Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 23 de 2003)

La Fogata

.- El multimillonario negocio de exportación de gas natural boliviano a los Estados Unidos está en la congeladora. El alzamiento popular de febrero y el temor a una nueva y más explosiva convulsión social virtualmente han obligado al gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a dejar en claro que el negocio no marcha, por lo menos por ahora.
"No hay diseño final, no hay proyecto, no hay comprador", aseguró Sánchez de Lozada al desestimar la inmediata ejecución del proyecto, pocas horas después que el principal impulsor del proyecto, su ex ministro de Hidrocarburos, Fernando Illanes, abandonara el cargo, en medio de contradictorias versiones sobre las razones de su renuncia.
La versión oficial, suscrita por el propio Illanes y el presidente boliviano, da cuenta de diferencias de orden administrativo sobre la nueva conformación y atribuciones del Ministerio de Hidrocarburos. En cambio, la hipótesis no oficial, planteada por sectores de la oposición parlamentaria y sindical, refiere una profunda confrontación al interior del gobierno sobre la posibilidad de ejecutar el proyecto gasífero de exportación: Illanes habría insistido en la necesidad de impulsar el proyecto de inmediato, pero Sánchez de Lozada habría definido por postergarlo indefinidamente para no generar mayores conflictos que pondrían en riesgo su permanencia en el poder.
El alzamiento popular de febrero había puesto contra las cuerdas al régimen neoliberal, que, huérfano de apoyo popular, tuvo que dar marcha atrás en su intención de imponer el denominado "impuestazo", por el que se confiscaba entre el 4 al 12 por ciento del salario de trabajadores y empleados del sector público y privado.
El sangriento levantamiento, que dejó un saldo de 33 muertos y más de 200 heridos de bala, dejó en claro que Bolivia vive una profunda crisis estatal y que los gobernantes ya no pueden, por lo menos por ahora, ejecutar proyectos polémicos de gran envergadura que, como el del gas, son resistidos y combatidos por amplios segmentos de la población, que creen que en el multimillonario negocio del gas, las ganancias irán al bolsillo de las petroleras extranjeras y para el Estado boliviano quedarán solo migajas.
Los sindicatos urbanos y campesinos, los regimientos policiales, los partidos de oposición, sectores de clase media y algunas fracciones del Ejército boliviano habían amenazado con movilizarse, e incluso tumbar a Sánchez de Lozada, si se ejecutaba la exportación de gas boliviano por puertos chilenos.
Aparentemente, el mensaje callejero fue captado por el gobierno, pero no así por el ex ministro Illanes, quien horas antes de renunciar echó más leña al fuego al presentar un estudio de la consultora norteamericana Global Energy, que recomendaba al puerto chileno de Patillos como la vía más adecuada para la salida del gas boliviano hacia los Estados Unidos. En Bolivia, hay un exacerbado sentimiento anti-chileno, producto de la guerra del Pacífico de 1879, año en el que la oligarquía chilena desencadenó una invasión militar contra Bolivia y Perú, que dejó al país sin costa y sin salida al mar.
El estudio de la Global Energy, sin embargo, fue minimizado por el propio Sánchez de Lozada, quien aseguró que la elección del puerto no era un asunto de prioridad inmediata, ya que antes el consorcio Pacific LNG, conformado por transnacionales petroleras que operan en Bolivia, debían presentar el diseño final del proyecto de exportación, así como llegar a un acuerdo definitivo y firmar un contrato con los compradores del gas en Estados Unidos.
El proyecto de exportación de gas ya debía estar avanzado, según el cronograma inicial de Pacific LNG, consorcio constituido por las transnacionales Repsol, YPF, British Gas y Panamerican Gas, subsidiaria de British Petroleum. Estas petroleras habían presionado muy fuerte, aunque sin éxito, en el 2002 sobre el entonces presidente Jorge Quiroga para que dé vía libre al proyecto y al puerto chileno de Patillos antes de la asunción al poder de Sánchez de Lozada, el 6 de agosto.
Desde esa fecha, la presión de las transnacionales petroleras recayó sobre el actual presidente de la República y el negocio pareció encaminarse con la elección del empresario Fernando Illanes como ministro de Hidrocarburos. Sin embargo, con la renuncia de Illanes y las declaraciones de Sánchez de Lozada, el proyecto empresarial para exportar diariamente 36 millones de metro cúbicos de gas natural durante 20 años quedó virtualmente en suspenso. Ahora, en las petroleras extranjeras, que tienen el control total de las reservas gasíferas y de la producción energética, hay un sentimiento de escepticismo sobre la viabilidad del proyecto.