenta batalla en la que perecieron 33 personas y quedaron heridas más de 200. En esas jornadas, el Ejército se mantuvo leal a Sánchez de Lozada y combatió a los policías rebeldes, encabezados por el mayor Vargas.
Este líder policial destacó, en la conferencia de prensa, la unidad alcanzada entre militares y policías. "Si seguimos separados, sus fines y objetivos (del gobierno neoliberal y del imperialismo) serán más fáciles de conseguir. A esos señores queremos decirles que se han equivocado. Habemos bolivianos que amamos entrañablemente a Bolivia, habemos bolivianos que vamos a dar nuestra sangre si es necesaria para que Bolivia sea íntegra y se mantenga con la dignidad que se merece todo país. No vamos a permitir que nuestra amada patria sea víctima de laceramientos, sea víctima de robos y sea víctima de más tratos inhumanos".
"Compatriotas, ustedes pueden ver que a partir de este momento Fuerzas Armadas y Policía nos unimos, y pueden estar seguros de que nunca más serán maltratados ni humillados en su propia tierra", dijo el mayor Vargas.
Las demandas policiaco militares están contenidas en 17 puntos, entre los que se destacan: la distribución equitativa de las tierras para os campesinos, solución a la problemática de la coca, la investigación de las fortunas de los políticos y empresarios, la fijación de un salario mínimo de 2.000 bolivianos (el actual alcanza a 430), la industrialización del gas antes que su exportación a Estados Unidos y la defensa de los recursos naturales, entre otros.